jueves 19 de enero de 2012
viernes 19 de agosto de 2011
MIneria y pueblos indigenas
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN EL CONGRESO SOLICITANDO UN INFORME SOBRE LAS LICITACIONES OTORGADAS EN AREAS TERRITORIALES INDÍGENAS, EL IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y LAS RELACIONES LABORALES SUBSISTENTES, ESPECIALMENTE EN LAS MINAS DE ORO Y PLATA.
Diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector minero tiene una gran importancia en la historia, la economía, la organización social, el presente y el futuro de México. La diversidad y abundancia de minerales de nuestro territorio, siempre ha sido una de nuestras mayores riquezas. Ello queda claro con las motivaciones de las misiones españolas hacia nuestro país, el litigio juarista con las compañías mineras y el énfasis del Constituyente del 17 en la redacción de un amplio, detallado y pleno de soberanía artículo 27 constitucional, que es el fundamento más sólido del estado nacional.
Los recursos naturales son primordiales, esenciales para la subsistencia del país, incluso por su relación con la cultura, la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al reconocerse la configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que la minería debe ser una actividad adecuadamente regulada, que reconozca su estrecha relación con el régimen de la propiedad rural por tratarse del subsuelo, afectada por el régimen de concesión que establece el citado ordenamiento, pero que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
No obstante, esa visión nacionalista y cultural de la minería, se ha distorsionado con el tiempo y ha vuelto la propiedad nacional usufructo extranjero y a los pueblos étnicos, de herederos del patrimonio nacional en siervos de las grandes empresas.
Al día de hoy existen 286 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 757 proyectos en total. En 25 estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 180, Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80, Zacatecas con 62, Jalisco 46, Oaxaca 32, Guerrero con 21, Baja California con 16, Nayarit con 16, Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 12, Chiapas y Coahuila con 9, Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el Estado de México, Puebla y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y finalmente con 2 proyectos para cada uno de los estados de Hidalgo, Morelos, Tamaulipas.
Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 73% (210) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 en Estados Unidos (15%), 8 empresas de Australia (3%), el Reino Unido 6 (Inglaterra) representando el 2%, Japón con el 2% que corresponde a 4 empresas, la República Popular China con 3 empresas, Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que Perú; con poco más del 1% y Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen una empresa cada uno. sumando menos del 1% del total.
Hay casos relevantes que ilustran el grave desequilibrio y afectación de los bienes nacionales que estamos señalando, como característica de la política minera de este y del anterior sexenio gubernamental. En el año 2009, en el Estado de San Luis Potosi, la empresa First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas a la canadiense Normabec, quien ha realizado sus trabajos de exploración principalmente en la mina Santa Ana. Dicha explotación se ha efectuado en 6 mil 326 hectáreas otorgadas a la minera por el gobierno federal a cambio de tres millones de dólares.
De esta extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra en Wirikuta, declarada área natural protegida en enero de 2000. Asimismo, datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la empresa canadiense explora en busca de plata y oro.
Dicho proyecto establece que se construirá un túnel de 2 mil 300 metros que atravesará la veta madre, donde se presume que aún hay una gran cantidad de plata. Incluso los trabajos se desarrollarán a 300 metros de profundidad y en otras a 700, según el relieve. También se destaca que no hay un plan claro de explotación subterránea para desviar los flujos hidrológicos, ya que se tienen indicios que el agua ya no sale a los manantiales, sino se queda en las minas.
Este es un claro ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las concesiones mineras, otorgadas en medio de una doble política o una doble moral gubernamental, que por una parte dice proteger las áreas naturales, como lo demandan los pueblos indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los mismos territorios. Y la historia se repite en todos los rincones mineros del país. Ello sin contar las dudas sobre la vigilancia de las autoridades ecológicas, que deberían prever el impacto ambiental, pero que son objetadas por las asociaciones rurales e indígenas.
La minería mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento de las concesiones, rapacidad en el acceso ilimitado a las reservas naturales; desplazamiento de las comunidades originarias, terribles condiciones laborales, impregnadas con frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de conchos.
La minería también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre los bienes nacionales, del suelo y del subsuelo. Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese sentido, de reforma constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su análisis y dictamen.
¿Qué ha cambiado para los indígenas del país de la colonia hasta ahora? La respuesta es que han pasado de una condición de servidumbre a otra de explotación y marginación industrial. Ello afecta sus intereses y presumiblemente los intereses de la nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta situación y exigir las políticas y programas que afronten y transformen de una vez por todas, el atraso, el rezago y el abuso que se da en medio de esta actividad.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio Ambiente y de Trabajo y Previsión Social para que proporcionen de manera urgente un informe integral sobre las licitaciones otorgadas en áreas territoriales indígenas, su impacto económico en los últimos diez años, la informacion sobre la existencia de dictamenes de impacto ambiental y las características salariales y de relaciones laborales subsistentes, espacialmente en las minas de oro y plata. Se plantea que dicho informe contenga un apartado específico de compromisos para enfrentar su problemática con políticas y programas públicos concretos y en el corto y mediano plazos.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, agosto de 2011
Diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector minero tiene una gran importancia en la historia, la economía, la organización social, el presente y el futuro de México. La diversidad y abundancia de minerales de nuestro territorio, siempre ha sido una de nuestras mayores riquezas. Ello queda claro con las motivaciones de las misiones españolas hacia nuestro país, el litigio juarista con las compañías mineras y el énfasis del Constituyente del 17 en la redacción de un amplio, detallado y pleno de soberanía artículo 27 constitucional, que es el fundamento más sólido del estado nacional.
Los recursos naturales son primordiales, esenciales para la subsistencia del país, incluso por su relación con la cultura, la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al reconocerse la configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que la minería debe ser una actividad adecuadamente regulada, que reconozca su estrecha relación con el régimen de la propiedad rural por tratarse del subsuelo, afectada por el régimen de concesión que establece el citado ordenamiento, pero que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
No obstante, esa visión nacionalista y cultural de la minería, se ha distorsionado con el tiempo y ha vuelto la propiedad nacional usufructo extranjero y a los pueblos étnicos, de herederos del patrimonio nacional en siervos de las grandes empresas.
Al día de hoy existen 286 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 757 proyectos en total. En 25 estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 180, Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80, Zacatecas con 62, Jalisco 46, Oaxaca 32, Guerrero con 21, Baja California con 16, Nayarit con 16, Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 12, Chiapas y Coahuila con 9, Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el Estado de México, Puebla y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y finalmente con 2 proyectos para cada uno de los estados de Hidalgo, Morelos, Tamaulipas.
Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 73% (210) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 en Estados Unidos (15%), 8 empresas de Australia (3%), el Reino Unido 6 (Inglaterra) representando el 2%, Japón con el 2% que corresponde a 4 empresas, la República Popular China con 3 empresas, Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que Perú; con poco más del 1% y Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen una empresa cada uno. sumando menos del 1% del total.
Hay casos relevantes que ilustran el grave desequilibrio y afectación de los bienes nacionales que estamos señalando, como característica de la política minera de este y del anterior sexenio gubernamental. En el año 2009, en el Estado de San Luis Potosi, la empresa First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas a la canadiense Normabec, quien ha realizado sus trabajos de exploración principalmente en la mina Santa Ana. Dicha explotación se ha efectuado en 6 mil 326 hectáreas otorgadas a la minera por el gobierno federal a cambio de tres millones de dólares.
De esta extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra en Wirikuta, declarada área natural protegida en enero de 2000. Asimismo, datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la empresa canadiense explora en busca de plata y oro.
Dicho proyecto establece que se construirá un túnel de 2 mil 300 metros que atravesará la veta madre, donde se presume que aún hay una gran cantidad de plata. Incluso los trabajos se desarrollarán a 300 metros de profundidad y en otras a 700, según el relieve. También se destaca que no hay un plan claro de explotación subterránea para desviar los flujos hidrológicos, ya que se tienen indicios que el agua ya no sale a los manantiales, sino se queda en las minas.
Este es un claro ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las concesiones mineras, otorgadas en medio de una doble política o una doble moral gubernamental, que por una parte dice proteger las áreas naturales, como lo demandan los pueblos indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los mismos territorios. Y la historia se repite en todos los rincones mineros del país. Ello sin contar las dudas sobre la vigilancia de las autoridades ecológicas, que deberían prever el impacto ambiental, pero que son objetadas por las asociaciones rurales e indígenas.
La minería mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento de las concesiones, rapacidad en el acceso ilimitado a las reservas naturales; desplazamiento de las comunidades originarias, terribles condiciones laborales, impregnadas con frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de conchos.
La minería también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre los bienes nacionales, del suelo y del subsuelo. Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese sentido, de reforma constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su análisis y dictamen.
¿Qué ha cambiado para los indígenas del país de la colonia hasta ahora? La respuesta es que han pasado de una condición de servidumbre a otra de explotación y marginación industrial. Ello afecta sus intereses y presumiblemente los intereses de la nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta situación y exigir las políticas y programas que afronten y transformen de una vez por todas, el atraso, el rezago y el abuso que se da en medio de esta actividad.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio Ambiente y de Trabajo y Previsión Social para que proporcionen de manera urgente un informe integral sobre las licitaciones otorgadas en áreas territoriales indígenas, su impacto económico en los últimos diez años, la informacion sobre la existencia de dictamenes de impacto ambiental y las características salariales y de relaciones laborales subsistentes, espacialmente en las minas de oro y plata. Se plantea que dicho informe contenga un apartado específico de compromisos para enfrentar su problemática con políticas y programas públicos concretos y en el corto y mediano plazos.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, agosto de 2011
lunes 1 de agosto de 2011
LOS EFECTOS DE LA APERTURA COMERCIAL SOBRE EL CAMPO MEXICANO
LIC. MIRIAM LASTIRI RITO
Introducción.
