Conocimiento Global

Excelente Diplomado en puerta UNAM-Cámara de Diputados

2012-01-19T07:38:00.000-08:00

MIneria y pueblos indigenas

2011-08-19T18:44:00.000-07:00

PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN EL CONGRESO SOLICITANDO UN INFORME SOBRE LAS LICITACIONES OTORGADAS EN AREAS TERRITORIALES INDÍGENAS, EL IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y LAS RELACIONES LABORALES SUBSISTENTES, ESPECIALMENTE EN LAS MINAS DE ORO Y PLATA.

Diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector minero tiene una gran importancia en la historia, la economía, la organización social, el presente y el futuro de México. La diversidad y abundancia de minerales de nuestro territorio, siempre ha sido una de nuestras mayores riquezas. Ello queda claro con las motivaciones de las misiones españolas hacia nuestro país, el litigio juarista con las compañías mineras y el énfasis del Constituyente del 17 en la redacción de un amplio, detallado y pleno de soberanía artículo 27 constitucional, que es el fundamento más sólido del estado nacional.

Los recursos naturales son primordiales, esenciales para la subsistencia del país, incluso por su relación con la cultura, la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al reconocerse la configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que la minería debe ser una actividad adecuadamente regulada, que reconozca su estrecha relación con el régimen de la propiedad rural por tratarse del subsuelo, afectada por el régimen de concesión que establece el citado ordenamiento, pero que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.

No obstante, esa visión nacionalista y cultural de la minería, se ha distorsionado con el tiempo y ha vuelto la propiedad nacional usufructo extranjero y a los pueblos étnicos, de herederos del patrimonio nacional en siervos de las grandes empresas.

Al día de hoy existen 286 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 757 proyectos en total. En 25 estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 180, Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80, Zacatecas con 62, Jalisco 46, Oaxaca 32, Guerrero con 21, Baja California con 16, Nayarit con 16, Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 12, Chiapas y Coahuila con 9, Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el Estado de México, Puebla y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y finalmente con 2 proyectos para cada uno de los estados de Hidalgo, Morelos, Tamaulipas.

Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 73% (210) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 en Estados Unidos (15%), 8 empresas de Australia (3%), el Reino Unido 6 (Inglaterra) representando el 2%, Japón con el 2% que corresponde a 4 empresas, la República Popular China con 3 empresas, Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que Perú; con poco más del 1% y Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen una empresa cada uno. sumando menos del 1% del total.

Hay casos relevantes que ilustran el grave desequilibrio y afectación de los bienes nacionales que estamos señalando, como característica de la política minera de este y del anterior sexenio gubernamental. En el año 2009, en el Estado de San Luis Potosi, la empresa First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas a la canadiense Normabec, quien ha realizado sus trabajos de exploración principalmente en la mina Santa Ana. Dicha explotación se ha efectuado en 6 mil 326 hectáreas otorgadas a la minera por el gobierno federal a cambio de tres millones de dólares.

De esta extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra en Wirikuta, declarada área natural protegida en enero de 2000. Asimismo, datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la empresa canadiense explora en busca de plata y oro.

Dicho proyecto establece que se construirá un túnel de 2 mil 300 metros que atravesará la veta madre, donde se presume que aún hay una gran cantidad de plata. Incluso los trabajos se desarrollarán a 300 metros de profundidad y en otras a 700, según el relieve. También se destaca que no hay un plan claro de explotación subterránea para desviar los flujos hidrológicos, ya que se tienen indicios que el agua ya no sale a los manantiales, sino se queda en las minas.

Este es un claro ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las concesiones mineras, otorgadas en medio de una doble política o una doble moral gubernamental, que por una parte dice proteger las áreas naturales, como lo demandan los pueblos indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los mismos territorios. Y la historia se repite en todos los rincones mineros del país. Ello sin contar las dudas sobre la vigilancia de las autoridades ecológicas, que deberían prever el impacto ambiental, pero que son objetadas por las asociaciones rurales e indígenas.

La minería mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento de las concesiones, rapacidad en el acceso ilimitado a las reservas naturales; desplazamiento de las comunidades originarias, terribles condiciones laborales, impregnadas con frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de conchos.

La minería también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre los bienes nacionales, del suelo y del subsuelo. Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese sentido, de reforma constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su análisis y dictamen.

¿Qué ha cambiado para los indígenas del país de la colonia hasta ahora? La respuesta es que han pasado de una condición de servidumbre a otra de explotación y marginación industrial. Ello afecta sus intereses y presumiblemente los intereses de la nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta situación y exigir las políticas y programas que afronten y transformen de una vez por todas, el atraso, el rezago y el abuso que se da en medio de esta actividad.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio Ambiente y de Trabajo y Previsión Social para que proporcionen de manera urgente un informe integral sobre las licitaciones otorgadas en áreas territoriales indígenas, su impacto económico en los últimos diez años, la informacion sobre la existencia de dictamenes de impacto ambiental y las características salariales y de relaciones laborales subsistentes, espacialmente en las minas de oro y plata. Se plantea que dicho informe contenga un apartado específico de compromisos para enfrentar su problemática con políticas y programas públicos concretos y en el corto y mediano plazos.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, agosto de 2011

LOS EFECTOS DE LA APERTURA COMERCIAL SOBRE EL CAMPO MEXICANO

2011-08-01T14:59:00.000-07:00

LIC. MIRIAM LASTIRI RITO

Introducción.
Regularmente el proceso de globalización se presenta como la universalización de las capacidades mundiales que rompe fronteras mediante el intercambio de productos de lo más diverso y desconocido. Sin embargo en términos reales este proceso dista mucho de ser sólo positivo; es decir, es necesario que pensemos el proceso de globalización actual con sus categorías complementarias: la competencia y la rentabilidad, para darnos cuenta que el resultado final es la imposición de unos (¿o de un?) países sobre otros; en este sentido, la competencia implica la aniquilación del enemigo en busca de la apropiación de un mercado mayor que promete altas tasas de rentabilidad. Pese a ello, a los formuladores de políticas públicas en México parece escabullírseles esta realidad.
El campo mexicano siempre ha jugado un papel central en la estructura económica nacional, pero particularmente ha sido así a lo largo del desarrollo del capitalismo mexicano, fue el eje central del periodo exportador de bienes primarios y también, aunque sometido a la dinámica industrial, en el periodo de sustitución de importaciones fue fuente de divisas y productor de bienes salario baratos para la creciente clase trabajadora urbana.
Continuando con esta lógica, parto de concebir la producción de alimentos como una producción estratégica; es decir, básica para el conjunto de la reproducción social. Si bien el campo mexicano ha sido dividió en 4 sectores diferentes (agrícola, pecuario, forestal y el piscícola) mi acercamiento será específicamente al sector productor de alimentos por lo antes mencionado.
La pregunta central que recorre todo este trabajo es: ¿son la competitividad y el libre mercado dos pilares para el desarrollo del campo mexicano? O ¿son más bien éstas las condiciones que perpetúan relaciones de dependencia económica para el país? Para contestar a estas preguntas haremos un recorrido por algunas de las principales variables económicas afectadas por la apertura comercial.
Son dos mis hipótesis al respecto. En primer lugar de manera general, las políticas económicas basadas en el libre mercado y en la competencia no han impactado positivamente el comportamiento de la economía mexicana, al contrario, han agudizado las relaciones de dependencia entre la economía mexicana y la economía norteamericana. En particular, las políticas económicas de apertura comercial para el campo mexicano no se han traducido en un progreso real sino en una mayor pérdida de la soberanía alimentaria nacional (mayor vulnerabilidad).
En segundo lugar de manera general, la reproducción de la población mexicana depende en buena medida y crecientemente de los alimentos básicos provenientes del mercado exterior y específicamente del mercado norteamericano. En particular considero que, los graves problemas de pobreza alimentaria por los que atraviesa actualmente México nos deben conducir al replanteamiento de las políticas económicas actuales, la superación de los rezagos económicos del campo mexicano no debe estar basada en criterios de rentabilidad o competitividad sino en las necesidades de la población rural y urbana mexicana.
El objetivo del presente ensayo es evaluar el efecto de las políticas públicas de corte neoliberal sobre el campo mexicano a lo largo de la década de 1990 y hasta el 2009.

Desarrollo.

a) Características del campo mexicano durante el periodo proteccionista. ¿Fue acaso un periodo de Prosperidad para el campo mexicano?
En el México de este periodo no podemos hablar de una agricultura en general, la agricultura estaba divida a grandes rasgos en dos, en cuanto a su régimen de propiedad y en cuanto a su producción . Una agricultura empresarial moderna de riego, productora de bienes de exportación, materias primas para la industria nacional y productos para una clase media-alta nacional; y una agricultura tradicional temporalera campesina, productora de bienes agrícolas de consumo interno, principalmente maíz y frijol. Afirmar que parte importante de la industrialización en México es resultado de una balanza comercial agrícola superavitaria, debe tener presente esta polarización.
Por un lado la agricultura de exportación es fuente de divisas y por otro lado la agricultura tradicional es responsable de la disminución en la importación de bienes de consumo interno y de un plus en la acumulación del capital industrial, debido a que estos productos fueron pagados por debajo de su valor, lo que permite al empresario industrial pagar bajos salarios; ambos sectores de la agricultura hacen posible la acumulación de capital, encaminada después a financiar el proceso de industrialización.
Aunado a lo anterior, no podemos decir que durante este periodo haya existido una prosperidad generalizada en el campo mexicano. El sector avocado a la producción para la exportación, con mayores niveles de tecnificación y con un tipo de propiedad privada de la tierra, se vio mucho más favorecido durante este periodo frente a, por un lado, el sector productor de bienes agrícolas de exportación pero con una propiedad ejidal ó comunal y, por otro lado, el sector temporalero productor de bienes salario.
La característica que define al capitalismo sui generis mexicano, es un desarrollo industrial basado en la enajenación de la riqueza producida por un sector: el sector rural de la actividad agrícola. Este modelo de crecimiento-desarrollo de saqueó y descapitalización de un sector de la producción rural en pro de lo industrial, llevó finalmente a la economía mexicana a una crisis generalizada, entre las causas centrales de la crisis se encuentra la caída en los niveles de producción de los bienes salario debida a un proceso de abandono de tierras y emigración permanente de campesinos hacia las ciudades nacionales o internacionales y/o hacia centros agrícolas donde eran empleados como jornaleros.

b) El cambio en la política económica: del proteccionismo al neoliberalismo.
Pasando por alto el balance anterior, el modelo neoliberal, en nombre de la sustentabilidad y basado en la propiedad privada de la tierra y el agua, inicia un proceso de descampenización en México. En otras palabras, las modernas políticas neoliberales condenan a muerte a la economía campesina temporalera porque emerge criticando las bases del antiguo modelo, centrando su atención en señalar lo inviable de un proceso de desarrollo basado en la propiedad social de la riqueza natural. Para la mirada neoliberal los graves problemas económicos son simple y llanamente producto del carácter público de las riquezas estratégicas entre ellas, el agua, la tierra, el petróleo y la electricidad. La privatización se presenta entonces como la solución más acorde.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) adopta ciegamente las medidas económicas planteadas en el Consenso de Washington . La deuda externa junto con su renegociación más el otorgamiento de nuevos créditos con instituciones multilaterales de crédito y la banca privada internacional, se traducen en mayores concesiones a la liberalización de la economía.
Es así como la Reforma al 27 Constitucional en 1992 cumple con el objetivo de insertar los recursos naturales al mercado en donde se le otorga al capital privado todos los derechos mercantiles para adquirirlos. La reforma en apariencia sigue reconociendo a la tierra y al agua como propiedad de la Nación pero genera al mismo tiempo todos los mecanismos para que en los hechos pueda ser libremente comercializada en el mercado como cualquier otra mercancía.
Uno de los actores principales en esta reforma fue Luis Téllez quien en su libro titulado “Nueva Legislación de Tierras, Bosques y Aguas” explica que el cambio en el marco legal era imprescindible porque éste era obsoleto y, por ende, respondía a las necesidades de una población y configuración económica ya inexistente. Según el autor la realidad que se vivía en el país en aquel momento ameritaba una transformación moderna en el marco legal, que insertara al país en una dinámica política-económica-social de dimensiones mundiales . Con este discurso es aniquilada constitucionalmente el reparto agrario, la demanda de tierra y agua.
La firma del TLCAN se inscribe también en esta lógica y pese a las supuestas virtudes de dicho tratado y todos los que se vendrán despúes, Norma Castañeda nos dice lo siguiente “El TLCAN fue dado a conocer a la opinión pública una vez negociado y la ciudadanía no tenía el mayor conocimiento sobre su contenido, cabe decir que las negociaciones fueron sumamente cerradas en donde no hubo una participación real de la sociedad civil, a lo mucho se consultó a las grandes cámaras empresariales y a los sindicatos corporativos que de ninguna manera reflejaban la opinión de las voces de los tres países que se manifestaron en contra del acuerdo.”
Los efectos del TLCAN en el campo mexicano. A partir de 1994 pueden entrar a México productos agrícolas de EUA y Canadá libres de arancel. Si bien cultivos como el maíz blanco y el frijol fueron supuestamente protegidos hasta el año 2008, las importaciones de productos agrícolas de consumo interno aumentaron, por lo que la dependencia alimentaria de México hacia EUA se agudizó. Mientras que el país se casaba con la idea y el proyecto de suprimir los subsidios para no distorsionar el mercado, en EUA se aprobaba la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural, la cual aseguraba la canalización de 183 millones de dólares al sector agrícola empresarial estadounidense (8% aproximadamente del total de productores agrícolas) en forma de subsidios, garantizándoles sus ganancias a costa de precios bajos con los que se inunda de productos de baja calidad a países como el nuestro.
El resultado: los productores locales, grandes y pequeños, son eliminados vía dumping. La ruina en el campo mexicano se ha traducido invariablemente en una agudización en los niveles de migración del campo a la ciudad, pero sobre todo del campo mexicano al campo estadounidense, o bien a sus ciudades. El problema es en esencia una crisis de seguridad nacional y el gobierno ha centrado su apoyo a sectores agrícolas empresariales generalmente parasitarios denostando la producción campesina como no competitiva; la solución para los presuntamente no competitivos, según el Gobierno Federal, fue una purga poblacional del campo mexicano.

Comprobación.
a) La apertura comercial y sus efectos en la economía mexicana. Balanza Comercial.
La gráfica Exportaciones e Importaciones Mexicanas 1993-2010 nos muestra claramente cómo el intercambio comercial se ha incrementado sólidamente a partir de la apertura comercial mexicana y la consecuente firma de tratados comerciales. Si bien el margen entre exportaciones e importaciones (saldo de la balanza comercial) no es muy amplío, éste se mantiene a lo largo del periodo como deficitario. Es decir, la economía mexicana compra más productos del exterior de lo que vende, manifestando así el primer rasgo de dependencia comercial.
Sin embargo sí nos adentramos más en la información encontramos severos problemas, veamos.
Al observar las gráficas Valor total y por región económica de las exportaciones e importaciones mexicanas 1993-2011 nos damos cuenta que, si bien México es a nivel mundial el país con más acuerdos de libre comercio firmados con el exterior, existe una alta dependencia al mercado norteamericano, especialmente al estadounidense.
Al analizar el destino de las exportaciones por quinquenios (gráficas Distribución de las Exportaciones México-Regiones Económicas 1995, 2000,2005 y 2010) observamos que la tendencia a lo largo de 1995-2010 no ha cambiado, el destino de un 80-85% de las exportaciones nacionales se establecen mediante el TLCAN.
La dependencia de importaciones provenientes de América del Norte se mantiene, sin embargo podemos observar cambios en su comportamiento (gráficas Distribución de las Importaciones México-Regiones Económicas 1995, 2000,2005 y 2010), pasando de 1995 a 2010 del 74% al 52%.
En este punto podemos decir que, si bien México ha comenzado a comprar mercancías de diferentes partes del mundo, sus ventas siguen estando canalizadas al mercado norteamericano; lo anterior pone en evidencia el gran negocio de los tratados comerciales, posicionando a México como un mercado rentable para las mercancías producidas alrededor del mundo.
Observar los datos aislados puede alterar nuestro conocimiento de la realidad, puesto que la gráfica Saldo Total de la Balanza Comercial de México (1994, 2009) da cuenta de una progresiva caída en el déficit comercial mexicano, representando en 2009 apenas 1/3 de lo que fue en 1994. Aunado a ello, el panorama parecería más alentador al mirar la gráfica Saldo de la Balanza Comercial por Región (Comparativo) donde se muestra que el principal superávit mexicano en balanza comercial la obtenemos de nuestros socios comerciales del TLCAN.
¿Eso implica que México gracias a la apertura comercial tiende al progreso económico?, ó ¿acaso se está consolidando como una economía desarrollada, no dependiente del mercado exterior y todo gracias a la apertura comercial?
No, lamentablemente no es así. En primer lugar, en la gráfica misma Saldo de la Balanza Comercial por Región (Comparativo) observamos que sólo existe un saldo superavitario (y éste es con el TLCAN), mientras que el déficit sigue siendo una constante creciente con el resto de los socios comerciales de México.
La gráfica Saldo de la Balanza Comercial Mexicana (Desagregada por sectores, Comparativo) nos permite ver cuál es la composición de los flujos comerciales entre México y sus socios comerciales. Salta a la vista que la disminución en el déficit comercial mexicano se debe únicamente a dos sectores que presentan datos superavitarios, estos son el pesquero y fundamentalmente el petrolero. Es decir, la apertura comercial no se ha traducido en un progreso científico-tecnológico nacional que redunde en una mejor estructura productiva nacional de punta, sino que se ha refugiado en la renta petrolera nacional que además se basa en una política de precios por debajo de los de la OPEP.
Ahora bien, párrafos más arriba comentamos que en términos de regiones comerciales, el único saldo superavitario que México posee es con el TLCAN, con las gráficas Saldo de la Balanza Comercial Desagregado por Regiones, Sector Petrólero, Pesca e Industrial, podemos observar que es el petróleo la principal mercancía que México entrega a EUA. Después del petróleo se encuentran las mercancías del sector industrial, no bienes intermedios o de capital, sino solamente productos estadounidenses maquilados en el norte de México que aprovechan el bajo salario que se paga en México. Finalmente encontramos productos del sector pesquero, fundamentalmente camarones, producidos en Sinaloa y Tamaulipas, que al ser producidos en un entorno artificial requieren una elevada cantidad de hormonas y antibióticos que terminan afectando al medio ambiente.
México presenta cifras deficitarias en el sector no petrolero, en el agroindustrial, el agropecuario y el agroalimentario. Centremos nuestra atención en el sector agroalimentario.

b) La apertura comercial y sus efectos en el campo mexicano.
En las gráficas Saldo de la Balanza Comercial Desagregado por Regiones, Sector No Petrolero, Agroindustrial, Agropecuario y Agroalimentario, podemos observar que en todos los casos, a excepción del sector no petrolero, el TLCAN es el principal socio comercial de México en términos de abasto de alimentos.
Qué podemos observar, que el escenario económico mexicano no es nada alentador. Ya en el apartado anterior estudiamos la dependencia nacional, producto y resultado del escaso grado de desarrollo científico-tecnológico, ahora en este apartado se vuelve patente el nivel de vulnerabilidad de la economía mexicana al mercado mundial en general y en particular al mercado estadounidense, puesto que ahora México depende de EUA para satisfacer la necesidad vital de alimentos.
Como hemos observado el flujo comercial internacional mexicano se ha incrementado pero dejando marginado al sector agrícola, según la gráfica Superficie Sembrada y Cosechada de México 1990-2010, el número de hectáreas sembradas y cosechadas antes y después de la apertura comercial y firma de tratados comerciales no se ha alterado en lo fundamental. Es un hecho que la población mexicana sigue en aumento, con lo cual la demanda de alimentos se incrementa, sin embargo esto no se traduce en un incremento en la producción, pero porqué, ¿acaso los campesinos dilapidan los recursos otorgados por el Gobierno Federal? No, esa no parece ser la respuesta, los campesin@s temporaler@s que no han emigrado, no han dejado de producir, sin embargo se limitan a la producción de subsistencia, ¿por qué?, porque la importación de alimentos extranjeros al país bloquea la entrada de su producción, incluso, al mercado nacional.
Cabe mencionar que una parte de los productores agrícolas, propietarios privados de la tierra (algunos propietarios de grandes extensiones de tierra) y altos niveles de agro-tecnología no han corrido con la misma suerte que los ejidatarios/comuneros temporaleros. Los primeros siguen estando ligados a la producción de mercancías agrícolas para la exportación y para el mercado nacional de la clase media y alta; éstos, según la tabla Balanza Comercial de Productos Agropecuarios 2007-2009, producen fundamentalmente Jitomate, Legumbre y Hortalizas Frescas, Pimiento, Aguacates y Pepino.
Así, pues, existe un sector agrícola que, pese a los grados de dependencia alimentaria nacional, optan por producir para el mercado exterior y no para el interior, de modo que parte de la riqueza natural y agro-tecnológica nacional se canaliza para alimentar hogares extranjeros. Cuáles son los productos agrícolas que México importa, en primer lugar Maíz, seguido por la Semilla de Soya, Trigo, otros Productos Agropecuarios y Semillas de Nabo o Colza. México importa fundamentalmente Maíz, un alimento central en la dieta de la población trabajadora nacional, de modo que, si por cuestiones económicas, políticas o ambientales, los flujos de este alimento se detuvieran, este sector de la población nacional estaría en serio peligro. Por otro lado, los productos que México importa para el consumo humano son además de baja calidad y dañinos para la salud (con un alto contenido de agroquímicos).

c) Respuesta a preguntas centrales de la investigación e hipótesis.
El mito del progreso o modernidad del libre mercado es desmentido de múltiples maneras por la realidad.
Hemos podido demostrar mediante hechos históricos y datos estadísticos que el libre mercado, lejos de encausarnos a la modernidad, ha profundizado el atraso económico de nuestro país, agudizando nuestra relación de dependencia con el mundo entero y principalmente con EUA. No es conveniente que los formuladores de políticas públicas en México sigan aferrándose a un modelo económico como el Neoliberal que ha focalizado el desarrollo nacional en la explotación de las riquezas del subsuelo, dejando a la deriva necesidades fundamentales para la reproducción de la población mexicana, como lo es la alimentación, lo cual ha conducido al país a la pérdida de su soberanía alimentaria.
Hemos podido observar, que una mejora, en términos de valores monetarios de la balanza comercial no significa un cambio real en la economía nacional, manifestándose deficiencias graves de atraso productivo, que no ha podido superarse. En las actuales condiciones, el país puede arribar a saldos superavitarios en la balanza comercial, sin embargo, seguiremos siendo vulnerables en términos alimentarios.
Ahora bien, la dificultad de pensar al campo mexicano, resulta de concebírselo precisamente como si fuera éste unidimensional, es decir, como si todo se redujera a la necesidad de tecnificar la producción agrícola con vistas a colocarla en los primeros planos de la competencia internacional.
Pudimos demostrar cómo una buena parte de los alimentos nacionales son importados y fundamentalmente provienen de EUA, mientras nosotros entregamos petróleo ellos nos entregan alimentos y de baja calidad. Sin embargo los petrodólares que entran a la economía mexicana no logran traducirse en políticas de desarrollo agropecuarias o industriales debido a la invasión de productos del mercado exterior. Al mercado mundial le interesa México, por su petróleo, su fuerza de trabajo y su amplio mercado sostenido fundamentalmente por petrodólares y remesas.
Por lo anterior, finalmente mantengo mi postura con respecto a que es necesario replantear la política económica actual, dejando a un lado el mito del progreso del libre mercado, mirando detenidamente los problemas nacionales de desabasto de bienes básicos y buscando solucionarlos.

Conclusiones.
El balance del que parten los impulsores del modelo neoliberal pasa por alto que para adquirir competitividad y productividad en un contexto de economía abierta es prioritario haber pasado previamente por un proceso de desarrollo tecnológico que sitúe a la economía por arriba de la media mundial, de otra manera los niveles de desarrollo productivos exteriores terminarán colapsando la economía interna, como fue el caso mexicano.
Las reformas neoliberales permiten la reconstrucción de latifundios, la concentración privada monopólica de tierra, agua y demás recursos naturales, asegurada por la consolidación de mercados libres donde estas riquezas naturales son ofertadas y demandas como cualquier otra mercancía, cuando la realidad económica es totalmente adversa para los campesinos e indígenas mexicanos, propietarios de la mayor parte de estas riquezas.
La inviabilidad del proyecto económico salinista de incorporar a México de esta particular manera, al primer mundo, se vuelve evidente a inicios de 1994 cuando el país vuelve a caer en una crisis que coincide con el arribo de la administración de Ernesto Zedillo a la presidencia del país (1994-2000). La crisis mostró la escasa factibilidad de un modelo de crecimiento económico puesto en el financiamiento privado, en flujos de capital extranjero directo y de cartera que circulan libremente por el territorio nacional .

Bibliografía.
• Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 1990-2010 (INEGI) http://www.siap.gob.mx/aagricola_siap/icultivo/index.jsp
• Estadísticas de Comercio Internacional 1994-2010 (Secretaria de Economía) http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_Estadisticas_de_Comercio_Internacional
• Balanza Comercial de México (INEGI Septiembre 2010).
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/bcm/bcm.pdf
• Barreda, Andrés y Ceceña, Ana. (Coords.) Producción Estratégica y Hegemonía Mundial, Edit. S. XXI, México, 1995.
• Bartra, Armando. Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios de México, 1920-1980; Ediciones Era, Colección Problemas de México, México, 1985.
- Cosechas de Ira. Economía Política de la Contrarreforma Agraria, Edit. Itaca, México, 2003.
• Castañeda, Norma. Los supuestos plus del TLCAN., artículo publicado por DECA, Equipo del Pueblo, México, noviembre 2004.
• Guillen, Arturo. México hacia el S.XXI: crisis y modelo económico alternativo, Plaza y Valdés Editores, México, 2001.
• Lastiri, Miriam. La gestión del agua dulce durante el desarrollo del capitalismo mexicano, Tesis para obtener el grado de Lic. en Economía, UNAM-Facultad de Economía, Junio 2008.
• Téllez, Luis. Coord. Nueva Legislación de Tierras, Bosques y Aguas., Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

Invitación Diplomado en Derecho Parlamentario en San Lazaro

2011-06-07T18:21:00.000-07:00

Reforma política: bono institucional

2011-05-31T18:16:00.000-07:00

Martín Vera M.

Entre los temas del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado envió a última hora a la Cámara de Diputados un dictamen de reforma política que podría ser considerado, todo o parcialmente, en un periodo extraordinario de sesiones. El procedimiento legislativo tiene que correr de esta manera, toda vez que, en términos del COFIPE, el año electoral correspondiente al 2012 inicia en el mes de octubre, a efecto de que cualquier reforma autorizada pueda ser vigente en los mismos tiempos.

En torno a la reforma política, que promueve cambios en los artículos 35, 36, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 115 y 116 Constitucionales, han discurrido un gran número de análisis y vale la pena extraer algunas formulaciones generales en torno a su alcance y naturaleza. En primer término, es necesario tener en consideración que nuestro país dispone de lo que podemos llamar “bono institucional”, que permite instrumentalizar importantes reformas sin que supongan rupturas significativas del orden constitucional o del régimen político, en sentido contrario a lo ocurrido en otros países, cuya apertura política se ha dado en medio de convulsiones sociales e incluso de fragmentaciones territoriales.

La reforma política se presenta como una alternativa a la imposibilidad de procesar un modelo más amplio, como es el de la reforma del Estado. En un plano menos ambicioso, pero no por ello menos importante, los actores políticos han logrado un nivel de consenso relevante, que se detiene por las diferencias en algunos puntos, pero no en la generalidad. Es importante reconocer que el origen de este proceso se encuentra dentro del sistema de partidos, a diferencia de la lógica de cambio político, que supondría una oposición generalizada de la sociedad frente al establishment, que forzaría al régimen a adoptar cambios estructurales.

El de México es un caso que rebasa las propuestas metodológicas de Linz, en la teoría de la transición democrática, a partir del quiebre institucional. En nuestro caso, un tejido débil de la sociedad, calculado por Freedom House en un 4% de sociedad organizada, frente a un pluralismo creciente y una competitividad importante para acceder al poder, favorecen las iniciativas desde dentro del sistema, como han sido las reformas electorales de 1976, 1994, 1996 y de 2007, que enmarcan el escenario del próximo año.

No obstante, esta diferenciación también determina el alcance de las reformas, ya que resultan de la negociación entre los propios actores y le imponen a la sociedad sus propuestas y los argumentos de legitimación. Por ello, en el terreno de la operacionalización de la reforma política, en el caso de aprobarse, es de advertirse que la apertura política y ciudadana está acotada al control y dirección de los propios partidos, por sí mismos o por medio de las instituciones en que tienen mayor capacidad de operación.

Citando algunos casos, entre el conjunto de reformas que promueven las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores, los mecanismos de consulta popular, la reconducción presupuestal, la ratificación de nombramientos políticos, la sustitución del Presidente o la iniciativa popular, se pueden citar factores específicos que demuestran la anterior afirmación.

Las candidaturas ciudadanas difícilmente podrán escapar del costo de los procesos electorales y del sistema de mecenazgo social que han impuesto los partidos, que previamente promueven asociaciones y fundaciones de todo tipo, ocupando el espacio que teóricamente le corresponde a la sociedad y que serán, de manera natural, el origen de los candidatos ciudadanos. Inclusive, es posible que militantes no favorecidos con las condiciones para ser candidatos de partido tengan dispuesta la puerta de las candidaturas ciudadanas.

Las consultas populares también reservan el control partidista y del poder. Su convocatoria será facultad del Presidente, de un número mínimo de miembros de las Cámaras (33%) y de un 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pero que equivale a más de 700 mil personas. Los requisitos del poder serán fáciles de cubrir, pero los de la ciudadanía solo se posibilitarán con la estructura de los partidos, sin descontar las debilidades que frecuentemente tienen los referéndums y plebiscitos, lejanos del ejercicio de la razón colectiva y fácilmente inducibles en función de las preguntas que se planteen.

Extrañamente, en lugar de atribuirse al Congreso o a otra institución el proceso de consulta ciudadana, el IFE engrosa su larga lista de atribuciones electorales, jurisdiccionales, registrales y políticas, con la responsabilidad de organizarlas, sin antes deliberar la fragilidad de dicha institución frente al juego político de los partidos como ocurre ahora.

En torno a la reelección, a pesar de los argumentos jurídicos y técnicos “puros”, la configuración del sistema y del mercado político, caracterizado por un bajo nivel de responsabilidad política cualitativa y el condicionamiento corporativo por medio de las dádivas y la compra del voto, pueden propiciar cacicazgos locales duros, las exclusión de grupos adversarios y el fin de la permeabilidad política que se considera clave para la estabilidad social.

Asimismo, se aprovecha la reforma política para incorporar nuevas reglas presupuestales, que serían materia de una reforma económica y se incorporan temas de la disputa política en la sustitución de Presidente y en la ratificación de funcionarios, dejando fuera ostensiblemente temas que obliguen a un mayor rendimiento de las instituciones, reglas más claras y contundentes para la transparencia y contra la corrupción y a favor de la organización ciudadana.

Las reservas internacionales

2011-05-02T18:24:00.000-07:00

Luis Adrián Chavez Toledo

La discusión sobre el tema de las reservas internacionales, ha cobrado relevancia en los últimos meses, debido al alto nivel en el que éstas se encuentran. Para poner un referente, en el año 2000, se encontraban en niveles alrededor de los 30 mil millones de dólares y para marzo del 2010, ya habían pasado los 92 mil millones de dólares.
¿Qué se debe hacer con tanto dinero? ¿Cómo podemos usar los recursos de manera eficiente? ¿Quién puede disponer de estas cantidades? ¿Por qué no pagamos parte de la deuda externa con estos recursos? Son algunas de las preguntas que mucha gente nos hacemos y que diversos actores políticos, tratan de responder a sí mismos y su intereses partidistas o personales, tal cantidad de dinero pues no puede pasar desapercibida.
Las reservas internacionales, no son dinero que el gobierno tenga “ahorrado” en el Banco Central, tampoco pertenecen como tal al BANXICO, son el respaldo de las divisas internacionales que entran al país. Algunas de las fuentes pues son las ventas de PEMEX, las remesas de compatriotas en el extranjero, etc.
Como mandato constitucional, el BANXICO tiene por objetivo mantener la estabilidad en los precios, es decir, controlar la inflación para que esta variable macroeconómica pueda repercutir favorablemente en las demás, como el PIB, empleo, etc.

Retomando una de las ideas sobre el uso de las reservas internacionales, muchas voces sugieren que se pague parte de la deuda externa que México ha contraído con diversas naciones y organismos. Quien contrae la deuda primeramente, es el Gobierno del país, entidad de la que el BANXICO es totalmente autónomo. Si se quisiera hacer esto, sería como si el Banco Central le hiciera un préstamo al Gobierno, cosa que está prohibida por la Constitución del país.
En caso de que se modificara la constitución y el BANXICO pudiera actuar como prestamista del Gobierno, la disminución de la deuda pues no existiría como tal, solamente se cambiaría el nombre del prestamista, en vez de ser una o varias entidades del extranjero, sería una sola y nacional pero a fin de cuentas, la deuda seguiría existiendo.
El acumular reservas internacionales, tiene como beneficio el demostrar una capacidad de pago ante el extranjero pero uno de los principales costos es el de acarreo financiero lo cual, implica que a partir de ciertos niveles, el tener muchas reservas comienza a ser perjudicial. Es por esto que se han implementado mecanismos para ir disminuyendo de manera paulatina, la cantidad de recursos acumulados por BANXICO. Algunos de estos mecanismos implementados son las subastas de divisas que se llevan a cabo, como dato relevante, sabemos que en tan solo 2 años, entre mayo de 2003 y mayo de 2005, se subastaron poco más de 12 mil millones de dólares.
El estudio sobre el cual este ensayo es escrito, no es muy actual, data del año 2005 y los datos sobre la posición de México en comparación con otros países con respecto al nivel de reservas que manejan, pues no es muy preciso pero, a esa fecha, Japón poseía casi 900 mil millones de dólares en reservas, es decir, 10 veces más de lo que en la actualidad tiene el BANXICO.
Como conclusión, podemos decir que no existen elementos jurídicos que puedan permitir la utilización de las reservas para el pago de deuda o como parte del presupuesto de egresos.
Las reservas son el respaldo de la base monetaria del país y su incremento vertiginoso, trae consigo algunos elementos negativos como el costo de acarreo financiero.
Las reservas son el resultado de sumar las entradas de divisas por concepto de pago a PEMEX, remesas de trabajadores emigrantes, divisas del gobierno mexicano, entre otras y no representan un ahorro que el gobierno o el BANXICO tengan y del que puedan disponer a su antojo.

Diplomado En Camara de Diputados en abril

2011-03-03T15:25:00.000-08:00

DIPLOMADO

“Políticas Públicas y Estrategias para el
Desarrollo Rural: Globalidad y Soberanía”

Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
División de Educación Continua y Vinculación

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología, Economía, Antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas del diseño, gestión y la administración de las políticas públicas para el campo, en el contexto de la globalización, el libre comercio, la competitividad y la búsqueda de un desarrollo eficaz.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: 4 de abril al 29 de agosto de 2010.

Informes del 1º febrero al 25 de marzo de 2011, de 10:00 a 15:00 hrs., en los teléfonos 50360000 exts. 57230 y en los cel. 04455 3666 5185, 04455 2921 2480, en el e-m@il: conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la Comisión ubicada en el Edificio F, segundo piso del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar y proponer una estrategia integral eficaz en materia de desarrollo económico y agropecuario nacional y al mismo tiempo, evaluar las acciones y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales que se generan para lograr dicho objetivo, en el marco de la globalización y la apertura comercial.

METODOLOGÍA

Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los días lunes, miércoles y viernes, con un horario de 8:00 a 10:00 hrs., en del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La dinámica de trabajo sobre la que versará el Diplomado será a través de 6 módulos de trabajo, los cuales giraran en torno a los siguientes temas: Diagnóstico de las políticas y programas nacionales; Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio; Impacto y estrategias en el desarrollo de nuestros productos; Retos de la competitividad y la productividad; Seguridad y bienestar social; Las reformas y las políticas de una nueva estrategia nacional.

Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar las acciones de gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.

EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulo I. Del GATT a la OMC y el contexto de las políticas nacionales en materia agropecuaria en las negociaciones comerciales para construir los tratados comerciales y las regiones emergentes en el mundo.
Fechas: 4, 6, 8, 11,13, 15, 25, 27, 29 de abril y 2 de mayo

Módulo II. Los retos y riesgos de la apertura en los tratados de libre comercio. Estudios comparados sobre el contenido y alcances de los tratados de libre comercio suscritos por México.
Fechas: 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de mayo

Módulo III. Impacto y estrategias en el desarrollo de nuevos productos. El caso de los transgénicos y las nuevas tecnologías.
Fechas: 30 de mayo, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 y 20 de junio

Módulo IV. Los Retos de la competitividad y la productividad en las diversas políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Análisis de la relación comercial con nuestros socios comerciales: dumping, competencia desleal, subsidios, reglas fitosanitarias, comercio justo, trato de nación más favorecida.
Fechas: 22, 24, 27, 29 de junio, 1, 4, 6, 8, 11, 13 de julio

Módulo V. Análisis del marco legal vigente, el desempeño de México en la OMC, la composición presupuesta, la evaluación de las políticas públicas y la organización productiva, como bases estructurales de la economía agrícola mexicana.
Fechas: 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 de julio, 1, 3, 5 de agosto

Módulo VI. Análisis y diseño de la estrategia para el logro de reformas y políticas de una nueva estrategia nacional, orientada a una política de estado que favorezca el mercado interno, la soberanía y una mejor inserción en el mercado mundial, con equidad y desarrollo.
Fechas: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 de agosto

El abstencionismo

2010-10-18T12:49:00.000-07:00

Isidoro Geronimo Castellanos

El abstencionismo electoral constituye un problema tanto político como social, y es por esta razón que afecta y permea todas las esferas sociales, políticas y económicas del país. Existen distintas razones que pueden justificar en alguna medida el abstencionismo electoral desde un punto de vista político, algunas de ellas son las malas campañas políticas, los malos representantes, los escándalos que involucran a los dirigentes del país con grupos guerrilleros o narcotraficantes, entre muchas otras. Todas las anteriores razones pueden constituir una importante base para defender la posición de abstencionista desde el ámbito político, sin embargo, muchos otros problemas surgen desde el seno del pueblo, quien por distintas razones se muestra apático y a su vez poco compenetrado con la práctica política. Los dos fenómenos, o mejor, las dos causas (tanto la política como la social), suman un sin número de adeptos que en nuestra sociedad, alcanzan a coaptar una alta proporción del censo electoral.

El desarrollo del presente trabajo, pretende, dar a conocer los puntos por el cual se da el abstencionismo en el proceso electoral y la importancia de la participación ciudadana dentro del mismo.

El principal objetivo que se persigue al desarrollar este trabajo, es el de acreditar la materia de Derecho Político Estadual y Municipal, y por otra parte conocer las causas por las que se da el abstencionismo en el proceso electoral y la participación ciudadana en la misma. Ojalá, que los objetivos aquí expuestos, se cumplan, ya que he puesto mi mayor esfuerzo, en este trabajo para que así sea.

PROPUESTAS

• Desarrollar una Campaña de Educación Cívica encaminada a fomentar la participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso electoral.

• Prevenir irregularidades de compra y coacción y, de manipulación de políticas, programas y acciones de gobierno hacia los votantes.

• Promover la participación de delegaciones de visitantes internacionales en el desarrollo de las diferentes fases del proceso electoral

JUSTIFICACION

Tradicionalmente, el abstencionismo se ha considerado una disfunción del sistema democrático. Se considera como un indicador de despolitización, de integración política insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción social débil, dado que entre los abstencionistas se encuentran los muy jóvenes y los ya viejos, las mujeres y en general, los grupos más débiles de la sociedad. Sin embargo, esta explicación no permite comprender ni diferenciar en su complejidad el abstencionismo que se presenta en los diferentes comicios. Además, el abstencionismo puede manifestarse también, como un comportamiento electoral autónomo, como una decisión del ciudadano frente a la oferta electoral.

El estudio del abstencionismo presenta problemas de medición, contenido, observación e interpretación. La acepción más generalizada del abstencionismo es la que se refiere a los procesos electorales y se mide por la diferencia entre el número de ciudadanos empadronados y el total de votos efectivos; en ocasiones también se le suma a esta diferencia, el total de personas en edad de votar que no se registraron, ya que ésta, también es una modalidad del abstencionismo. La cantidad resultante se expresa en porcentajes.

En las pasadas elecciones realizadas el cuatro de julio de 2010 surgieron a nivel
nacional diversos acontecimientos, que invitaron a los electores a no acudir a las urnas, teniendo como ejemplo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, 5 de julio (Notimex) El principal ganador de las elecciones en esta frontera, fue el abstencionismo al no acudir a votar el 62 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, según autoridades electorales municipales.
El presidente de este organismo, Bernardino Aguilar Cerda, comentó que además los resultados preliminares arrojaron una participación ciudadana de aproximadamente 37 por ciento, en tanto que el restante no salió a votar este 2010.
“Teníamos en el padrón una lista nominal de 295 mil 158 electores, de los cuales votaron 110 mil 270, de esa cantidad hasta el momento tenemos como válidos 108 mil 129 votos, ya que obtuvimos dos mil 141 votos nulos”, manifestó.
Por todo lo anterior, se decidió trabajar acerca de este interesante tema, y de este modo poder resaltar las causas que originan el abstencionismo en el proceso electoral, para lo cual existen distintas razones que pueden justificar en alguna medida el abstencionismo electoral desde un punto de vista político, algunas de ellas son las malas campañas políticas, los malos representantes, los escándalos que involucran a los dirigentes del país con grupos guerrilleros o narcotraficantes, entre muchas otras.

DESARROLLO

Antes de continuar indagando al respecto se debe definir que es abstencionismo, para de esta forma darle una factible solución a tan agobiante problema. El Abstencionismo Electoral, “hace referencia a la no participación de los ciudadanos en los procesos electorales en los que tiene derecho a votar”, y por tanto hace de los abstencionistas “persona(s) que estando en capacidad de votar, de manera voluntaria decide(n) no hacerlo. Esta decisión puede responder tanto a la apatía o desinterés del ciudadano frente a la política, como a una protesta contra las opciones electorales en disputa.”
Teniendo ya definidos los temas, y viendo como una organización especializada describe este flagelo electoral, surge una importante incógnita: ¿no será acaso que la misma apatía y falta de participación política es lo que ha permitido que malos dirigente políticos sean elegidos en los distintos comicios electorales? Muy seguramente esta es una pregunta cuya respuesta es dialéctica, mejor dicho, “no votamos por que siempre son elegidos malos representantes; son elegidos malos representantes porque la gente no vota”; esto constituiría un circulo vicioso, donde la única perjudicada es la sociedad, pues se ven deslegitimadas instituciones donde los miembros son escogidos por elección popular y donde la corrupción, el clientelismo, y la politiquería están a la orden del día.

Soy de los que piensa que si existe un sistema democrático, donde se le garantiza el derecho al voto y una parte importante de los cargos públicos son de elección popular, pero también donde una gran mayoría las personas que hacen parte de dicho sistema no hace uso constante y responsable de sus derechos políticos, contribuye indirectamente para que este sistema pueda ser visto como poco legitimo, pues la verdad, la voluntad y la opinión de todos los votantes en potencia, no es expresada, y en muchos casos, ni siquiera la de la mayoría; es por esto que no se podría hablar de una verdadera elección mayoritaria de representantes y mucho menos de la deferencia del poder constituyente emanado del pueblo.

Continuando con el análisis de las raíces del abstencionismo, valdría la pena indagar acerca de los posibles orígenes sociológicos. Entre las muchas causas están: la falta de idealización política, es decir la falta de interés o apatía por los movimientos políticos y la esfera política en general; distintos aspectos psicológicos y relativos a la idiosincrasia, como lo es la percepción equivocada de la maquinaria política como un instrumento para “enriquecer a las elites” o la apreciación del político como un ser doble, sagaz, mentiroso y sin compromiso con la sociedad; rebeldía o desprecio por el sistema político, los candidatos, y las propuestas poco interesantes o que poco se acomodan a las necesidades de la gente.
Quizás las personas desconozcan su importancia al votar, o pensaran que cuando una persona deposita su opinión favorable frente a un candidato que no gana en las urnas su voto se ve perdido, pero no es así. Esta haciendo una importante labor, pues está participando en la toma de decisiones. Obviamente, no podemos pretender que la gente se acerque a las urnas con un “velo de la ignorancia” y de esta forma no vote por el candidato que más le convenga, pero tampoco se puede pretender ver los comicios electorales como la lucha de dos caudillos o líderes políticos, o la lucha de dos o más movimientos o colores que buscan la cima, pues no todo puede ser visto sin matices, y mucho menos se puede dejar a un lado lo sublime que puede llegar a ser votar en blanco.

ASPECTOS PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS

a) Por medio de difusión, de medios de comunicación, partidos políticos y foros públicos.
b) Implementar cultura de democracia para la participación pública.
c) Organizar programas de apoyo a la democracia.
d) Sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la participación.
e) Realizar visitas domiciliarias por parte del IFE.
f) Que los partidos políticos e instituciones soliciten a las organizaciones (ONU, OEA) para que estén presentes con una delegación de observadores en las elecciones para emitir juicios sobre la limpieza de las mismas.
g) Que la Organización de las Naciones Unidas envíe una misión de expertos en asuntos electorales para conocer el sistema electoral mexicano y pueda emitir un informe técnico sobre el mismo;
h) Que la ONU coadyuve proporcionando asistencia técnica a los grupos de observación nacional que la soliciten y que estarán presentes durante la jornada electoral, para asegurar la profesionalidad, independencia e imparcialidad.

CONCLUSIONES

Haciendo un acercamiento hacia las posibles soluciones, quizás la más notoria es la del Voto Obligatorio. Muchas personas piensan que permitiéndole al ejecutivo establecer dicha práctica y concediéndole poderes para coaccionar o sancionar en caso tal de que una persona incumpla con lo dicho en la norma, se presta una solución esta problemática. Pero la verdad, esto solo haría de nuestra sociedad una opresora, sería un total agravio frente a los ideales democráticos, pues no sería un voto verdaderamente libre. La única solución que efectivamente podría solventar esta nebulosa es la educación civica, y este servicio solo puede ser por el Estado.

No es raro saber sobre esta problemática, es más, casi todo el mundo conoce sobre este flagelo. Lastimosamente la gente no toma conciencia al respecto, y prefiere entregar su destino y las riendas del país a una mínima parte de la población. De nada sirve hablar sobre este tema si las entidades gubernamentales no se empeñan en concientizar a las mayorías sobre la importancia de su participación en los comicios electorales. ¿Será entonces que algún día lograremos ser lo suficientemente cívicos como para entender que la toma de decisiones políticas debe ser una responsabilidad de todos, y no una tarea aislada? ¿Y será que alguna vez nos daremos cuenta que criticar a un gobierno es muy fácil, pero que uno solo debe criticar si verdaderamente ha hecho parte del proceso democrático?

Por medio de un proceso de formación y de capacitación permanente dirigido a todos los sectores de la nación con el objeto de fortalecer la identidad, el orgullo nacional, el patriotismo, las raíces y las perspectivas, facilitando el ejercicio responsable de los deberes, y los derechos ciudadanos que coadyuvan a la elección de gobiernos más representativos, logrando de esta manera mejorar las condiciones de vida y un desarrollo sostenido del país.

Homo Videns: la sociedad teledirigida

2010-07-20T11:48:00.000-07:00

Reseña de Sonia Elizalde Alvarado (Maestría en Liderazgo-Instigh)

Giovanni Sartori: HOMO VIDENS (La Sociedad Teledirigida)

Es un libro con una reflexión importante, pues hoy en día vemos una humanidad sumergida en la televisión y la tecnología; cabe mencionar que el hombre en su afán por evolucionar y revolucionar el mundo ha sido preso de sus mismas ideas. No obstante, ha seguido un proyecto que él ha inventado con el fin de sacar ventajas y apoyos económicos, lo que a su vez le permite seguir en la misma línea, con la visión de conseguir sus metas, sabiendo que esto es perjudicial para el prójimo; no parará hasta ver realizados sus planes que lo conducen al reconocimiento individual.

En este resumen puedo exponer lo que en particular he experimentado, ya que he contribuido con lo que la tecnología ofrece pensando que todo es bueno y tratando de seguir el mismo patrón de vida, porque sencillamente pierdo el tiempo cuando aparentemente trato de descansar; alimentándome de lo que no es información y a su vez creyendo que sin ello no puedo vivir, haciendo de la televisión y la imagen un estilo de vida.

En el libro de Homo Videns se centra la atención en la televisión, y la tesis de fondo es que el vídeo está transformando al “Homo Sapiens”, producto de la cultura escrita. En un Homo Videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen. Puesto que nos encontramos en una rápida y cambiante revolución multimedia, es decir en una revolución digital. Y a finales del siglo XX, el ser humano ha entrado en una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber. La televisión lo ha convertido en un ciudadano que cada vez sabe menos de los asuntos públicos, es decir, de los asuntos que le habilitan para la ciudadanía. Puesto que la televisión empobrece drásticamente la información y la formación del ciudadano.

Actualmente la televisión estimula la violencia, y también informa poco y mal, con el fin de atrapar al receptor a que vea todas sus transmisiones, acto que está cambiando la naturaleza del hombre.

El mundo en el que vivimos ha estado educando a los niños a través de la televisión, incluso antes de que aprendan a leer y a escribir.

Es evidente que la televisión y hasta la radio destruye más saber y más entendimiento del que transmite. La radio porque habla también para los que no leen, aunque deben reducir más y debe ser más breve, al menos cuando están transmitiendo las noticias. Y la televisión informa todavía más que la radio, en el sentido de que llega a una audiencia mucho más amplia. Ahora en estos tiempos las escuelas ofrecen la mala pedagogía y la degradación en la que se han permitido caer. Lo único que queda por esperar es que opongan al pospensamiento que estas mismas están ayudando a crear. Y que los padres sean más responsables con sus hijos, con lo que ven tanto en la televisión así como verificar el tipo de material que buscan en Internet, para no caer en el error de estar átomo recibiendo todo lo malo que se ha permitido exponer y mostrar a los espectadores cosas que puedan ver desde cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia, ya que estamos globalizados, es decir, que esta distribuido en todo el mundo.

El hombre vídeo-formado se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos, que han sido sustituidos por las imágenes. Y es cierto que una imagen puede valer más que mil palabras. Pero también es verdad que un millón de imágenes no dan un solo concepto. Entonces es por esto quizá el mundo de imágenes que nos ofrece el video-ver desactiva nuestra capacidad de abstracción y, con ella nuestra capacidad de comprender los problemas y afrontarlos racionalmente. La misma televisión refleja los cambios que esta produciendo en la sociedad y en su cultura; los cambios que promueve e inspira a largo plazo. Lo que hace único al hombre es su capacidad simbólica “animal simbólico”, por su lengua, arte, mito y religión. La definición de hombre como “animal racional” no ha perdido nada su valor. Pero un hombre que pierde la capacidad de abstracción es incapaz de racionalidad y es, por tanto, un animal simbólico que ya no tiene capacidad para sostener y menos aun para alimentar el mundo construido por el homo sapiens.

El hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo, este reflexiona sobre lo que dice. El lenguaje no es solo un instrumento del comunicar, sino también del pensar. Lo que llevo a leer y tener algo que leer, fue hasta finales del siglo XV con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos (con la Biblia impresa). Al culminar la reproducción impresa entre los siglos XVIII y XIX, llegó el periódico, que se imprime diariamente, de ahí viene su nombre “diario”.

Los avances tecnológicos se fueron dando. Primero la invención del telégrafo, después la del teléfono, inventos con los que desapareció la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio ha llegado a ser gran difusor de comunicaciones, y, así como los libros, el periódico, el teléfono, la radio portan comunicación lingüística.

En cambio la televisión que está representada por imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Esta nos permite verlo todo sin tener que movernos: lo visible nos llega a casa, prácticamente y automáticamente gratis, desde cualquier lugar en donde te encuentres.

Hoy en día la televisión compite contra la Internet por lo que este es también, una diversión, un entretenimiento. Pero al parecer la televisión resultara vencedora entre los perezosos, o los individuos que prefieren solo el acto de mirar; mientras que la Internet triunfara con las personas activas, las que quieren dialogar y buscar para interactuar entre ellas o para utilizarlo como educativo-cultural; puesto que el usuario que busca conocimiento e información en Internet la encuentra.

La Internet también pone en riesgo a los navegadores cibernéticos, si toman muy en serio esta navegación pues podrían perder el sentido de la realidad, es decir los limites entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. Para ellos todo se convierte en trampa y manipulación y todo puede ser manipulado y falseado.

Por otra parte, hablar sobre la video-política la televisión influye mas cuanto menor son las fuerzas contrarias en juego, y especialmente cuanto mas débil es el periódico, o cuanto mas débil es la canalización partidista de la opinión publica.

Los efectos del video-política tienen un amplio alcance, como “la televisión personaliza las elecciones.” Presentan políticos que hablan, (sin personas) en lugar de dar discursos. Los personalizan, es decir, que lo mas importante son los rostros y que la personalización llega a generalizarse desde el momento en que la política “en imágenes” se fundamenta en la exhibición de personas.

La televisión últimamente es un instrumento para los candidatos, ya no para los partidos; quienes buscan apoyo para las elecciones.

Así pues, la cultura de la imagen rompe el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad. Porque en general la imagen es portadora de mensajes que encienden los sentimientos, agitan las emociones, excitan los sentidos y apasionan al público.

Para muchos, la democracia representativa no es satisfactoria, puesto que no es directa, y por lo tanto, la consideran insuficientemente democrática. Como consecuencia, los referendos y la búsqueda de la opinión "de la calle" aumentan. El problema radica en que a cada incremento de demo-poder no corresponde un incremento de demo-saber. La democracia, de esta forma, se convierte en un sistema de gobierno en el que los más incompetentes son los que deciden. Es decir, un sistema de gobierno suicida. Y esto es lo que los progresistas del momento, que no los de antaño, quieren. Poca gente está informada de los problemas políticos. Y entre estos, menos aún son competentes para resolverlos. Por eso, es importante que, a cada crecimiento de directísimo democrático le acompañe un aumento de personas informadas. Sin embargo, la educación está decayendo, deteriorándose por el 68 y la torpe pedagogía en auge, lo que junto al empobrecimiento causado por la desinformación televisiva y la desactivación de nuestra capacidad de abstracción debido a la primacía de la imagen (obstruyendo nuestra capacidad para comprender los problemas y afrontarlos racionalmente) nos conducen directamente a lo contrario. Por eso, en estas condiciones, el que apela y promueve un demos que se autogobierne es un estafador sin escrúpulos o un simple irresponsable inconsciente. Mientras la realidad se complica, las mentes se simplifican. Además, la televisión crea una multitud solitaria (y en el futuro, electrónica), lo que nos lleva a una pérdida de comunidad, a una individualidad.

Nos encontramos en plena revolución multimedia que se caracteriza por un común denominador: tele-ver, y en todo ello la televisión cumple un papel determinante. La primacía de la imagen, es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a un ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras y distintas. Y ésta es la premisa fundamental a partir de la cual Giovanni Sartori examina la video-política y el poder político de la televisión.
"Homo videns (la sociedad teledirigida)" es una crítica a la actual sociedad multimedia, en la que el abrumador dominio de la imagen sobre la palabra escrita está, a juicio del autor, transformando al ser humano, u homo sapiens, en un homo videns: alguien para el que toda recepción de información está basada primordialmente en imágenes, lo que conlleva una serie de peligros. El libro trata muy someramente muchos temas de gran interés, todos ellos alrededor de un eje central: la (mala) influencia que el abuso de la imagen, a costa de la cultura escrita está causando en el ser humano. El hombre actual, homo sapiens, se está transformando en homo videns; a lo largo de la obra se nos explican las causas de tal mutación: el predominio de la televisión sobre la prensa escrita como medio de comunicación de masas; y sus efectos: entre otros, la progresiva mengua del ser humano para pensar en abstracto, debido a que la imagen lo da todo ya "hecho".

En lo personal me ha sido de gran ayuda este libro por el cual concluyo; el no perder de vista la realidad en que vivimos ya que el mundo seguirá en constante cambio, y la vida superficial no tendrá fin, la tecnología será una herramienta muy importante para nuestro vivir cotidiano. Por esta razón sé que debo prepararme e informarme de forma correcta por medio de la cual obtendré una mejor calidad de vida.

Invitación a Diplomado sobre Reforma Política en Veracruz

2010-06-22T16:30:00.000-07:00

Seminario de Reforma Politica en el Congreso Mexiquense

2010-05-23T12:04:00.000-07:00

Se esta efectuando en Toluca, en el Instituto de Estudios legislativos del Congreso Local, de muy buena calidad:

Diplomado sobre Reforma Politica en México

2010-04-05T12:28:00.001-07:00

Una atenta invitación a un Diplomado sobfre Reforma Política que se efectuará proximamente en la Cámara de Diputados:

Comisión de Puntos Constitucionales

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
División de Educación Continua y Vinculación

DIPLOMADO
“ELEMENTOS Y ESTRATEGIAS DE REFORMA POLÍTICA EN MÉXICO”

Dirigido a Legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Antropología), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso a las pautas para la transformación del Estado Mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la gestión del cambio político.

Sede: Aula 4 del Palacio Legislativo de San Lázaro, edificio “I”, PB

Fechas: del 10 de mayo al 24 de septiembre de 2010.

Informes e inscripciones del 5 AL 30 DE ABRIL DE 2010, de 9 a 15:00 hrs., en los teléfonos 5628 13 00 y 5420 1760 exts. , 04455 3666 51 85, 044 55 29212480, en el e-m@il: conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio “D”, del Palacio legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar los conceptos fundamentales del régimen político, sistemas electorales, redistribución del poder público, participación ciudadana, entre otros temas, y proponer alternativas para dar viabilidad a la Reforma Política y de Gobierno en todos sus aspectos y etapas.

METODOLOGÍA

Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar la Reforma del Régimen Político y de Gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.

EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulo I. El Régimen Político
Fechas: 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 de mayo
Ejes Temáticos:
La relación entre poderes.
El Poder Ejecutivo.
El Poder Legislativo.
Presidencialismo, Parlamentarismo y semipresidencialismo.
La Jefatura de Gabinete
La reelección en cargos de elección popular
Elementos que configuran una crisis política.
Escenarios de reforma política en el mundo

Módulo II. El Régimen de Gobierno
Fechas: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 de junio
Ejes Temáticos:
El régimen de la Administración Pública Federal
El control presidencial sobre la administración pública, alcance y profundidad de los tramos de control
Responsabilidad política y eficacia en Secretarías de Estado y en ministerios de Estado
Los órganos constitucionales autónomos
La profesionalización de la administración pública
La evaluación del desempeño en la gestión pública
Juicio político y régimen de responsabilidades
Limitaciones institucionales y gobernabilidad.

Módulo III. El Régimen Electoral
Fechas: 25, 28, 30 de junio, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 de julio
Ejes Temáticos:
La implementación de las reformas electorales de 1994, 1996 y 2007.
El nuevo contexto electoral y la necesidad de reformas.
Factores para perfeccionar el modelo electoral.
El IFE en la democracia mexicana
El Registro nacional Ciudadano y la Cédula de Identidad Ciudadana
El Tribunal Electoral
Partidos, coaliciones y alianzas
Alcances de una Ley General de Partidos

Módulo IV. El Sistema Federal
Fechas: 19, 21, 23, 26, 28, 30 de julio, 2, 4, 6, 9 de agosto
Ejes Temáticos:
El sistema federal dual y central mexicano
Competencias federales y locales.
El fortalecimiento regional y metropolitano.
Hacia un sistema de ciudades
El federalismo fiscal
El gasto federal descentralizado
El sistema de representación federal en las entidades federativas
La reforma municipal

Módulo V. Democracia y Participación Ciudadana
Fechas: 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 de agosto y 1 de septiembre
Ejes Temáticos:
Nuevos movimientos ciudadanos.
Ciudadanía y gobernabilidad.
Modelos de participación ciudadana.
Las candidaturas ciudadanas
Referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular
La terciarización económica y social en el mundo
Organización social y empresas sociales
El desarrollo de los organismos no gubernamentales
Mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas

Módulo VI. Reforma del Congreso
Fechas: 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de septiembre
Ejes Temáticos:
Marco constitucional
Viabilidad de Ley Orgánica y Reglamento compartidos
Integración de las cámaras
El proceso legislativo: plazos, métodos, iniciativa preferente, negativa ficta
Atribuciones y desempeño del Pleno
Las comisiones
El cabildeo y la gestión de causas
El sistema de información legislativa
La profesionalización técnica
La rendición de cuentas
Eficacia en las funciones de control y fiscalización del poder público

COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE CRISIS

2010-03-19T08:22:00.000-07:00

Karina de la Riva

En nuestra sociedad actual, la comunicación se ha convertido entre otras cosas, en valor agregado para la gerencia, donde se caracteriza como clima, valores o cultura organizacional. La comunicación a su vez, ha sido asumida en las organizaciones como la creadora de conflictos, la que los elimina o maneja. La comunicación es considerad como la nueva dirección de la empresa, para crecer o aprender de las crisis, negociar o ganar. Las crisis y los conflictos forman parte de los procesos gerenciales y comunicacionales en los que se producen cambios intra organizacional o extra organizacional.

La comunicación ha sido entendida con esa connotación especial en la gerencia contemporánea, que la utiliza para la negociación y la mediación; siendo las dos estrategias para solucionar crisis y conflictos. La comunicación es entonces asumida como una herramienta, como un arte y un proceso para la resolución.

Es importante conocer que significa una crisis y que un conflicto. De la manipulación a aprovechamiento de la crisis dependerán los resultados. Puede ser asumida como un problema o como una oportunidad. Por otra parte un conflicto es la condición de choque de intereses entre personas u organizaciones que mantienen interdependencia, que perciben que la otra parte tiene la culpa, que están en estado emocional tenso o irritable y que el comportamiento de las partes ocasiona problemas al grupo u organización. Los conflictos se dan ante diferencias de opiniones, criterios y conceptos, y es un ejercicio de resistencia y control.

Una crisis encierra varios conflictos, pudiendo haber conflictos sin crisis. De hecho, lo más visible de los conflictos es la crisis; ella es la punta del iceberg, las divergencias manifiestas emocionales o racionales. Toda esta fragilidad de las crisis y los conflictos evidencia la importancia de la formación y/o preparación en comunicación para el manejo de crisis y conflictos en la gerencia contemporánea.

HIPOTESIS

En ese contexto, con la presente investigación pretendemos abordar diversas situaciones que se hacen necesarias para identificar una crisis y prevenirla; se proporcionarán las herramientas y metodologías para prevenir y resolver crisis de medios de comunicación; se hará mención de las herramientas para atender una crisis súbita de manera eficaz y oportuna, minimizando el daño para la empresa, y por último haremos referencia de algunas técnicas para manejar la comunicación adecuadamente durante una situación de crisis.
CRISIS

• Situación que pone en juego la reputación de una persona, institución u organización, su relación con sus principales públicos y su eficiencia.
• En el peor de los casos, una crisis puede afectar la viabilidad de la institución.
• Los problemas que pueden ser controlados a través de los mecanismos normales de la organización o la institución no se consideran crisis.
• El objetivo último, es preservar la reputación de la Institución.

Cuando estalla una crisis
• Sorpresa.
• Falta de información.
• Escalada de los eventos.
• Perdida de control.
• Intenso escrutinio público.
• Opinión de “buenos/malos”.
• Pánico.
• Visión de corto plazo.

Origen
Por su origen pueden ser de dos tipos:
• Endógenas: un elemento interno desata la crisis.
• Exógenas: provocadas por un elemento externo.
Las causas pueden ser:
• Fenómenos naturales
• Conflicto con terceros
• Errores gerenciales o de operación (principal causa de crisis).
• Declaraciones desafortunadas
• incluso cuando uno mismo provoca la crisis

Tipos
Latentes: Son las más comunes y es difícil identificar su potencial de crisis en las primeras fases. Por ello es importante aprender a prevenirlas. Las causas más frecuentes son:
• Un problema que no identificado o cuyo riesgo ha sido minimizado.
• Errores humanos o de la administración.
• Un problema que sigue su curso, mientras el Comité espera que no escale a dimensiones superiores.
Súbitas: No pueden preverse, pero se puede atenuar sus consecuencias con un buen manejo. Las causas más frecuentes son:
• accidentes,
• secuestros,
• sabotajes,
• fraudes,
• atentados,
• desastres naturales

MITOS QUE SURGEN
Primer mito
“Las instituciones, personas o empresas responsables, serias y bien manejadas no tienen crisis”
Segundo mito
“Basta con arreglar el problema para resolver la crisis”

Impacto de una crisis
• Imagen y reputación
• Ventas y ganancias
• Pérdida de empleos
• Intervención de las autoridades
• Incremento repentino en gastos operativos
• Capacidad de gestión
• Acciones legales en perjuicio de la Institución o sus directivos.

Niveles de una crisis
Nivel A
Los problemas de todos los días Un acontecimiento que afecte, o pudiera afectar la operación normal de la institución o la reputación de la misma pero que permanece bajo control dentro de los parámetros de los planes operativos o administrativos.
Nivel B
Las señales de advertencia Acontecimiento que obliga a implementar procedimientos de urgencia operativos/administrativos, de protección civil y preventivos en materia de comunicación para evitar que se convierta en crisis.
Nivel C
El nivel de alarma Un acontecimiento que afecta, o pudiera afectar la operación normal que escapa de nuestro control, se hace del conocimiento público y afecta nuestra reputación.

¿Cuándo se hace pública una crisis?
• Rumores
• Filtraciones
• Ley de acceso a la información pública
• Investigaciones periodísticas
• Interesados (clientes, comunidad, ONG´S, personal inconforme) haciendo denuncias a través de los medios de comunicación

Solución de la crisis
Es importante recordar que hay dos caminos paralelos para resolver una situación de este tipo:
• Las medidas para corregir el problema.
• La adecuada comunicación de estas medidas.