Regularmente el proceso de globalización se presenta como la universalización de las capacidades mundiales que rompe fronteras mediante el intercambio de productos de lo más diverso y desconocido. Sin embargo en términos reales este proceso dista mucho de ser sólo positivo; es decir, es necesario que pensemos el proceso de globalización actual con sus categorías complementarias: la competencia y la rentabilidad, para darnos cuenta que el resultado final es la imposición de unos (¿o de un?) países sobre otros; en este sentido, la competencia implica la aniquilación del enemigo en busca de la apropiación de un mercado mayor que promete altas tasas de rentabilidad. Pese a ello, a los formuladores de políticas públicas en México parece escabullírseles esta realidad.
El campo mexicano siempre ha jugado un papel central en la estructura económica nacional, pero particularmente ha sido así a lo largo del desarrollo del capitalismo mexicano, fue el eje central del periodo exportador de bienes primarios y también, aunque sometido a la dinámica industrial, en el periodo de sustitución de importaciones fue fuente de divisas y productor de bienes salario baratos para la creciente clase trabajadora urbana.
Continuando con esta lógica, parto de concebir la producción de alimentos como una producción estratégica; es decir, básica para el conjunto de la reproducción social. Si bien el campo mexicano ha sido dividió en 4 sectores diferentes (agrícola, pecuario, forestal y el piscícola) mi acercamiento será específicamente al sector productor de alimentos por lo antes mencionado.
La pregunta central que recorre todo este trabajo es: ¿son la competitividad y el libre mercado dos pilares para el desarrollo del campo mexicano? O ¿son más bien éstas las condiciones que perpetúan relaciones de dependencia económica para el país? Para contestar a estas preguntas haremos un recorrido por algunas de las principales variables económicas afectadas por la apertura comercial.
Son dos mis hipótesis al respecto. En primer lugar de manera general, las políticas económicas basadas en el libre mercado y en la competencia no han impactado positivamente el comportamiento de la economía mexicana, al contrario, han agudizado las relaciones de dependencia entre la economía mexicana y la economía norteamericana. En particular, las políticas económicas de apertura comercial para el campo mexicano no se han traducido en un progreso real sino en una mayor pérdida de la soberanía alimentaria nacional (mayor vulnerabilidad).
En segundo lugar de manera general, la reproducción de la población mexicana depende en buena medida y crecientemente de los alimentos básicos provenientes del mercado exterior y específicamente del mercado norteamericano. En particular considero que, los graves problemas de pobreza alimentaria por los que atraviesa actualmente México nos deben conducir al replanteamiento de las políticas económicas actuales, la superación de los rezagos económicos del campo mexicano no debe estar basada en criterios de rentabilidad o competitividad sino en las necesidades de la población rural y urbana mexicana.
El objetivo del presente ensayo es evaluar el efecto de las políticas públicas de corte neoliberal sobre el campo mexicano a lo largo de la década de 1990 y hasta el 2009.
Desarrollo.
a) Características del campo mexicano durante el periodo proteccionista. ¿Fue acaso un periodo de Prosperidad para el campo mexicano?
En el México de este periodo no podemos hablar de una agricultura en general, la agricultura estaba divida a grandes rasgos en dos, en cuanto a su régimen de propiedad y en cuanto a su producción . Una agricultura empresarial moderna de riego, productora de bienes de exportación, materias primas para la industria nacional y productos para una clase media-alta nacional; y una agricultura tradicional temporalera campesina, productora de bienes agrícolas de consumo interno, principalmente maíz y frijol. Afirmar que parte importante de la industrialización en México es resultado de una balanza comercial agrícola superavitaria, debe tener presente esta polarización.
Por un lado la agricultura de exportación es fuente de divisas y por otro lado la agricultura tradicional es responsable de la disminución en la importación de bienes de consumo interno y de un plus en la acumulación del capital industrial, debido a que estos productos fueron pagados por debajo de su valor, lo que permite al empresario industrial pagar bajos salarios; ambos sectores de la agricultura hacen posible la acumulación de capital, encaminada después a financiar el proceso de industrialización.
Aunado a lo anterior, no podemos decir que durante este periodo haya existido una prosperidad generalizada en el campo mexicano. El sector avocado a la producción para la exportación, con mayores niveles de tecnificación y con un tipo de propiedad privada de la tierra, se vio mucho más favorecido durante este periodo frente a, por un lado, el sector productor de bienes agrícolas de exportación pero con una propiedad ejidal ó comunal y, por otro lado, el sector temporalero productor de bienes salario.
La característica que define al capitalismo sui generis mexicano, es un desarrollo industrial basado en la enajenación de la riqueza producida por un sector: el sector rural de la actividad agrícola. Este modelo de crecimiento-desarrollo de saqueó y descapitalización de un sector de la producción rural en pro de lo industrial, llevó finalmente a la economía mexicana a una crisis generalizada, entre las causas centrales de la crisis se encuentra la caída en los niveles de producción de los bienes salario debida a un proceso de abandono de tierras y emigración permanente de campesinos hacia las ciudades nacionales o internacionales y/o hacia centros agrícolas donde eran empleados como jornaleros.
b) El cambio en la política económica: del proteccionismo al neoliberalismo.
Pasando por alto el balance anterior, el modelo neoliberal, en nombre de la sustentabilidad y basado en la propiedad privada de la tierra y el agua, inicia un proceso de descampenización en México. En otras palabras, las modernas políticas neoliberales condenan a muerte a la economía campesina temporalera porque emerge criticando las bases del antiguo modelo, centrando su atención en señalar lo inviable de un proceso de desarrollo basado en la propiedad social de la riqueza natural. Para la mirada neoliberal los graves problemas económicos son simple y llanamente producto del carácter público de las riquezas estratégicas entre ellas, el agua, la tierra, el petróleo y la electricidad. La privatización se presenta entonces como la solución más acorde.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) adopta ciegamente las medidas económicas planteadas en el Consenso de Washington . La deuda externa junto con su renegociación más el otorgamiento de nuevos créditos con instituciones multilaterales de crédito y la banca privada internacional, se traducen en mayores concesiones a la liberalización de la economía.
Es así como la Reforma al 27 Constitucional en 1992 cumple con el objetivo de insertar los recursos naturales al mercado en donde se le otorga al capital privado todos los derechos mercantiles para adquirirlos. La reforma en apariencia sigue reconociendo a la tierra y al agua como propiedad de la Nación pero genera al mismo tiempo todos los mecanismos para que en los hechos pueda ser libremente comercializada en el mercado como cualquier otra mercancía.
Uno de los actores principales en esta reforma fue Luis Téllez quien en su libro titulado “Nueva Legislación de Tierras, Bosques y Aguas” explica que el cambio en el marco legal era imprescindible porque éste era obsoleto y, por ende, respondía a las necesidades de una población y configuración económica ya inexistente. Según el autor la realidad que se vivía en el país en aquel momento ameritaba una transformación moderna en el marco legal, que insertara al país en una dinámica política-económica-social de dimensiones mundiales . Con este discurso es aniquilada constitucionalmente el reparto agrario, la demanda de tierra y agua.
La firma del TLCAN se inscribe también en esta lógica y pese a las supuestas virtudes de dicho tratado y todos los que se vendrán despúes, Norma Castañeda nos dice lo siguiente “El TLCAN fue dado a conocer a la opinión pública una vez negociado y la ciudadanía no tenía el mayor conocimiento sobre su contenido, cabe decir que las negociaciones fueron sumamente cerradas en donde no hubo una participación real de la sociedad civil, a lo mucho se consultó a las grandes cámaras empresariales y a los sindicatos corporativos que de ninguna manera reflejaban la opinión de las voces de los tres países que se manifestaron en contra del acuerdo.”
Los efectos del TLCAN en el campo mexicano. A partir de 1994 pueden entrar a México productos agrícolas de EUA y Canadá libres de arancel. Si bien cultivos como el maíz blanco y el frijol fueron supuestamente protegidos hasta el año 2008, las importaciones de productos agrícolas de consumo interno aumentaron, por lo que la dependencia alimentaria de México hacia EUA se agudizó. Mientras que el país se casaba con la idea y el proyecto de suprimir los subsidios para no distorsionar el mercado, en EUA se aprobaba la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural, la cual aseguraba la canalización de 183 millones de dólares al sector agrícola empresarial estadounidense (8% aproximadamente del total de productores agrícolas) en forma de subsidios, garantizándoles sus ganancias a costa de precios bajos con los que se inunda de productos de baja calidad a países como el nuestro.
El resultado: los productores locales, grandes y pequeños, son eliminados vía dumping. La ruina en el campo mexicano se ha traducido invariablemente en una agudización en los niveles de migración del campo a la ciudad, pero sobre todo del campo mexicano al campo estadounidense, o bien a sus ciudades. El problema es en esencia una crisis de seguridad nacional y el gobierno ha centrado su apoyo a sectores agrícolas empresariales generalmente parasitarios denostando la producción campesina como no competitiva; la solución para los presuntamente no competitivos, según el Gobierno Federal, fue una purga poblacional del campo mexicano.
Comprobación.
a) La apertura comercial y sus efectos en la economía mexicana. Balanza Comercial.
La gráfica Exportaciones e Importaciones Mexicanas 1993-2010 nos muestra claramente cómo el intercambio comercial se ha incrementado sólidamente a partir de la apertura comercial mexicana y la consecuente firma de tratados comerciales. Si bien el margen entre exportaciones e importaciones (saldo de la balanza comercial) no es muy amplío, éste se mantiene a lo largo del periodo como deficitario. Es decir, la economía mexicana compra más productos del exterior de lo que vende, manifestando así el primer rasgo de dependencia comercial.
Sin embargo sí nos adentramos más en la información encontramos severos problemas, veamos.
Al observar las gráficas Valor total y por región económica de las exportaciones e importaciones mexicanas 1993-2011 nos damos cuenta que, si bien México es a nivel mundial el país con más acuerdos de libre comercio firmados con el exterior, existe una alta dependencia al mercado norteamericano, especialmente al estadounidense.
Al analizar el destino de las exportaciones por quinquenios (gráficas Distribución de las Exportaciones México-Regiones Económicas 1995, 2000,2005 y 2010) observamos que la tendencia a lo largo de 1995-2010 no ha cambiado, el destino de un 80-85% de las exportaciones nacionales se establecen mediante el TLCAN.
La dependencia de importaciones provenientes de América del Norte se mantiene, sin embargo podemos observar cambios en su comportamiento (gráficas Distribución de las Importaciones México-Regiones Económicas 1995, 2000,2005 y 2010), pasando de 1995 a 2010 del 74% al 52%.
En este punto podemos decir que, si bien México ha comenzado a comprar mercancías de diferentes partes del mundo, sus ventas siguen estando canalizadas al mercado norteamericano; lo anterior pone en evidencia el gran negocio de los tratados comerciales, posicionando a México como un mercado rentable para las mercancías producidas alrededor del mundo.
Observar los datos aislados puede alterar nuestro conocimiento de la realidad, puesto que la gráfica Saldo Total de la Balanza Comercial de México (1994, 2009) da cuenta de una progresiva caída en el déficit comercial mexicano, representando en 2009 apenas 1/3 de lo que fue en 1994. Aunado a ello, el panorama parecería más alentador al mirar la gráfica Saldo de la Balanza Comercial por Región (Comparativo) donde se muestra que el principal superávit mexicano en balanza comercial la obtenemos de nuestros socios comerciales del TLCAN.
¿Eso implica que México gracias a la apertura comercial tiende al progreso económico?, ó ¿acaso se está consolidando como una economía desarrollada, no dependiente del mercado exterior y todo gracias a la apertura comercial?
No, lamentablemente no es así. En primer lugar, en la gráfica misma Saldo de la Balanza Comercial por Región (Comparativo) observamos que sólo existe un saldo superavitario (y éste es con el TLCAN), mientras que el déficit sigue siendo una constante creciente con el resto de los socios comerciales de México.
La gráfica Saldo de la Balanza Comercial Mexicana (Desagregada por sectores, Comparativo) nos permite ver cuál es la composición de los flujos comerciales entre México y sus socios comerciales. Salta a la vista que la disminución en el déficit comercial mexicano se debe únicamente a dos sectores que presentan datos superavitarios, estos son el pesquero y fundamentalmente el petrolero. Es decir, la apertura comercial no se ha traducido en un progreso científico-tecnológico nacional que redunde en una mejor estructura productiva nacional de punta, sino que se ha refugiado en la renta petrolera nacional que además se basa en una política de precios por debajo de los de la OPEP.
Ahora bien, párrafos más arriba comentamos que en términos de regiones comerciales, el único saldo superavitario que México posee es con el TLCAN, con las gráficas Saldo de la Balanza Comercial Desagregado por Regiones, Sector Petrólero, Pesca e Industrial, podemos observar que es el petróleo la principal mercancía que México entrega a EUA. Después del petróleo se encuentran las mercancías del sector industrial, no bienes intermedios o de capital, sino solamente productos estadounidenses maquilados en el norte de México que aprovechan el bajo salario que se paga en México. Finalmente encontramos productos del sector pesquero, fundamentalmente camarones, producidos en Sinaloa y Tamaulipas, que al ser producidos en un entorno artificial requieren una elevada cantidad de hormonas y antibióticos que terminan afectando al medio ambiente.
México presenta cifras deficitarias en el sector no petrolero, en el agroindustrial, el agropecuario y el agroalimentario. Centremos nuestra atención en el sector agroalimentario.
b) La apertura comercial y sus efectos en el campo mexicano.
En las gráficas Saldo de la Balanza Comercial Desagregado por Regiones, Sector No Petrolero, Agroindustrial, Agropecuario y Agroalimentario, podemos observar que en todos los casos, a excepción del sector no petrolero, el TLCAN es el principal socio comercial de México en términos de abasto de alimentos.
Qué podemos observar, que el escenario económico mexicano no es nada alentador. Ya en el apartado anterior estudiamos la dependencia nacional, producto y resultado del escaso grado de desarrollo científico-tecnológico, ahora en este apartado se vuelve patente el nivel de vulnerabilidad de la economía mexicana al mercado mundial en general y en particular al mercado estadounidense, puesto que ahora México depende de EUA para satisfacer la necesidad vital de alimentos.
Como hemos observado el flujo comercial internacional mexicano se ha incrementado pero dejando marginado al sector agrícola, según la gráfica Superficie Sembrada y Cosechada de México 1990-2010, el número de hectáreas sembradas y cosechadas antes y después de la apertura comercial y firma de tratados comerciales no se ha alterado en lo fundamental. Es un hecho que la población mexicana sigue en aumento, con lo cual la demanda de alimentos se incrementa, sin embargo esto no se traduce en un incremento en la producción, pero porqué, ¿acaso los campesinos dilapidan los recursos otorgados por el Gobierno Federal? No, esa no parece ser la respuesta, los campesin@s temporaler@s que no han emigrado, no han dejado de producir, sin embargo se limitan a la producción de subsistencia, ¿por qué?, porque la importación de alimentos extranjeros al país bloquea la entrada de su producción, incluso, al mercado nacional.
Cabe mencionar que una parte de los productores agrícolas, propietarios privados de la tierra (algunos propietarios de grandes extensiones de tierra) y altos niveles de agro-tecnología no han corrido con la misma suerte que los ejidatarios/comuneros temporaleros. Los primeros siguen estando ligados a la producción de mercancías agrícolas para la exportación y para el mercado nacional de la clase media y alta; éstos, según la tabla Balanza Comercial de Productos Agropecuarios 2007-2009, producen fundamentalmente Jitomate, Legumbre y Hortalizas Frescas, Pimiento, Aguacates y Pepino.
Así, pues, existe un sector agrícola que, pese a los grados de dependencia alimentaria nacional, optan por producir para el mercado exterior y no para el interior, de modo que parte de la riqueza natural y agro-tecnológica nacional se canaliza para alimentar hogares extranjeros. Cuáles son los productos agrícolas que México importa, en primer lugar Maíz, seguido por la Semilla de Soya, Trigo, otros Productos Agropecuarios y Semillas de Nabo o Colza. México importa fundamentalmente Maíz, un alimento central en la dieta de la población trabajadora nacional, de modo que, si por cuestiones económicas, políticas o ambientales, los flujos de este alimento se detuvieran, este sector de la población nacional estaría en serio peligro. Por otro lado, los productos que México importa para el consumo humano son además de baja calidad y dañinos para la salud (con un alto contenido de agroquímicos).
c) Respuesta a preguntas centrales de la investigación e hipótesis.
El mito del progreso o modernidad del libre mercado es desmentido de múltiples maneras por la realidad.
Hemos podido demostrar mediante hechos históricos y datos estadísticos que el libre mercado, lejos de encausarnos a la modernidad, ha profundizado el atraso económico de nuestro país, agudizando nuestra relación de dependencia con el mundo entero y principalmente con EUA. No es conveniente que los formuladores de políticas públicas en México sigan aferrándose a un modelo económico como el Neoliberal que ha focalizado el desarrollo nacional en la explotación de las riquezas del subsuelo, dejando a la deriva necesidades fundamentales para la reproducción de la población mexicana, como lo es la alimentación, lo cual ha conducido al país a la pérdida de su soberanía alimentaria.
Hemos podido observar, que una mejora, en términos de valores monetarios de la balanza comercial no significa un cambio real en la economía nacional, manifestándose deficiencias graves de atraso productivo, que no ha podido superarse. En las actuales condiciones, el país puede arribar a saldos superavitarios en la balanza comercial, sin embargo, seguiremos siendo vulnerables en términos alimentarios.
Ahora bien, la dificultad de pensar al campo mexicano, resulta de concebírselo precisamente como si fuera éste unidimensional, es decir, como si todo se redujera a la necesidad de tecnificar la producción agrícola con vistas a colocarla en los primeros planos de la competencia internacional.
Pudimos demostrar cómo una buena parte de los alimentos nacionales son importados y fundamentalmente provienen de EUA, mientras nosotros entregamos petróleo ellos nos entregan alimentos y de baja calidad. Sin embargo los petrodólares que entran a la economía mexicana no logran traducirse en políticas de desarrollo agropecuarias o industriales debido a la invasión de productos del mercado exterior. Al mercado mundial le interesa México, por su petróleo, su fuerza de trabajo y su amplio mercado sostenido fundamentalmente por petrodólares y remesas.
Por lo anterior, finalmente mantengo mi postura con respecto a que es necesario replantear la política económica actual, dejando a un lado el mito del progreso del libre mercado, mirando detenidamente los problemas nacionales de desabasto de bienes básicos y buscando solucionarlos.