Pasos inmediatos
• Identificar el problema.
• Informarse lo mejor posible acerca de la situación.
• En caso de ser necesario, buscar apoyos adicionales.
• No intentar resolver solo el problema.
• Contactar al más alto nivel de la institución u organización para planear la ruta de acción.
• Identificar a los públicos más afectados por la situación.
• Definir los mensajes clave a comunicar y pensar en las respuestas apropiadas para las preguntas que pudieran surgir.
• Jerarquizar las acciones a seguir en el corto plazo.
• Seleccionar y capacitar a un vocero.
• Realizar acciones inmediatas para atender el problema y comunicarlas a los públicos clave para transmitir responsabilidad, honestidad y apertura.

¿Qué decir y qué hacer?
• Identificar a todos los públicos afectados o que esperan información al respecto.
• Entender las diferencias entre ellos para segmentar los mensajes.
• Cuál es el mejor canal para comunicarse con cada uno.
• Quién es el mejor vocero para cada público.
• En qué orden de prioridad vamos a comunicarnos con ellos.
• Demostrar que hemos identificado el problema y que estamos tomando las medidas adecuadas para resolverlo.
• Comunicar un número reducido de mensajes clave a los públicos apropiados (sobre informar puede resultar contraproducente).
• Comunicar solamente aquello de lo que estamos completamente seguros.
• NUNCA MENTIR
• No comentar situaciones hipotéticas o especular.
• Convencer de su disposición para comunicar los hechos relevantes de la crisis y mantenerse abierto a la comunicación a lo largo de la misma.
• Ser firme en la toma de decisiones.
• Mantener la calma.
• Evitar decir: “Sin comentarios”.
• Comunicar todas las malas noticias de una sola vez.
• Definir mecanismos de retroalimentación.
• Llevar una bitácora de la crisis.
• Dar seguimiento y evaluar la situación.
• No dejar de comunicar aún cuando se haya resuelto la crisis.

La actitud pública
• Asumir la responsabilidad por lo que ha ocurrido.
• Disculparse, si es necesario.
• Mostrar preocupación por lo que ha sucedido.
• Describir lo que se está haciendo para resolver el problema.
• Explicar las medidas que se están tomando para asegurarse de que no volverá a ocurrir.
• Mencionar cómo planeamos mantenerlos informados sobre lo que está ocurriendo.
• Reforzar la importancia que sus públicos tienen para la institución u organización.

Los errores más comunes
• Lentitud en la toma de decisiones.
• Comunicarse con ciertos públicos y olvidarse del resto.
• No contar con información básica preparada de antemano.
• Olvidarse de la prensa.
• Evadir a la prensa.
• No buscar retroalimentación de los públicos clave.
• Escuchar a la gente equivocada.
• Ser negligentes o deshonestos.

El papel del consultor
SI
 Reunir toda la información posible.
 Evitar los vacíos de información comunicando lo antes posible.
 No apresurarse a comunicar por la presión de los periodistas u otros grupos.
 Determinar el formato de la comunicación (nota de prensa, carta, reuniones con representantes, conferencia de prensa...).
 Establecer un mecanismo de monitoreo inmediato en todos los medios para comprobar el alcance de la crisis.
 Determinar la secuencia y la coherencia de la comunicación, en caso de que se trate de una crisis con extensión en el tiempo.
 Aconsejar sobre la política de la compañía en cuanto a rumores e imprecisiones aparecidos en los medios de comunicación.
 Proponer el plan de acción para el relanzamiento de la imagen corporativa que contemple a todos los públicos.
NO
 Informar sin el conocimiento previo y la aprobación del comité y de la alta dirección.
 Permitir que los miembros del comité hagan declaraciones públicas sin preparar previamente sus intervenciones.
 Comunicar sólo a los medios "amigos".
 Mentir sobre información crucial.
 Reservarse datos fundamentales para minimizar el acontecimiento.
 Mostrar incompetencia, falta de control y arrogancia.
 Ser insensible a las implicaciones emocionales entre los afectados por el acontecimiento.
 Dar información "off the record" a periodistas u otros representantes de grupos involucrados.
 Minimizar todas las posibles implicaciones del acontecimiento
 Tener en consideración sólo a los periodistas a la hora de comunicar.

Los medios ante una crisis
• Cambia la dinámica de la relación institución-medios.
• Se cuestiona la reputación de la institución y sus directivos.
• Se buscan antecedentes negativos de la institución y sus directivos.
• Los medios difunden información sin verificar.
• Se transmite información sobre el tema a partir de distintas fuentes.

¿Qué quieren los medios?
• Saber exactamente lo que pasó; lo más rápido posible.
• Encontrar las causas y apuntar las consecuencias.
• Demostrar que se actuó fuera de la ley.
• Encontrar a los culpables y buscar justicia.
• Sacarle “jugo” a la historia.

Resulta muy importante tener presente que se puede ganar una batalla contra algún periodista pero se perderá la guerra contra los medios de comunicación si se confronta con ellos.

¿Cómo manejarse con los medios en una crisis?
• Tratarlos como uno quisiera ser tratado.
• Responder sus llamadas lo antes posible y con cortesía.
• Darles información que no puedan conseguir con otras fuentes.
• Ayudarles a conocer la institución, servicios y sector (compañía, productos, industria).
• No asumir que conocen todo sobre el tema o la institución.
• No intimidarse ante ellos.
• Tratarlos como a un par – no como a un enemigo ni como a un dios-.
• Reconocer la diferencia entre errores de datos (que deben corregirse) y diferencias respecto al tono y estilo de la nota (que son una prerrogativa del periodista).

¿Cómo comunicarse con los medios en una crisis?
• Boletines de prensa
• Contactos individuales
• Conferencias de prensa
• Entrevistas
• Acercamientos con editores y columnistas o articulistas
• Visitas de prensa a las instalaciones o al lugar de la crisis
• Reportajes en video
• Cartas al editor
• Documentos de posicionamiento (position papers)

Aspectos a considerar
• El factor más importante para sobrevivir una crisis es el capital de confianza que hemos logrado con nuestros públicos clave.
• Establecer una cultura de prevención de crisis en la organización.
• Agendar un análisis anual de aspectos vulnerables.
• Realizar una investigación anual para conocer las percepciones de sus grupos de interés.
• Presupuestar un monto anual para manejo de crisis
• Desarrollar y ejecutar un plan de relaciones públicas para mantener la confianza y credibilidad con sus públicos clave.
• Poner a disposición de los públicos clave mecanismos de retroalimentación.
• Evaluar periódicamente las actividades de comunicación y relaciones públicas para hacer los ajustes necesarios.
• Aprender de los errores

MANUAL DE CRISIS

1. CÓMO UTILIZAR EL MANUAL
• Uso Preventivo
• Uso de Manejo
• Uso de Adaptación
2. LA CRISIS
• ¿Qué es una Crisis?
• Tipos frecuentes de Crisis
• ¿Cómo empieza una Crisis?
3. FACTORES RELEVANTES
• Los tiempos de la Crisis
• Escalamiento de la Crisis
• Niveles de afectación y orientación del escrutinio
• La Crisis, las audiencias y el nivel de negocio
• Segmentación de audiencias.
4. ESPACIOS PARA ATENDER LA CRISIS
• El Comité de Manejo de Crisis
• El Centro de Manejo de Crisis
5. LA COMUNICACIÓN
• La Postura Básica
• Elaboración de piezas de comunicación
• ¿A quién y cómo comunicar?
6. SECUENCIA DE MANEJO DE CRISIS
• Alerta a la estructura interna
• Permanencia del Comité
• Desactivación del Comité
• Después de la Crisis
7. ESCENARIOS PARA LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
8. ANEXOS
• Formatos para documentos de control, informes y directorios

CONSIDERACIONES FINALES

El apoyo externo
• Es bueno buscar una empresa que se dedique al Manejo de Crisis, pero hay que tener mucho cuidado en la selección, con el fin de no caer en manos de oportunistas cuya ética es dudosa y que pueden provocar resultados contraproducentes
La evaluación
• Es necesario contar con instrumentos de información adecuados y muy precisos que permitan una visión clara del entorno. El proceso de evaluación es una tarea permanente con el fin de ser sensibles a la situación, sus perspectivas y expectativas. Aquí se detectan los aliados y los contrarios. De este análisis nace la estrategia de comunicación acorde a las necesidades del entorno.
La preparación
• Después de la evaluación, es necesario elegir y capacitar al personal en temas como: manejo de medios, manejo de crisis, y la operación del manual de crisis. (Es importante realizar simulacros periódicamente para estar siempre listos).
• Es de vital importancia la creación del Comité de Crisis, integrado por funcionarios estratégicos de varios niveles de la Institución con capacidad de decisión.
• Un programa de prevención y manejo de crisis bien articulado no sólo estará mejor capacitado para manejar una situación crítica sino que eventualmente podría revertir los procesos convirtiéndolos en oportunidades de fortalecimiento la empresa o institución.
La operación
• Considerar vital la comunicación.
• Definir mensajes clave y con consenso.
• Recordar que el objetivo es proteger la credibilidad y reputación de la Institución.
• Centralizar la información y el proceso de toma de decisiones en el comité de crisis.
• Recopilar y analizar toda la información relacionada (mapas de actores).
• Establecer de inmediato sistemas de captación de consultas.
• Nombrar un vocero previamente entrenado.
• Atender a los medios de una forma abierta, transparente y profesional.
• Evaluar el papel de los medios y el tratamiento estratégico en la relación con éstos.
• Definir el tipo de comunicación y relación con autoridades, funcionarios medios, empleados así como públicos externos.
• Medir constantemente los resultados de nuestras acciones a través de diferentes mecanismos de retroalimentación y análisis de medios así como sondeos de opinión.
La estrategia de comunicación
• Una buena estrategia de comunicación hace posible el manejo de situaciones complicadas e inconvenientes.
• La planeación oportuna y basada en el análisis, permite anticipar y enfrentar condiciones de riesgo.
• La estrategia de comunicación busca abrir canales para una comunicación franca y eficiente con los generadores de opinión pública.
• La estrategia de comunicación identifica y aprovecha las fortalezas de la institución o empresa y localiza las amenazas, y debilidades de sus detractores.

En cuanto a la comunicación en el manejo de una crisis, esta se utiliza como un mecanismo eficiente de prevención y manejo de crisis no es un “lujo” o un atributo que una organización “puede” tener, si tiene personal calificado que le sobre tiempo; es un elemento básico de funcionamiento, una necesidad que debe ser atendida adecuadamente.

• Identificación: Para una organización, una situación crítica, lo mismo representa una amenaza, que una oportunidad para comunicar valores corporativos como eficiencia, prontitud, responsabilidad y compromiso
a. Monitoreo
b. Evaluación de riesgos
c. Construcción de escenarios
d. Desarrollo de mecanismos de respuesta
• Definición y naturaleza: Condición en la que surge un evento o una serie de eventos fuera del funcionamiento rutinario de una organización, que amenazan -o son percibidos como que amenazan- su imagen, viabilidad u objetivos. Características: Sorpresiva, específica, inesperada, incierta (en origen, alcances y desenlace), temporal y dañina (en cuanto a imagen, reputación, productividad, eficiencia, posición, activos, etc.)
• Etapas:
1. Identificación 3. Contención 5. Evaluación y análisis
2. Prevención 4. Recuperación
• Tipos y tipologías: Como es imposible para una organización anticipar y prevenir todos los tipos de crisis, es necesario crear “Tipologías“. En un organismo gubernamental, por ejemplo, la tipología estará relacionada con: filtraciones a la prensa, escándalos personales, corrupción o decisiones políticas equivocadas, además de las crisis cuyas causas sean naturales, como inundaciones y terremotos.
• Prevención: La forma más eficaz de prevenir una crisis, es adoptar una actitud proactiva y llevar a cabo acciones en función de los escenarios críticos detectados, como la implementación de campañas de información y la adopción de políticas de responsabilidad social.
• Sistema de prevención y manejo de crisis, Comité: El comité de prevención y manejo de crisis es el equipo encargado de monitorear y analizar las señales de una posible situación crítica para evitar que se desenvuelva o mitigar su efectos, una vez que se presente. Áreas comúnmente involucradas: Legal, finanzas, recursos humanos, seguridad industrial, comunicaciones, producción y transporte.
• Manual: El manual es el documento rector para enfrentar una crisis y mitigar sus efectos. Debe ser conciso, claro, funcional y atender puntualmente a los asuntos más críticos de una organización. Es muy importante actualizar constantemente el manual, de acuerdo a las necesidades de la organización y los cambios políticos, económicos y sociales que sufra su entorno.
• Contenido: Introducción, miembros del Comité, normas y criterios de detección de posibles crisis, escenarios críticos, estrategias, mensajes cave, principios y normas de acción y relación con los medios y elaboración de materiales, directorios bitácora y apéndice

Principios y normas de relación con medios
• Nunca ofrecer una opinión sobre el origen o causa de la crisis, hasta que se concluya la investigación
• Poner al principio la preocupación sobre seres humanos involucrados en los incidentes
• No asignar culpas a terceros
• Ser breve, conciso y enfocado en los mensajes clave
• Conocer las implicaciones legales de las declaraciones
• Evitar especulaciones (¡a toda costa!)
• Verificar el origen y veracidad de información de terceros, antes de citarlos
• Evitar el “off the record” y el “no comment” (¡a toda costa!)
• Evitar tonos defensivos
• Mostrar compasión, en caso de haber víctimas
• Utilizar con confianza, en su caso, el “no sé”
• Evitar el lenguaje burocrático

Mensajes clave
Estructura:
• Explicación sucinta, clara y concisa
• Hechos: dónde, cuándo, quién, cómo, porqué
• Mensaje a posibles víctimas
• Compasión, frases y palabras emocionales
• Información sobre qué está haciendo al respecto la organización o qué está dispuesta a hacer para resolver la crisis
• Compromiso de alguna forma de reparación del daño

Para garantizar su efectividad, el manual debe contener un apéndice con las siguientes normas y líneas de acción...
• Procedimiento de cómo se activa y bajo que circunstancias se desactiva el estado de crisis de la organización
• Reglas sobre los límites de acción y responsabilidad de cada miembro del Comité
• Procedimientos de delegación de autoridad en caso de que un miembro del comité no esté presente o esté impedido de actuar y operar normalmente
• Reglas sobre recolección de información confidencial
• Reglas sobre difusión de información confidencial
• Reglas sobre la elaboración, conducción y difusión del contenido de la bitácora

Ejercicio práctico
Usted es responsable de comunicación de una institución en la que…
• Explota la caldera
• Hay una fuga de químicos venenosos a mantos acuíferos de los dos Estados colindantes en los que está de la planta
• El operador de la caldera había ingerido bebidas alcohólicas
• Probables muertos: 2; heridos: 60
• Titular de la organización de vacaciones en Acapulco
• Documento oficial de procedimientos de emergencia en el que se sugiere “filtrar información sólo a TV” en posesión de un diario de mayor circulación.
Hay que…
• Desarrollar un listado de acciones en materia de comunicación
• Elaborar un comunicado a nombre de la institución.

Desactivación sistema de crisis
Periodo de Postcrisis
Análisis y evaluación de resultados
• Un reporte de los resultados obtenidos al finalizar una crisis, permite a una organización determinar la eficiencia de su sistema de manejo de crisis.
De esta forma, la organización podrá:
• Conocer fortalezas y vulnerabilidades, dentro y fuera de la organización
• Determinar necesidades y capacidades de los miembros del Comité
• Actualizar el sistema de prevención y manejo de crisis
• Establecer nuevas normas de comportamiento y atención antes, durante y después de una situación crítica
• Tomar decisiones sobre el funcionamiento de la organización.

El análisis y la evaluación de resultados tiene dos vertientes:
1. Funcionamiento - Cómo lidió la organización con la crisis
a) Eficacia y actualidad del Plan
b) Eficiencia en la ejecución, por parte del Comité de crisis
2. Impacto - Cuáles son los daños para la organización
a) Cambios en el funcionamiento de la organización
b) Balance de daños (estructurales, monetarios, perceptuales, etc.)
• Mientras más información, proveniente de un mayor número de fuentes -internas y externas-, contenga el reporte, más objetivo será el balance y útil el resultado
» Bitácora
» Monitoreo (recortes, audio y video)
» Transcripciones
» Encuestas entre audiencias clave
» Opiniones de terceros
» Análisis sectoriales
» Estudios de grupos de enfoque
» Estudios sobre casos de crisis en otras organizaciones que se desempeñen en el mismo rubro o similar

En los medios, algunas de las variables de medición son...
• Número de notas a favor vs. en contra
• Mensajes clave reproducidos
• Exactitud en la reproducción de los MC vs. imprecisiones
• Credibilidad y alcance de los medios que cubren la crisis
• Posición de líderes de opinión y analistas
• Duración de la cobertura
• Estado de la relación con medios al finalizar la crisis
El impacto de una crisis se mide a través la evaluación de los esfuerzos hechos para proteger los activos de una organización y sus resultados
1. Recursos
• Humanos (heridos, muertos, despidos)
• Materiales (daños en infraestructura, pasivos, etc)
• Financieros (pérdidas, valor de las acciones, ventas, posición en el mercado, regulaciones en contra, demandas, etc.)
• Naturales*
2. Reputación
• Credibilidad
• Lealtad
Las preguntas que hay que responder al terminar la evaluación son:
a) ¿Cual sería el resultado si no se hubiera activado el sistema de prevención y manejo de crisis?
b) ¿Cuál es el resultado de acuerdo a los objetivos del plan de manejo de crisis?
c) ¿Hizo el Comité lo que tenía que hacer, en forma efectiva?
d) ¿Qué elementos fueron capaces de anticipar el Plan y el Comité?
e) ¿La infraestructura fue suficiente?
Elegir una crisis actual y evaluar los daños de acuerdo a las variables mencionadas. Reconstrucción de imagen
• La difusión apropiada de las actividades de una organización para reparar los daños producto de una crisis, es la primera vía para reconstruir su imagen.
• El balance maduro de una crisis es, también, una oportunidad para hacer cambios estructurales en la organización y reforzar la autoridad y el liderazgo del cuerpo directivo.
• Las actividades de reconstrucción de imagen se dividen en tres grandes grupos:
1. Comunicación: mantener a cada audiencia puntualmente informada de las actividades de reconstrucción de imagen
2. Investigación: Cooperar con las autoridades en el esclarecimiento del origen de la crisis y difundir apropiadamente los resultados
3. Seguimiento de sus efectos y prevención: Actualizar los mecanismos de respuesta e informar de estos cambios, resulta, además de positivo para la imagen, en el primer paso de prevención de una crisis futura.
4. Recomendaciones finales
• Cuándo una crisis termina, 1) hay que comunicarlo, 2) el trabajo del Comité, no.
• El desempeño del Plan de prevención y manejo de crisis y del Comité deben ser cuidadosamente evaluados para hacerlos mejores. En hacerlo, a pesar del tiempo y los recursos invertidos, las ganancias son incalculables.
• Un archivo institucional de manejo de crisis en una organización, es lo mismo un manual que se actualiza a si mismo, que un archivo de argumentos a favor e la misma.
• Una crisis puede generar la motivación y el estímulo para reconstruir, mejorar e, incluso, transformar la organización. Las resistencias internas ceden, pues el cambio para bien esta legitimado.
• Una crisis siempre será una oportunidad para legitimar la autoridad y liderazgo del cuerpo directivo de una organización; reforzar la estructura interna; revisar que cambios son pertinentes, mejorar los sistemas de control y desarrollar una cultura de comunicación y manejo de crisis avanzada y moderna.

7 “pecados capitales” del manejo de crisis
1. “Eso no puede pasar aquí”
•Prevención: 80% de las crisis está originada en los seres humanos y, de ese porcentaje, 95% dejan un de rastro de elementos que muestran que pudieron haber sido prevenidas. Recuperación: Las empresas que cuentan con un plan de prevención se recuperan 2 ó 3 veces antes que las que carecen de él.
2. “No te fijes... Se les va a olvidar”
• Imagen: Una organización es lo que la gente ve de la organización. La opinión pública se forma de percepciones, no de la realidad. Recuperación: Los juicios más severos van contra los que no son capaces de resolver un problema, no de los que lo causan.
3. “El fin justifica los medios”
•Imagen: No sólo es lo que se hace, sino cómo se hace. Las percepciones se forman de las emociones, no de la razón. Recuperación: Las audiencias van a juzgar a la organización por la forma en la que enfrente el problema.
4. “No es nuestra culpa”
•Imagen: Las audiencias premian la responsabilidad; castigan la evasión. Recuperación: El primer paso para resolver un error, es admitirlo.
5. “No tengo ningún comentario al respecto”
•Imagen: El que calla otorga. Recuperación: En momentos de crisis, no comunicar equivale a perder el control de la comunicación.
6. “Luego arreglamos aquí adentro”
•Imagen: Una de las audiencias más importantes -frecuentemente la más- y comúnmente olvidada para la comunicación en crisis, es la interna. Recuperación: La gran mayoría de las crisis externas, tienen un origen interno.
7. “Hay que decir o hacer algo... Luego investigamos”
•Imagen: Cualquier declaración tendrá consecuencias. Todas las acciones generan reacciones Recuperación: Antes de hacer una declaración o tomar una medida, hay que pensar qué es lo peor que puede pasar; no qué nos gustaría que pasara

BIBLIOGRAFÍA

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• Chuliá Rodrigo, Elisa, La evolución silenciosa de las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo, Universidad Complutense, Madrid, 1997. La publicó el mismo año el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones de Madrid.
• Carreño Carlón, José, “Cien años de Subordinación: Un modelo histórico de la relación entre prensa y poder en el México del Siglo XX”, en el Simposium “Republic in Print: Mexican Journalism in Sociological and Historical Perspective, November 12-13, 1999, Mexican Studies Program-University of Chicago, Franke Institute for the Humanities. Versión abreviada en español en http://www.saladeprensa.org/art102.htm.
• Álvarez, Jesús Timoteo , “Más allá del consenso: Gestión de la opinión pública en un entorno de poder diluido”, I Encuentro Latinoamericano sobre Estrategias de Comunicación, 6º. Ciclo de Otoño de Comunicación de la Universidad Complutense, Madrid, 25 y 26 de noviembre de 2002.
• Carreño Carlón, J. “Cultura, Política y Estrategias de Comunicación”, en Benavides Delgado, J. y Villagra García, N., eds., Públicos, instituciones y problemas de la comunicación en el nuevo milenio, Fundación General de la Universidad Complutense, Madrid, 2003.
• Trejo Delarbre, Raúl, Los medios como contraparte del proceso de democratización en México. Prepared for delivery at the 2004 Meeting of the Latin American Studies Association, Las Vegas, Nevada. October 7-9, 2004.
• Monsiváis, Carlos, Comentario a la parte sobre medios de información del reciente informe del PNUD sobre La democracia en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México, agosto, 2004.
• Kraul, Chris, “For Good Press, Slip ‘Em Pesos: In Mexico, candidates and officials often pay hefty sums for positive news coverage. Much of the cash comes out of public funds”, Los Angeles Times, August 30 2004.
• Trejo Delarbre, R., Mediocracia sin mediaciones: Prensa, televisión y elecciones, Cal y Arena, México, 2001.

PRD: esperanza perdida

2010-01-20T12:30:00.000-08:00

La izquierda nunca pierde la esperanza, que seguirá pujante desde diferentes trincheras políticas, ávida de que un partido en México la represente, pero no será el Partido de la Revolución Democrática.

A sus 20 años de existencia, el PRD pasa por la peor crisis de su historia, y posiblemente se encamina hacia su caída sin regreso.

Las crisis son generalmente percibidas con espíritu de catástrofe. Sin embargo, las crisis son siempre esa línea delgada entre el progreso o el retroceso. Entre la transformación o la pasividad. Son el momento perfecto para progresar y crecer. Son la oportunidad de transitar, cambiar, reformar y revolucionar.

Al tomar protesta como nuevo Presidente del PRD, Jesús Ortega expresó: “Reformar es volver a creer”. Era la oportunidad del Partido de reconocer sus errores y abrirse a la crítica. De dejar atrás su movimiento condicionado por facciones o personajes. De entregarle su movilidad a la organización, acompañada de certidumbre en sus instituciones partidarias y sus militantes. De construir el Partido desde abajo. Era el momento de dar el salto hacia la institucionalidad del Partido.

Pero el miedo electoral de perder escaños en el Congreso, que de todos modos, se perdieron, así como importantes municipios en el país, inmovilizó al PRD dejándolo en absoluta pasividad al capricho de las corrientes y a expensas de las decisiones de López Obrador, que impactaron en el resultado negativo del PRD.

La falta de decisiones contundentes y valientes ha dejado al PRD sin esperanza. No se logró el fortalecimiento de su caudillo, aunque fuera a costa de la institucionalidad del partido. Ni tampoco se logró el fortalecimiento del partido, a costa de la aplicación del estatuto , y resultados electorales negativos.

REFLEXIÓN A 20 AÑOS DE HISTORIA.

El Partido de la Revolución Democrática se constituyó formalmente el día 5 de mayo de 1989. De acuerdo con Schumpeter , un partido es un grupo cuyos miembros se proponen actuar concertadamente en la lucha competitiva por el poder político. El PRD nace con la firme convicción de sacar al PRI del gobierno y redefinir las reglas electorales. Es por ello que sus expectativas parecieron haberse cumplido el día 2 de julio de 2000 con la salida del PRI del gobierno federal. Pero en realidad sus convicciones y principios se fueron construyendo a lo largo del tiempo, conforme se recuperaban las convicciones históricas de los ciudadanos y militantes que le dieron origen. Sus líderes más influyentes con el poder en la mano lo fueron deformando por un sentido natural de supervivencia y conservación de lo obtenido, sin mirar más hacia el futuro.

Después de 20 años esta organización política se encamina aceleradamente a perder su identidad clara de lucha, de ideología, de organización territorial e, inclusive, de fuerza electoral en el país, para convertirse en un partido de minoría legislativa.

Su credibilidad ha dependido en todo momento de las dos figuras presidenciales que ha tenido el partido: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Sus decisiones y opiniones han impactado sobremanera el accionar del Partido. Este es el caso de la crisis generada por López Obrador en las elecciones del 5 de julio, quien decidió apoyar a los candidatos del Partido del Trabajo y de Convergencia, en donde los candidatos del PRD no le eran afines. Este hecho, por supuesto, tuvo impactos negativos en los resultados obtenidos por el PRD, que disminuyeron en 8 millones de votos, pasando del 29 al 12 por ciento de la votación emitida.

El PRD ha sido conocido y reconocido por la Internacional Socialista como la representación de la izquierda en México . El PRD no representa sólo un esfuerzo político más en el sistema de partidos en México sino que es hasta el momento la representación en el presente de la historia de los movimientos sociales y de la lucha de las minorías por sus derechos y garantías individuales aunque las ambiciones y caprichos personales de quienes ostentan el poder en el interior del Partido hayan poco a poco tergiversado estos hechos.

En un país presidencialista, el PRD no debería conformarse con espacios en la Cámara de Diputados, o con algunos municipios y diputados locales. Debería ser una premisa la búsqueda del poder político desde la Presidencia de la República. No basta con haber contribuido a la derrota del PRI si al final el gobierno federal se queda en manos de otro partido político (PAN). Participar en las reformas electorales o convertirse en la segunda fuerza política del país no es suficiente. Sin embargo, desafortunadamente, la tendencia de sus caciques locales de preferir no perder sus pequeños feudos imposibilita la lucha en conjunto articulada por un objetivo de mayor envergadura. De hecho, el PRD se ha estancado en una lucha interna que no le permite redefinir sus convicciones y principios.

Entre la élite del partido existen grandes diferencias en las posiciones políticas que tienen que ver principalmente con la relación con el Gobierno Federal. Y, entre la base, el desencanto y la confusión: ¿Es o no es el Gobierno Federal de Felipe Calderón un gobierno usurpador? ¿Se debe hablar, reconocer o negociar con él, como Presidente de la República? ¿Existe un Gobierno Legítimo o es un gobierno de sombra?

La confusión deriva de las posiciones que toma la burocracia partidaria por un lado, y, por el otro, Andrés Manuel López Obrador.
Es importante destacar que no pretendo opinar y analizar el movimiento de izquierda amplio y difuso, que incluso ha perdido las fronteras de los partidos políticos, y donde todos los actores del PRD se encuentran inmersos. Solamente pretendo limitarme a las fronteras que representa el Partido de la Revolución Democrática.

Según Burke, un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. Cuando no hay unidad para promover un principio particular, cuando los intereses personales están por encima del interés nacional y cuando no todos están de acuerdo en los principios de acción, podemos asegurar que no estamos hablando de un partido político. El PRD no ha logrado su maduración como partido político y sigue siendo un movimiento de facciones o dependiente de sus protagonistas y antagonistas. Un movimiento que, al no lograr su institucionalización, tiende a la desaparición.

CONCLUSIONES

Las fases de desarrollo como partido político del PRD que están claramente identificadas son: faccionalismo y polarización. Comenzó la expansión en medio de la crisis. Pero en ningún momento hubo señales para comenzar con la institucionalización. El costo electoral y la pérdida de los pequeños feudos de algunos dirigentes fueron razones suficientes para no iniciar este camino. El PRD no será un partido político consolidado, ni mucho menos institucionalizado. La esperanza se ha perdido.

Al echar una mirada al pasado inmediato es inevitable considerar que el PRD ha traicionado su historia, su congruencia, sus valores, y que se ubica en el mundo global de los partidos de izquierda como un partido tercermundista en su espectro internacional.

De conformidad con los principios de la Internacional Socialista, el concepto de democracia se basa en los principios de libertad e igualdad. Pero ni igualdad en la competencia, ni libertad de los votantes, han sido características de las elecciones internas del PRD. La elección del Presidente Jesús Ortega se rodeó del escándalo, pero en la elección de candidatos realizada el 15 de marzo del 2009 se silenciaron los fraudes, la inequidad en la competencia, la discrecionalidad en las resoluciones, la intervención de gobernantes a favor de algún pre-candidato. Sin embargo, la falta de escándalo no es un indicador de elecciones democráticas. Porque la verdad se corrompe con la mentira, pero más aún con el silencio.

El PRD se concibió en su creación como el partido de la democracia, de la constitucionalidad, de la dignidad del pueblo y del progreso.

Pero es un partido de la democracia que no escucha la voz del pueblo porque impone sus decisiones oligárquicas. Un partido de la constitucionalidad que no respeta el Estado de Derecho electoral porque su órgano jurisdiccional sólo responde a los intereses de corriente. Un partido de la dignidad del pueblo que se lucra con la pobreza de la gente para ganar las elecciones internas. Un partido del progreso que no crece en su militancia libre y consciente, sino sólo en su corporativismo. Un partido que sólo es el reflejo de la penumbra, en la que sus dirigentes no están dispuestos a perder un solo espacio de sus pequeños feudos. Es un partido que traiciona su origen.

Los documentos básicos del Partido establecen que el PRD no busca el poder por el poder mismo. Sin embargo, el reparto por cuotas de todas las candidaturas, sin importar las capacidades legislativas o gubernamentales, no enaltece dicho principio. La ciudadanía exige representantes populares preparados para gobernar. La improvisación y la ocurrencia no son una buena carta de presentación.

La política que postula el PRD se basa en la ética, los principios democráticos, la crítica y la autocrítica constructiva.

Sin embargo, la ética se pierde con la mentira y el amago, los principios democráticos sólo se exigen hacia el exterior, incluso es razón de su nacimiento como Partido, pero hacia el interior los principios democráticos se olvidan, se archivan bajo el argumento “acuerdo mata estatuto”.

La crítica y autocrítica constructiva se percibe como una intención de amago o de ataques personales. La inmadurez institucional no escucha el grito de la congruencia y la libertad, por el contrario, sólo percibe la acidez de los argumentos, y reacciona con la discriminación, la sanción, la exclusión y el veto.

La política que postula el PRD en sus documentos básicos es de acción honesta y responsable. Por el contrario, la realidad del PRD, ha permitido y ha sido complaciente con la actuación corrupta e irresponsable de algunos de sus gobiernos donde se enaltece la máxima de “el respeto a la corrupción ajena es la paz”.

La política que no demuestra preocupación por el futuro de la humanidad es inmoral y no merece respeto. Y las corrientes en el PRD actúan por lo inmediato, pero ello se pierde en lo inmediato, y dejan de lado la discusión y el debate sobre los temas importantes del País.

En el 2002 concluía que si el Ing. Cárdenas no daba paso a otro candidato a la presidencia, podríamos enfrentarnos a un nuevo ciclo de desarrollo de un nuevo nombre para el movimiento de izquierda, incluso, un nuevo Frente Democrático Nacional en torno a una figura reconocida, que ya no sería Cárdenas. Y la desaparición irremediable de lo que actualmente conocemos como PRD.

Sin embargo, sí dio paso al Lic. Andrés Manuel López Obrador, pero la posibilidad de que la historia lo recuerde como el que fortalece y destruye al PRD es cada vez más inminente . Incluso podríamos enfrentarnos a un nuevo ciclo de desarrollo para el movimiento de izquierda, un movimiento con origen en el Frente Amplio Progresista (FAP) que sea encabezado por López Obrador. Y, por tanto, a la desaparición electoral de lo que actualmente conocemos como PRD.