Conclusiones.
El balance del que parten los impulsores del modelo neoliberal pasa por alto que para adquirir competitividad y productividad en un contexto de economía abierta es prioritario haber pasado previamente por un proceso de desarrollo tecnológico que sitúe a la economía por arriba de la media mundial, de otra manera los niveles de desarrollo productivos exteriores terminarán colapsando la economía interna, como fue el caso mexicano.
Las reformas neoliberales permiten la reconstrucción de latifundios, la concentración privada monopólica de tierra, agua y demás recursos naturales, asegurada por la consolidación de mercados libres donde estas riquezas naturales son ofertadas y demandas como cualquier otra mercancía, cuando la realidad económica es totalmente adversa para los campesinos e indígenas mexicanos, propietarios de la mayor parte de estas riquezas.
La inviabilidad del proyecto económico salinista de incorporar a México de esta particular manera, al primer mundo, se vuelve evidente a inicios de 1994 cuando el país vuelve a caer en una crisis que coincide con el arribo de la administración de Ernesto Zedillo a la presidencia del país (1994-2000). La crisis mostró la escasa factibilidad de un modelo de crecimiento económico puesto en el financiamiento privado, en flujos de capital extranjero directo y de cartera que circulan libremente por el territorio nacional .
Bibliografía.
• Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 1990-2010 (INEGI) http://www.siap.gob.mx/aagricola_siap/icultivo/index.jsp
• Estadísticas de Comercio Internacional 1994-2010 (Secretaria de Economía) http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_Estadisticas_de_Comercio_Internacional
• Balanza Comercial de México (INEGI Septiembre 2010).
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/bcm/bcm.pdf
• Barreda, Andrés y Ceceña, Ana. (Coords.) Producción Estratégica y Hegemonía Mundial, Edit. S. XXI, México, 1995.
• Bartra, Armando. Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios de México, 1920-1980; Ediciones Era, Colección Problemas de México, México, 1985.
- Cosechas de Ira. Economía Política de la Contrarreforma Agraria, Edit. Itaca, México, 2003.
• Castañeda, Norma. Los supuestos plus del TLCAN., artículo publicado por DECA, Equipo del Pueblo, México, noviembre 2004.
• Guillen, Arturo. México hacia el S.XXI: crisis y modelo económico alternativo, Plaza y Valdés Editores, México, 2001.
• Lastiri, Miriam. La gestión del agua dulce durante el desarrollo del capitalismo mexicano, Tesis para obtener el grado de Lic. en Economía, UNAM-Facultad de Economía, Junio 2008.
• Téllez, Luis. Coord. Nueva Legislación de Tierras, Bosques y Aguas., Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
Introducción.
Regularmente el proceso de globalización se presenta como la universalización de las capacidades mundiales que rompe fronteras mediante el intercambio de productos de lo más diverso y desconocido. Sin embargo en términos reales este proceso dista mucho de ser sólo positivo; es decir, es necesario que pensemos el proceso de globalización actual con sus categorías complementarias: la competencia y la rentabilidad, para darnos cuenta que el resultado final es la imposición de unos (¿o de un?) países sobre otros; en este sentido, la competencia implica la aniquilación del enemigo en busca de la apropiación de un mercado mayor que promete altas tasas de rentabilidad. Pese a ello, a los formuladores de políticas públicas en México parece escabullírseles esta realidad.
El campo mexicano siempre ha jugado un papel central en la estructura económica nacional, pero particularmente ha sido así a lo largo del desarrollo del capitalismo mexicano, fue el eje central del periodo exportador de bienes primarios y también, aunque sometido a la dinámica industrial, en el periodo de sustitución de importaciones fue fuente de divisas y productor de bienes salario baratos para la creciente clase trabajadora urbana.
Continuando con esta lógica, parto de concebir la producción de alimentos como una producción estratégica; es decir, básica para el conjunto de la reproducción social. Si bien el campo mexicano ha sido dividió en 4 sectores diferentes (agrícola, pecuario, forestal y el piscícola) mi acercamiento será específicamente al sector productor de alimentos por lo antes mencionado.
La pregunta central que recorre todo este trabajo es: ¿son la competitividad y el libre mercado dos pilares para el desarrollo del campo mexicano? O ¿son más bien éstas las condiciones que perpetúan relaciones de dependencia económica para el país? Para contestar a estas preguntas haremos un recorrido por algunas de las principales variables económicas afectadas por la apertura comercial.
Son dos mis hipótesis al respecto. En primer lugar de manera general, las políticas económicas basadas en el libre mercado y en la competencia no han impactado positivamente el comportamiento de la economía mexicana, al contrario, han agudizado las relaciones de dependencia entre la economía mexicana y la economía norteamericana. En particular, las políticas económicas de apertura comercial para el campo mexicano no se han traducido en un progreso real sino en una mayor pérdida de la soberanía alimentaria nacional (mayor vulnerabilidad).
En segundo lugar de manera general, la reproducción de la población mexicana depende en buena medida y crecientemente de los alimentos básicos provenientes del mercado exterior y específicamente del mercado norteamericano. En particular considero que, los graves problemas de pobreza alimentaria por los que atraviesa actualmente México nos deben conducir al replanteamiento de las políticas económicas actuales, la superación de los rezagos económicos del campo mexicano no debe estar basada en criterios de rentabilidad o competitividad sino en las necesidades de la población rural y urbana mexicana.
El objetivo del presente ensayo es evaluar el efecto de las políticas públicas de corte neoliberal sobre el campo mexicano a lo largo de la década de 1990 y hasta el 2009.
Desarrollo.
a) Características del campo mexicano durante el periodo proteccionista. ¿Fue acaso un periodo de Prosperidad para el campo mexicano?
En el México de este periodo no podemos hablar de una agricultura en general, la agricultura estaba divida a grandes rasgos en dos, en cuanto a su régimen de propiedad y en cuanto a su producción . Una agricultura empresarial moderna de riego, productora de bienes de exportación, materias primas para la industria nacional y productos para una clase media-alta nacional; y una agricultura tradicional temporalera campesina, productora de bienes agrícolas de consumo interno, principalmente maíz y frijol. Afirmar que parte importante de la industrialización en México es resultado de una balanza comercial agrícola superavitaria, debe tener presente esta polarización.
Por un lado la agricultura de exportación es fuente de divisas y por otro lado la agricultura tradicional es responsable de la disminución en la importación de bienes de consumo interno y de un plus en la acumulación del capital industrial, debido a que estos productos fueron pagados por debajo de su valor, lo que permite al empresario industrial pagar bajos salarios; ambos sectores de la agricultura hacen posible la acumulación de capital, encaminada después a financiar el proceso de industrialización.
Aunado a lo anterior, no podemos decir que durante este periodo haya existido una prosperidad generalizada en el campo mexicano. El sector avocado a la producción para la exportación, con mayores niveles de tecnificación y con un tipo de propiedad privada de la tierra, se vio mucho más favorecido durante este periodo frente a, por un lado, el sector productor de bienes agrícolas de exportación pero con una propiedad ejidal ó comunal y, por otro lado, el sector temporalero productor de bienes salario.
La característica que define al capitalismo sui generis mexicano, es un desarrollo industrial basado en la enajenación de la riqueza producida por un sector: el sector rural de la actividad agrícola. Este modelo de crecimiento-desarrollo de saqueó y descapitalización de un sector de la producción rural en pro de lo industrial, llevó finalmente a la economía mexicana a una crisis generalizada, entre las causas centrales de la crisis se encuentra la caída en los niveles de producción de los bienes salario debida a un proceso de abandono de tierras y emigración permanente de campesinos hacia las ciudades nacionales o internacionales y/o hacia centros agrícolas donde eran empleados como jornaleros.
b) El cambio en la política económica: del proteccionismo al neoliberalismo.
Pasando por alto el balance anterior, el modelo neoliberal, en nombre de la sustentabilidad y basado en la propiedad privada de la tierra y el agua, inicia un proceso de descampenización en México. En otras palabras, las modernas políticas neoliberales condenan a muerte a la economía campesina temporalera porque emerge criticando las bases del antiguo modelo, centrando su atención en señalar lo inviable de un proceso de desarrollo basado en la propiedad social de la riqueza natural. Para la mirada neoliberal los graves problemas económicos son simple y llanamente producto del carácter público de las riquezas estratégicas entre ellas, el agua, la tierra, el petróleo y la electricidad. La privatización se presenta entonces como la solución más acorde.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) adopta ciegamente las medidas económicas planteadas en el Consenso de Washington . La deuda externa junto con su renegociación más el otorgamiento de nuevos créditos con instituciones multilaterales de crédito y la banca privada internacional, se traducen en mayores concesiones a la liberalización de la economía.
Es así como la Reforma al 27 Constitucional en 1992 cumple con el objetivo de insertar los recursos naturales al mercado en donde se le otorga al capital privado todos los derechos mercantiles para adquirirlos. La reforma en apariencia sigue reconociendo a la tierra y al agua como propiedad de la Nación pero genera al mismo tiempo todos los mecanismos para que en los hechos pueda ser libremente comercializada en el mercado como cualquier otra mercancía.
Uno de los actores principales en esta reforma fue Luis Téllez quien en su libro titulado “Nueva Legislación de Tierras, Bosques y Aguas” explica que el cambio en el marco legal era imprescindible porque éste era obsoleto y, por ende, respondía a las necesidades de una población y configuración económica ya inexistente. Según el autor la realidad que se vivía en el país en aquel momento ameritaba una transformación moderna en el marco legal, que insertara al país en una dinámica política-económica-social de dimensiones mundiales . Con este discurso es aniquilada constitucionalmente el reparto agrario, la demanda de tierra y agua.
La firma del TLCAN se inscribe también en esta lógica y pese a las supuestas virtudes de dicho tratado y todos los que se vendrán despúes, Norma Castañeda nos dice lo siguiente “El TLCAN fue dado a conocer a la opinión pública una vez negociado y la ciudadanía no tenía el mayor conocimiento sobre su contenido, cabe decir que las negociaciones fueron sumamente cerradas en donde no hubo una participación real de la sociedad civil, a lo mucho se consultó a las grandes cámaras empresariales y a los sindicatos corporativos que de ninguna manera reflejaban la opinión de las voces de los tres países que se manifestaron en contra del acuerdo.”
Los efectos del TLCAN en el campo mexicano. A partir de 1994 pueden entrar a México productos agrícolas de EUA y Canadá libres de arancel. Si bien cultivos como el maíz blanco y el frijol fueron supuestamente protegidos hasta el año 2008, las importaciones de productos agrícolas de consumo interno aumentaron, por lo que la dependencia alimentaria de México hacia EUA se agudizó. Mientras que el país se casaba con la idea y el proyecto de suprimir los subsidios para no distorsionar el mercado, en EUA se aprobaba la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural, la cual aseguraba la canalización de 183 millones de dólares al sector agrícola empresarial estadounidense (8% aproximadamente del total de productores agrícolas) en forma de subsidios, garantizándoles sus ganancias a costa de precios bajos con los que se inunda de productos de baja calidad a países como el nuestro.
El resultado: los productores locales, grandes y pequeños, son eliminados vía dumping. La ruina en el campo mexicano se ha traducido invariablemente en una agudización en los niveles de migración del campo a la ciudad, pero sobre todo del campo mexicano al campo estadounidense, o bien a sus ciudades. El problema es en esencia una crisis de seguridad nacional y el gobierno ha centrado su apoyo a sectores agrícolas empresariales generalmente parasitarios denostando la producción campesina como no competitiva; la solución para los presuntamente no competitivos, según el Gobierno Federal, fue una purga poblacional del campo mexicano.
Comprobación.
a) La apertura comercial y sus efectos en la economía mexicana. Balanza Comercial.
La gráfica Exportaciones e Importaciones Mexicanas 1993-2010 nos muestra claramente cómo el intercambio comercial se ha incrementado sólidamente a partir de la apertura comercial mexicana y la consecuente firma de tratados comerciales. Si bien el margen entre exportaciones e importaciones (saldo de la balanza comercial) no es muy amplío, éste se mantiene a lo largo del periodo como deficitario. Es decir, la economía mexicana compra más productos del exterior de lo que vende, manifestando así el primer rasgo de dependencia comercial.
Sin embargo sí nos adentramos más en la información encontramos severos problemas, veamos.
Al observar las gráficas Valor total y por región económica de las exportaciones e importaciones mexicanas 1993-2011 nos damos cuenta que, si bien México es a nivel mundial el país con más acuerdos de libre comercio firmados con el exterior, existe una alta dependencia al mercado norteamericano, especialmente al estadounidense.
Al analizar el destino de las exportaciones por quinquenios (gráficas Distribución de las Exportaciones México-Regiones Económicas 1995, 2000,2005 y 2010) observamos que la tendencia a lo largo de 1995-2010 no ha cambiado, el destino de un 80-85% de las exportaciones nacionales se establecen mediante el TLCAN.
La dependencia de importaciones provenientes de América del Norte se mantiene, sin embargo podemos observar cambios en su comportamiento (gráficas Distribución de las Importaciones México-Regiones Económicas 1995, 2000,2005 y 2010), pasando de 1995 a 2010 del 74% al 52%.
En este punto podemos decir que, si bien México ha comenzado a comprar mercancías de diferentes partes del mundo, sus ventas siguen estando canalizadas al mercado norteamericano; lo anterior pone en evidencia el gran negocio de los tratados comerciales, posicionando a México como un mercado rentable para las mercancías producidas alrededor del mundo.
Observar los datos aislados puede alterar nuestro conocimiento de la realidad, puesto que la gráfica Saldo Total de la Balanza Comercial de México (1994, 2009) da cuenta de una progresiva caída en el déficit comercial mexicano, representando en 2009 apenas 1/3 de lo que fue en 1994. Aunado a ello, el panorama parecería más alentador al mirar la gráfica Saldo de la Balanza Comercial por Región (Comparativo) donde se muestra que el principal superávit mexicano en balanza comercial la obtenemos de nuestros socios comerciales del TLCAN.
¿Eso implica que México gracias a la apertura comercial tiende al progreso económico?, ó ¿acaso se está consolidando como una economía desarrollada, no dependiente del mercado exterior y todo gracias a la apertura comercial?
No, lamentablemente no es así. En primer lugar, en la gráfica misma Saldo de la Balanza Comercial por Región (Comparativo) observamos que sólo existe un saldo superavitario (y éste es con el TLCAN), mientras que el déficit sigue siendo una constante creciente con el resto de los socios comerciales de México.
La gráfica Saldo de la Balanza Comercial Mexicana (Desagregada por sectores, Comparativo) nos permite ver cuál es la composición de los flujos comerciales entre México y sus socios comerciales. Salta a la vista que la disminución en el déficit comercial mexicano se debe únicamente a dos sectores que presentan datos superavitarios, estos son el pesquero y fundamentalmente el petrolero. Es decir, la apertura comercial no se ha traducido en un progreso científico-tecnológico nacional que redunde en una mejor estructura productiva nacional de punta, sino que se ha refugiado en la renta petrolera nacional que además se basa en una política de precios por debajo de los de la OPEP.
Ahora bien, párrafos más arriba comentamos que en términos de regiones comerciales, el único saldo superavitario que México posee es con el TLCAN, con las gráficas Saldo de la Balanza Comercial Desagregado por Regiones, Sector Petrólero, Pesca e Industrial, podemos observar que es el petróleo la principal mercancía que México entrega a EUA. Después del petróleo se encuentran las mercancías del sector industrial, no bienes intermedios o de capital, sino solamente productos estadounidenses maquilados en el norte de México que aprovechan el bajo salario que se paga en México. Finalmente encontramos productos del sector pesquero, fundamentalmente camarones, producidos en Sinaloa y Tamaulipas, que al ser producidos en un entorno artificial requieren una elevada cantidad de hormonas y antibióticos que terminan afectando al medio ambiente.
México presenta cifras deficitarias en el sector no petrolero, en el agroindustrial, el agropecuario y el agroalimentario. Centremos nuestra atención en el sector agroalimentario.
b) La apertura comercial y sus efectos en el campo mexicano.
En las gráficas Saldo de la Balanza Comercial Desagregado por Regiones, Sector No Petrolero, Agroindustrial, Agropecuario y Agroalimentario, podemos observar que en todos los casos, a excepción del sector no petrolero, el TLCAN es el principal socio comercial de México en términos de abasto de alimentos.
Qué podemos observar, que el escenario económico mexicano no es nada alentador. Ya en el apartado anterior estudiamos la dependencia nacional, producto y resultado del escaso grado de desarrollo científico-tecnológico, ahora en este apartado se vuelve patente el nivel de vulnerabilidad de la economía mexicana al mercado mundial en general y en particular al mercado estadounidense, puesto que ahora México depende de EUA para satisfacer la necesidad vital de alimentos.
Como hemos observado el flujo comercial internacional mexicano se ha incrementado pero dejando marginado al sector agrícola, según la gráfica Superficie Sembrada y Cosechada de México 1990-2010, el número de hectáreas sembradas y cosechadas antes y después de la apertura comercial y firma de tratados comerciales no se ha alterado en lo fundamental. Es un hecho que la población mexicana sigue en aumento, con lo cual la demanda de alimentos se incrementa, sin embargo esto no se traduce en un incremento en la producción, pero porqué, ¿acaso los campesinos dilapidan los recursos otorgados por el Gobierno Federal? No, esa no parece ser la respuesta, los campesin@s temporaler@s que no han emigrado, no han dejado de producir, sin embargo se limitan a la producción de subsistencia, ¿por qué?, porque la importación de alimentos extranjeros al país bloquea la entrada de su producción, incluso, al mercado nacional.
Cabe mencionar que una parte de los productores agrícolas, propietarios privados de la tierra (algunos propietarios de grandes extensiones de tierra) y altos niveles de agro-tecnología no han corrido con la misma suerte que los ejidatarios/comuneros temporaleros. Los primeros siguen estando ligados a la producción de mercancías agrícolas para la exportación y para el mercado nacional de la clase media y alta; éstos, según la tabla Balanza Comercial de Productos Agropecuarios 2007-2009, producen fundamentalmente Jitomate, Legumbre y Hortalizas Frescas, Pimiento, Aguacates y Pepino.
Así, pues, existe un sector agrícola que, pese a los grados de dependencia alimentaria nacional, optan por producir para el mercado exterior y no para el interior, de modo que parte de la riqueza natural y agro-tecnológica nacional se canaliza para alimentar hogares extranjeros. Cuáles son los productos agrícolas que México importa, en primer lugar Maíz, seguido por la Semilla de Soya, Trigo, otros Productos Agropecuarios y Semillas de Nabo o Colza. México importa fundamentalmente Maíz, un alimento central en la dieta de la población trabajadora nacional, de modo que, si por cuestiones económicas, políticas o ambientales, los flujos de este alimento se detuvieran, este sector de la población nacional estaría en serio peligro. Por otro lado, los productos que México importa para el consumo humano son además de baja calidad y dañinos para la salud (con un alto contenido de agroquímicos).
c) Respuesta a preguntas centrales de la investigación e hipótesis.