El ascenso del Frente Amplio Progresista (FAP) como brazo destructor del PRD no es catastrofista. Pero la falta de conciliación entre la burocracia partidaria representada por el presidente electo Jesús Ortega y el liderazgo social del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, puede llevar a la debacle del PRD.

La otra posibilidad cada vez más lejana es que las instituciones internas del PRD actúen con absoluto apego a la legalidad sin consideraciones facciosas. El costo electoral será muy alto, pero sólo así se lograría romper con la potencia imperialista, llámese como se llame.

Ningún candidato, por más arrastre de masas que tenga, es dueño absoluto del partido, no puede estar por encima del Partido, sino dentro del Partido, con todo lo que ello implica en derechos y obligaciones.

Se reconoce tanto a Cuauhtémoc Cárdenas como a López Obrador su gran liderazgo y aportación para el fortalecimiento del PRD. Sin embargo, ningún partido en su proceso de institucionalización puede permitir el absolutismo de un líder.

si deseas conocer el análisis completo de las fases de desarrollo de PRD, te invito a visitar la siguiente página http://raulotero.bubok.com

El fortalecimiento de los gobiernos locales en México a través de las relaciones internacionales.

2010-01-13T06:06:00.000-08:00

Salvador Ruíz Sánchez

Inmersos en la era de la globalización es cada vez más común hablar de que los Estados Nacionales han experimentado una paulatina apertura al comercio exterior, lo que indudablemente nos ha puesto en una inminente trasnacionalización expresada en la formación de organismos multinacionales, bloques económicos y políticos, sin embargo dada la dinámica del entorno globalizador las instancias de poder local han tenido que trascender las fronteras nacionales y buscar insertarse en sus propias relaciones internacionales. Los conceptos de política exterior y relaciones internacionales han experimentado una transformación constante. Actualmente, la participación de los gobiernos subnacionales (entendidos como gobiernos estatales o municipales) en el escenario mundial es no sólo un fenómeno evidente sino creciente.
Los niveles de pobreza y exclusión, el desempleo, el deterioro ambiental y las limitaciones de acceso a los servicios públicos y a la vivienda, son algunos de los temas centrales de las agendas locales de gobierno que recientemente obligan a considerar nuevas formas de asociación de los niveles territoriales en América Latina, los gobiernos de las grandes ciudades y las regiones tienen la tarea de enfrentar los problemas relacionados con el crecimiento acelerado de la población urbana, asuntos como la seguridad de sus habitantes,
Se considera que la actividad internacional de los gobiernos subnacionales presupone que éstos tienen un amplio grado de autonomía en los asuntos internos de su competencia y que su incursión en la política exterior busca extender internacionalmente su incidencia sobre cuestiones como comercio, inversiones y medio ambiente por ello los gobiernos subnacionales se han insertado como actores importantes en el sistema internacional.
Los municipios adoptan un papel cada vez más dinámico en la propia política exterior de sus países, así como en el ámbito internacional, en el que, sin cesar, cooperan, compiten, declaran, forman grupos de interés, crean su propio aparato diplomático, se promocionan o se exhiben, en un sistema político como el mexicano se da un entrecruzamiento de compromisos, acciones, relaciones y hasta conflictos entre los niveles de gobierno y los poderes de la Federación, donde hoy la Entidad federal y el municipio resaltan por varias situaciones y condiciones: a) las integraciones macroeconómicas internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo Global México. Unión Europea, la pretensión de formar parte del Área de Libre Comercio de las Américas o la participación insistente al Plan Puebla-Panamá, como ejemplos, b) la globalización en general, pero especialmente del comercio, de las finanzas, de la producción y de los servicios, c) la mayor dependencia económica de México a Estados Unidos y d) los crecientes flujos migratorios internacionales.

La cooperación internacional entendida como Entendida como una de las interacciones básicas del sistema y un instrumento al servicio de la política económica y social. Y es en este orden que los municipios mexicanos han encontrado en la cooperación internacional un instrumento idóneo para alcanzar algunos de sus objetivos prioritarios en materia de crecimiento económico y de desarrollo.
Al tiempo que algunos temas internacionales –como la defensa de los derechos humanos y el respeto a las minorías- se han vuelto domésticos, muchos temas domésticos se han internacionalizado, abriendo espacios y oportunidades para que los gobiernos locales planteen sus intereses y visiones sobre los mismos, pero también sobre el diseño de la política exterior de sus propios países, el protagonismo de los gobiernos subnacionales (estatal y municipal) en el ámbito internacional se sitúa en un contexto en el que la agenda mundial se ha diversificado para incluir una amplia variedad de asuntos económicos, sociales, culturales y ambientales que anteriormente se encontraban bajo la jurisdicción de los gobiernos locales.
Si bien la dimensión internacional de los municipios, es tratada desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales como novedosa, este tipo de interacción tiene una historia cercana en la constitución de la primera organización de autoridades locales y de aquellos hermanamientos constituidos en los años de la Posguerra.

Existen varias formas de vincular a los Gobiernos Locales y las relaciones internacionales estos vínculos puede ir desde el nivel formal que tienen las entidades municipales ya sea con sus homólogos en el extranjero o bien por medio de la actividad que desarrollan más allá de las fronteras nacionales para insertarse de mejor manera en el proceso de internacionalización y el informal que pueden ir desde comidas de negocios y las conversaciones telefónicas.

En este caso, acostumbran a ser características de las regiones fronterizas o de regiones relativamente próximas, como por ejemplo la relación que se da entre alcaldes de las ciudades fronterizas de México-Estados Unidos- Canadá. En otro nivel se podrían citar aquellas relaciones de los entes locales en el marco de la política exterior del Estado, por medio de su participación en Comisiones Mixtas/Binacionales como en el caso de México, o bien por algún compromiso que el Estado haya asumido y pase por determinación de éste a ser responsabilidad del municipio. Asimismo se tienen aquellas acciones derivadas del cumplimiento de obligaciones que vienen impuestas por tratados o convenios bilaterales y/o internacionales o, en su caso, la participación de estas entidades subestatales en la celebración de tratados.

Ahora bien, cuando se habla de las relaciones intergubernamentales es común pensar, en primer lugar, en conexiones diversas entre agencias de un mismo nivel o de niveles distintos, pero en la práctica también se dan otras formas de vinculación, como por ejemplo, la representación política regional al interior de los poderes de la Unión, en el caso México contamos con una representación política regional expresada en el sistema de cámaras (senadores y diputados en el sistema bicameral), pero en el funcionamiento cotidiano la lógica de intereses locales se expresa con mayor claridad en las relaciones entre los gobiernos regionales de las Entidades federativas y municipios con la Federación (particularmente el poder Ejecutivo).

En el contexto bilateral con Estados Unidos y multilateral a nivel internacional, otras realidades en la política exterior y en las relaciones internacionales de México existían, por ejemplo, solamente acuerdos y tratados de intercambio comercial, financiero y cultural, pero que no iban más allá de lo determinante de la geopolítica por la vecindad con Estados Unidos.
La participación de los gobiernos subnacionales en las relaciones internacionales y la política exterior ha sido definido por los estudiosos del tema como la “paradiplomacia”, que se caracteriza por el establecimiento de contactos formales, informales, permanentes, con entidades extranjeras públicas o privadas, con el objeto de promover asuntos socioeconómicos o políticos, así como otras dimensiones externas de las propias competencias constitucionales de los gobiernos locales. Esto no excluye la existencia de otras formas de participación subnacional en el proceso de la política exterior, más directamente subordinadas a las prioridades y objetivos de los gobiernos centrales, ni el creciente papel de los gobiernos subnacionales en estructuras multilaterales para la gobernabilidad local y regional.
Los municipios pueden desarrollar en el exterior determinadas actividades relativas a la materia de su conveniencia y competencia, estas actividades no tienen una afectación a la política exterior del Estado. Además de que las mismas se realizan previo consentimiento del Gobierno, o bien en el ámbito de las directrices y de la coordinación por éste establecidas o estipuladas en los ordenamientos jurídicos correspondientes, las interacciones que se dan entre los gobiernos locales cobran especial relevancia para la planeación y puesta en marcha de políticas de desarrollo regional y urbano. En la medida en que temas que recaen bajo la jurisdicción de los gobiernos subnacionales de convierten en materia de negociación y compromiso internacional, los mecanismos de articulación intergubernamental internos juegan un papel decisivo para que la voz de éstos sea considerada en todo el proceso.
Un ejemplo claro de ello es la creciente necesidad de establecer criterios de planeación e implementación de políticas metropolitanas con perspectivas de futuro en las ciudades más importantes del país. Más allá de la mera vinculación política, los acuerdos de hermanamiento ofrecen un potencial importante para dar viabilidad a proyectos que se traduzcan en beneficios específicos para las comunidades, por lo que es importante que vayan acompañados de la identificación de objetivos comunes, la determinación de tareas concretas y, de ser posible, de un calendario de actividades.
En la mayoría de los casos, los municipios firman convenios o acuerdos directamente, sin informar de ello a las instituciones competentes, ya sea porque hay un desconocimiento de la normatividad vigente, o bien porque prefieren ahorrarse el camino burocrático a recorrer en la regulación de tal o cual convenio y al participar en la cooperación internacional por medio de las asociaciones nacionales de municipios o por medio del asociacionismo municipal a escala internacional, su regulación escapa del derecho público al privado, al ser estas asociaciones de carácter civil. En México el caso especifico de organizaciones como AMMAC, AALMAC, CONAMM y CONAGO.
Los gobiernos subnacionales pueden ejercer de distinta forma su participación en las relaciones internacionales y la política exterior. Independientemente del énfasis y el tipo de intervención, los gobiernos subnacionales por lo general recurren a acciones tales como; a) establecer oficinas permanentes en capitales o centros industriales o comerciales en el extranjero, con el fin de atraer inversión, promover el comercio, negociar directamente con empresarios y gobiernos, así como obtener información y tener cierta influencia en las políticas comerciales e industriales de los otros países, b) Participar en Asociaciones de Gobiernos Locales, ya sea nacionales, regionales o internacionales, que han desarrollado esquemas de gestión de la oferta y la demanda de cooperación externa para los gobiernos locales.
El desarrollo de la actividad internacional local tiene una explicación pragmática. Ya sea que los estados y municipios estén desencantados con la política exterior federal, o bien que perciban que ésta es inefectiva para promover sus intereses, los gobiernos subnacionales buscan su fortalecimiento institucional y financiero a través de la vinculación internacional, generando un efecto de imitación en otros gobiernos locales.
El tema del hermanamiento entre ciudades merece una mención especial. Reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un “mecanismo de cooperación excepcional” y como complemento de la cooperación entre estados y organizaciones intergubernamentales, dentro del marco legal mexicano tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 28, fracción I) como la Ley sobre Celebración de Tratados otorgan a la Secretaría de Relaciones Exteriores facultades para coordinar las acciones del país en el exterior, incluyendo la celebración de acuerdos interinstitucionales suscritos por la administración pública federal, estatal o municipal, entre los que se encuentran los acuerdos de hermanamiento. Más allá de la mera vinculación política, los acuerdos de hermanamiento ofrecen un potencial importante para dar viabilidad a proyectos que se traduzcan en beneficios específicos para las comunidades, por lo que es importante que vayan acompañados de la identificación de objetivos comunes, la determinación de tareas concretas y, de ser posible, de un calendario de actividades.
Las motivaciones económicas tienen también un peso muy fuerte en las relaciones internacionales y obedecen no sólo a la necesidad de exportar bienes y servicios, obtener inversiones, expandir el empleo y promover el turismo, sino cada vez más a la búsqueda de que las voces de los gobiernos locales sean escuchadas en la negociación de acuerdos internacionales negociados y ratificados por el Estado nacional, en este sentido, los tratados de libre comercio han sido uno de los detonadores más claros para lograr la movilización de los gobiernos locales en el área internacional. Sin lugar a duda, la interdependencia económica conduce a la formación de alianzas y estrategias comunes entre los gobiernos subnacionales que comparten el acceso a ciertos recursos naturales o vocaciones productivas específicas, así como flujos comerciales significativos.
En la medida en que las decisiones nacionales sobre libre comercio tienen un impacto regional diferenciado, los gobiernos subnacionales han articulado estrategias para lograr que sus intereses sean considerados en las decisiones sobre la apertura e incluso en las disputas comerciales bilaterales o multilaterales. Adicionalmente, en función de la distribución de competencias existentes, en muchos casos es imprescindible que el gobierno nacional consulte y cuente con el concurso de los gobiernos subnacionales para proponer estrategias de solución a las controversias que se presenten.
La dinámica de los asuntos transfronterizos constituye un factor de gran importancia para impulsar a los gobiernos subnacionales de distintos países para interactuar. La solución de problemas de contaminación, agua, tránsito de vehículos y personas, contrabando y otras formas de delincuencia obligan a la discusión y búsqueda de soluciones comunes para el bienestar de las respectivas poblaciones.
Las constituciones de la mayoría de los países establecen claramente el monopolio del gobierno federal/nacional sobre las relaciones internacionales y buscan asegurar que exista suficiente consistencia y autoridad para controlar las actividades exteriores de Estado. En otros países, existen consultas más o menos institucionalizadas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para discutir asuntos internacionales. En el caso de Canadá, estas consultas se dan sobre una base informal, pero hay ejemplos de participación y consulta formal en el ámbito de la Unión Europea, a través del Comité de las Regiones y Autoridades Locales de la Unión Europea.
La creciente actividad internacional de los gobiernos locales ha sido vista como una amenaza para los defensores irrestrictos del Estado-nación, pero más bien es un elemento que refleja la vitalidad democrática, cultural y económica de un país (sobre todo, de una federación), bajo el supuesto de que el gobierno nacional no necesariamente representa los intereses de todas sus unidades constitutivas, además de que en los Estados federales no se trata de gobiernos subordinados, con una relación jerárquica entre ellos, sino más bien como gobiernos coordinados que poseen facultades tanto exclusivas como concurrentes.

No obstante, los gobiernos estatales y municipales han emprendido estrategias de internacionalización que revisten las formas descritas anteriormente (instalación de oficinas en el extranjero, giras, participación en ferias, ofrecimiento como sedes de eventos internacionales, etc.). En México, la constitución no considera a los gobiernos estatales y municipales al establecer las características de la política exterior, definidas en la fracción X del artículo 89 para el Ejecutivo federal y en la fracción I del artículo 76 para el Senado de la República, para el caso de los estados, está prohibido expresamente en el artículo 117 la celebración de “alianza o tratado con otro estado o con las potencias extranjeras”.
Los gobiernos subnacionales enfrentan desafíos complejos en su vinculación con el ámbito internacional, pero éste ofrece un potencial enorme y muy variado para establecer alianzas en beneficio de las respectivas poblaciones, la actual agenda internacional otorga un papel importante al debate y la generación de propuestas en materia de descentralización, fortalecimiento de los gobiernos locales y coordinación intergubernamental. La multiplicidad de programas, proyectos y estudios sobre estos temas constituyen áreas de oportunidad para afianzar el posicionamiento de los gobiernos locales en el ámbito internacional y aprovechar cabalmente la amplia oferta de cooperación de que disponen.
Por ello, es de imprescindible importancia que tanto en los niveles académicos así como en la administración pública el tema de las relaciones internacionales a nivel de gobiernos subnacionales cobre una mayor fuerza tanto para dar impulso al desarrollo económico de las entidades, así como también el intercambio de tecnologías y experiencias para hacer frente a problemas comunes.
Se deben de dar pasos importantes, es innegable la necesidad de adecuar nuestro marco constitucional para subsanar primeramente el la prohibición de asociaciones intergubernamentales entre los niveles estatal y municipal en nuestro país, reformar al articulo 26 en lo que se refiere a que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución; el articulo 115 la cual se refiere a que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio y finalmente el artículo 117; los Estados no pueden, en ningún caso:

Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado. Además de la creación de una nueva ley secundaria llamada “Ley general para el fomento de las asociaciones intergubernamentales como entidades de interés público”

Es claro que no se busca que las relaciones internacionales entre los gobiernos subnacionales interfieran en las facultadas exclusivas del Estado Nacional, sin embargo se puede trabajar en temas específicos; el medio ambiente, la delincuencia, educación, mejoras en la calidad de los servicios, temas metropolitanos y alianzas estratégicas en cuanto a comercio local, hay que concluir que las relaciones internacionales no son ni deben ser exclusivas del gobierno federal, los gobiernos subnacionales en la medida de que su propia dinámica de crecimiento lo permita y con la debida interpretación y adecuación constitucional deben tomar un papel importante como actores en las esferas de la administración pública global.

Bibliografía
- Cabrero Rodolfo García del Castillo Enrique. Relaciones intergubernamentales en México. Los nuevos escenarios y la nueva agenda de estudios. “Gobiernos locales. Democracia y Reforma del Estado”. 2º. Congreso IGLOM. Red de Investigadores en Gobiernos de México.

- Guillén López Tonatiuh. Federalismo, gobiernos locales y democracia 17. Cuadernos de Divulgación de la cultura democrática. http://deceyec.ife.org.mx/federalismo.htm

- Ramos García José Maria. Gobiernos Locales y la Cooperación transfronteriza México-EUA. Espiral, septiembre-diciembre, Vol.9, Número 25. Universidad de Guadalajara.

FELICIDADES!!!!

2009-12-11T18:47:00.000-08:00

Estimados amigos:

La visión darwinista sustenta la evolución de las especies en la supervivencia del más fuerte. Sobre esta base se centra la sociedad, empujando a las personas a una competencia interminable.

Savater afirma que la diferencia fundamental entre el hombre y el animal es la búsqueda del amor y el aprendizaje, lo que le da "humanidad" a la existencia.

Karl Popper sustenta que lo que mueve al ser humano no es la competencia en sí misma, sino la búsqueda de mejorar. En cualquier contexto, como individuo y como sujeto social, el hombre busca mejorar. Sin embargo, el engranaje prevaleciente le impone competir y avasallar, no colaborar ni acrecentar los valores de sí mismo y de su entorno.

El cansancio frente a los antivalores nos mantiene unidos, a todos, en la idea de que es posible un mundo mejor.

HAGAMOS DEL OBJETIVO DE EDIFICAR UN MUNDO MEJOR NUESTRO PRINCIPAL PROPÓSITO PARA 2010Y EN ADELANTE!

!!!Un caluroso abrazo y mis deseos fraternos de felicidad en navidad y año nuevo!!!

Nuevas corrientes de estudio de la administración pública

2009-11-20T05:42:00.000-08:00

Luis Enrique Paredes Berumen
Doctorando en Administración Pública. Zacatecas

1.- Institucionalismo
El institucionalismo de la primera mitad del siglo XIX tenía una orientación descriptiva y usaba el razonamiento inductivo.

La sociología política y el institucionalismo de la ciencia política fundamentaron conceptualmente la noción del buen gobierno empujando la instauración de procesos de gobernabilidad democrática y el análisis de los procesos de informalización de la política. El buen gobierno, esencia de la gobernabilidad democrática, se centra en los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas creadoras y reguladoras de instituciones y mecanismos que permitan a los actores colectivos, acordar, negociar y asumir funciones de vigilancia de la esfera pública.

Los instrumentos del institucionalismo se aplican a la ciencia política en el análisis de los procesos de disolución como una inevitable acción de diferenciación social latinoamericana. La sociología política describe la complejidad y la fragilidad de la inserción de la sociedad civil en la esfera pública y endereza las criticas hacia el modelo de desarrollo neoliberal impuesto por el estado.

2.- Neoinstitucionalismo
El neo-institucionalismo parte de la idea de que los contextos institucionales –políticos, sociales, económicos- dentro de los que actúan los individuos, influyen de manera importante su comportamiento. Este enfoque privilegia el estudio de las instituciones en cuanto resultan claves para comprender los mecanismos de formación de consenso y las metas colectivas que pudieran plantearse las sociedades. Por ello, la unidad de análisis no es el individuo, sino el conjunto de reglas, normas y tradiciones que existen en las distintas organizaciones que conforman un sistema.

Para el neo-institucionalismo resulta fundamental explicar el por qué de la estabilidad y del cambio en los procesos sociales. En este sentido, quienes lo utilizan soportan sus indagaciones en la idea de que las instituciones sólo cambian en forma incremental, poco a poco, sobre plazos de tiempo relativamente largos y que las normas y reglas institucionales influyen de manera determinante sobre el comportamiento individual. Adicionalmente, esta concepción reconoce la inevitabilidad del cambio, entendido como el resultado de la adaptación del sistema a los incentivos del entorno

Así las cosas, el neo-institucionalismo considera que las organizaciones desarrollan características institucionales que las diferencian a unas de otras, y estas características son el factor más importante para entender el comportamiento de los actores organizacionales.

Según el neo-institucionalismo el cambio institucional es el resultado de la interacción entre institución y medio ambiente. Dado que el ritmo de las transformaciones en este último es mucho más rápido que las transformaciones de las rutinas organizacionales, se produce una constante tensión entre ambos que obliga a un continuo proceso de adaptación institucional. Así pues, la estabilidad institucional se encuentra en constante tensión con las cambiantes realidades sociales.

En este marco la reforma institucional se define como un conjunto de acciones que aspiran a modificar de manera deliberada la estructura y cultura de una organización. Así las cosas, iniciar un proceso de cambio resulta relativamente sencillo si se compara con el proceso posterior para controlarlo porque, dado el alto número de variables que intervienen, el resultado final puede ser muy diferente de lo que se vislumbró en un principio.

3- La Nueva Gestión Pública
Bajo la Nueva Gestión Pública no todos entienden lo mismo. Para unos, es un sistema de manejo descentralizado que aplica innovadores instrumentos de gestión como lo son el controlling, el benchmarking y la gestión esbelta (lean management). Para otros, es privatizar en la mayor medida posible las actividades gubernamentales.
Generalmente, los autores diferencian entre la implementación de la dirección como nueva instrumentación de la gestión gubernamental y los inicios de la competencia como una desregulación que deberá ser lo más extensa posible por medio de la creación de competencia al establecer servicios gubernamentales.

En resumidas cuentas la NGP posee las siguientes características:
• Dirección orientada a la competencia mediante la separación de competencias entre los financiadores y los prestadores de servicios.
• Enfoque en la efectividad, eficiencia y calidad del cumplimiento de tareas.
• Separación de la dirección estratégica (¿QUÉ?) de la dirección operativa (¿CÓMO?).
• Un trato fundamentalmente igual de prestadores de servicios particulares como públicos dentro del marco de la prestación de servicios y presupuestos globales.
• Impulso enfocado de la innovación (como parte de la prestación de servicios) gracias a un manejo operativo delegado (no sólo descentralizado).

Un enunciado fundamental de la Nueva Gestión Pública expresa:
“Todo aquello que no sirve al ciudadano representa un derroche“

4.- Relaciones Intergubernamentales
Las relaciones intergubernamentales (RIGs) ponen en cuestión niveles de cooperación, negociación y coordinación tanto política como administrativa . La cooperación es importante en el nivel de la eficacia (del éxito de las políticas), acordar con una lógica de intervención facilita las relaciones; pero además se requiere de una elevada capacidad de gestión y de entendimiento. Las RIGs permiten explicar los vínculos a nivel Inter. jurisdiccional y persigue la concreción de eventos cooperativos de gobierno pensando y complementando recursos en beneficio colectivo. Las RIGs expresan las tensiones de carácter político que se dan en el territorio, aún cuando se avance en el sentido de generarlas y consolidarlas, hay que destacar, como dice Pineda que “los acuerdos de unos son desacuerdos para otros”, por lo que hay que valorar el costo de oportunidad en el momento de la decisión.

5.- Políticas Públicas
Pallarés (1988) Define a las políticas públicas como “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Pallares (1988) en su visión, plantea la interacción gobierno-sociedad, como eje de la política publica. De ahí que, podría inferirse considerar a las políticas públicas como las acciones del gobierno orientadas a dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. En otras palabras, al gobierno en acción. Por último, para Pallarés (1988) una política puede ser considerada como pública siempre que se haya producido (generada, o cuando menos minimamente procesada) en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales.

6.- Buen Gobierno
Este término por lo general se define explicando cuáles de los defectos existentes en el gobierno y la administración pública deberían ser eliminados, por ejemplo “sin corrupción", "sin derroche de los recursos públicos", "sin recomendación de compadrazgos", etc. Si se procurara otorgar al “buen gobierno” objetivos positivos, se llegaría a la siguiente definición:

"el buen gobierno es una forma de gobierno y de administración pública que es capaz de proveer eficientemente", es decir, satisfacer las necesidades de la población. Esta definición abarca los requerimientos que la “Nueva Gestión Pública” deberá satisfacer.

7.- Organizaciones Públicas
Son sistemas que mantienen una relación de influencia mutua y dinámica con el entorno, basados en jerarquías, normas irrestrictas, restructuración de actividades y funciones predefinidas en organigramas inamovibles, sujetas a una naturaleza social que les obliga a responder a la dinámica política, económica, cultural, ideológica, etc. de los grupos sociales a los que afecta directa o indirectamente.

8.- Reinvención del gobierno
Con espíritu empresarial se pretende transformar el sistema y la organización gubernamental, en busca de la eficiencia, eficacia adaptabilidad y capacidad de innovación.
Para poder lograr estos objetivos, es necesario descentralizar las operaciones, ser competitivos, otorgar incentivos aplicar los principios del sector privado, capacitar a los empleados y dar un servicio cordial y primordial al cliente.

Jerarquía
En general, el concepto de jerarquía designa una forma de organización de diversos elementos de un determinado sistema, en el que cada uno es subordinado del elemento posicionado inmediatamente por encima (con excepción, claro está, del primero que no está subordinado a ninguno de los demás).
El concepto de jerarquía también es ampliamente aplicado a la gestión de las organizaciones para designar la cadena de mando que comienza con los gestores de alta dirección y sigue hasta los trabajadores no gestores, pasando, sucesivamente, por todos los niveles de la estructura organizacional. Con que, a través de la jerarquía se establecen las relaciones de autoridad formal entre los superiores y sus subordinados, además de definirse la estructura organizacional de cualquier organismo.

Organización horizontal
El poder, entendido de una forma clásica, está siendo sustituido por nuevas formas de poder. Entender el poder como algo vertical y unidireccional es un error en la actualidad. Si bién es verdad que la estructura jerárquica de la sociedad aún está presente el poder se nos presenta como algo distinto, cambiante y camaleónico. Han sido varios los autores los que se han encargado de llevar a cabo una relectura de las tesis clásicas, uno de los más importantes y destacados ha sido Michael Foucault. Defiende las relaciones de poder frente a una única fuente de poder.
Por lo tanto tenemos que al encontrarnos un poder cambiante, las formas de organización cambian también, la mano ejecutora del poder vertical, de arriba a abajo es invertida o involuciona de abajo a arriba.
Por lo tanto la organización horizontal surge como respuesta a esa nueva concepción del poder, también como necesidad y conquista de la ciudadanía que veía necesario nuevas formas de organización.

La mayoría de las empresas y organizaciones tienen como misión obtener el beneficio deseado entregando el máximo valor (producto o servicio) a sus clientes. La organización horizontal está diseñada para brindar una forma estructural y un enfoque organizacional integrado que les permite entregar dicho valor a los clientes, potenciando así sus ventajas competitivas.
La gestión horizontal es un método transfuncional de gestión donde la mano visible del director jerárquico deja paso a la mano invisible del mercado y en donde los recursos se trasladan de manera natural a su uso más eficiente, de forma que el trabajo que no aporta valor añadido desaparece

Características clave de las organizaciones horizontales Dirección por procesos, no por tareas
Las organizaciones verticales se estructuran de forma funcional: buscan mejoras concretas en las funciones, departamentos o tareas. Por el contrario, se puede organizar el flujo de trabajo en torno a procesos clave que abarcan a toda la empresa y que, en última instancia, ligan a ésta con las necesidades del cliente. Reduciendo la jerarquía disminuimos al máximo el número de áreas de actividad en las que se dividen los procesos clave.
Si los procesos se rediseñan de forma adecuada mejoraremos los resultados y sentaremos las bases para la innovación y mejora continuas.
Gestionar equipos, no personas
Los equipos suelen conseguir mejores resultados que los individuos, porque cuentan con un conjunto más amplio de habilidades, de capacidades y de puntos de vista.
Organización por procesos (Heras, 2000)
En la organización horizontal el módulo organizativo básico es un flujo de trabajo llevado a cabo por un equipo, no la realización de tareas por individuos. Dicho flujo de trabajo se puede ligar mediante distintos mecanismos relacionados entre sí.

LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2009-09-24T18:37:00.000-07:00

Por: Diana Ozuna Millán

El derecho de acceso a la información pública consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta para el Estado Mexicano una de las tareas pendientes por concretizar, por eso la Reforma del Estado que actualmente se esta analizando en el Congreso de la Unión, debe avanzar también por este camino. Se debe reconocer que los avances en esta materia son importantes, sin embargo, muchos son los aspectos que hay que considerar para poder decir que, no solo existe un verdadero derecho al acceso a la información pública, si no también que existen los mecanismos constitucionales y legales para hacer efecto este derecho.

Actualmente la federación y las Entidades Federativas han emitido disposiciones jurídicas que regulan el acceso a la información pública, en las que se han regulado distintas formas de garantizar este derecho, tal es el caso a nivel Federa que cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que crea un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información denominado “Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”.

Asimismo, el Distrito Federal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal decreta la creación de un “órgano autónomo con personalidad jurídica propia y patrimonio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de acceso a la información”, denominado Consejo de Información Pública del Distrito Federal.

Por su lado, el Estado de Nuevo León mediante la Ley de Acceso a la Información del Estado de Nuevo León crea un organismo público autónomo denominado Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León.

Así pues podemos observar que cada uno de los gobiernos a creado a través de sus legislaturas instrumentos que para unos son órganos verdaderamente autónomos, para otros son organismos descentralizados de la Administración Pública, y algunos otros, son órganos con una autonomía acotada en la que las autoridades locales forman parte del mismo, sin embargo, el derecho de acceso a la información pública por su importancia debe contar con mecanismos efectivos que garanticen una verdadera autonomía respecto a los órganos de gobierno, lo que permitirá que sus decisiones no dependan de cuestiones políticas.

La Reforma del Estado debe revisar y establecer parámetros que obliguen, tanto a la Federación como marco de referencia, como a las Entidades Federativas para que constituyan verdaderos organismos autónomos constitucionales que garanticen que la ciudadanía cuente con información confiable y responsable de las actuaciones no solo del gobierno, sino también de otras instituciones, como son los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones civiles.

Basta recordar que la ley federal emitida por el Congreso de la Unión no es una ley reglamentaria del artículo 6° constitucional, sino una ley secundaría que establece disposiciones jurídicas a las que deben apegarse las autoridades federales para el acceso a la información pública. Cabe recordar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, es un órgano encargado de promover y resolver sobre el derecho de acceso a la información pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que como órgano de la Administración Pública Federal, los comisionados serán nombrados por el Ejecutivo Federal, aspecto que representa, sin lugar a dudas, una relación de “control y subordinación” hacia los mismos, situación que afecta el acceso a la información pública gubernamental.

Para el Distrito Federal las cosas no son del todo diferentes de la federación, en virtud de que cuenta con un “órgano autónomo” integrado no sólo por representantes de la sociedad civil, sino también por representantes del gobierno del Distrito Federal, convirtiéndolo así en un órgano que es juez y parte a la misma vez, lo anterior indica que la normatividad que regula la integración del Consejo resulta a todas luces contrario a la naturaleza jurídica de los órganos autónomos, en la que si bien la Teoría Jurídica Política, aún no define de manera precisa cuales deben ser las características normativas de este tipo de órganos, también lo es que existe un criterio hegemónico de que el surgimiento de este tipo de órganos es la de controlar o equilibrar la actuación de los poder tradicionales, convirtiéndolos así en órganos de equilibrio constitucional y político.

Si a lo anterior le añadimos los obstáculos a los que se ha enfrentado la aplicabilidad del efectivo acceso a la información, nos encontraremos que:

1. Se aplazó sin justificación alguna por parte del Jefe de Gobierno la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información;
2. El Jefe de Gobierno el mes de julio de 2003 interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con el fin de revisar lo correspondiente a la designación de los tres consejeros ciudadanos que llevó a cabo la Asamblea Legislativa en el 2003, con el fin de postergar la instalación del Consejo.
3. No obstante la Suprema Corte Justicia determinó que el hecho de impugnar la designación de los consejeros no impide la instalación del Consejo, por lo que le ordeno su instalación inmediata, ratificando de igual forma la designación de los consejeros previamente electos.

Debemos señalar que al llevarse a cabo el Cuarto Congreso Nacional, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que se emitió un respetuoso y firme exhorto a quien fuera el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en ese periodo de gobierno, para promover las mejores condiciones para los ciudadanos del Distrito Federal y que el derecho de acceso a la información fuera vigente y eficaz. Exhortos en este sentido por las instituciones académicas se deben a la falta de certeza y compromiso político por parte de las autoridades del Distrito Federal a hacer efectivo este derecho que a nivel constitucional representa un derecho fundamental, sol basta recordar que desde que se aprobó la Ley Acceso a la Información Pública por la II Asamblea Legislativa en diciembre del año 2002, su aplicación ha tenido una serie de obstáculos.