El mito del progreso o modernidad del libre mercado es desmentido de múltiples maneras por la realidad.
Hemos podido demostrar mediante hechos históricos y datos estadísticos que el libre mercado, lejos de encausarnos a la modernidad, ha profundizado el atraso económico de nuestro país, agudizando nuestra relación de dependencia con el mundo entero y principalmente con EUA. No es conveniente que los formuladores de políticas públicas en México sigan aferrándose a un modelo económico como el Neoliberal que ha focalizado el desarrollo nacional en la explotación de las riquezas del subsuelo, dejando a la deriva necesidades fundamentales para la reproducción de la población mexicana, como lo es la alimentación, lo cual ha conducido al país a la pérdida de su soberanía alimentaria.
Hemos podido observar, que una mejora, en términos de valores monetarios de la balanza comercial no significa un cambio real en la economía nacional, manifestándose deficiencias graves de atraso productivo, que no ha podido superarse. En las actuales condiciones, el país puede arribar a saldos superavitarios en la balanza comercial, sin embargo, seguiremos siendo vulnerables en términos alimentarios.
Ahora bien, la dificultad de pensar al campo mexicano, resulta de concebírselo precisamente como si fuera éste unidimensional, es decir, como si todo se redujera a la necesidad de tecnificar la producción agrícola con vistas a colocarla en los primeros planos de la competencia internacional.
Pudimos demostrar cómo una buena parte de los alimentos nacionales son importados y fundamentalmente provienen de EUA, mientras nosotros entregamos petróleo ellos nos entregan alimentos y de baja calidad. Sin embargo los petrodólares que entran a la economía mexicana no logran traducirse en políticas de desarrollo agropecuarias o industriales debido a la invasión de productos del mercado exterior. Al mercado mundial le interesa México, por su petróleo, su fuerza de trabajo y su amplio mercado sostenido fundamentalmente por petrodólares y remesas.
Por lo anterior, finalmente mantengo mi postura con respecto a que es necesario replantear la política económica actual, dejando a un lado el mito del progreso del libre mercado, mirando detenidamente los problemas nacionales de desabasto de bienes básicos y buscando solucionarlos.
Conclusiones.
El balance del que parten los impulsores del modelo neoliberal pasa por alto que para adquirir competitividad y productividad en un contexto de economía abierta es prioritario haber pasado previamente por un proceso de desarrollo tecnológico que sitúe a la economía por arriba de la media mundial, de otra manera los niveles de desarrollo productivos exteriores terminarán colapsando la economía interna, como fue el caso mexicano.
Las reformas neoliberales permiten la reconstrucción de latifundios, la concentración privada monopólica de tierra, agua y demás recursos naturales, asegurada por la consolidación de mercados libres donde estas riquezas naturales son ofertadas y demandas como cualquier otra mercancía, cuando la realidad económica es totalmente adversa para los campesinos e indígenas mexicanos, propietarios de la mayor parte de estas riquezas.
La inviabilidad del proyecto económico salinista de incorporar a México de esta particular manera, al primer mundo, se vuelve evidente a inicios de 1994 cuando el país vuelve a caer en una crisis que coincide con el arribo de la administración de Ernesto Zedillo a la presidencia del país (1994-2000). La crisis mostró la escasa factibilidad de un modelo de crecimiento económico puesto en el financiamiento privado, en flujos de capital extranjero directo y de cartera que circulan libremente por el territorio nacional .
Bibliografía.
• Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 1990-2010 (INEGI) http://www.siap.gob.mx/aagricola_siap/icultivo/index.jsp
• Estadísticas de Comercio Internacional 1994-2010 (Secretaria de Economía) http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_Estadisticas_de_Comercio_Internacional
• Balanza Comercial de México (INEGI Septiembre 2010).
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/bcm/bcm.pdf
• Barreda, Andrés y Ceceña, Ana. (Coords.) Producción Estratégica y Hegemonía Mundial, Edit. S. XXI, México, 1995.
• Bartra, Armando. Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios de México, 1920-1980; Ediciones Era, Colección Problemas de México, México, 1985.
- Cosechas de Ira. Economía Política de la Contrarreforma Agraria, Edit. Itaca, México, 2003.
• Castañeda, Norma. Los supuestos plus del TLCAN., artículo publicado por DECA, Equipo del Pueblo, México, noviembre 2004.
• Guillen, Arturo. México hacia el S.XXI: crisis y modelo económico alternativo, Plaza y Valdés Editores, México, 2001.
• Lastiri, Miriam. La gestión del agua dulce durante el desarrollo del capitalismo mexicano, Tesis para obtener el grado de Lic. en Economía, UNAM-Facultad de Economía, Junio 2008.
• Téllez, Luis. Coord. Nueva Legislación de Tierras, Bosques y Aguas., Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
martes 7 de junio de 2011
martes 31 de mayo de 2011
Reforma política: bono institucional
Martín Vera M.
Entre los temas del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado envió a última hora a la Cámara de Diputados un dictamen de reforma política que podría ser considerado, todo o parcialmente, en un periodo extraordinario de sesiones. El procedimiento legislativo tiene que correr de esta manera, toda vez que, en términos del COFIPE, el año electoral correspondiente al 2012 inicia en el mes de octubre, a efecto de que cualquier reforma autorizada pueda ser vigente en los mismos tiempos.
En torno a la reforma política, que promueve cambios en los artículos 35, 36, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 115 y 116 Constitucionales, han discurrido un gran número de análisis y vale la pena extraer algunas formulaciones generales en torno a su alcance y naturaleza. En primer término, es necesario tener en consideración que nuestro país dispone de lo que podemos llamar “bono institucional”, que permite instrumentalizar importantes reformas sin que supongan rupturas significativas del orden constitucional o del régimen político, en sentido contrario a lo ocurrido en otros países, cuya apertura política se ha dado en medio de convulsiones sociales e incluso de fragmentaciones territoriales.
La reforma política se presenta como una alternativa a la imposibilidad de procesar un modelo más amplio, como es el de la reforma del Estado. En un plano menos ambicioso, pero no por ello menos importante, los actores políticos han logrado un nivel de consenso relevante, que se detiene por las diferencias en algunos puntos, pero no en la generalidad. Es importante reconocer que el origen de este proceso se encuentra dentro del sistema de partidos, a diferencia de la lógica de cambio político, que supondría una oposición generalizada de la sociedad frente al establishment, que forzaría al régimen a adoptar cambios estructurales.
El de México es un caso que rebasa las propuestas metodológicas de Linz, en la teoría de la transición democrática, a partir del quiebre institucional. En nuestro caso, un tejido débil de la sociedad, calculado por Freedom House en un 4% de sociedad organizada, frente a un pluralismo creciente y una competitividad importante para acceder al poder, favorecen las iniciativas desde dentro del sistema, como han sido las reformas electorales de 1976, 1994, 1996 y de 2007, que enmarcan el escenario del próximo año.
No obstante, esta diferenciación también determina el alcance de las reformas, ya que resultan de la negociación entre los propios actores y le imponen a la sociedad sus propuestas y los argumentos de legitimación. Por ello, en el terreno de la operacionalización de la reforma política, en el caso de aprobarse, es de advertirse que la apertura política y ciudadana está acotada al control y dirección de los propios partidos, por sí mismos o por medio de las instituciones en que tienen mayor capacidad de operación.
Citando algunos casos, entre el conjunto de reformas que promueven las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores, los mecanismos de consulta popular, la reconducción presupuestal, la ratificación de nombramientos políticos, la sustitución del Presidente o la iniciativa popular, se pueden citar factores específicos que demuestran la anterior afirmación.
Las candidaturas ciudadanas difícilmente podrán escapar del costo de los procesos electorales y del sistema de mecenazgo social que han impuesto los partidos, que previamente promueven asociaciones y fundaciones de todo tipo, ocupando el espacio que teóricamente le corresponde a la sociedad y que serán, de manera natural, el origen de los candidatos ciudadanos. Inclusive, es posible que militantes no favorecidos con las condiciones para ser candidatos de partido tengan dispuesta la puerta de las candidaturas ciudadanas.
Las consultas populares también reservan el control partidista y del poder. Su convocatoria será facultad del Presidente, de un número mínimo de miembros de las Cámaras (33%) y de un 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pero que equivale a más de 700 mil personas. Los requisitos del poder serán fáciles de cubrir, pero los de la ciudadanía solo se posibilitarán con la estructura de los partidos, sin descontar las debilidades que frecuentemente tienen los referéndums y plebiscitos, lejanos del ejercicio de la razón colectiva y fácilmente inducibles en función de las preguntas que se planteen.
Extrañamente, en lugar de atribuirse al Congreso o a otra institución el proceso de consulta ciudadana, el IFE engrosa su larga lista de atribuciones electorales, jurisdiccionales, registrales y políticas, con la responsabilidad de organizarlas, sin antes deliberar la fragilidad de dicha institución frente al juego político de los partidos como ocurre ahora.