Así pues la Reforma del Estado debe no solo modificar las instituciones gubernamentales, sino también la visión de cómo gobernar, pues debe haber un cambio en la cultura política para que los cambios institucionales tengan vigencia. Por ello y con el fin de evitar este tipo de actitudes antidemocráticas y discrecionales se debe analizar y discutir también la posibilidad de establecer como garantía constitucional el derecho de acceso a la información pública el cual será garantizado a través de verdaderos órganos autónomos que no guarden ninguna vinculación con los poderes del Estado.

Razón por la cual los congresistas, léase diputados y senadores, deben analizar la naturaleza jurídica de este tipo de órganos. Para lo cual se debe hacer un estudio histórico que les permita tomar más y mejores decisiones por el bien de nuestro país que es México, como se señala a continuación.

Para hablar de los “órganos constitucionales autónomos”, se debe señalar que la existencia de estos entes públicos, diferentes de los tradicionales, tuvieron su origen y desarrollo en Europa durante el siglo XIX, pese a, su incorporación se logra después de la primera guerra mundial, lo que desencadenó su reconocimiento en otros países del continente europeo. El surgimiento de los órganos autónomos encargados de la defensa de los derechos fundamentales del hombre, evolucionó la tradicional Teoría de la división de poderes, la cual surge para limitar el poder omnímodo de los reyes, en la que la emanación del poder provenía del rey; ahora, en el devenir de los años el poder radica no sólo en las instituciones, sino también en la sociedad, lo que ha provocado el surgimiento de entidades públicas distintas a los tradicionales, sin que ello afectará los principios constitucionales y democráticos establecidos en un Estado de Derecho, pues su funcionamiento forma parte de las atribuciones naturales del Estado.

Asi la principal causa por la que surgieron los órganos autónomos en Europa fue la ‘despartidocratización’ en el funcionamiento del Estado, en virtud de que los partidos políticos tienen una gran influencia en la toma de decisiones, tanto en los órganos de gobierno como en los parlamentos.

En México, la tendencia de contar con este tipo de entes públicos ha tenido buena aceptación pues se han creado algunas instituciones, como son, las Comisiones de Derechos Humanos, los Institutos Electorales, las entidades de fiscalización, entre otros; sin embargo, su regulación, en algunos casos no ha permitido establecer plena autonomía, en el desarrollo de sus funciones así como en la toma de decisiones.

Algunos investigadores mencionan que las características que este tipo de órganos deben tener son las siguientes:

1. La autonomía o independencia, no necesariamente formal, sino también financiera; entiéndase esto como el establecimiento en la Constitución de un presupuesto que no este determinado por los acontecimientos políticos.
2. La Integración de los órganos constitucionales autónomos y el estatuto de sus titulares; debe ser a través de procesos en el que la decisión la lleve a cabo los órganos legislativos por medio de una votación calificada; y por otro lado se debe garantizar la imparcialidad en la selección de sus integrantes, así como su inamovilidad, una remuneración suficiente sin sujeta a cambios en su perjuicio, y no permitir en ningún momento su remoción sino por causa justificada.
3. Apolíticos; al ser órganos de carácter técnico no se debe permitir la participación de sus integrantes tengan algún nexo con algún partido político.
4. Inmunidades; este tipo de característica permitirá garantizar independencia pues ejercerá con pleno desempeño su encargo, sin que se vea afectado por su actuar, sin que ello signifique que no este sujeto a un régimen de responsabilidades.
5. Responsabilidades: deberá informar periódicamente al Poder Legislativo y a los ciudadanos.
6. Transparencia, su actuar podrá ser consultado por cualquier ciudadano que los solicite, lo que permitirá supervisar y evaluar su funcionamiento.
7. Intangibilidad; lo que garantizará su permanencia en razón de que su existencia deberá estar sujeta a proceso de modificación constitucional “más reforzado” que el ordinario.

Así pues, el acceso a la información debe ser garantizado por una entidad pública que no guarde relación alguna con los poderes públicos tradicionales, razón por la cual se le debe otorgar autonomía política, jurídica, administrativa y financiera. Debemos evitar la concentración del poder de los órganos de gobierno, en perjuicio de sus habitantes. Por ello se deben establecer constitucionalmente las bases jurídicas que deben regir a los órganos autónomos encargado de velar por este derecho de acceso a la información pública no solo a nivel federal sino que este se vea refleja en las treinta y dos entidades federativas y el Distrito Federal que forman el pacto federal.

Por ello, considero que la Reforma del Estado no solo debe modificar lagunas instituciones si no también debe ir al par de una culturalización política que nos permita como sociedad hacerle frente a todos los embates de globalización a los que nos tenemos que enfrentar.
Por ello deben realizarse modificaciones también a la parte dogmática de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de lograr un acceso a los derechos que ésta consagra mediante mecanismos y garantías constitucionales que nos permitan hacer efectivos todos los derechos que en ella se consagran. Por ello y aún y cuando se acaba de modificar el artículo 6º constitucional en el que señalan que ahora sí ya existe un verdadero acceso a la información y que el Estado lo va garantizar, es necesario establecer en el, las bases que sirvan de parámetro a las otras Entidades Federativas.

Por ello debe establecerse en el artículo 6° constitucional, que la federación y las entidades federativas garantizarán el acceso a la información pública a través de un órgano constitucional con autonomía financiera, política, jurídica y administrativa que atienda a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos.

Finalmente, este tipo de reformas como ya lo explique debe ir aparejado de un cambio no solo de institucional sino de cultura que nos permita estar más y mejores informados para tomar decisiones que contribuyan a lograr un mejor país.

El Régimen Político

2009-08-26T03:58:00.000-07:00

Guadalupe Morales Núñez

Con motivo de la tarea plural de revisar el marco legal y constitucional de los diferentes componentes de nuestro sistema político se legitima la Ley para la Reforma del Estado.

Es indudable que representa para muchos, un gran logro que las principales fuerzas políticas del país puedan coincidir en privilegiar dos cosas: el consenso y la participación o concurso de la sociedad en su conjunto, a través de amplios esquemas de participación ciudadana.

Respecto al consenso entre las fuerzas políticas ya comenté en mi ensayo anterior, que se rigen bajo las reglas de la “negociación”.

Respecto a la segunda parte, que es la participación o concurso de la sociedad, debo decir que no es un concepto nuevo y a mi parecer no requería un desgaste legislativo e inclusive presupuestal para ponerlo en marcha través de una ley que en esencia es un acuerdo parlamentario sin embargo ha demostrado y ha legitimado la necesidad de perfeccionar, fortalecer y respetar la participación ciudadana.

Diagnóstico

La democracia, significa el gobierno del pueblo, y es considerado por el artículo 3° de la constitución, no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En sentido estricto la democracia permite el funcionamiento del estado, cuyas decisiones colectivas son adoptadas gracias a la participación directa o indirecta; la democracia directa refiere a la decisión adoptada directamente por los miembros del pueblo, la democracia representativa es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes, y la democracia participativa a través de los mecanismos de participación ciudadana, tema en el que centraré el análisis en relación con el articulo 26 constitucional cuyos antecedentes legislativos describo a continuación.
A partir de la promulgación de la Constitución el artículo 26 constitucional ha sido objeto de varias reformas que se han aprobado por la cámara de Diputados.

La 1ª Reforma publicada DOF 03-02-1983 segunda 2ª Reforma DOF 07-04-2006.la tercera publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 2 de agosto de 2004. la cuarta publicada el 07 de abril del 2006

La primera publica el Decreto que reforma y adiciona los artículos: …26,…de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 26 A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

La segunda reforma bajo la presidencia “meta constitucional” del PAN se publica el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 27 fracción XXIX D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se incluye el inciso B que la la letra dice:

En la LVII legislatura se presentaron iniciativas de reformas constitucionales que hicieron importantes aportaciones que merecían ser revisadas.
La iniciativa presentada por PRI en la que hacia grandes aportaciones para la Reforma del estado y por su importancia transcribo a continuación:
“…Todos sabemos que una de las condiciones esenciales para realizar una Reforma del Estado mexicano, efectiva y con repercusiones reales en la práctica política, es conformar un adecuado equilibrio en la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo federales…”
Los temas que proponía la iniciativa eran los siguientes:
1. Mejorar el funcionamiento del Congreso de la Unión
2. Establecimiento de un régimen de cortesía y disciplina parlamentaria
3. Asesoría y recursos a legisladores para realizar sus tareas.
4. Facultad de las Comisiones de aprobar algunos proyectos de Decreto
5. Juicio político, incumplimiento reiterado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6. Juicio político, incumplimiento reiterado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7. Fortalecer la vinculación de los legisladores con sus representados
8. Introducción de la Iniciativa Popular y el Referéndum.
9. Reelección inmediata de diputados y senadores.
10. Formato del informe presidencial.
11. Vigorizar el papel del Congreso de la Unión
Fortalecer al Senado de la República
12. Nuevas reglas sobre aprobación de la Ley de Ingreso e intervención del Senado en la aprobación del Presupuesto de Egresos
13. Regulación constitucional de los Grupos Parlamentarios.
14. Fortalecer la vinculación de los legisladores con sus representados Introducción de la Iniciativa Popular y el Referéndum.
En la reforma publicada el 2 de agosto de 2004, se fortalece al Congreso de la Unión frente al Poder Ejecutivo con la reforma al artículo 26 constitucional que en su tercer párrafo le otorga al Congreso de la Unión…”la facultad de analizar, discutir, modificar y en su caso aprobar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que le envíe el titular del Poder Ejecutivo antes de que se cumplan los primeros seis meses de su gestión…”
En la LVIII Legislatura se presenta la iniciativa del PRI que propone reformas a los artículos 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer los procedimientos de participación y consulta popular en la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 990-I, martes 30 de abril de 2002. (615) no fue dictaminada. No hubo consenso, si lo hubo para conferirle autonomía al INEGI .
En la LIX Legislatura por ejemplo el Partido Convergencia presenta una iniciativa de reforma al artículo 26 constitucional en materia de planeación y presupuesto en la que propone que: “… La planeación será democrática y comprenderá el conjunto de acciones necesarias para precisar el diagnóstico de los problemas nacionales, los objetivos por alcanzar y los programas que propicien el logro de los mismos en los términos que determine la ley.
Comprende también la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución de los programas, así como el debido control del gasto público y la evaluación de su desempeño incluyendo el de los servidores públicos….”
El grupo parlamentario del PRD presenta una iniciativa en la que propone reformar el artículo 26 constitucional en materia metropolitana en los siguientes términos: “…El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, atendiendo el ámbito rural, regional y metropolitano; que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad... “
La incitaba del PRI por el que se reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. propone: “…El Poder Legislativo dictaminará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tendrá carácter obligatorio para la Administración Pública Federal…”
La iniciativa del PRD por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 2, 26, 53, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en la que se propuso que: “…La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional…”
En la actual legislatura el grupo Convergencia nuevamente insiste en modificar el artículo 26 constitucional a fin de que el Congreso de la Unión tenga la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.
EL PRI presenta una iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que el Plan Nacional de Desarrollo, seá propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la Unión, mediante la aprobación de dos terceras partes. A este Plan Nacional de desarrollo se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
Artículo 73: El Congreso tiene facultad:
XXIX-N. Para ratificar o en su caso modificar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el titular del Poder Ejecutivo federal
Puedo concluir que las propuestas en estas iniciativas han coincidido en fortalecer un sistema de gobierno que si bien no resuelve el todo, si aporta un gran avance dado que su contenido y alcance permanece vigente.
Distingo dos temas fundamentales en estas iniciativas; el primero ha sido la participación de la sociedad en el desarrollo del país y el segundo la participación del Congreso de la Unión en el Plan Nacional de Desarrollo.
Más como un contrapeso del Poder Ejecutivo o el debilitamiento del Poder Ejecutivo frente al Congreso de la Unión, como la oportunidad para hacer aportaciones importantes en materia de representación política.
No obstante con el impacto presupuestal y la inmediata descalificación en el desempeño legislativo de todos conocidos a lo largo de varias legislaturas no fue posible al menos, entrar al estudio de estos temas.
No ha sido sino hasta la negociación, aprobación, publicación y ejecución de la Ley para la Reforma del Estado que las distintas fuerzas políticas reconocen que la sociedad le interesa participar en la vida democrática y financiera del país, sin descartar el costo presupuestal que esto ha implicado.
Así lo demuestran los resultados de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión:
FEDERALISMO 140 ponencias
REGIMEN DE ESTADO Y GOBIERNO 184 ponencias
REFORMA DEL PODER JUDICIAL 249 ponencias
GARANTIAS SOCIALES 294 ponencias
DEMOCRACIA Y SISTEMA ELECTORAL 290 ponencias
La representación política de los legisladores que han ejercido durante varias legislaturas con importantes aportaciones a través de sus iniciativas de reforma constitucional no ha sido suficiente para reconocer que podemos al menos, revisar un tema.
Es bien cierto que los mecanismos de la democracia representativa tienen sus límites en las sociedades complejas del mundo moderno.
Es evidente que el logro del principio democrático requiere de instituciones de democracia directa, que permiten la participación de la ciudadanía en la toma de ciertas decisiones que afectan a la colectividad, al lado de los partidos políticos y de los poderes públicos tradicionales.
Tal es el caso de la iniciativa popular y del referéndum. A través de estas dos instituciones, la ciudadanía puede intervenir en el proceso de formación de las leyes, ya sea en el momento de la presentación de la iniciativa respectiva, o en un momento posterior a la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Unión, a manera de aval popular de la misma.
No se trata, en ninguno de los dos casos, de sustituir los mecanismos de la democracia representativa por los de la democracia directa. Se trata, de complementar unos con otros, para el efecto de abrir en lo posible el abanico de posibilidades de participación democrática dentro del nuevo régimen político que la mayoría de los mexicanos aspiramos a crear en nuestro país.
Esta claro que la excesiva concentración de la riqueza, y del poder no serán resueltos a través de la vía legislativa. Se requiere una revisión de lo que funciona lo cual ha la historia ha demostrado para implementar cambios en paralelo, integrales.
La pregunta es si podemos reconocer que nuestra democracia aun puede perfeccionarse, o implementar una verdadera democracia, haciendo a un lado la cultura autoritaria, y con ello fortalecer nuestras instituciones, profundizando en las diferentes alternativas de solución a los problemas de desigualdad, crecimiento de la delincuencia y estancamiento del progreso económico, y excesiva concentración del poder.
Le corresponde a los tres poderes coordinarse en un verdadero Supremo Poder de la Federación, para lograr un cambio institucional, sin duda debe ser el Congreso de la Unión el espacio por excelencia para adecuar nuestro sistema constitucional y legal a la realidad, sumando en este objetivo a diversas instancias plurales que logren la generación de acuerdos.

Justificación y efectos de la propuesta.

Se han enumerado temas que deben plantearse para lograr la Reforma del Estado, lo cual no es nuevo, sin embargo el gran logro ha sido la instrumentación y ejecución de un sistema de consulta pública, que si bien ha representado un costo innecesario, ha dado inicio a concretar una reforma integral, o al menos es la expectativa bajo la indefinición de Reforma del Estado.

En el diagnóstico de este trabajo presenté un resumen muy breve de las iniciativas que se han presentado desde la LVII Legislatura que demuestran un problema y proponen la solución por la vía legislativa en un momento de transición hoy en un terreno donde el eje de toda reforma constitucional es la exitosa práctica de negociaciones entre quienes ejercen el poder.

Saber si el fin es la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para justificar al medio que son las negociaciones o consensos entre quienes ejercen el poder, fortalecerá más al sistema político o a la distribución del poder entre los poderes de la unión o las principales fuerzas políticas del país.

Referencias documentales y bibliográficas.

Gaceta Parlamentaria, número 2214-III, jueves 15 de marzo de 2007. Dictamen de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con proyecto de Ley para la Reforma del Estado.
Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, con relación al poder legislativo, presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001
Gaceta Parlamentaria, número 717, miércoles 28 de marzo de 2001.IDEM
Fecha: 2002-04-04 Iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo. Presentada por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, PRD. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 339 votos en pro, 75 en contra y 22 abstenciones, el sábado 14 de diciembre de 2002. Votación. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 95 votos en pro, el lunes 15 de diciembre de 2003. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 2 de agosto de 2004. Gaceta Parlamentaria, número 973-I, viernes 5 de abril de 2002
Iniciativa por la que se reforma el artículo 73 y se adicionan dos párrafos al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conferirle autonomía al INEGI. Presentada por el diputado Manuel Espino Barrientos, PAN. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 389 votos en pro, el martes 4 de octubre de 2005. Votación. Devuelta a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 77 votos en pro, el jueves 24 de noviembre de 2005. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de abril de 2006. Gaceta Parlamentaria, número 1115, miércoles 23 de octubre de 2002. (772)

Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, Convergencia. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 1762, viernes 27 de mayo de 2005.
Que reforma los artículos 26, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Horacio Martínez Meza, PRD.
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 1895-I, jueves 1 de diciembre de 2005.
Iniciativa presentada por la diputada Martha Laguette Lardizábal, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 1893-I, martes 29 de noviembre de 2005.
Presentada por el diputado Abdallán Guzmán Cruz, PRD. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2056, lunes 24 de julio de 2006.
Que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Alejandro Chanona Burguete, Convergencia. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2111, jueves 12 de octubre de 2006.
Presentada por el diputado Edmundo Ramírez Martínez, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2234-IV, martes 17 de abril de 2007
http://www.leyparalareformadelestado.gob.mx

Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al Poder Legislativo. Presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 391 votos en pro y 5 abstenciones, el jueves 15 de abril de 2004. Votación. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 70 votos en pro, el miércoles 28 de abril de 2004. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 30 de julio de 2004.
Gaceta Parlamentaria, número 717, miércoles 28 de marzo de 2001.
De la transición al desencanto de la democracia en América Latina (PDF)Córdova Vianello, Lorenzo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Versión electrónica.

Federalismo fiscal: la permanente demanda local por descentralizar

2009-08-11T05:41:00.000-07:00

NETZAHUALCÓYOTL BUSTAMANTE SANTÍN

CONTENIDO
Página

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………

a) Las acepciones e interpretaciones del Federalismo

b) El Federalismo en el marco de la Reforma del Estado

c) La visión contemporánea del Federalismo

d) Los esfuerzos institucionales para revitalizar el Federalismo

e) Nuevos derroteros: federalismo fiscal y consolidación democrática

CONCLUSIONES

Bibliografía

INTRODUCCION

Desde su instauración como forma de gobierno en 1824, el federalismo en México es invocado para asegurar que bajo su fundamento, la unidad política y la convivencia social han permitido el eficaz desarrollo del país aún en condiciones de incertidumbre y crisis institucionales.
En su evolución reciente, el federalismo ha asumido un perfil que lo ha puesto a prueba como un vigoroso y adaptable sistema de organización del Estado; como mecanismo de distribución del poder político y como motor para impulsar la descentralización administrativa, política, económica y social.
El federalismo es un arreglo político, entendido como pacto o acuerdo para alcanzar mejores condiciones de desarrollo de sus partes integrantes.
Su importancia no es menor, pues se considera útil para el logro de la igualdad y la equidad; de la unidad nacional y el consenso político.
La complejidad de la organización federal es una de sus bondades pues facilita su aceptación por actores políticos con intereses contrapuestos.
La aciaga disputa por el futuro de la nación protagonizada por grupos de poder antagónicos en la primera mitad del Siglo XIX, se tradujo quizá en la prueba más extrema a que se hubo sometido al régimen federal en México.
Con todo, los saldos son invaluables. La gradual consolidación de una nación con una veintena de territorios que hacían valer desde entonces su soberanía interior en el marco de una federación y la reivindicación permanente de sus valores y sus principios ante el mundo, fueron posibles merced a la instauración de un modelo republicano de gobierno y a la adopción del principio federal como garante del desarrollo armónico de la sociedad y la estabilidad política.
El alcance y el peso específicos del federalismo no encuentran discusión alguna. Desde su decreto en 1917, la Constitución Política de México no ha sido objeto de reformas en un limitado número de artículos, entre ellos el 40 que precisa: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal (..)”.
Nadie discute sus ventajas y su asombrosa capacidad de movilidad y adaptabilidad en variopintas circunstancias. Aún más, cada oportunidad se le reconoce como garante de la soberanía nacional y se reafirma su capacidad de renovación, considerado su absoluta complejidad.

a) Las acepciones e interpretaciones del federalismo
El federalismo es ante todo una institución política, un principio o sistema de gobierno y forma de organización del Estado.
El federalismo real sugiere dejar escasas o pocas facultades al gobierno central, pero esenciales: seguridad nacional, política exterior.
Sólo por la vía del fortalecimiento del federalismo se puede combatir la anacrónica concentración de recursos y facultades en el poder central. El federalismo no se acota a un sistema de reparto de competencias entre los tres ámbitos de gobierno, concepción tradicional y estrictamente legal. Debe establecerse una nueva dimensión a partir de sus contenidos políticos, económicos y administrativos.
El federalismo como institución, ha cumplido con el papel histórico de mantener integrado al país. Ha sido la solución de equilibrio entre la unidad sin centralismo y el reconocimiento regional sin atomización.
Siendo el federalismo consustancial a la organización del Estado, la reforma de éste conlleva transformaciones en aquel.
Este trabajo se orienta al propósito de valorar los antecedentes y políticas de fortalecimiento del federalismo para ubicar en el momento actual sus contenidos, alcances y perspectivas a partir de dos nuevos derroteros del federalismo en el marco de la Reforma del Estado: reorientación de potestades y atribuciones hacendarias y consolidación democrática en los espacios locales de gobierno.
Debido a que es una agenda pendiente del Estado, el estudio del fortalecimiento del federalismo se sustenta en la concepción generalizada de asumirse como un tema de gran relevancia para el futuro de México.

b) El federalismo en el marco de la Reforma del Estado
Diversos estudios en torno a la Reforma del Estado han coincido en no reemplazar la actual Constitución, más bien sugieren modificaciones en los casos en que fuera necesario, y al establecimiento de un nuevo orden político a partir de una profunda renovación institucional, y que dicho proceso de cambio debe transitar necesariamente por la vía legislativa. Asimismo, que la democracia debe ampliarse hacia formas más abiertas y directas de participación en los espacios locales, y no solo a través del régimen de partidos.
La Reforma del Estado representa una ruta para la transición política de México, que para el caso, se asocia a un régimen negado a compartir el poder, implicando pasar de un régimen autoritario a otro con rasgos democráticos más abiertos y participativos. El Federalismo depende de la estructura democrática de Estado y de la representatividad debiendo asumirse como un soporte constitucional renovado.
La reforma del Estado en materia federalista debe impulsar el rediseño institucional e incentivar una mayor participación de las entidades federativas en el diseño de las políticas públicas generales.
Es imperativo pues, renovar los principios que soportan al Pacto Federal como estrategia y columna vertebral de la Reforma del Estado.
Asimismo, se precisa sentar las bases para la edificación de un federalismo auténtico en el que se reivindique la soberanía de los estados, en tanto integrantes del pacto federal.
Así, uno de los retos principales se asocia al establecimiento de una verdadera coordinación hacendaria entre el gobierno central y los gobiernos locales.
La reasignación de facultades empero, debe cristalizarse mediante los criterios de necesidades y capacidades locales, es decir, pugnar por una distribución equitativa, diferenciada y proporcionada de facultades y recursos a los estados en virtud de su perfil socioeconómico.
En el federalismo hacendario subyace un sostén fundamental de la Reforma del Estado, porque hace valer los principios del Pacto Federal, promueve la autonomía de los gobiernos locales y genera simultáneamente una relación de corresponsabilidad político-administrativa entre el gobierno central y las partes integrantes de la Nación mexicana.
Profundizar el federalismo y proponer alternativas de solución se traducen en el gran reto del complejo tema del federalismo hacendario.
Ante ello, los poderes federales y estatales deben tener definición clara de la Reforma del Estado.
Esta se traduce en la posibilidad de arribar a una modernidad política pero también representa un conjunto de acuerdos para el largo plazo en variopintos temas.
Solo así, el cambio en un proceso de transición se dará por la vía de la Reforma de las instituciones políticas y sociales.
Por todo ello, fortalecer al federalismo corre de manera paralela a la Reforma del Estado.
El fortalecimiento del federalismo es indispensable no sólo para hacer valer la libre autodeterminación al interior de las entidades federativas sino para mantener la gobernabilidad democrática en el País.
Si bien los resultados aún son magros, sientan un precedente afortunado en la consolidación gradual del régimen federal en un escenario radicalmente opuesto al que aconteció durante el Siglo XX caracterizado por la férrea concentración de poder.
Por todo lo anterior, no cabe duda que el resurgimiento del federalismo debe vincularse invariablemente con el proceso de Reforma del Estado.

c) La visión contemporánea del federalismo
No es un despropósito afirmar que en los años previos hubo una verdadera ausencia de un Estado auténtica y genuinamente federalista.
Como mecanismo de distribución del poder político, el federalismo devino insuficiente durante casi todo el Siglo XX. La disputa por el poder y la alternancia política fueron más evidentes en el decenio de los noventa, particularmente en el espacio municipal. Ya consolidada la democracia electoral en los tres ámbitos de gobierno, era menester avanzar en la redistribución de autoridad, responsabilidades, facultades, atribuciones, potestades, competencias, poderes, funciones y recursos acumulados en el gobierno federal a los niveles de gobierno estatal y municipal.
La redistribución sin embargo, ha sido entendida como federalización y esta como descentralización.
Tradicionalmente en México, se ha considerado que la descentralización está atada al federalismo. Alrededor de ello existe un riesgo evidente: la federación puede asumirse débil tanto por una ilimitada descentralización como por carencia de ella.
El federalismo no es sinónimo de descentralización; la naturaleza de un sistema federal es cooperación, corresponsabilidad y complementariedad; empero para el caso mexicano un nuevo equilibrio federal requiere un proceso previo de descentralización. A diferencia de otras iniciativas, en ésta el centro no puede imponerse inexorablemente.
Se estima que si la descentralización se alcanza efectivamente, el federalismo se logrará plenamente.
Si bien es cierto que el centralismo es una condición que impide el desarrollo local, ello no implica que la descentralización sea precisamente el instrumento más eficaz para promover un desarrollo local más vigoroso.
La discusión en torno al conflicto “centralismo contra federalismo” empieza a ser superada por un debate que propone nuevas rutas y horizontes por donde habrá de orientarse un federalismo renovado y fortalecido.
El proceso de transformación del régimen federal empero, no es aislado. Se asume como parte de una gran reforma de carácter integral que pretende estatuir métodos más dinámicos de organización del sistema de gobierno en su conjunto y de las relaciones de poder así como dotar de mejores instrumentos a la sociedad para la consolidación de cambios en los patrones económicos, políticos y culturales.
La Reforma del Estado resulta así, una ambiciosa propuesta de rediseño institucional bajo un espíritu de absoluta observancia al marco normativo y legal y con pleno respeto a la tradición republicana y federalista adoptada por el país desde hace 180 años.

d) Los esfuerzos institucionales para revitalizar el Federalismo
Si bien ha sido referente común en el análisis del sistema político mexicano, en tanto forma de organización del Estado, el federalismo hubo sido relegado durante buena parte de la época posrevolucionaria.
Hacer válido el fundamento del federalismo (un pacto entre poderes soberanos que acuerdan ejercerse y coexistir con respeto mutuo dentro de un mismo territorio) era interpretado como una cesión costosa y altamente riesgosa de parte del gobierno central hacia el conjunto de entidades federativas.
Pero no sólo atentaba o amenazaba la permanencia y preeminencia del grupo político que gobernó ininterrumpidamente el país durante el último siglo, representaba una forma de conceder u otorgar atribuciones y un reconocimiento a la autoridad, así como una contribución, a alentar la supremacía de las fuerzas políticas regionales.
La gran enseñanza de la Revolución se vinculaba con el excesivo dominio y control que sobre su jurisdicción tenían algunos gobernadores, mayoritariamente del norte del país, frente a las directrices emanadas del centro.
Los sucesivos gobiernos nacionales encabezados por militares revolucionarios en la primera mitad del Siglo XX, tenían muy claro que había que mantener un predominio frente a las regiones para garantizar la estabilidad política y la permanencia en el poder.
El centralismo así, encontraba en el sistema federal una noción contrapuesta a su forma de operar y coexistir, pero también un nicho ideal para su hegemonía.
Quizá sólo en el discurso pero nunca en la práctica, el federalismo tuvo una regular presencia que era antídoto contra su desmemoria.
Solo hasta el finalizar el atípico Siglo XX se esbozaron iniciativas y propuestas para ubicar al federalismo en el centro del debate y la agenda nacionales.
La lógica política allanó el camino. Los triunfos de partidos opositores en el espacio local impulsaron una demanda común por reconsiderar al federalismo como un concepto integral que proyectara alternativas al rumbo social, económico y político del conjunto nacional.
La descentralización administrativa se materializó como el primer paso hacia un entorno de mayor participación entre los gobiernos estatales y el central. El objetivo próximo era afianzar esa descentralización y estimular la de tipo fiscal, presupuestal y político.
Los resultados han sido magros, pero sin duda alentadores y encomiables considerando apenas un decenio en la búsqueda por replantear nuevas formas de federalismo en un entorno de mayor reivindicación de las soberanías locales frente al decadente centralismo.
Al principiar su mandato, el Presidente Ernesto Zedillo se propuso una cruzada a favor de la descentralización y la revaloración del federalismo como efectivo e insustituible principio de gobierno.
El 29 de marzo de 1995 en un memorable discurso afirmó “Hoy en México el centralismo es opresivo y retrógrado, socialmente insensible e ineficiente. Por eso es mi convicción que en el umbral del Siglo XXI México debe avanzar hacia un renovado federalismo; (..) Es mi convicción que el Gobierno Federal debe ceder espacios reales de acción gubernamental a los estados y municipios y que ello no significa debilitamiento de su autoridad”.
Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establecía que para llevar a cabo el federalismo renovado era necesario emprender una profunda redistribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.
Atendiendo lo anterior, se decretó el 6 de agosto de 1997 el “Programa para un Nuevo Federalismo” que planteaba una serie de estrategias y líneas de acción en múltiples ámbitos de la administración pública y asuntos de importancia común a los estados y el gobierno central.
Aunque no se desarrollaron las propuestas sugeridas en el documento, hubo en cambio algunos avances en la descentralización del gasto federal y en los rubros de educación y salud, entre otros.
A su vez, el proceso de descentralización se acompañó de una sistemática reducción en la inequidad en la asignación de los recursos.
A ello contribuyó en forma decisiva, la aprobación el 14 de diciembre de 1997 de la adición de un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal que crea el Ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con cinco fondos inicialmente.
Adicionalmente, una trascendente reforma constitucional al Artículo 115 en junio de 1999 permitió que por primera vez el municipio se consolidara como un orden de Gobierno y dejara de ser una simple división administrativa de los estados. Así, los municipios cuentan desde entonces, con facultades más amplias para cobrar algunos impuestos, para emitir reglamentos y para participar más activamente en el desarrollo urbano y regional. Esta misma reforma, a propósito, eleva a rango constitucional la participación ciudadana en las acciones de los gobiernos municipales.
El impulso revitalizador al federalismo del pasado sexenio perfiló un interés indiscutible en la actual administración presidencial.
Igual que su predecesor, el gobierno de Vicente Fox favoreció en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 una propensión hacia el federalismo como forma de organización política.
En el Plan, el federalismo es una de las cinco normas básicas de acción gubernamental al tiempo que establece la obligación de presentar un programa que cubra de manera detallada la línea de acción de esta administración en materia de federalismo.
Con ese mandato, en 2002 fue presentado el “Programa Especial para un Auténtico Federalismo 2002-2006” que en su contenido ofrece respuestas a los interrogantes de lo que se ha hecho y falta por avanzar en materia federalista.
Otro impulso destacado en materia de descentralización está relacionado con la redistribución de facultades y atribuciones en materia fiscal.
El 28 de octubre de 2003, el gobierno federal emitió la convocatoria para la participación de estados y municipios en la denominada Convención Nacional Hacendaria que arrancó trabajos el 5 de febrero posterior y presentó sus conclusiones el 17 de agosto de 2004.
Estructurada en 7 mesas de trabajo, la Convención presentó recomendaciones atendibles y propuestas notables para la resolución de las demandas vinculadas con la inequidad fiscal y la resistencia central a ceder mayores facultades hacendarias a estados y municipios.
Las sugerencias y consejos emitidos por la Convención empero, no han tenido los resultados esperados. No ha habido reformas constitucionales relativas a perfeccionar y a distribuir de manera óptima facultades tributarias como lo mandató la Convención Nacional Hacendaria. Hubo sí, el compromiso de organizar la reunión, pero nunca la voluntad para instituir y cristalizar sus resolutivos.
Acaso en el ínterin del encuentro hubo un significativo avance en materia presupuestal. El 30 de julio de 2004 se decretó una reforma constitucional al Artículo 74 que dispone en su fracción IV presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre y su aprobación el 15 de noviembre previos al inicio de un ejercicio fiscal.
Ahora los estados no sólo conocen con anticipación el monto de recursos federales que les corresponden, sino que existe mayor certidumbre sobre el gasto a ejercer y con ello, la elaboración más exacta de los presupuestos locales.
Los avances pues, aunque modestos, entrañan un interés real de los dos últimos gobiernos federales por atender y procurar una política de Estado afín a la aspiración común del orden federal, estatal y municipal de gobierno: equidad y cooperación en la corresponsabilidad, la diversidad y pluralidad.

e) Nuevos derroteros: federalismo fiscal y consolidación democrática
El federalismo ha cobrado un nuevo sentido político y una proyección económica y social distinta a la de sus orígenes.
La evolución del sistema federal no ha podido constituirse en factor de igualdad y equidad económica y social. Acaso pueda afirmarse que en casi 200 años de vida en el país, el federalismo y su vertiente fiscal como simiente del equilibrio regional no han logrado su cometido: aunque vela por los intereses comunes de la colectividad, no ha sido capaz de ofrecer condiciones para una vida democrática plena, ni garantizar la solución a una multiplicidad de problemáticas en los estados, en el entendido de que gracias a estos encuentra su razón de ser. Problemáticas no de razón económica porque no es un modelo económico sino de bienestar integral y de mejores condiciones para la coexistencia política y social.
Se ha sostenido con insistencia durante los últimos años que debido a la falta de consistencia y a que no ha podido tomar forma, el federalismo será descartado gradualmente y sólo conservará la forma para dar lugar a nuevos sistemas que se adapten a la problemática actual del País. No existe sin embargo, para la realidad política mexicana otro modelo de organización social y estatal que se adapte mejor a los actuales retos y desafíos que encara la sociedad toda.
Un avance en los procesos de modernización económica y política, acaso solo parece emprenderse con un rediseño y reequilibrio del federalismo mexicano, y los elementos hacendario y fiscal devienen fundamentales en el proceso. Igualmente se debe fortalecer la capacidad institucional y no sólo administrativa de las entidades federativas.
Si bien se acepta que no se ha renovado o perfeccionado, la discusión recurrente, abundante, permanente y sistemática en torno del federalismo estimula su trayectoria y perspectiva con la apuesta de su fortaleza y en la coincidencia de una realidad incontrovertible, México encuentra en el federalismo una explicación lógica a su circunstancia y devenir históricos y a lo que representa como República.
Aunque formalmente establecida en la Constitución, la vigencia práctica del federalismo es limitada e incluso, nula. Existe divergencia entre el arreglo constitucional de carácter federal plasmado y la práctica política efectiva o la vigencia real del federalismo, en un momento explicada por la negativa a compartir el poder. Distorsionada la separación federal de poderes en este contexto, no estableció mecanismos mutuos de control entre ellos y sí en cambio, espacios de complicidad.
Desde la doctrina y la ciencia política se coincide en el hecho de no plantear cambios sustanciales a las características generales del modelo de régimen federal establecido por el estatuto constitucional. Existe en cambio, disenso en cuanto a ciertas disposiciones particulares de la Constitución que se supone afectan la organización federal; en cambio, todos denuncian las prácticas centralistas que violan la Constitución en detrimento del principio federal de organización política.
Por otro lado, contra la tendencia a privilegiar, en el análisis del federalismo, los aspectos administrativos y fiscales, varios autores reaccionan en forma enérgica. Al destacar la importancia de la distribución de recursos y atribuciones de gobierno, parece haber una tendencia a considerar que ésas son las primeras medidas necesarias para fortalecer el federalismo mexicano, dejándose de lado el insoslayable tema de la democratización de los poderes formales en los tres espacios de gobierno. Algunos autores establecen claramente la distinción entre lo que es el federalismo propiamente dicho y la forma en que se distribuyen las facultades de gobierno y los recursos fiscales. De acuerdo a sus análisis, lo distintivo del federalismo es su condición de arreglo político. De ahí su insistencia en analizarlo, sobre todo, bajo ese carácter.
Una razón que explicó la debilidad del federalismo mexicano lo debe a una característica peculiar: una misma fuerza política tenía presencia predominante en prácticamente todos los niveles de la estructura política establecida por la Constitución.
¿Cómo modificar la actual debilidad del federalismo mexicano? Si lo que debilita al federalismo es la omnipresencia de la presidencia de la república, entonces lo que se necesita para fortalecerlo es debilitar, moderar o acotar el presidencialismo.
Multicuestionado, con mayores mecanismos de vigilancia y control y bajo un intenso escrutinio público, a partir de 2000 en la medida en que el poder presidencial ha cedido a su preponderancia y peso tradicionales, el federalismo en México ha encontrado avances de manera concomitante.
Así, todo indica que democracia y federalismo se sostienen mutuamente.
Por ello se vislumbra más favorable el horizonte para el federalismo a partir de 2000, sobre todo porque a partir de entonces, ha sido más evidente una gradual aunque lenta, distribución del poder político en casi todos los estratos de la esfera pública.
Descentralizado el poder, hoy las autoridades locales de todos los partidos políticos se han hecho más independientes respecto del centro, pero consecuentemente han reproducido esquemas rígidos de poder en sus jurisdicciones.
La excesiva concentración del poder en México parece estarse trasladando del espacio federal al local. El autoritarismo que ya no ostenta el titular del ejecutivo federal se desplazó a los estados y aquí se ha acrecentado, transformándose gradualmente en “caciquismos regionales”.
Por ello, entre los temas que debe atender el federalismo prioritariamente, deviene indispensable no sólo destinar más dinero a estados, sino plantear estrategias para reformar y hacer válido el control político de congresos estatales a gobernadores.
La pluralización del federalismo mediante triunfos de partidos opositores en los gobiernos estatales ha contribuido a alentar su desarrollo reciente, pues éste sólo puede potenciarse y proyectarse en la pluralidad política. Y la alternancia política en los espacios locales de gobierno consecuentemente, permite revalorar la importancia del federalismo.
El aumento en el debate acerca de la distribución de recursos fiscales y atribuciones administrativas es una consecuencia de ese hecho.
Hoy el federalismo como soporte de la existencia misma del Estado en México, debe ser impulsado no solo por su relevancia para la convivencia y estabilidad política mutua entre ámbitos de gobierno sino porque hoy “a diferencia del Siglo XIX, el federalismo se bate sin enemigo al frente” hecho que lo hace más factible promover su renovación y aumentar las expectativas de su transformación.
Por todo ello, no cabe duda que analizar y revisar el debate actual en torno del federalismo mexicano es una forma de acceder a la discusión más general sobre el cambio político en el país.
Por el contrario, la debilidad del federalismo es concebida como una debilidad de los estados frente a la federación. En la realidad cotidiana, su autonomía se asume tan débil que se le considera inexistente.
Buena parte de los estudios sobre el federalismo proponen modificar la distribución de las competencias gubernamentales y con ello aumentar los recursos fiscales y las atribuciones hacendarias de los estados, y otros sugieren democratizar los espacios de acción pública gubernamentales, principalmente en la arena política municipal.
Quizá en el fortalecimiento del poder legislativo puede encontrarse una importante fuerza motriz para estimular el principio federal pues ahí se gestan la institucionalización de los procesos democráticos y la consecución de iniciativas y reformas en variopintas materias de incumbencia legislativa.
La fuerza valorativa contemporánea del federalismo mexicano es una garantía contra el abandono definitivo de la organización federal. Y es a su vez, el inicio de un horizonte de oportunidades para su restauración y reinstauración.
Así, la democracia debe entenderse como complemento natural y elemento intrínseco del federalismo y la redistribución hacendaria elemento para su soporte.
En énfasis actual en el federalismo se explica por la etapa de cambio político que se vive en el país. Si se percibe que el régimen está cambiando, es razonable pensar que también lo hará la vigencia del federalismo.

CONCLUSIONES

Quizá hoy día es necesaria una reforma de la Reforma del Estado en México.
Los nuevos modelos institucionales que demanda el País deben vincularse con las capacidades de cada uno de los ordenes de gobierno para hacer frente de manera eficaz y responsable a las complejas y variadas demandas ciudadanas.
Hace más de una década, el proceso de reforma del Estado se dirigía a desarrollar propuestas vinculadas con el tamaño del aparato burocrático y la propiedad pública sobre los medios de producción. Los planes de ajuste estructural orientados al adelgazamiento del gobierno y la administración pública toda, fueron alentados por una serie de estrategias que, apelando a la Reforma, sugerían un cambio de rumbo del modelo económico con fuerte intervención estatal.
Posteriormente, la Reforma fue impulsada por aquellos que pugnaban por procesos electorales equitativos e independientes.
Existe un sinnúmero de temas que se han agregado a la agenda de la Reforma que reconociendo una nueva dinámica social deberá simultáneamente adaptarse a nuevos retos y desafíos, fundamentalmente vinculados con la consolidación de la transición política posterior a la alternancia en el ejecutivo federal en el año 2000.
En materia de federalismo existen dos derroteros que contribuirán a vigorizar y reafirmar su esencia como modelo: los procesos de descentralización, señaladamente la vertiente hacendaria y la consolidación de la vía democrática.
El federalismo del presente debe mostrar un acusado rasgo de equidad, corresponsabilidad y cooperación. Sólo de esta manera podrá encarar una realidad cada vez más compleja en los tres órdenes de gobierno: el rediseño y revisión de la administración pública en el ámbito federal; el replanteamiento del papel de los congresos en el estatal y la democratización de los espacios de acción pública en el entorno municipal, asegurando en los tres casos una genuina participación ciudadana.
No se ha logrado aún hacer del federalismo una verdadera política de Estado, si bien los esfuerzos institucionales reseñados dan cuenta de un interés cada vez mayor por enriquecer la discusión respecto del nuevo papel del federalismo en México.
Esa falla está asociada a la construcción unilateral de los derroteros del federalismo. Sólo con la participación amplia de gobierno (estados y municipios) y sociedad (a través de su presencia en comités ciudadanos) el federalismo podrá fortalecerse eficaz e íntegramente. Si las estrategias e iniciativas provienen del gobierno central, los esfuerzos por más loables que sean, toparan nuevamente con escaso respaldo de otros entes institucionales.
La experiencia empero indica que aún con la participación abierta y colectiva, las iniciativas encuentran un muro en la disputa política y en la incesante búsqueda por el control del poder, tal como se ha manifestado con las recomendaciones emitidas por la Convención Nacional Hacendaria.
Es claro que la descentralización y transferencia de recursos entre niveles de gobierno no son incentivos suficientes para afianzar un verdadero federalismo. Es menester contribuir a la construcción de una cultura democrática regional que encuentre en los valores de la equidad, la justicia y el bienestar o en políticas de transparencia y rendición de cuentas, incentivos para su auténtico desarrollo y plena vigencia.
Sólo en el federalismo es posible distribuir efectivamente los recursos públicos a otras instancias de gobierno, e igualmente, sólo en el federalismo es posible distribuir equitativamente el poder público entre los tres ámbitos de gobierno.
El federalismo pues, no debería asumirse más como sinónimo de debilitamiento del Estado, sino como un instrumento que permita la fortaleza y revitalización del régimen federal en ánimo de salvaguardar la enorme y rica diversidad cultural y regional. Un federalismo más pleno y vigoroso cobra verdadero sentido sólo si contribuye a fortalecer la unidad nacional.
No hay duda que el federalismo es el mejor modelo de organización política para este país, la convulsa historia así lo confirma, pero es también la mejor organización para robustecer la unidad de la Nación.

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Erisipela mexicana

2009-07-28T08:29:00.000-07:00

Julieta Camacho Granados

El momento más peligroso para un mal gobierno
es cuando empieza a reformar.
Alexis de Tocqueville

México en este momento se encuentra enfermo de erisipela: inflamado, enrojecido y con fiebre. A ciento noventa y siete años de la Independencia de este territorio con relación a España, y a noventa y siete años de la Revolución, este país atraviesa por un importante proceso de curación que nos marcará definitivamente: la Reforma del Estado.

Actualmente vivimos un suceso sin precedentes: el gobierno ha entrado en crisis, necesita rescatar la gobernabilidad y legitimidad perdidas, por ello la manera de reparar el daño y refrendar su poder es a través de la Reforma del Estado, que constituye un mecanismo de transformación constitucional que, de alinearse a la realidad y a las necesidades de este país, puede desembocar en modificaciones fructíferas, útiles y sobre todo benéficas para la sociedad mexicana en su conjunto.
Es importante destacar que tanto la Independencia, como la Revolución fueron hitos en la historia de México que incidieron sobre el aparato gubernamental, pues ambas, en su propio contexto, dieron paso a regímenes de gobierno diferentes a los que tenían y a movimientos sociales sin precedentes. Sin embargo, estas transformaciones gubernamentales sólo pudieron ser posibles a base de cruentas luchas, que se desarrollaron en medio de sufrimiento generalizado, inestabilidad social, hambre, traiciones y toda una serie de factores nada gratos. México siempre ha estado acompañado de sangre y dolor en los cambios sociales, por ello es importante destacar que la Reforma del Estado constituye el primer intento de cambio que se lleva a cabo de manera pacífica, institucionalizada y legal.

Para hablar de Reforma del Estado, debemos entender que el Estado, en su concepción más laxa, se compone por una sociedad situada en un territorio regido por una autoridad. Siguiendo a André Noel Roth “el Estado es una institución que formaliza unas reglas de juego en ámbitos que pretende regular” (2006:19), por ello es de vital importancia saber que se creó, a iniciativa del poder Legislativo, la Ley para la Reforma del Estado encargada de establecer mecanismos para coordinar este proceso transformador. Parte fundamental de estos trabajos la constituyen las propuestas sobre los temas que giran en torno a la Reforma del Estado presentadas por algunos ciudadanos y los partidos políticos. Muy importante es conocer dichas proposiciones, pues en base a ellas podemos identificar los aspectos en los que existe desacuerdo social y ánimo de cambio, así como las soluciones que se ofrecen y la viabilidad de las mismas; debo mencionar que un asunto que ha provocado debate es la adopción de un régimen semipresidencial para dejar de lado el presidencialismo empedernido que tenemos y dar paso a una nueva forma de organización política, ¿es posible?, ¿resultaría conveniente?.

Por su trascendencia, la Reforma del Estado debe ser planeada y tener vistas hacía la construcción de un futuro más promisorio, por ello, es imprescindible que los actores políticos se olviden del profundo protagonismo que ha imperado desde muchos siglos antes, y es necesario que sus propuestas sean objetivas y se ajusten a la realidad.
México ya no soporta más incongruencias, ni engaños, mucho menos espejismos; se requieren soluciones democráticas que contribuyan al desarrollo social del país. Mi objetivo es proporcionar fundamentos basados en el devenir histórico de nuestro país respecto a la forma de organización gubernamental, pues bien sabido es que el pasado de una Nación invariablemente forma el presente que después establecerá el futuro. No podemos plantear propuestas sin antes observar el proceso histórico que nos ha creado, mucho menos si no hemos analizado el pasado y desconocemos la realidad imperante en nuestra sociedad.

Un vistazo
La sociedad tendrá que vivir para el Estado;
el hombre, para la máquina de gobierno.
José Ortega y Gasset

México es un país híbrido producto del mestizaje impuesto, obviamente tenemos un serio raigambre cultural establecido que ha definido el rumbo del país. Resulta necesario recurrir a la historia para comprender a fondo el comportamiento de los regímenes gubernamentales y su legado hasta nuestros días.
No pretendo ser exhaustiva en este sentido, mi objetivo consiste en revisar someramente la conformación de la actualidad a través de nuestro pasado e identificar las principales características que hemos tenido en la construcción de las formas de Gobierno por las que ha transitado México.
Es menester recordar que en las culturas de la época prehispánica, la más alta autoridad era representada por el huey tlatoani, quien era el soberano, dueño de vastos poderes de toda índole y estaba al mando de la administración y organización de su respectivo grupo social. A raíz de la conquista realizada por los españoles en el siglo XVI, se modificaron notoriamente las formas de organización social existentes hasta entonces, dando origen a la Nueva España, sitio donde acontecían lamentables situaciones para los habitantes nacidos en este continente, quienes deseaban tener acceso a mejores condiciones de vida. Surge así el movimiento de Independencia que rompía los vínculos con España y devino en la reestructuración de este territorio y sus formas de organización social; esta lucha dio origen a una serie de ordenamientos que han marcado la delimitación de los poderes en México .
Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas” con la Independencia, pues Lázaro Gutiérrez de Lara señala al respecto que “era tan claro que tal Independencia era el único medio para conservar los intereses de la clase privilegiada en México, que sin vacilación los grandes designatarios del clero, del ejército y del gobierno, echaron todo el peso de su influencia para llevarla a cabo pues era el único camino que los podía librar del dominio del gobierno liberal de España.” (2003: 53)

Por otro lado, por la influencia proveniente del pensamiento europeo predominante, los ordenamientos surgidos a partir de 1810 establecen la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, a excepción de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 que instaura un Supremo Poder Conservador.
Un siglo después, se originó la Revolución Mexicana, que a su vez, también ayudo a conformar un régimen diferente, ello derivo en la consolidación de la Constitución de 1917, que reforma la de 1857, lo que represento, en parte, un salto sobre el eje ya conocido. Este hecho se considera un parteaguas en la historia de México, puesto que las condiciones requerían de un caudillo que recuperara la estabilidad social, cuya legalidad quedo señalada en la Constitución.

Cabe señalar que toda transformación social ha surgido por iniciativa de sectores determinados los cuales buscan prosperar sus intereses, pues como atinadamente señaló Lázaro Gutiérrez de Lara “jamás se ha llevado a cabo una verdadera revolución social por aquella clase de la sociedad cuyos intereses no sean favorecidos directamente” (2003: 28). Es triste pero los cambios en el sistema se inician por los posibles beneficiados, no por el interés concreto de una realidad más prospera; hoy día la Reforma del Estado no es excepción, pues en este momento la autoridad pública resiente la enfermedad de México y debe hacer lo posible por conservar su poder. Yves Meny y Jean Claude Thoening resultan vigentes al señalar que “la autoridad querrá reforzar los valores sociopolíticos que legitiman su acción ante el pueblo, pero evitará traer todo problemas que no contribuya al mantenimiento de su poder”.

Presidencialismo
Actualmente el grueso de la población identifica al Presidente de la República como el poder supremo, pues se tiene la idea de que es un ser omnipotente que todo lo puede con tan sólo desearlo. Tal idea se consolidó a partir de la hegemonía en el poder del partido dominante que demostró la superioridad del Presidente en todos los ámbitos, pues “el Presidente es la pieza clave del sistema político y tiene un enorme predominio sobre los otros elementos políticos que configuran al propio sistema” (Carpizo, 1987:24).
“El amplísimo poder del presidente proviene no solo de las facultades que acertada o desacertadamente le dan las leyes, sino de otras facultades” (Cosío Villegas,1981:24), pues la Constitución no define cabalmente sus atribuciones actuales, y se ha exagerado en el principio de que “lo que no esta prohibido, esta permitido”. Daniel Cosío Villegas indica que el sistema presidencial se basa en una división estricta de los poderes (1981:27), pues si no existieran otros o si todos se concentraran en uno, sería todo menos presidencialismo. De acuerdo con Jesús Silva Herzog Márquez, las características básicas del sistema presidencial son: a)los poderes son recíprocamente independientes, b)el Presidente es al mismo tiempo Jefe de Gobierno y Jefe del Estado, c)el Presidente es electo por el pueblo, el Congreso no interviene en la elección presidencial; por ello, el Ejecutivo no depende del apoyo de la mayoría del Congreso, d) el Presidente no puede disolver constitucionalmente el Congreso ni el Congreso puede pedir la renuncia del Presidente y cada uno de los poderes tiene un mandato por tiempo determinado, e) los miembros del Gabinete Presidencial no pueden formar parte del Poder Legislativo, (1996:28).

A lo largo de la historia, se ha tendido a establecer la figura de una persona todopoderosa que determine y conduzca la vida de la sociedad; no se ha cuidado el equilibrio de poderes, sino que se ha puesto atención solamente en la división. Se enraizó la idea de que la mejor manera de organizar al Gobierno en este país es el presidencialismo, y claro, en gran medida es cierto; sin embargo, la realidad es que hoy estamos ante condiciones diferentes que reclaman un verdadero equilibrio y cooperación entre los Poderes de la Unión, por ello no es viable el fortalecimiento del Poder Ejecutivo tal como lo propone el Partido Acción Nacional en el marco de propuestas para la Reforma del Estado, pues debemos avanzar sobre un línea democrática -que ellos tanto dicen defender- y alejarnos de los intereses de unos cuantos; pues una vez más se comprueba que el partido tiene esa intención debido a que hacer más fuerte al Ejecutivo le representa beneficios inmediatos puesto que el actual Presidente pertenece a ese partido.

Semipresidencialismo
El sistema semipresidencial ha resultado conveniente para algunos países, v.g. Francia y Alemania. Dentro de las características más representativas de este modelo gubernamental, están las figuras del Presidente y del Primer Ministro, quienes comparten una esfera de responsabilidad y poder público. Siguiendo a Giovanni Sartori podemos referirnos al régimen semipresidencial sólo si existen: un Jefe de Estado representado por el Presidente, el cual es elegido por voto popular, y si tenemos la presencia de un Primer Ministro, con quien el Jefe de Estado comparte el poder. Dicha estructura define tres características: a) el Presidente es independiente del Parlamento, no se le permite gobernar solo o directamente, b) el Primer Ministro y su Gabinete son independientes del Presidente, toda vez que dependen del Parlamento; y c) permite balances de poder.
Como vemos, el poder en el sistema semipresidencial recae en dos personas, aspecto que en México no es viable, puesto que se ha acostumbrado a la figura omnipotente del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las experiencias anteriores -vicepresidentes- no han sido nada gratas, resultando en ambiciones y traiciones. Sin embargo, para dar cabida a este sistema, algunos partidos políticos dentro de sus propuestas para la Reforma del Estado, presentaron la posibilidad de implementar la figura de Jefe de Gabinete.

El Partido Revolucionario Institucional propone que el nombramiento y remoción del Jefe de Gabinete sea hecha por el Ejecutivo Federal y ratificado por la Cámara de Senadores; quien asumirá, con derecho a voz, la representación del Gobierno Federal ante el Congreso.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática propone expresamente la creación de un régimen semipresidencial, donde el Poder Ejecutivo este integrado por el Presidente y el Jefe de Gobierno, quien sería ratificado por el Congreso y nombrado por el Presidente. Los partidos políticos más pequeños plantean lo siguiente: a) Partido Convergencia: analizar cuidadosamente la conveniencia de incorporar la institución de gobierno de gabinete; b) Partido del Trabajo: propone transitar a un régimen semipresidencialista, donde las funciones de nombramiento que corresponden al Presidente, sean ratificadas por el Congreso de la Unión; c) Partido Nueva Alianza: creación de la figura de Jefe de Gabinete de Ejecutivo Federal ratificado por el Congreso; d) Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina: incorporación de la figura de Jefe de Gabinete, como responsable de la coordinación entre la Administración Pública Federal y el Congreso, designado por la mayoría del Poder Legislativo a propuesta del Presidente .

¿Se podrá?
Definitivamente, la solución a los problemas nacionales no es el cambio de régimen, eso me remonta a la frase coloquial de que es más fácil “aventar la toalla”; considero que los partidos políticos están llegando a extremos: por un lado, el que desea empedernir aún más el sistema presidencial panista a la mexicana, (que, por cierto, ya no resiste las tensiones sociales por las que atraviesa); y por otro lado, los otros partidos que confían en la creación de la figura de Jefe de Gabinete y apuestan por la instauración de un régimen semipresidencial. Ambas propuestas están fuera de la realidad y del contexto social, pues no pueden implementarse ya que a través de los años este país se ha regido bajo la división de poderes que supone un ámbito específico de acción para cada uno, pero, también, una cooperación y equilibrio entre ellos.
La propuesta no es funcional, ni mucho menos conveniente, puesto que los partidos señalan que el Jefe de Gobierno será propuesto por el Presidente, eso da paso a que ambos pertenezcan al mismo partido político o tengan coincidencias políticas plenas, lo cual no representa ningún esquema de contrapeso o de balance en el actuar del Ejecutivo, mucho menos una opción de vinculación entre ambos poderes; por el contrario, es probable que el Ejecutivo se fortalezca todavía aún más con el apoyo del Jefe de Gobierno. Asimismo, ni la ratificación del Jefe de Gobierno por parte del Congreso puede salvar al país de una mancuerna bien elaborada, puesto que si la mayoría esta representada por el partido al que pertenece el Presidente, es más probable que se admita sin chistar y en consecuencia tendremos más personas dentro del Gobierno de un mismo partido cerrando todavía más la posibilidad de participación de otros actores. En otra visión todavía más meticulosa de la situación: representa un gasto innecesario más para los mexicanos y un aumento de burocracia y protagonismo que seguirá indicaciones del Presidente en turno y de su partido. De implementarse, seguramente ya conoceríamos al nuevo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, es necesario que los integrantes de los Poderes de la Unión cambien su cultura política, pues agrediendo y peleando no se resuelven los conflictos, al contrario: se hacen más. Un sistema semipresidencial sí puede instaurarse, pero no es conveniente, sólo será favorable en la medida en que los legisladores aprendan a tratarse con respecto y a trabajar en equipo. Debe quedar claro que la opción no es fortalecer al Ejecutivo, ni mucho menos cambiar de régimen; la alternativa más prospera que en este momento se tiene, consiste en mejorar el desempeño de los Poderes de la Unión para lograr una verdadera convivencia y alcanzar consensos; se deben hacer reformas para equilibrar realmente los poderes y hacerlos más eficientes en sus respectivas tareas.
Quienes proponen y creen que México puede convertirse al régimen parlamentario les digo que busquen otras soluciones que sean realmente acordes con la situación actual del país y coherentes con la formación política de los ciudadanos y sus legisladores. La proposición de instaurar un sistema semipresidencial a través de la creación de un Jefe de Gabinete, no resulta práctico, ni representa una opción de avance real para el país y la democracia.

Conclusiones
El sistema presidencial es un sistema acabado, que ya no puede estirarse, no da para más, reconozco que fue útil hace tiempo, pero hoy el discurso político gira al rededor de la democracia, la pluralidad y la equidad, por ello no es coherente que todo el poder público cínicamente recaiga sobre una sola persona, es necesario establecer los mecanismos que ayuden al verdadero equilibrio de poderes de la Unión.
La erisipela por la cual atraviesa México, sólo podrá sanar si esta Reforma del Estado se concreta en modificaciones apegadas a la realidad que puedan ser traducidas en la resolución de los problemas más sensibles y de urgente resolución para el país. Destaco la intención y celebro este primer paso, que añoro pueda ser el inicio de una verdadera reforma para el desarrollo de México.

Referencias
• Arnaiz Amigo, Aurora, (1979), Estructura del Estado, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México.
• Arnaiz Amigo, Aurora, Historia Constitucional de México, Editorial Trillas.
• Carpizo, Jorge, (1987), El Presidencialismo Mexicano, Siglo Veintiuno Editores, Séptima Edición, México.
• Corona, Ulises, Ponencia “Semipresidencialismo” del 8 de agosto de 2007, presentada en el Auditorio Norte de la Cámara de Diputados.
• Gutiérrez de Lara, Lázaro, (2003), El Pueblo Mexicano y sus Luchas por la Libertad, Textos clandestinos, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Primera Edición Facsimilar, México.
• Ley para la Reforma del Estado, (2007), Propuestas de los Partidos Políticos Nacionales en materia de Reforma del Estado, Tomo 1 y 2, Senado de la República, Primera Edición, México.
• Meny, Ives y Jean Claude Thoening, Las Políticas Públicas, Editorial Ariel, Barcelona, página 111.
• Ortega y Gasset, José, (1989), La Rebelión de las Masas, Colección Austral, Espasa Calpe Mexicana, México.
• Roth Deubei, André Noel, (2006), Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación, ediciones Aurora, Quinta edición, Colombia.
• Sayeg Helú, Jorge, (2005), Introducción a la Historia Constitucional de México, Editorial Pac, México.
• Silva Herzog Márquez, Jesús, (1996), Esferas de la Democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México.
• http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?pais=Mexico&indice=constituciones

El semipresidencialismo

2009-07-15T07:52:00.000-07:00

RICARDO IBARRA DELGADILLO
DOCTORADO EN DERECHO IIDE GUADALAJARA

Se ha vuelto común preguntar si existe o no una franca distinción entre régimen parlamentario y régimen semipresidencial; si con esa operación se intenta oponer dos modelos distintos de conformación política, pues. lo que es dado en llamarse en lenguaje corriente “régimen semipresidencial” es una forma de democracia parlamentaria, caracterizada en todo caso por dotar de un peso particular al jefe de Estado. Ahora bien, que si lo que se busca es demostrar en qué sentido ese peso particular puede influir en la separación de poderes, considerada esta última todavía como uno de los elementos indispensables de la democracia, la respuesta es tal vez más fácil de construir.

La denominación de “régimen semipresidencial” fue introducida por Maurice Duverger como parte de su conocida clasificación de los regímenes políticos. Aquella mención apareció por primera vez en 1977, en su libro intitulado Jaque al Rey, donde el autor se daba a la tarea de reunir en esta nueva categoría a seis países de Europa Occidental (al incluir, además de la V República francesa, a Finlandia, Islandia, Irlanda, Portugal, Austria; y en el pasado, al régimen de Weimar). La característica común a todos estos países era la existencia simultánea de la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento (esta última como nota distintiva indiscutible de los regímenes parlamentarios) así como la elección del jefe de Estado a través del sufragio universal (criterio acaso discutible, pero ciertamente más cercano a la conformación del régimen presidencial). Más tarde, Duverger precisó sus afirmaciones al diferenciar a los regímenes “de apariencia semipresidencial” (que en realidad, no lo son) de los únicos que efectivamente pueden catalogarse dentro de este rubro. Al final, el grupo quedaba reducido a Finlandia, Francia y Portugal, y el antecedente histórico de Weimar aún presente. Empero, esta lista tan reducida (que se sigue evocando en la actualidad) no ha quedado exenta de nuevas evoluciones en razón de la práctica institucional de los años posteriores; así, Finlandia ha salido indiscutiblemente de este grupo de países dado que la nueva Constitución de 1o. de marzo de 2000 transfirió una buena parte de los poderes que hasta ese momento se le habían acordado al presidente de la República, en especial lo relativo a la designación del primer ministro. La práctica portuguesa merece algunos comentarios puntuales sobre los que regresaremos más adelante, en tanto que las tres experiencias de la llamada cohabitación en Francia demostraron que durante aquellos periodos, el papel del presidente de la V República quedó circunscrito a la normatividad institucional que comúnmente se practica dentro de los regímenes parlamentarios respecto del jefe de Estado. En sentido inverso, el término parecía ganar nuevos adeptos dentro de las democracias emanadas de la fragmentación del imperio soviético, dando lugar a situaciones frecuentes de cohabitación con modos variables de partición o reparto de los poderes. En la medida que el inventario ha sido ya elaborado, no insistiremos sobre estas cuestiones.

Aparece entonces como hecho innegable que sean varios los sistemas institucionales hasta ahora descritos, o que incluso se hacen llamar, a sí mismos, semipresidenciales. Conviene entonces revisar la forma en que este concepto se ha definido antes de apuntar las consecuencias que esta forma de organización puede acarrear dentro del sistema de separación de poderes.

EL CONCEPTO “SEMIPRESIDENCIAL

Para emplear la terminología con precisión, y al ser ésta una de las tareas centrales del jurista, podemos empezar por afirmar que el término “régimen” designa una construcción constitucional que presenta un criterio simple, capaz de ser incluido en una categoría específica. Tal afirmación no es sin embargo tan evidente al tratarse de la voz “régimen semipresidencial”, lo anterior, no obstante que éste exista como parte de una realidad específica.

El criterio tradicional de clasificación de los regímenes políticos ha identificado tres clases troncales: el régimen parlamentario, cuya esencia es la responsabilidad del gobierno frente al Parlamento (o al menos la factibilidad de concebir tal responsabilidad, dado que la posibilidad de provocar la dimisión del gobierno se encuentra más que enrarecida por la práctica parlamentaria contemporánea); luego, el régimen directorial o confederado, en donde el Ejecutivo se entiende dependiente estrechamente del Legislativo (y de cuyo ejemplo se reduce, casi exclusivamente, al caso suizo, que no parece en absoluto apresurado a salir de esa categoría) y por último el régimen presidencial, caracterizado desde tiempo atrás por la separación estricta de poderes, así como por la idea de contar con un poder emanado de un presidente electo por sufragio universal; como sabemos, aún en nuestros días el marco descrito continúa representado en el modelo de los Estados Unidos.