En torno a la reelección, a pesar de los argumentos jurídicos y técnicos “puros”, la configuración del sistema y del mercado político, caracterizado por un bajo nivel de responsabilidad política cualitativa y el condicionamiento corporativo por medio de las dádivas y la compra del voto, pueden propiciar cacicazgos locales duros, las exclusión de grupos adversarios y el fin de la permeabilidad política que se considera clave para la estabilidad social.
Asimismo, se aprovecha la reforma política para incorporar nuevas reglas presupuestales, que serían materia de una reforma económica y se incorporan temas de la disputa política en la sustitución de Presidente y en la ratificación de funcionarios, dejando fuera ostensiblemente temas que obliguen a un mayor rendimiento de las instituciones, reglas más claras y contundentes para la transparencia y contra la corrupción y a favor de la organización ciudadana.
Entre los temas del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado envió a última hora a la Cámara de Diputados un dictamen de reforma política que podría ser considerado, todo o parcialmente, en un periodo extraordinario de sesiones. El procedimiento legislativo tiene que correr de esta manera, toda vez que, en términos del COFIPE, el año electoral correspondiente al 2012 inicia en el mes de octubre, a efecto de que cualquier reforma autorizada pueda ser vigente en los mismos tiempos.
En torno a la reforma política, que promueve cambios en los artículos 35, 36, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 115 y 116 Constitucionales, han discurrido un gran número de análisis y vale la pena extraer algunas formulaciones generales en torno a su alcance y naturaleza. En primer término, es necesario tener en consideración que nuestro país dispone de lo que podemos llamar “bono institucional”, que permite instrumentalizar importantes reformas sin que supongan rupturas significativas del orden constitucional o del régimen político, en sentido contrario a lo ocurrido en otros países, cuya apertura política se ha dado en medio de convulsiones sociales e incluso de fragmentaciones territoriales.
La reforma política se presenta como una alternativa a la imposibilidad de procesar un modelo más amplio, como es el de la reforma del Estado. En un plano menos ambicioso, pero no por ello menos importante, los actores políticos han logrado un nivel de consenso relevante, que se detiene por las diferencias en algunos puntos, pero no en la generalidad. Es importante reconocer que el origen de este proceso se encuentra dentro del sistema de partidos, a diferencia de la lógica de cambio político, que supondría una oposición generalizada de la sociedad frente al establishment, que forzaría al régimen a adoptar cambios estructurales.
El de México es un caso que rebasa las propuestas metodológicas de Linz, en la teoría de la transición democrática, a partir del quiebre institucional. En nuestro caso, un tejido débil de la sociedad, calculado por Freedom House en un 4% de sociedad organizada, frente a un pluralismo creciente y una competitividad importante para acceder al poder, favorecen las iniciativas desde dentro del sistema, como han sido las reformas electorales de 1976, 1994, 1996 y de 2007, que enmarcan el escenario del próximo año.
No obstante, esta diferenciación también determina el alcance de las reformas, ya que resultan de la negociación entre los propios actores y le imponen a la sociedad sus propuestas y los argumentos de legitimación. Por ello, en el terreno de la operacionalización de la reforma política, en el caso de aprobarse, es de advertirse que la apertura política y ciudadana está acotada al control y dirección de los propios partidos, por sí mismos o por medio de las instituciones en que tienen mayor capacidad de operación.
Citando algunos casos, entre el conjunto de reformas que promueven las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores, los mecanismos de consulta popular, la reconducción presupuestal, la ratificación de nombramientos políticos, la sustitución del Presidente o la iniciativa popular, se pueden citar factores específicos que demuestran la anterior afirmación.
Las candidaturas ciudadanas difícilmente podrán escapar del costo de los procesos electorales y del sistema de mecenazgo social que han impuesto los partidos, que previamente promueven asociaciones y fundaciones de todo tipo, ocupando el espacio que teóricamente le corresponde a la sociedad y que serán, de manera natural, el origen de los candidatos ciudadanos. Inclusive, es posible que militantes no favorecidos con las condiciones para ser candidatos de partido tengan dispuesta la puerta de las candidaturas ciudadanas.
Las consultas populares también reservan el control partidista y del poder. Su convocatoria será facultad del Presidente, de un número mínimo de miembros de las Cámaras (33%) y de un 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pero que equivale a más de 700 mil personas. Los requisitos del poder serán fáciles de cubrir, pero los de la ciudadanía solo se posibilitarán con la estructura de los partidos, sin descontar las debilidades que frecuentemente tienen los referéndums y plebiscitos, lejanos del ejercicio de la razón colectiva y fácilmente inducibles en función de las preguntas que se planteen.
Extrañamente, en lugar de atribuirse al Congreso o a otra institución el proceso de consulta ciudadana, el IFE engrosa su larga lista de atribuciones electorales, jurisdiccionales, registrales y políticas, con la responsabilidad de organizarlas, sin antes deliberar la fragilidad de dicha institución frente al juego político de los partidos como ocurre ahora.
En torno a la reelección, a pesar de los argumentos jurídicos y técnicos “puros”, la configuración del sistema y del mercado político, caracterizado por un bajo nivel de responsabilidad política cualitativa y el condicionamiento corporativo por medio de las dádivas y la compra del voto, pueden propiciar cacicazgos locales duros, las exclusión de grupos adversarios y el fin de la permeabilidad política que se considera clave para la estabilidad social.
Asimismo, se aprovecha la reforma política para incorporar nuevas reglas presupuestales, que serían materia de una reforma económica y se incorporan temas de la disputa política en la sustitución de Presidente y en la ratificación de funcionarios, dejando fuera ostensiblemente temas que obliguen a un mayor rendimiento de las instituciones, reglas más claras y contundentes para la transparencia y contra la corrupción y a favor de la organización ciudadana.
lunes 2 de mayo de 2011
Las reservas internacionales
Luis Adrián Chavez Toledo
La discusión sobre el tema de las reservas internacionales, ha cobrado relevancia en los últimos meses, debido al alto nivel en el que éstas se encuentran. Para poner un referente, en el año 2000, se encontraban en niveles alrededor de los 30 mil millones de dólares y para marzo del 2010, ya habían pasado los 92 mil millones de dólares.
¿Qué se debe hacer con tanto dinero? ¿Cómo podemos usar los recursos de manera eficiente? ¿Quién puede disponer de estas cantidades? ¿Por qué no pagamos parte de la deuda externa con estos recursos? Son algunas de las preguntas que mucha gente nos hacemos y que diversos actores políticos, tratan de responder a sí mismos y su intereses partidistas o personales, tal cantidad de dinero pues no puede pasar desapercibida.
Las reservas internacionales, no son dinero que el gobierno tenga “ahorrado” en el Banco Central, tampoco pertenecen como tal al BANXICO, son el respaldo de las divisas internacionales que entran al país. Algunas de las fuentes pues son las ventas de PEMEX, las remesas de compatriotas en el extranjero, etc.
Como mandato constitucional, el BANXICO tiene por objetivo mantener la estabilidad en los precios, es decir, controlar la inflación para que esta variable macroeconómica pueda repercutir favorablemente en las demás, como el PIB, empleo, etc.
Retomando una de las ideas sobre el uso de las reservas internacionales, muchas voces sugieren que se pague parte de la deuda externa que México ha contraído con diversas naciones y organismos. Quien contrae la deuda primeramente, es el Gobierno del país, entidad de la que el BANXICO es totalmente autónomo. Si se quisiera hacer esto, sería como si el Banco Central le hiciera un préstamo al Gobierno, cosa que está prohibida por la Constitución del país.
En caso de que se modificara la constitución y el BANXICO pudiera actuar como prestamista del Gobierno, la disminución de la deuda pues no existiría como tal, solamente se cambiaría el nombre del prestamista, en vez de ser una o varias entidades del extranjero, sería una sola y nacional pero a fin de cuentas, la deuda seguiría existiendo.
El acumular reservas internacionales, tiene como beneficio el demostrar una capacidad de pago ante el extranjero pero uno de los principales costos es el de acarreo financiero lo cual, implica que a partir de ciertos niveles, el tener muchas reservas comienza a ser perjudicial. Es por esto que se han implementado mecanismos para ir disminuyendo de manera paulatina, la cantidad de recursos acumulados por BANXICO. Algunos de estos mecanismos implementados son las subastas de divisas que se llevan a cabo, como dato relevante, sabemos que en tan solo 2 años, entre mayo de 2003 y mayo de 2005, se subastaron poco más de 12 mil millones de dólares.
El estudio sobre el cual este ensayo es escrito, no es muy actual, data del año 2005 y los datos sobre la posición de México en comparación con otros países con respecto al nivel de reservas que manejan, pues no es muy preciso pero, a esa fecha, Japón poseía casi 900 mil millones de dólares en reservas, es decir, 10 veces más de lo que en la actualidad tiene el BANXICO.
Como conclusión, podemos decir que no existen elementos jurídicos que puedan permitir la utilización de las reservas para el pago de deuda o como parte del presupuesto de egresos.
Las reservas son el respaldo de la base monetaria del país y su incremento vertiginoso, trae consigo algunos elementos negativos como el costo de acarreo financiero.
Las reservas son el resultado de sumar las entradas de divisas por concepto de pago a PEMEX, remesas de trabajadores emigrantes, divisas del gobierno mexicano, entre otras y no representan un ahorro que el gobierno o el BANXICO tengan y del que puedan disponer a su antojo.
La discusión sobre el tema de las reservas internacionales, ha cobrado relevancia en los últimos meses, debido al alto nivel en el que éstas se encuentran. Para poner un referente, en el año 2000, se encontraban en niveles alrededor de los 30 mil millones de dólares y para marzo del 2010, ya habían pasado los 92 mil millones de dólares.
¿Qué se debe hacer con tanto dinero? ¿Cómo podemos usar los recursos de manera eficiente? ¿Quién puede disponer de estas cantidades? ¿Por qué no pagamos parte de la deuda externa con estos recursos? Son algunas de las preguntas que mucha gente nos hacemos y que diversos actores políticos, tratan de responder a sí mismos y su intereses partidistas o personales, tal cantidad de dinero pues no puede pasar desapercibida.
Las reservas internacionales, no son dinero que el gobierno tenga “ahorrado” en el Banco Central, tampoco pertenecen como tal al BANXICO, son el respaldo de las divisas internacionales que entran al país. Algunas de las fuentes pues son las ventas de PEMEX, las remesas de compatriotas en el extranjero, etc.
Como mandato constitucional, el BANXICO tiene por objetivo mantener la estabilidad en los precios, es decir, controlar la inflación para que esta variable macroeconómica pueda repercutir favorablemente en las demás, como el PIB, empleo, etc.
Retomando una de las ideas sobre el uso de las reservas internacionales, muchas voces sugieren que se pague parte de la deuda externa que México ha contraído con diversas naciones y organismos. Quien contrae la deuda primeramente, es el Gobierno del país, entidad de la que el BANXICO es totalmente autónomo. Si se quisiera hacer esto, sería como si el Banco Central le hiciera un préstamo al Gobierno, cosa que está prohibida por la Constitución del país.
En caso de que se modificara la constitución y el BANXICO pudiera actuar como prestamista del Gobierno, la disminución de la deuda pues no existiría como tal, solamente se cambiaría el nombre del prestamista, en vez de ser una o varias entidades del extranjero, sería una sola y nacional pero a fin de cuentas, la deuda seguiría existiendo.
El acumular reservas internacionales, tiene como beneficio el demostrar una capacidad de pago ante el extranjero pero uno de los principales costos es el de acarreo financiero lo cual, implica que a partir de ciertos niveles, el tener muchas reservas comienza a ser perjudicial. Es por esto que se han implementado mecanismos para ir disminuyendo de manera paulatina, la cantidad de recursos acumulados por BANXICO. Algunos de estos mecanismos implementados son las subastas de divisas que se llevan a cabo, como dato relevante, sabemos que en tan solo 2 años, entre mayo de 2003 y mayo de 2005, se subastaron poco más de 12 mil millones de dólares.
El estudio sobre el cual este ensayo es escrito, no es muy actual, data del año 2005 y los datos sobre la posición de México en comparación con otros países con respecto al nivel de reservas que manejan, pues no es muy preciso pero, a esa fecha, Japón poseía casi 900 mil millones de dólares en reservas, es decir, 10 veces más de lo que en la actualidad tiene el BANXICO.
Como conclusión, podemos decir que no existen elementos jurídicos que puedan permitir la utilización de las reservas para el pago de deuda o como parte del presupuesto de egresos.
Las reservas son el respaldo de la base monetaria del país y su incremento vertiginoso, trae consigo algunos elementos negativos como el costo de acarreo financiero.
Las reservas son el resultado de sumar las entradas de divisas por concepto de pago a PEMEX, remesas de trabajadores emigrantes, divisas del gobierno mexicano, entre otras y no representan un ahorro que el gobierno o el BANXICO tengan y del que puedan disponer a su antojo.
jueves 3 de marzo de 2011
Diplomado En Camara de Diputados en abril
DIPLOMADO
“Políticas Públicas y Estrategias para el
Desarrollo Rural: Globalidad y Soberanía”
Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
División de Educación Continua y Vinculación
Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología, Economía, Antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas del diseño, gestión y la administración de las políticas públicas para el campo, en el contexto de la globalización, el libre comercio, la competitividad y la búsqueda de un desarrollo eficaz.
Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.
Fechas: 4 de abril al 29 de agosto de 2010.
Informes del 1º febrero al 25 de marzo de 2011, de 10:00 a 15:00 hrs., en los teléfonos 50360000 exts. 57230 y en los cel. 04455 3666 5185, 04455 2921 2480, en el e-m@il: conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la Comisión ubicada en el Edificio F, segundo piso del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
OBJETIVO GENERAL:
Analizar y proponer una estrategia integral eficaz en materia de desarrollo económico y agropecuario nacional y al mismo tiempo, evaluar las acciones y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales que se generan para lograr dicho objetivo, en el marco de la globalización y la apertura comercial.
METODOLOGÍA
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los días lunes, miércoles y viernes, con un horario de 8:00 a 10:00 hrs., en del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo sobre la que versará el Diplomado será a través de 6 módulos de trabajo, los cuales giraran en torno a los siguientes temas: Diagnóstico de las políticas y programas nacionales; Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio; Impacto y estrategias en el desarrollo de nuestros productos; Retos de la competitividad y la productividad; Seguridad y bienestar social; Las reformas y las políticas de una nueva estrategia nacional.
Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar las acciones de gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo I. Del GATT a la OMC y el contexto de las políticas nacionales en materia agropecuaria en las negociaciones comerciales para construir los tratados comerciales y las regiones emergentes en el mundo.
Fechas: 4, 6, 8, 11,13, 15, 25, 27, 29 de abril y 2 de mayo
Módulo II. Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio. Estudios comparados sobre el contenido y alcances de los tratados de libre comercio suscritos por México.
Fechas: 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo
Módulo III. Impacto y estrategias en el desarrollo de nuevos productos. El caso de los transgénicos y las nuevas tecnologías.
Fechas: 30 de mayo, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 y 20 de junio
Módulo IV. Los Retos de la competitividad y la productividad en las diversas políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Análisis de la relación comercial con nuestros socios comerciales: dumping, competencia desleal, subsidios, reglas fitosanitarias, comercio justo, trato de nación más favorecida.
Fechas: 22, 24, 27, 29 de junio, 1, 4, 6, 8, 11, 13 de julio
Módulo V. Análisis del marco legal vigente, el desempeño de México en la OMC, la composición presupuesta, la evaluación de las políticas públicas y la organización productiva, como bases estructurales de la economía agrícola mexicana.
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 de julio, 1, 3, 5 de agosto
Módulo VI. Análisis y diseño de la estrategia para el logro de reformas y políticas de una nueva estrategia nacional, orientada a una política de estado que favorezca el mercado interno, la soberanía y una mejor inserción en el mercado mundial, con equidad y desarrollo.
Fechas: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 de agosto
“Políticas Públicas y Estrategias para el
Desarrollo Rural: Globalidad y Soberanía”
Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
División de Educación Continua y Vinculación
Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología, Economía, Antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas del diseño, gestión y la administración de las políticas públicas para el campo, en el contexto de la globalización, el libre comercio, la competitividad y la búsqueda de un desarrollo eficaz.
Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.
Fechas: 4 de abril al 29 de agosto de 2010.
Informes del 1º febrero al 25 de marzo de 2011, de 10:00 a 15:00 hrs., en los teléfonos 50360000 exts. 57230 y en los cel. 04455 3666 5185, 04455 2921 2480, en el e-m@il: conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la Comisión ubicada en el Edificio F, segundo piso del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
OBJETIVO GENERAL:
Analizar y proponer una estrategia integral eficaz en materia de desarrollo económico y agropecuario nacional y al mismo tiempo, evaluar las acciones y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales que se generan para lograr dicho objetivo, en el marco de la globalización y la apertura comercial.
METODOLOGÍA
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los días lunes, miércoles y viernes, con un horario de 8:00 a 10:00 hrs., en del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo sobre la que versará el Diplomado será a través de 6 módulos de trabajo, los cuales giraran en torno a los siguientes temas: Diagnóstico de las políticas y programas nacionales; Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio; Impacto y estrategias en el desarrollo de nuestros productos; Retos de la competitividad y la productividad; Seguridad y bienestar social; Las reformas y las políticas de una nueva estrategia nacional.
Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar las acciones de gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo I. Del GATT a la OMC y el contexto de las políticas nacionales en materia agropecuaria en las negociaciones comerciales para construir los tratados comerciales y las regiones emergentes en el mundo.
Fechas: 4, 6, 8, 11,13, 15, 25, 27, 29 de abril y 2 de mayo
Módulo II. Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio. Estudios comparados sobre el contenido y alcances de los tratados de libre comercio suscritos por México.
Fechas: 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo
Módulo III. Impacto y estrategias en el desarrollo de nuevos productos. El caso de los transgénicos y las nuevas tecnologías.
Fechas: 30 de mayo, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 y 20 de junio
Módulo IV. Los Retos de la competitividad y la productividad en las diversas políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Análisis de la relación comercial con nuestros socios comerciales: dumping, competencia desleal, subsidios, reglas fitosanitarias, comercio justo, trato de nación más favorecida.
Fechas: 22, 24, 27, 29 de junio, 1, 4, 6, 8, 11, 13 de julio
Módulo V. Análisis del marco legal vigente, el desempeño de México en la OMC, la composición presupuesta, la evaluación de las políticas públicas y la organización productiva, como bases estructurales de la economía agrícola mexicana.
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 de julio, 1, 3, 5 de agosto
Módulo VI. Análisis y diseño de la estrategia para el logro de reformas y políticas de una nueva estrategia nacional, orientada a una política de estado que favorezca el mercado interno, la soberanía y una mejor inserción en el mercado mundial, con equidad y desarrollo.
Fechas: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 de agosto
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