En este orden de ideas, el régimen semipresidencial quedaría determinado por una combinación entre el criterio central del régimen parlamentario (la responsabilidad del gobierno) y el criterio de la elección de su presidente por sufragio universal. Pero la dificultad de su comprensión deriva en cambio del hecho que esta forma de elección no implica necesariamente la atribución de poderes particulares a quien ha sido designado por esta vía. Así, el presidente irlandés o el islandés no detentan más poderes de los atribuidos constitucionalmente a un monarca tradicional o a un presidente de la República electo indirectamente por una asamblea parlamentaria, tal como ocurre en Alemania o en Italia. Lo mismo sucede con el presidente austriaco: al cabo de las elecciones de octubre de 1999, el presidente Klesti declaraba abiertamente no estar de acuerdo con la formación de una coalición gubernamental entre demócrata-cristianos y liberales, y era esta una intención que de hecho buscaba ir en contra de los intereses de la extrema derecha… sin embargo, cuando los arreglos partidistas fueron al final conseguidos, al presidente no le quedó otra que aceptar y nombrar al canciller Schüssel con base en lo negociado por esa coalición antes desaconsejada. Por otro lado, los casos de cohabitación en Francia han hecho patente que cuando existe una contradicción entre los resultados de la elección presidencial y los de las parlamentarias, es más bien lo que trasciende de estas últimas lo que determina la solución política en última instancia. Sin embargo, debemos apuntar que no puede caber a este respecto el caso de Finlandia, tal como ocurrió hasta los años setenta con el papel eminente que jugaron los presidentes Paasikivi y Kekkonen, o incluso el caso francés de la V República, para señalar que 36 de los 50 años de existencia de este régimen constitucional han estado marcados por la primacía del presidente de la República.

La práctica parlamentarista ha sido modificada por la existencia de un “correctivo presidencial”, cuyo efecto principal ha sido una mayor estabilidad gubernamental; incluso, su uso no tuvo demasiado éxito, sumando a lo anterior que el uso corriente de la expresión de lo “semipresidencial” no dejaba de prosperar en los años subsecuentes. Pues bien, a propósito de esta segunda expresión, no se ha dejado de considerar inadaptada puesto que sería imposible saber en dónde reside el criterio definitorio de este régimen: no podría serlo solamente la elección del presidente por sufragio universal directo, pues no era el caso, al menos, de Finlandia (que había sido incluido en esta categoría), y dado que la expresión pretende aproximarse al régimen presidencial, es evidente que tampoco sería aplicable exactamente al caso de los Estados Unidos. Incluso si hablamos de la elección de 2000 en ese país, estamos en presencia de un resultado excepcional más que de manierismos estilísticos para probar algún argumento teórico contra cualquier paradigma. De hecho, el propio Maurice Duverger le atribuyó en su momento demasiado poco peso a este criterio de clasificación. Él mismo y otros teóricos se habían dado a la tarea, más bien, de completar aquella trayectoria del régimen semipresidencial entendiéndolo a partir del hecho de ser “dotado de poderes reales”, dentro de los que parecía esencial el derecho de disolución en la medida en que éste le permitía, al menos teóricamente, enfrentarse a una asamblea hostil. Llegamos pues en este momento al colmo de todas las paradojas, puesto que si hablamos de un contenido “semipresidencial” lo haríamos pensando en acercar al régimen parlamentario en cuestión con lo “presidencial”, si bien, tomando como criterio definitorio el derecho de disolver, que es justamente un elemento extraño totalmente al régimen presidencial

Ahora bien, aún queda un hecho fehaciente que demuestra que con frecuencia, el presidente de la República juega un papel importante en el semipresidencialismo: si bien, este hecho no se deriva de una disposición constitucional, sino que se funda en otros elementos normativos e institucionales. De aquí que no tenga inconveniente en aceptar que se haga alusión a un “gobierno semipresidencial” aunque estemos en presencia de un régimen parlamentario. Pero es preferible a este respecto que la explicación del tipo de régimen parta de la noción de los recursos o atribuciones del órgano.

Explicación a partir de los recursos o atribuciones

Debemos concebir los recursos como los elementos que otorgan a su detentador una capacidad de acción; o dicho de otra forma, los elementos de legitimación que permitirán que esa acción sea aceptada y reconocida; tales recursos son de forma jurídicos y políticos.

Recursos jurídicos

En este rubro se pueden subrayar dos elementos principales: la elección por sufragio universal directo, y los poderes atribuidos al presidente de la República por el texto mismo de la Constitución.

Como primer elemento, la elección por sufragio universal directo (o cuasi-directo, como lo fue durante mucho tiempo en Finlandia) es la condición sine qua non de la efectividad del poder presidencial, más aún en tanto ésta corresponde a una necesidad contemporánea: la posibilidad que tienen los ciudadanos de una elegir de forma efectiva a su principal dirigente. Y para ligar esta afirmación al caso francés, es verdad que, a pesar del contra-ejemplo de la elección presidencial de 2002 (donde al cabo de la primera vuelta electoral quedó eliminado de la contienda el candidato del partido de izquierda, y su lugar ocupado por el de extrema derecha, hecho que sin duda apareció como una anomalía del sistema), es la elección presidencial lo que ha estructurado la vida política de la V República. De esta forma, la elección ha servido para diferenciar con claridad la mayoría de la oposición, otorgando a cada una su propio perímetro y su propia dirección.

Del segundo elemento, formado por los poderes reconocidos en la Constitución, podemos afirmar que para que éstos hayan alcanzado una consistencia efectiva, no obstante que se trate de una lista de geometría variable, debió ocurrir que figurara al menos la posibilidad de designar libremente (en un plano jurídico) al primer ministro; aunque haya sido menos determinante ejercer la presidencia del Consejo de Ministros o la posibilidad de presentar recursos ante la jurisdicción constitucional; de negarse a firmar textos reglamentarios, etcétera… Naturalmente, habrá que cerciorarse que tales poderes sean reales y no solamente formales o aparentes; o lo que es lo mismo, que sean una ‘competencia ligada’, para utilizar la terminología de derecho administrativo francés a este respecto. Esto, sin embargo, depende de los recursos políticos de los que puede echar mano el Presidente de la República.

Recursos políticos

Éstos pueden reducirse a dos, a saber, la existencia de una mayoría parlamentaria favorable al presidente, y la dirección política con la que esta mayoría puede ser conducida.

En cuanto a la existencia de una mayoría parlamentaria favorable al presidente, las tres experiencias francesas del fenómeno de la cohabitación confirman hasta qué punto lograr la mayoría se vuelve una condición necesaria al jefe de Estado no obstante que al presentarse, no se produjo lo que se especuló en su momento, a saber, la salida del presidente de la República tras un voto desfavorable de un electorado mayoritariamente contrario. Más bien, la solución fue un retorno a la aplicación literal, o podemos decir notarial, de la Constitución de 1958: “toda la Constitución; nada más que la Constitución” (toute la Constitution; rien que la Constitution), como lo dijera Francois Mitterrand en un mensaje al Parlamento, cuyo contenido puede considerarse el texto fundacional de una práctica ahora codificada. Su institucionalización se debe a que ese presidente tuvo que someterse a esa práctica, primero entre 1986 y 1988 y luego en otra oportunidad entre 1993 y 1995; pero más adelante, daría pie a que la solución se presentara de forma prácticamente idéntica con el presidente Jacques Chirac, entre 1997 y 2002. En la hipótesis contraria, es decir, si la mayoría del Parlamento es favorable al presidente, “los dos caballos suelen presentar una vocación de jalar la carroza hacia la misma dirección”. La cuestión interesante ahora es preguntarse quién de los dos es el que efectúa el impulso principal. Es ahí que interviene la dirección política.

Para poder jugar un rol importante, no basta con ser electo; el presidente debe dirigir a esta mayoría y darle un impulso necesario. Aquello supone que el presidente sea reconocido como jefe de la mayoría, lo cual suele ocurrir, dado que las más de las veces, él mismo debió haber fungido como su propio inspirador. En este sentido, podría ser el constructor del partido que, después de haberlo llevado al poder, va a permitirle su ejercicio; tenemos entonces que, después de sendas fases difíciles para cada quien, esa situación se le presentó a los presidentes Valéry Giscard d’Estaing, Francois Mitterrand y Jacques Chirac. Es ésta además una de las características de los partidos políticos franceses, quienes al menos durante el periodo de referencia fueron fabricados por sus líderes, mientras que en otros sistemas políticos, los partidos habían sido más bien quienes fabricaban líderes. Ahora bien, podría tratarse también de la construcción de una coalición, como ocurre en el caso finlandés, donde durante largos años, en un esquema de marcado pluripartidismo, el presidente de la República lograba reunir a su alrededor a todos aquellos que le habían brindado su apoyo al momento de la elección presidencial.

Si aceptamos lo anterior, puede entenderse la razón por la cual el carácter semipresidencial de los regímenes puede aproximar a algunos de estos casos entre sí, pero también puede apartarlos. Para que exista, deben presentarse los cuatro recursos descritos más arriba (elección directa del presidente y respectivas atribuciones constitucionales; mayoría parlamentaria favorable y poder de dirección política). La ausencia de cualquiera de esos recursos basta para impedir que el régimen ingrese dentro de la categoría descrita. Si tomamos en cuenta el cuadro analítico de la Unión Europea cuando en su momento eran 15 entidades, de las ocho Repúblicas existentes podemos extraer lo siguiente: Alemania, Grecia e Italia quedaban descartados por carecer del primero de los recursos (la elección directa del presidente), e Irlanda por carecer del segundo de ellos (las atribuciones consagradas constitucionalmente); Austria y Portugal son un caso aparte, pues si bien durante los primeros años no contaban con el primero, los años más recientes aparecían en cambio sin el segundo de estos recursos. De las evoluciones institucionales posteriores, encontraremos sin embargo un bemol en este sentido para el caso Portugal que analizaremos más adelante.

Quedarían tan solo como candidatos aceptables a formar parte de esta categoría semipresidencial la V República francesa fuera de periodos de cohabitación y, con la misma reserva, Finlandia hasta 2000, aunado a la posibilidad de hacer entrar a Portugal con las reservas del caso. Vemos hasta aquí que el carácter semipresidencial es más raro de lo que se piensa, o lo que es lo mismo, que las situaciones de cada caso son evolutivas, y no pueden ser entendidas a cabalidad sin ir a explorar la forma tan directa como impactan en la separación de poderes.

La separación de poderes

El problema central sería entender si, dentro de esos mecanismos, pudiésemos advertir consecuencias directas generadas por la combinación de los siguientes elementos: la presencia simultánea de un régimen de tipo parlamentario con la responsabilidad ministerial y la elección de presidente por sufragio universal. Las consecuencias entonces causadas a la separación de poderes consistirían en su eventual moderación.

Sobre esta cuestión, nada es automático dado que las implicaciones causadas dependen de la combinación que acabamos de mencionar, a saber, si el presidente dirige o no la carroza tirada por varias fuerzas, como lo es el Ejecutivo. Si la respuesta es en este punto afirmativa, tendríamos entonces que la separación sería débil, pero si la respuesta es negativa, la separación sería mucho más fuerte.

La separación es débil si el presidente es quien dirige

En este caso, estamos en presencia de una fuerte concentración de poderes, ligada a las características del sistema de partidos.

Lo que parece que subyace de la práctica de un auténtico sistema semipresidencial, cuyo mejor representante sigue siendo la V República francesa, es que el presidente dispone de verdaderos poderes constitucionales que él mismo ejerce sin necesidad de refrendo, o para decirlo con más claridad, sin ser validados por el primer ministro. Otros ejemplos existen en este mismo país que sí requieren de tal formalidad ministerial, como serían la propia designación del jefe de gobierno o la disolución. Y es que el presidente detenta, por el hecho de la elección por sufragio universal, una legitimidad que le es suficiente para ejercerlos. Antes de lograr la candidatura previa a su elección, el presidente debió primero (esto es, para la primera vuelta de la elección presidencial) ser reconocido como el líder de su partido, y después (dentro de la segunda vuelta electoral) que se le reconociera la capacidad de aglutinar a una mayoría de opciones que integran la coalición que le llevó a triunfar en las urnas.

A pesar de la aspereza de la lucha política que se desprende de la elección presidencial en Francia, es el presidente electo quien aparece al final como jefe incontestable de la mayoría, y de forma correlativa, ésta lo re- conoce como su dirigente natural. Lo anterior, en virtud que la elección del presidente debe ser puesta a prueba en otra elección parlamentaria que normalmente le sigue (sea por motivo de una disolución, como ocurrió tras las presidenciales de 1981 y 1988, o por el juego normal de la llegada a término de la legislatura, como en 2002 y 2007). Tal estado de cosas fue incluso reforzado cuando en 2000, las reformas institucionales aprobadas instauraron una nueva realidad: desde entonces la duración del mandato presidencial se fijó en cinco años (en lugar de siete). Así, el quinquenio generó un ajuste de fechas entre mandatos, de tal suerte que las elecciones parlamentarias se llevan a cabo en junio, después que las presidenciales se habrían producido ya en abril o mayo anterior. Eso significa que la elección de diputados se define bajo la influencia directa de la elección de jefe de Estado, que de esta manera parece solicitar al electorado “los medios para poner en práctica sus políticas”. Al mismo tiempo, el primer ministro que iniciará en breve su función no tiene todavía la autoridad suficiente para conducir una campaña electoral, pues al cabo de la primera elección, aquello se vuelve un asunto casi exclusivo del presidente de la República. Como es muy probable que la intención de voto que favoreció al presidente se repita un mes más tarde, también lo es que en tales condiciones, la mayoría así formada le deba su existencia al presidente, y que por lo tanto quede totalmente inclinada a servirle de apoyo. Dicho de otra forma, el titular del Poder Ejecutivo se transforma en el verdadero jefe de la mayoría parlamentaria, y por la misma razón, del Poder Legislativo.

El sistema de partidos

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que un auténtico sistema semipresidencial supone un sistema de partidos específico sobre el cual debe reposar. Por un lado, se construye una mayoría que puede decirse “presidencial”, organizada alrededor del partido del presidente, manifestada idénticamente en una mayoría parlamentaria construida dentro del esquema que acabamos de describir, y del otro lado, se definen los linderos de una oposición, organizada con normalidad alrededor del candidato perdedor de la segunda vuelta de las presidenciales (aun si éste no fue precisamente el caso de 2002). La lógica del sistema implica entonces que la oposición se reagrupe en torno al candidato perdedor, que al cabo de una doble derrota en las presidenciales y en las legislativas, tenga tiempo para reconstruir a su partido. Esto implicó, al menos en lo que respecta al arranque de los periodos quinquenales, una dificultad para que éstos fuesen vistos con naturalidad dentro de la lógica institucional del régimen francés.

Ahora bien, el programa político que aquella mayoría parlamentaria está llamada a realizar es justo aquél que habría justificado la elección de presidente. Es pues esta plataforma presidencial la que el Parlamento pondrá en aplicación al aprobar los principales elementos que erigieron al jefe de Estado, aunque ahora reflejados todos al votar cada una de las nuevas iniciativas legislativas. El presidente se implica así personalmente en la actividad legislativa, no obstante que delegue la ejecución de tales leyes al gobierno, y al mismo tiempo asimila la opinión vertida como testimonio de su propia fidelidad hacia las promesas electorales. Además, con el propósito de no enfrentar ningún obstáculo, el presidente deberá mantener fuertes sus ligas con aquella mayoría, así como con su partido, quien al final deberá funcionar como el armazón de tal mayoría.

A este respecto, debemos apuntar que es el partido quien nombra a su dirigente, dado que el recién electo presidente ya no puede seguir siéndolo; y que para tal ocasión, el partido no tendrá otra opción que la de nombrar a uno de los lugartenientes de su antecesor, pues tal relevo se efectuará prácticamente según la etimología exacta de la palabra lugarteniente: se tratará de uno de los más cercanos, a quien el flamante presidente extenderá ordenes y orientaciones regulares. De esta forma han actuado, uno tras otro, los presidentes de la V República; de hecho, para citar solamente los ejemplos más próximos en el tiempo, basta que recordemos la designación de anteriores líderes de partido como primeros ministros (como sería el caso de Lionel Jospin por Francois Mitterrand o de Alain Juppé por Jacques Chirac).

En la situación así descrita, hemos visto que queda poco espacio para la fragmentación; ahora bien, que el resultado deberá ser completamente distinto si las mayorías son divergentes.

La separación es fuerte si el presidente funge como árbitro

En la hipótesis contraria a la descrita hasta ahora, a saber, que el presidente no cuente con los recursos o atribuciones políticas necesarias para ejercer con plenitud el papel que le corresponde, ya sea porque la mayoría parlamentaria le sea hostil (situación que veremos en seguida descrita bajo el término conocido de “cohabitación”), o bien porque el presidente no sea más su dirigente, hecho que ocurrió en su momento en Portugal y que nos podrá servir de referencia.

La cohabitación

Esta es la situación en donde el presidente, electo por una mayoría política, se encuentra repentinamente frente a una mayoría parlamentaria compuesta por partidos políticos rivales al suyo. En Francia, el caso se ha presentado en tres ocasiones, siendo en cada una de ellas la falta de concordancia temporal de los mandatos electorales lo que ha servido como detonador. Aquello se entiende en la medida en que, hasta 2002, el presidente era electo por un término de siete años, en tanto los diputados lo eran por una legislatura, cuyo término normal ha sido siempre de cinco.

De esta forma, incluso si el presidente de la República había decidido disolver la Asamblea al momento de su elección con el propósito de aprovechar la inercia del electorado en las presidenciales, asegurando así una mayoría de diputados de su propio partido, la verdadera prueba se presentaba cinco años más tarde, cuando debía sortear el desgaste de sus aliados parlamentarios en las nuevas elecciones para diputados. Eso fue lo que le ocurrió a Francois Mitterrand en 1986 y 1993, aunque también a Jacques Chirac en 1997, quien dos años después de instalarse en el Palacio del Eliseo, de forma mal calculada (léase imprudente) disolvió la Asamblea Nacional. En las condiciones institucionales generadas, que se refieren a ese fenómeno tan francés de la cohabitación, el presidente no inspira a buscar la obediencia de una mayoría parlamentaria (cuyas políticas aparecían más bien opuestas diametralmente a las dictadas desde la casa presidencial). Tenemos así que en 1988, la nueva mayoría de derecha decidía privatizar las mismas empresas que siete años atrás, al inicio de su mandato, Francois Mitterrand había decidido nacionalizar.

En tal marco institucional, no le queda al presidente sino replegarse sobre el marco competencial que le es exclusivo (y que en Francia comprende esencialmente los asuntos exteriores y la defensa). Así, nos deberíamos preguntar qué ocurriría con la reacción del gobierno si estallasen conflictos de competencias en tales materias (aunque advertimos que de la presencia de situaciones de riesgo, tal eclosión que implicara la confrontación entre jefe de Estado y de gobierno ha sido evitada con cierto cuidado).

Ahora bien, al margen de sus competencias exclusivas, el presidente debe conformarse con estar alerta y acaso retardar la acción del gobierno al condicionar su firma cuando así lo exige la toma de determinadas decisiones, aunque teniendo cuidado de no traspasar la línea divisoria donde la opinión pública pudiera empezar a cuestionar tales bloqueos.

Lo anterior, dado que el mayor interés que él tiene es el reconstituir os recursos políticos susceptibles de permitirle regresar a la situación de privilegio que existía antes que se revirtiera su mayoría parlamentaria. Se trataría así de esperar a la llegada del nuevo periodo de elecciones presidenciales, seguido inmediatamente por una nueva elección parlamentaria que entonces, podría asegurarle la composición de una mayoría dócil. Es justo esto lo que pudieron lograr tanto Francois Mitterrand en 1988 como Jacques Chirac en 2002.

La actuación del presidente como garante de lo esencial

Entonces, mientras llegue a término el periodo de cohabitación y en espera de la eventual revancha en las siguientes elecciones, al presidente no le quedaría más que aparecer como el “garante de lo esencial”: es decir, de la cohesión nacional; de los intereses superiores del país (según ha sido hasta ahora empleado en una terminología algo enfática). Pero también debemos reconocer que tal uso le ha permitido ganar cierta estatura frente a un primer ministro que, a su vez, se encuentra inevitable y rápidamente atrapado por la gestión cotidiana del gobierno, si bien aquello no le impida seguir apareciendo como principal oponente y rival virtual en la próxima elección presidencial.

En cuanto a la habilidad política requerida, el papel presidencial así creado no es tan simple, pues consiste primero en señalar permanentemente las eventuales fallas de la acción gubernamental, y luego en oponerse desde el momento de su puesta en marcha, cualquiera que sea la medida de gobierno cuestionada. Ahora bien, antes de enmendar la plana y enunciar una aparente recapacitación (es decir, de ceder frente al primer ministro) al presidente le queda evidentemente manifestar que contra el argumento que él esgrime, su papel no es otro que el de inclinarse ante la voluntad de la mayoría parlamentaria. Por último, le quedaría todavía la posibilidad de adelantar las elecciones por vía de disolución, aunque tal disyuntiva le implicaría muy pocas probabilidades de éxito (es decir, de recuperar el poder gubernamental), dada la cercanía con que el electorado acababa de pronunciarse a favor de quienes habrían fungido como sus adversarios políticos en la Asamblea.

Hasta ahora, en la realidad institucional de la V República no se ha presentado jamás la hipótesis de que el presidente de la República presente un recurso ante el Consejo Constitucional pretendiendo que éste declare inconforme a la Constitución una ley que él mismo no aprobaría. Sin duda, tal repliegue hacia lo jurídico equivaldría aceptar que su estado sería el de un incapaz político, mismo que debería rechazar sin más, sobre todo al considerar que ya habría afirmado ser capaz de velar por lo esencial.

Al contrario, podemos apuntar que la práctica que ha desarrollado ampliamente el presidente portugués lo que ha permitido que ese país se coloque en la categoría de los semipresidenciales, no obstante que las características de este régimen poco se acerquen con las que hasta aquí hemos descrito. El presidente de Portugal se ha colocado con frecuencia en situación de cohabitación. Tenemos entonces que incluso en los momentos en que M. Gutiérrez no fungía como primer ministro, no dudaba en externar abiertamente al presidente Soares que debía ser él, como jefe del partido, el inspirador de las políticas y que entonces, los roles no debían confundirse. Sin embargo, aún quedaba al presidente utilizar el verdadero derecho de veto que le confiere la Constitución, y que en este régimen es doble, a saber, política y constitucional, ya sea para decretos que para leyes, conservando además, en el caso de estas últimas, la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte constitucional. Y es que los presidentes portugueses (especialmente M. Soares) han hecho uso de esa facultad de iniciar el contencioso constitucional con bastante frecuencia, lo cual les ha facilitado posicionarse como un auténtico contra-poder frente al binomio integrado como gobierno-mayoría parlamentaria.

Por lo que hemos visto, la cuestión relativa a la separación de poderes ---léase del poder dentro de un sistema semipresidencial— no posibilita una respuesta automática. Dentro de las condiciones que permiten referirnos a un sistema semipresidencial de manera estricta, considero que tal categoría es francamente muy débil y que, en sentido contrario, el sistema parece enfocarse más bien en el propósito de lograr la unidad en el ejercicio del poder del presidente. En cambio, cuando se presenta el fenómeno de la cohabitación o de la no-dirección de la mayoría parlamentaria por el presidente, el hecho de contar con una legitimidad fuerte (derivada de su elección por el voto popular) ha permitido a este último oponerse a la entidad todopoderosa que pareciera ser representada por el binomio gobierno-mayoría parlamentaria, ya sea a través de una constante vigilancia política (como en el caso francés), o bien, de una auténtica tutela jurídica (como en el caso portugués). Sobre estas cuestiones, debo manifestarme sorprendido por una observación de un antiguo presidente de Bulgaria, Jelou Jelev, expresada durante la defensa de la tesis doctoral de Francois Frison-Roche, donde afirmaba que lo que había interesado a varias de las nuevas democracias de Europa Central y Oriental respecto de la posibilidad de optar por una arquitectura semipresidencial, era justamente la hipótesis de la cohabitación (siendo un hecho que, por nuestro lado, en Francia, este fenómeno ha terminado por ser considerado sin más como detestable). De cualquier manera, debo advertir que en la situación actual del caso francés, la separación de poderes sería sin duda mucho mejor asegurada con la fórmula semipresidencial que en el esquema del parlamentarismo clásico, donde tal separación apenas existe. Pero queda también señalar a los interesados que, al optar por esta fórmula, no se puede de ninguna manera asegurar que el resultado será la cohabitación. Aquello dependería adicionalmente del sistema de partidos así como del sistema electoral que lo acompaña, ya que no debe dejarse de lado que éstos sean al final más determinantes al establecer una práctica institucional que lo que representan los ajustes constitucionales, por más refinados que éstos sean. Si además, todo esto pudiese ser válido para cualquier régimen político, al menos lo es en el caso que nos ocupa, ya que es más bien de la articulación entre instituciones y sistema de partidos de lo que dependerá al final la realidad del semipresidencialismo.

Conclusión:

Una vez analizado este trabajo, considero que en nuestro país, lejos de pregonar que nos encontramos en un régimen “presidencialista”, nos vemos cada vez en el camino de ser “semipresidencialistas”, pues los cuatro factores de éste último régimen, se encuentran colmados a plenitud, a saber: elección directa del presidente y respectivas atribuciones constitucionales; mayoría parlamentaria favorable y poder de dirección política.

En efecto, hoy día, la elección del presidente de la República, se realiza de manera directa, esto es a través del sufragio (aunque muchas de las ocasiones no sea por mayoría) de los gobernados, quienes de una manera “libre”, eligen al candidato de su preferencia; por otra parte, la propia Constitución establece las facultades y atribuciones para el Ejecutivo Federal , de igual manera, el Congreso de la Unión, al menos hasta ahora, (esperando que en la próxima legislatura sea diferente), la mayoría del grupo parlamentario, es del mismo partido en el poder y por ende, el poder de dirección, para muchos, es lo que está sacando al país del estancamiento en el que se encontraba (lo dudo mucho, pues todo parte de la famosa “guerra” declarada al crimen organizado por parte del Ejecutivo Federal). De ahí es donde concluyó, que estamos en presencia de un actual régimen “semipresidencialista”.

Ahora bien, dentro de este régimen, considero importante, que del grupo parlamentario, para el efecto de poder tomar decisiones de una manera más analizada, debería estar compuesto por mayoría de fuerzas políticas diversas (diferentes) al gobernante en turno, esto, para que realmente hubiera acuerdos en beneficios de todos, pues de otro modo, se ha visto que cuando existe “carro completo”, el Ejecutivo se vuelve más un dictador, que el representante de una nación, pues de antemano sabe que sus decisiones no serán cuestionadas.

Por otra parte, también el Poder Judicial, debería estar más separado de las instituciones Legislativa y Ejecutiva, pues debería de marcar la presencia de méritos profesionales como vía de acceso a los puestos tanto en nuestro máximo tribunal, como en la aplicación de justicia, de modo que la Cámara decisoria, guiara los nombramientos expuestos a su aprobación, por criterios de escaso contenido político.

Se debería plasmar en nuestra carta magna, la creación exclusiva de un Parlamento Nacional, esto es, la desaparición de las legislaturas estatales, para que así, hubiera unificación de criterios en todos los estados, al emanar las respectivas leyes, de un solo cuerpo legislativo.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

2009-06-30T07:43:00.000-07:00

UNA INSTITUCIÓN FUNDAMENTAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO

Marybel Martínez Robledos

Marco de Referencia

Nos encontramos inmersos hoy, en el proceso de Reforma del Estado, lo cual sin lugar a dudas implica, un cambio profundo en las estructuras de poder. Bajo este orden de ideas, es evidente que si este proceso no toma en cuenta a la sociedad, será incompleto e inacabado.

Es decir, que no basta con reformar algunas estructuras gubernamentales, rediseñar el régimen político, modificar la relación entre los Poderes y modificar legislación electoral. No es suficiente porque de acuerdo a la definición clásica, el Estado es un trípode constituido por Territorio, Gobierno y Pueblo. De tal suerte, que si buscamos sustituir una estructura históricamente autoritaria por una más democrática, necesitamos incluir necesariamente al ciudadano.

DESARROLLO

Como acertadamente lo ha señalado Miguel Carbonell “Desde hace varios años, buena parte de la discusión constitucional en México se ha centrado en la llamada “reforma del estado”. Todos los que han defendido la necesidad de avanzar en dicha reforma se han identificado a sí mismos como defensores de la democracia. Pero llama mucho la atención que en ese discurso democrático estén ausentes sus verdaderos protagonistas: los individuos que integran la comunidad política.

A veces, da la sensación de que se quiere hacer una reforma democrática, pero limitada al cambio institucional, al reacomodo entre los poderes, a una nueva distribución de las funciones.

Esa, sin duda, es una parte importante del Estado contemporáneo, pero no agota la realidad estatal ni resuelve todos los problemas. Podríamos tener la mejor “ingeniería constitucional” (recordando a Sartori), pero de nada serviría si no somos capaces de dotar de “poder” a las personas que viven en México, a los ciudadanos mexicanos los mismo que a los menores de edad y a los extranjeros” .

Sin lugar a dudas, algunas medidas tomadas en materia de transparencia y rendición de cuentas, las cuales son mandatadas desde la ley han contribuido a fortalecer la República, es decir a “la cosa pública”, y de unos años para acá se vislumbra en las legislaciones la tendencia a incorporar la participación ciudadana como requisito legitimador de las acciones de gobierno.

Los esfuerzos antes señalados no han sido suficientes, la realidad es distinta; en los hechos las y los ciudadanos tradicionales y comunes no tienen manera de participar en la vida pública. Ésta crisis de representación por la que atraviesa no solamente México, sino todo el orbe, ha llevado a especialistas como Sonia Fleury, a señalar acertadamente que, en los últimos años ha existido unanimidad sobre la necesidad de reformar el Estado para hacerlo más democrático, eficiente, eficaz y orientado al ciudadano. Sin embargo, la respuesta a esta necesidad está condicionada tanto por el enfoque teórico que guía la reforma como por las opciones políticas adoptadas, así como por la capacidad técnica y política de los gobiernos para implementar las medidas propuestas.

En otras palabras, la reforma del Estado debería reducir su tamaño, hacerlo más ágil, flexible y eficiente además de más responsable frente a la sociedad.

Las democracias de calidad, nos indica Morlino, tienen tres características generales y cinco “dimensiones de variación” .

Las características generales consisten en que: a) se trata de regímenes que cuentan con una amplia legitimación y que, en esa virtud, son estables (se da una calidad con respecto al resultado); b) los ciudadanos, las asociaciones y las comunidades que integran estos sistemas gozan de libertad e igualdad por encima de los mínimos (se da una calidad con respecto al contenido); y c) los ciudadanos de una buena democracia tienen el poder de controlar y evaluar si el gobierno trabaja efectivamente por aquellos valores –igualdad y libertad- con pleno respeto a las normas vigentes (se da una calidad con respecto al procedimiento).

Respecto a las cinco dimensiones de variación, Morlino nos advierte que dos de ellas son de carácter procedimental, una concierne al resultado y las otras dos de ellas son de carácter procedimental, una concierne al resultado y las otras dos son de tipo sustantivo. Son las siguientes en ese orden: a) respecto a la ley; b) rendición de cuentas; c) reciprocidad, es decir la capacidad de respuesta que encuentra la satisfacción de los ciudadanos y la sociedad civil en general; d) respeto pleno de los derechos que pueden ampliarse en la realización de las diversas libertades; y e) progresiva ampliación de una mayor igualdad política, social y económica.

Lo contrario a una “democracia de calidad” son las “democracia imperfectas o defectuosas”, las cuales pueden ser de tres tipos: a) democracia excluyente, que se caracteriza por garantías limitadas para los derechos políticos; b) democracia dominada, en la que existen grupos de poder que pueden condicionar y limitar la autonomía de los líderes electos; y c) democracia liberal, en la que los derechos civiles tienen una garantía sólo parcial .

Morlino sitúa aparte a la “democracia delegativa”, siguiendo el acertado concepto propuesto originalmente por Guillermo O`donell en uno de sus más conocidos ensayos. En este tipo de democracias, para decirlo de forma sintética, los electores efectúan una “delegación” a los gobernantes el día de las elecciones; una vez realizadas estas no existe un control permanente de la acción de los órganos del poder y además el respeto de la rule of law por parte del gobierno se da solamente de forma parcial.

A partir de lo anterior, la reforma de Estado, entonces, no puede ser vista simplemente como una alteración del organigrama del gobierno, en donde en el mejor de los casos, no pasará de una modernización administrativa, pero sí como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes económicos, políticos y administrativos, entre los cuales evidentemente se encuentran los ciudadanos.

En este sentido, Oslak sostiene que “para una interpretación más adecuada de las transformaciones que se están produciendo, se debe tener en cuenta las interacciones Estado- sociedad…”. Si pensamos en términos más concretos, vamos a encontrar que tales transformaciones requieren cambios en las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los agentes económicos productores, los grupos sociales y desde luego, los ciudadanos.

En síntesis, la reforma del Estado debe asumir y entender al Estado-Nación y no exclusivamente a los poderes del Estado, es decir al Estado-Gobierno.

Bajo el anterior orden de ideas, es menester reconocer que el Poder Público, se hace conciente cada vez más, sobre la necesidad de incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones, pues queda claro que los partidos y agrupaciones políticas no alcanzan a satisfacer las necesidades ciudadanas.

Los ecos del mundo indican la existencia de una ciudadanía en marcha, que ha empezado a influir desde hace varias décadas en la toma de decisiones y cuya opinión debe comenzar a estar plasmada en las agendas de gobierno para que éstos tengan una auténtica legitimación. Estamos pues, ante un claro indicio de que hay una sociedad políticamente cada vez más organizada y gobiernos cada vez más indiferentes, rebasados e incapaces de dar respuesta a sus demandas.

Los conflictos sociales, los enfrentamientos entre pueblo y gobierno, la emergencia de grupos violentos, la debilidad misma de las instituciones son una señal de alarma que nos indica: ha llegado la hora de compartir el poder con la ciudadanía, con la sociedad, con las comunidades, con el pueblo. Ha llegado la hora de modificar las estructuras tradicionales del Poder Público, siempre atadas a los grilletes oxidados de la verticalidad. Ha llegado el momento de sustituir el Estado autoritario por uno más democrático donde el ciudadano tenga un papel fundamental.

¿Cómo lograr lo anterior? ¿Qué hacer para que el ciudadano sea visibilizado de manera individual y no sólo como parte del conglomerado social? Sin lugar a dudas, tendremos que arribar a nuevos y mejores estadios democráticos y analizar las posibilidades de instaurar mecanismos de democracia semidirecta como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, etc.; por otro lado, perfeccionar cada vez más los mecanismos de rendición de cuentas en la idea de transparentar las acciones públicas; y desde luego, perfeccionar los mecanismos electorales y modernizar la vida interna de los Partidos Políticos.

Lo anterior, aunque indispensable no resulta suficiente. El filósofo español José Ortega y Gasset preguntaba: ¿El Gobierno debe imponerse a la sociedad o debe ser un reflejo de la sociedad?

Precisamente ahí en la pregunta está la respuesta, la cual pretendo reafirmar, con el antiguo método socrático, por lo que nuevamente pregunto: ¿Qué posibilidades tienen los mexicanos comunes y corrientes, el obrero mal pagado, el indígena marginado, el empresario en quiebra, el estudiante pobre o la mujer golpeada para participar en el diseño del Plan Nacional o Estatal de Desarrollo? ¿Qué instrumentos tienen para influir en la conformación de la agenda de gobierno? ¿Cómo puede la ciudadanía obligar al Presidente de la República, a su Gobernador o Presidente Municipal a combatir la injusticia social por encima de otras prioridades partidistas? Tal vez y en alguna medida a través de un mejor sistema de representación y participación ciudadana, me podrían contestar algunos. Pero vayamos a lo más cotidiano: ¿Qué armas jurídicas tiene el habitante de una ciudad, colonia o población para obligar a las autoridades a que sus impuestos se reflejen en agua potable, luz, pavimentación, en escuelas y hospitales? ¿Para que las policías y procuradurías lleven a la cárcel a los delincuentes que drogan y asesinan a sus hijos? ¿Cómo pueden obligar los pescadores a la Secretaría del Medio Ambiente a combatir la contaminación de los mares? ¿Cómo pueden los padres de familia impedir que a los niños y adolescentes los eduque una televisión sensacionalista y violenta?

Si somos honestos, tendremos que aceptar que los ciudadanos están solos, profundamente solos. Son rehenes de la corrupción, el abuso y la ineptitud administrativa. Necesitamos dar un nuevo equilibrio a los Poderes del Estado a través del Poder Ciudadano. No estoy haciendo una propuesta populista. El populismo es una de las enfermedades, una de las distorsiones más frecuentes de la democracia moderna. Tampoco pretendo que de la oligarquía caigamos en la dictadura de las masas, en una oclocracia que llevaría al caos.

PROPUESTA

En este sentido, resulta evidente la necesidad de crear una institución e instrumentos jurídicos claros y ágiles constituidos por ciudadanos, cuya función sea defender a los ciudadanos, al pueblo.

Si en su momento se planteó la necesidad de dividir al poder público, como un mecanismo de pesos y contrapesos, que ayudara a evitar los excesos de Poder, ahora la realidad nos exige replantearnos ésta teoría a fin de evitar no sólo esos mismos excesos sino de proteger además a la sociedad, porque no podemos dejar de reconocer que esos tres Poderes en sus diferentes niveles de gobierno, constituyen un sólo Poder Público que, aunque dividido para su ejercicio, requiere de un contrapeso igualmente fuerte, el cual sólo puede ser el pueblo.

España, la Unión Europea, Chile, Argentina, Costa Rica, Corea del Sur, Johannesburgo, Venezuela, Perú, Panamá, Colombia, entre otros países han construido una figura llamada El Defensor del Pueblo. No se trata de un Ombudsman como lo conocemos en México dedicado específicamente a defender los derechos de víctimas por el abuso violento y arbitrario del poder. El Defensor del Pueblo tiene como responsabilidad velar por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas cuando los órganos de la administración pública no satisfagan sus necesidades públicas o violen sus derechos económicos, sociales o culturales.

Porque para que estos derechos sean efectivos es necesario que todos los funcionarios públicos que integran el aparato del Estado, puedan ser denunciados y estar bajo la supervisión permanente de una defensoría popular que cuente con las facultades e instrumentos jurídicos necesarios. En la idea de contribuir a la transformación social, en la lucha contra la pobreza, la ignorancia, la ilegalidad y la marginación.

Actualmente existe la Contraloría Social, figura innovadora de participación ciudadana orientada al control y vigilancia de las acciones de gobierno, pero que a pesar de sus esfuerzos a lo largo de tres sexenios no sólo no ha podido cumplir con sus objetivos, sino de alguna manera, ha desvirtuado los mismos.

En razón de ello, es que la propuesta que aquí se realiza, es el crear la Defensoría del Pueblo en nuestro País. Ya que una presión ciudadana de este tipo y con este peso, podría obligar a los gobiernos a gastar con transparencia el gasto público; se podría erradicar la corrupción y la parálisis de las oficinas de Gobierno, en suma hacer que cada funcionario público cumpla con su responsabilidad.

Desde luego, que uno de los papeles fundamentales que en mi opinión debe tener una Defensoría del Pueblo es la formación de ciudadanos. Es preciso reconocer que en México no hemos logrado formar individuos con suficiente conciencia política y social. Por ello, una de las luchas que tendría que darse desde la Defensoría del Pueblo es la transformación de los planes educativos para, desde la escuela, construir una ciudadanía corresponsable.

Ahora bien, para que un organismo de esta naturaleza tenga reconocimiento nacional e internacional es necesario atender lo que nos dice la Organización de Naciones Unidas en la materia, por lo que propongo que:

1.- Sea un organismo creado por mandato constitucional.

2.- Sea un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ya que ser un apéndice económico más del Gobierno o de alguna entidad privada le restaría independencia, transparencia y objetividad. Además, un órgano de este tipo debe contar con una infraestructura suficientemente sólida que le permita desempeñar sus responsabilidades.

3.- Tenga como funciones el recibir y tramitar quejas, investigar por solicitudes hechas o iniciativa propia a los órganos de gobierno, hacer recomendaciones a las autoridades, que incurran en alguna irregularidad y presentar las acciones judiciales necesarias. Es decir que tenga capacidad vinculatoria, jurídica y política.

4.- La Defensoría deberá estar integrada por una representación ciudadana plural e integrada de acuerdo a los estándares internacionales, es decir un Defensor del Pueblo 2 vicepresidentes y un gabinete formado por 8 individuos, el cual pueda ampliarse de acuerdo a las necesidades concretas.

Es menester aclarar que de ninguna manera se está sustituyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni a la Secretaría de la Función Pública, y mucho menos a la Auditoría Superior de la Federación, sino que se estaría creando un nuevo organismo con atribuciones concretas en respuesta a una creciente demanda social.

En síntesis, la CNDH es un organismo de protección de los derechos humanos, la Secretaría de la Función Pública una instancia gubernamental que tiene por objeto consolidar un gobierno honesto, transparente y eficiente y la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico del Poder Legislativo, que ejerce su función fiscalizadora de carácter externo a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los estados y municipios, y a los particulares, cuando ejercen recursos federales, en tanto que, la Defensoría del Pueblo tendría por objeto proteger los derechos del Pueblo y de los ciudadanos frente a las acciones públicas, es decir se propone, una instancia eficiente del pueblo y para el pueblo, que responda a la realidad de manera honesta, ágil y eficaz.

REFERENCIAS

Tena Ramírez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Ed. Porrúa 1994.
Covián Andrade Miguel, El Sistema Político Mexicano, Democracia y Cambio Estructural, México, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional A:C:, 2001.
Fleury, Sonia, Estado y Politicas Sociales en América Latina. México (1992): UAM-X/ENSP.
Carbonell, Miguel, Igualdad y Libertad. Propuestas de Renovación Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2001.

Morlino, Leonardo, Democracias y democratizaciones, trad. De César Cansino e Israel Covarrrubias, México, CEPCOM, 2005, PP. 260 y 261.

Reformas al Poder Legislativo, en la Reforma del Estado

2009-06-17T10:57:00.000-07:00

ALEJANDRO GIL ELORDUY

Introducción
La estructura de gobierno en México tiene como base los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos en su titulo segundo, artículos 40 y 41, que a su letra dicen:
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Estos artículos, son la punta medular de nuestro sistema de gobierno. Asimismo, el artículo 41 hace referencia a los Poderes de la Unión, también llamados órganos de gobierno, estos a su vez se dividen en 3: Ejecutivo legislativo y judicial.

En el marco de la reforma del Estado es precisó, si queremos verdaderamente hacer una reforma estructural del Estado, integrar reformas en cada uno de los diferentes órganos de gobierno o poderes de la unión.

Dentro de estas reformas que se analizan en este marco, en mi personal punto de vista una de las más importantes es la reforma del Poder Legislativo. Asimismo, es importante mencionar que el Congreso de la Unión mantiene un gran retaso ya que su reglamento data del año 1934, con este dato podemos imaginar el retraso de esta institución.

El congreso de la unión es la esencia de la soberanía, ya que es la voluntad del pueblo representada dentro del las dos cámaras, de diputados y de senadores, los que a su vez son los representantes directos del mismo pueblo. De igual manera, la labor que ejercen es de suma importancia, ya que independientemente de crear leyes para el mejor funcionamiento del orden jurídico que regula al estado, también, funge como un vigilante de los actos del ejecutivo y le da un equilibrio entre poderes al Estado.

Diagnostico
La reforma institucional del Poder Legislativo constituye una agenda múltiple y al mismo tiempo un vector de acción política y debate intelectual. Este tema se ha abordado de manera poco sistemática, y casi nunca se repara en el método que es preciso poner en juego, para procesar los temas y las reformas que integran la agenda de la reforma institucional del Poder Legislativo.

Tampoco se tiene claro el método para estar o no de acuerdo. Esto en términos prácticos, significa, que frente a la gran cantidad de temas que todos quieren incluir en la agenda legislativa, ésta se satura, se sobrecarga y terina bloqueándose. Y si además a las propuestas de reforma se les otorga el carácter de urgentes; en este momento pierden viabilidad, porque saturan la vía para aprobarlas.

El método es fundamental para hacer del trabajo legislativo un trabajo eficaz. Los legisladores no han reparado lo suficiente en el tema del método para procesar la agenda, que no es lo mismo que el procesamiento de los temas inconexos de la agenda legislativa rutinaria.

En relación con el método, la extensión y la intensidad de las reformas, hay posiciones maximalistas y posiciones minimalistas, pasando por las posiciones intermedias. Las posiciones extremas expresan una lectura política equivocada de la realidad. Esto porque tenemos un eje problemático que tiene que ver con las tensiones que provocan las relaciones conflictivas entre el régimen político y la forma de gobierno.

Por otra parte, pero no aparte, los legisladores tienen que resolver la relación entre su propio trabajo y el de los órganos técnicos y profesionales del parlamento. Es preciso que los legisladores, superen la arrogancia del cargo, y el sentimiento de inferioridad frente a un profesional o técnico competente que conoce el proceso legislativo. No desmerece la investidura del legislador, y los

Congresos le otorgan el status legal necesario a los órganos técnicos. Los legisladores pueden subir cuantas veces quieran a tribuna, pero es preciso dejar que los órganos técnicos hagan su trabajo

Los legisladores deben atreverse a modificar la ley orgánica para introducir criterios de profesionalización de manera gradual, no es un proceso que se agote de una legislatura a otra. Se necesita tiempo.

Si un congreso acomete su reforma interna, y se decide sin complejos a apoyar a sus órganos técnicos, el desempeño legislativo puede ofrecer en plazos relativamente cortos, saltos cualitativos muy importantes. Sugiero a todos los diputados que lectores de estas líneas, no regatear a quienes integran los órganos técnicos, los sueldos, recursos materiales, espacios físicos o apoyo político, por que siempre tendrá un mayor costo social y político una pésima ley o un deficiente dictamen, que la existencia de un cuerpo profesional de apoyo técnico a las tareas sustantivas de los congresos.

No podemos dejar de mencionar otro problema que es materia de crítica y análisis dentro del marco de la reforma del Estado: El desempeño legislativo. En México tenemos un desfase muy fuerte. Los congresos son plurales, hay coexistencia política, pero no hay desarrollo institucional, simultáneamente. Y donde emergen las diferentes políticas, también aparecen las incompetencias y las ineficiencias derivadas del déficit de desarrollo institucional.

Por eso, la percepción pública sobre la tarea del legislador es muy negativa, por que la gente no esta percibiendo las diferencias. Para la gente todos los legisladores son iguales. Lo que se esta percibiendo son competencias.

En las últimas encuestas internacionales sobre que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se mostro que las tres instituciones que se perciben de manera más negativa son, en este orden: la política, los partidos y los legisladores. No es un invento de los medios, es una percepción de la ciudadanía. No les preguntaron a los medios, sino a la gente. Estos son los datos de la última encuesta, pero tales proporciones ya habían aparecido en las encuestas nacionales de cultura política del 2001 y del 2003.ahí están los datos duros.

¿Por qué no son positivas las percepciones de la gente? Por que se perciben incompetencias, que no es lo mismo que diferencias ideológicas y partidistas. Después de todo, la evaluación del desempeño ya no se mide por las veces que los legisladores suben a tribuna o por el número de iniciativas que presentan. Hay formas de evaluación que ningún congreso en México ha aprobado.

Todos suponen que la creación de leyes contribuyen a resolver problemas, pero no se prevé que en ocasiones la creación de reformas de leyes enredan más los problemas y provocan efectos no deseados. Asimismo, en los congresos no hay áreas técnicas especializadas para hacer estudios de impacto social de la legislación que va a aprobar.

Nunca se han hecho estudios completos o parciales determinar que leyes hay que abrogar. En México hay una tendencia a la influencia legislativa. Se crean leyes y más leyes. No hay abogado, por experto que y dedicado que sea, que conozca todo el conjunto de la legislación mexicana.

Los legisladores no han tomado conciencia de que el proceso de creación normativa se ha convertido en un proceso de acumulación de legalidad y de regulaciones. No se han planteado revisar la eficacia de las normas vigentes no hay criterio para proceder a la desregulación.

¿A quienes representan los legisladores y como pueden satisfacer las exigencias y las expectativas de sus representados? La respuesta más común es que representan al pueblo, a los electores y a sus distritos. Una respuesta más sosegada nos llevaría a corregir que los legisladores representan en primer término a quienes los apoyaron, a los grupos de presión que los ayudaron en la campaña. Existe un esquema de patronazgo detrás del trabajo de los legisladores.

Por otra parte, algunos de los legisladores que no están en condiciones de cumplir adecuadamente su función de creación normativa se refugian en la gestoría. Y como nadie les garantiza la continuidad política; y como la reelección no es posible, prefieren aceitar sus vínculos con su clientela tradicional en espera de competir por el siguiente puesto de elección popular.

Ni toda la gestoría es suficiente para enviar señales a la sociedad de que los legisladores tienen un desempeño eficaz. Esa es la gran paradoja. La gestoría ayuda al legislador a mantener sus vínculos sociales y prepararse para la siguiente campaña electoral. Pero no existe la relación directa entre la gestoría y el desempeño legislativo.

Cada vez es mas complicado establecer un vinculo o nexo directo entre la condición del legislador y ciudadanos. El hilo conductor que hoy puede darle al legislador y al cuerpo legislativo, un mejor desempeño, no necesariamente pasa por la relación con los electores. El problema y sus soluciones pasan por la termalización de la agenda del Congreso. Hay que preocuparse menos por los electores y más por los temas. Al final si te preocupas por los temas adecuados, por extensión te ocupas de los electores.

Por los problemas antes expuestos hemos llegado a las siguientes:

Conclusiones y propuestas
Dentro del marco de la reforma del Estado, los legisladores deben hacer reformas al Poder legislativo para auto regularse y hacer más eficaz el trabajo de creación de leyes. De igual manera, el trámite o proceso que sigue una iniciativa para que se dictamine y se vote en el pleno es demasiado engorroso, y si a eso le agregamos que no tenemos en nuestra legislación nada que regule el trabajo en comisiones, el quórum, los trabajos de comisiones unidas etc.

Los legisladores no están obligados a nada dentro del trabajo en comisiones, por lo tanto, en muchas ocasiones no se presentan, no firman el dictamen o de plano no saben de que se trata la reunión a la que fueron convocados. Ya sea por que se empatan dos reuniones de comisión en el mismo horario, entonces el legislador tiene que escoger una de las dos para asistir ya que es integrante de ambas.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara turna las iniciativas a criterio personal del legislador que funge como presidente, por lo tanto no existe un criterio regulado y muchas veces las iniciativas son turnadas por error a comisiones distintas a las que les incumbe el asunto. Esto retrasa de sobremanera el procedimiento de creación de leyes.

El rezago es otro de los problemas con el que tenemos que lidiar. La presentación excesiva de iniciativas por legisladores, es lo que causa un rezago. De igual manera, el rezago quita mucho tiempo ya que las comisiones están obligadas a dictaminar todas las iniciativas que se les turnan, resulta que estas trabajan lo que no trabajaron las legislaturas anteriores.

En mi particular punto de vista y a manera de propuesta, los asuntos de las legislaturas pasadas que se encuentran en el rezago deberían ser regresados a lo grupos parlamentarios que los presentaron, para que estos las revisen y si les interesa alguna que la presenten dentro de la legislatura actual, si no les interesa que se deseche, de esta manera acabaríamos con el rezago que tanto tiempo nos hace perder.

LA REFORMA JUDICIAL

2009-05-19T11:23:00.000-07:00

EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

ROBERTO OCAMPO HURTADO

“PRESENTACIÓN”

En el ensayo que realice, correspondiente a los tres primeros módulos del Diplomado “Evaluación, Gestión y Liderazgo para la Reforma del Estado, abordé, como elemento de análisis, uno de los puntos que, tras cumplirse el plazo fijado en la Ley para la Reforma del Estado, no fueron, por diversas razones, aprobado.

En dicho ensayo analice el tema de la modificación al régimen de gobierno, especialmente las propuestas que algunas fuerzas políticas presentaron, orientadas al establecimiento de un gobierno de tipo semipresidencial.

Ahora bien, dejando de lado ese importante tema, observaré, para efectos de este ensayo, el cuál corresponde a los módulos IV, V y VI, uno de los ejes temáticos que, tras cumplirse los 12 meses fijados, si lograron ser aprobados.

El eje por analizar es el relativo a la reforma al Poder Judicial, específicamente en los rubros del combate a la delincuencia organizada y a la protección de los derechos humanos.

Analizaré, a partir de la aprobación de dicha reforma al Poder Judicial, las consecuencias positivas o negativas, que esta puede generar en la procuración de justicia y sobre todo si esta, al contemplar penas más duras en contra de los delincuentes, podría en algún momento violentar el respeto a los derechos humanos.

El tema resulta, desde la óptica en que se le observe, complejo en su análisis, ya que ante el incremento del delito, en especial, el que tiene que ver con la producción y tráfico de drogas, el narcomenudeo y el secuestro, el Estado debe recurrir a medidas coercitivas, sin embargo, dichas medidas se ven limitadas, dado que también el Estado debe velar por los derechos humanos y respetar los acuerdos internacionales que ha signado en dicha materia.

Así, la gran disyuntiva se presenta en como hacer que el Estado actué, de manera eficaz, combatiendo a la delincuencia, sin que ello signifique atentar en contra de los derechos humanos.

“OBJETIVO”

Para llevar a cabo este análisis citaré, en primer lugar, las propuestas que en el marco de la Reforma del Estado, los partidos políticos presentaron en torno al eje temático de la reforma al Poder Judicial.

En un segundo momento revisaré, de forma breve, las modificaciones más relevantes, que una vez aprobada la reforma, comenzarán a tener vigencia y como estas repercutirán, positiva o negativamente, en la procuración de justicia.

Así mismo y como objetivo principal de este ensayo, intentaré exponer la manera en que la reforma judicial, enfocada en específico a la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, puede o no convertirse, en una amenaza para la defensa de los derechos humanos, tanto de las personas que actúan fuera de la ley, así como para el resto de los ciudadanos.

Para lo anterior, recurriré al análisis del propio desarrollo histórico de los derechos humanos, tanto en el contexto internacional, así como en el plano nacional y de igual forma, me referiré al momento actual que vive el país, en donde el embate de la delincuencia organizada, pareciera haber desbordado toda proporción y que ha llevado a que algunos miembros del gobierno, analistas políticos, juristas y ciertos sectores de la sociedad, soliciten el incremento de medidas judiciales coercitivas, cercanas a la violación de garantías individuales e incluso aquellas que atentan contra la vida misma.

“DESARROLLO”

Al quedar instalada la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), el 25 de abril del 2007 , se comenzó a trabajar en los cinco ejes temáticos de la Ley para la Reforma del Estado.

Dentro de esos cinco ejes temáticos, el cuarto sitio correspondió a la reforma al Poder Judicial, misma que contemplo los siguientes rubros: I) Acceso a la justicia, II) Fortalecimiento al poder judicial, III) Tribunal Constitucional, IV) Consejo de la Judicatura, V) Órganos de impartición de justicia, IV) Ministerio Público, VII) Juicio de amparo y Derechos Humanos, VIII) Atención a las víctimas y reparación del daño, IX) Sistema penitenciario, X) Seguridad Pública, XI) Justicia penal y XII) Justicia electoral.

Para efectos de este ensayo, dado que no se trata de un análisis jurídico, ni de una revisión a fondo, entorno de las instancias de procuración de justicia, si no más bien, una reflexión con respecto a las modificaciones incluidas en la reforma al poder judicial, específicamente en materia de combate a la delincuencia organizada y su vinculación directa con los derechos humanos, tomaré, como base de análisis, únicamente los rubros siguientes: VII) Juicio de amparo y Derechos Humanos, X) Seguridad Pública y XI) Justicia penal.

Cabe mencionar que las modificaciones al Poder Judicial partieron, como premisa básica, de la intención de modernizar a dicho poder, para adecuarlo a los nuevos tiempos políticos y equilibrar sus funciones e importancia, con respeto a los otros dos poderes del Estado.

De entre las propuestas aglutinadas en el apartado de la reforma al Poder Judicial, se destacaron, desde un principio, aquellas que se enfocaban a generar mecanismos de impartición de justicia más expedita, las que preveían la inclusión de juicios orales y las que se referían a la modernización de los juicios de amparo.

Así, analizando en lo general, las propuestas que los partidos políticos presentaron en los rubros de la reforma al poder judicial que cite (Juicio de amparo y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Justicia penal), debe señalarse lo siguiente:

El Partido Acción Nacional (PAN), presentó sus propuestas en materia de reforma al Poder Judicial, partiendo de la idea de que “Un poder judicial fuerte contribuye de manera relevante a la racionalidad en el ejercicio del poder público... por eso, Acción Nacional comparte la necesidad de seguir fortaleciendo al Poder Judicial en su independencia, eficiente y accesibilidad”.

En el rubro VII, de la reforma al Poder Judicial, Acción Nacional propuso, entre otros elementos, reformar el juicio de amparo, reconocer a nivel constitucional los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluir el respeto a los Derechos Humanos como criterio orientador de la actuación de las instituciones de seguridad pública y otorgar autonomía a las Comisiones de Derechos Humanos de los estados.

De acuerdo a lo anterior, podría mencionarse que Acción Nacional daba prioridad, como método para modernizar el sistema de procuración de justicia, a la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, a reconocer los acuerdos internacionales en la misma materia y a que la actuación de los cuerpos policíacos se sustentara en todo momento, en el respeto a los derechos y garantías de todos los ciudadanos.

En lo concerniente al apartado XI, de la reforma al Poder Judicial, Acción Nacional abogaba por impulsar procesos de codificación penal uniforme y por reformar, en su totalidad, al sistema de justicia penal.

Para el PAN, de acuerdo al texto de la Reforma del Estado, era necesario adecuar el sistema de justicia penal, a las necesidades actuales del país, partiendo de transformaciones reales, tales como impulsar la autonomía y profesionalización de las agencias de peritos y reformar los procedimientos y juicios de amparo, tomando en cuenta el concepto de interés jurídico.

Por su parte, para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la transformación del sistema de procuración de justicia, es, según sus propuestas presentadas en la Ley para la Reforma del Estado, más que necesaria, dado que “es un sistema que enfrenta a sus límites y se encuentra inmerso en una severa crisis”.

Para el PRI, los altos índices de inseguridad pública que se registran en el país, tienen como causa principal a la impunidad, misma que se sintetiza en la ineficiente operación de los cuerpos policiales, en la corrupción y complicidad de estos con la delincuencia organizada y en una mala planeación y coordinación de las instituciones federales, encargadas de la seguridad pública.

Para solventar estas y muchas otras deficiencias en la procuración de justicia, el PRI propuso, en lo relativo al Juicio de amparo y Derechos Humanos, otorgar, bajo ciertas condiciones, efectos generales a las sentencias de amparo y fortalecer los derechos de la niñez.

En lo relativo a la Justicia Penal, el PRI se pronunció por reconocer, constitucionalmente, el principio de presunta inocencia y por la creación de jueces de garantía en materia penal.

Por otro lado, en lo que respecta a las propuestas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), estas se enfocaron, en mayor medida (al igual que el PAN), al apartado relativo al Juicio de amparo y Derechos Humanos (algunas de las propuestas, emitidas por el PRD, coincidieron también con las presentadas por el Partido del Trabajo y Convergencia).

Entre esas propuestas se encontraba la de reconocer a nivel constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, incorporar en un solo capítulo constitucional, todos los derechos humanos, fortalecer el carácter laico del Estado, ampliar las facultades de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), garantizar el derecho de los extranjeros a audiencias y debido proceso en caso de expulsión e incorporar a la Constitución, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El PRD también proponía transformar el Sistema Penitenciario, para que el cumplimiento de sanciones, por parte de los reos, se de en condiciones dignas y además se puedan otorgar beneficios y preliberaciones.

En lo concerniente a la Seguridad Pública, el PRD abogaba por sentar las bases para el establecimiento de una política integral de Prevención Social del Delito y crear mecanismos ciudadanos para evaluar la actuación de las corporaciones policíacas.

Así mismo, se proponía regular la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública e incorporar en la Constitución, la Extinción de Domino y otras herramientas que permitan desmantelar la estructura financiera de la delincuencia organizada, así como crear la figura de jueces especializados en materia de delincuencia organizada.

Por otra parte y para concluir con esta breve revisión, entorno a las propuestas de los partidos políticos, cabe señalar que aquellas fuerzas políticas, conocidas como emergentes, dado que su fuerza electoral es menor en comparación con los tres institutos políticos con presencia nacional, también presentaron ideas interesantes, concernientes a la reforma al Poder Judicial, tales como reestructurar los organismos de seguridad pública y crear un sistema de evaluación independiente para la seguridad pública (Convergencia), incorporar instrumentos legales para combatir el lavado de dinero y decomisar recursos financieros (Partido Verde Ecologista de México).

Debo mencionar también, que dentro de los 12 rubros que comprendió la reforma al Poder Judicial, se presentaron otras propuestas, no contenidas en los apartados VII, X y XI, que dada su relación con el combate a la delincuencia y los derechos humanos, son, para efectos de este ensayo, relevantes.

Entre esas propuestas se encuentran la de otorgar autonomía al Ministerio Público, la cual fue promovida por el PRD, Convergencia, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Nueva Alianza; Designación por parte del Poder Legislativo, del Procurador General de la República, la cual fue propuesta por el mismo grupo de partidos; La remoción del propio Procurador General de la República, por parte del Legislativo, promovida por el PRD y Convergencia; Creación del Instituto de Atención a víctimas del delito, a iniciativa del PRI y el establecimiento de la prisión vitalicia para homicidas y secuestradores, a solicitud del PRD y Convergencia.

Ahora bien, tal y como puntualice en los objetivos de este ensayo, revisaré a continuación, de forma breve, las principales modificaciones que, a partir de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, serán vigentes.

Antes de ello, cabría señalar algunas de las modificaciones que pese a no estar relacionadas directamente con el tema de combate a la delincuencia organizada, resultan, por las consecuencias que generaran para la modernización de la procuración de justicia, dignas de mencionar.
Entre otras, cito las siguientes:

● Al modificarse el Artículo 20 constitucional, los procesos penales serán acusatorios y orales y estos se regirán por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

● Se instauran los juicios orales, con lo que se pasa de un sistema penal inquisitorio, a uno acusatorio.

● Se establece la figura de “jueces de control”, quienes se encargarán, incluso de forma oral, de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de órdenes de aprensión.

● Se reducen los requisitos para que un juez emita órdenes de aprensión, ya que bastará la probable participación de un inculpado, en un acto ilegal, para conceder la orden.

● Se elimina la acreditación del cuerpo de delito.

● Las ordenes de cateo que otorgue un juez, ya no serán por escrito, sino que ahora será posible otorgarlas de forma verbal.

● A través de la reforma al Artículo 16 constitucional, la ley sancionará penalmente, cualquier acto contra la libertad de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella.

Resulta muy importante aclarar, que el paso de un sistema penal inquisitorio a uno de tipo acusatorio, se dará por plazos, previendo que, al haber transcurrido ocho años de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el sistema acusatorio se habrá consolidado y con ello, los juicios orales sean toda una realidad en el país.

Una vez despejado el anterior punto, a continuación me referiré, cumpliendo así con los objetivos de este ensayo, a señalar las modificaciones que a partir de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, repercutirán, directamente, en las labores del combate a la delincuencia organizada y en el respeto a los derechos humanos.

Tras la reunión, en diversas ocasiones, de las fuerzas políticas y de haberse celebrado los Foros Temáticos , en los cuales los legisladores atendieron las propuestas provenientes de la ciudadanía, la reforma al Poder Judicial, finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados, el 12 de diciembre de 2007, con “366 votos a favor, 53 en contra y 8 abstenciones”.

En general y pese a los 53 votos en contra, los cuales en su mayoría fueron emitidos por el PRD , los legisladores se mostraron conformes con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, incluso, algunos de ellos, como por ejemplo César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó lo siguiente: “Esta es una reforma para el restablecimiento del tejido social, para que las instituciones y autoridades cumplan con las nuevas disposiciones y al hacerlo estén en condiciones de recuperar la confianza ciudadana”.

Con la aprobación de la reforma, el concepto de delincuencia organizada, fue definido y plasmado en el Artículo 16 constitucional, como “aquella acción ilegal en donde tres o más personas se organizan para cometer delitos en forma permanente o reiterada”.

Respecto a este punto, cabría mencionar que antes de que se aprobara la reforma, el Grupo Parlamentario del PRD logró, que al definirse el concepto de delincuencia organizada, se distinguiera que los movimientos sociales, son ajenos a dicha categoría.

Al aprobarse la reforma, quedo establecido en el mismo capítulo 16 constitucional, que “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o integridad corporal de personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”.

Se aprobó también que tratándose de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, podrá “declarar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señala, sin que pueda exceder de 40 días, plazo que podrá prorrogarse, siempre y cuando la representación social acredite que subsisten las causas que dieron origen a la privación preventiva de la libertad”.

En igual sentido, al aprobarse la reforma, se modificó el Artículo 18 constitucional, para que los miembros de la delincuencia organizada que se encuentran en reclusión preventiva, permanezcan en centro especiales y además se estableció que dichos detenidos, se mantengan incomunicados; “las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentre internos”.

También se decretó, cuestión que se plasmo en el Articulo 19 constitucional, que los jueces podrán ordenar prisión preventiva para todos aquellos presuntos inculpados de “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.

La reforma aprobada, contempla también que en casos de delincuencia organizada, el “Ministerio Público Federal, autorizado en cada caso por el titular de la Procuraduría General de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado cuando se relacione con un delito”.

En materia de delincuencia organizada, los cuerpos de seguridad del Estado, podrán realizar grabaciones telefónicas, mismas que serán utilizadas como pruebas, en contra de un inculpado, “siempre y cuando la parte acusadora aparezca en la llamada”.

En uno de los puntos que mayor controversia generó, al ser discutido por los legisladores, pero que a fin de cuentas, también fue aprobado, fue el relativo a que se dota a la “Policía preventiva de facultades legales para investigar, prevenir los delitos y participar como parte acusadora en aquellos delitos que conozca y no exista denunciante”.

En conclusión, tras este recuento de algunos de los puntos contenidos en la reforma al Poder Judicial (mismos que ya han sido aprobados), se puede constatar que dicha reforma se ocupo, en buena medida, de transformar y modernizar, las formas en que el Estado combate a la delincuencia organizada.

Resulta claro que con la aprobación de la reforma, los legisladores federales, dotan, tanto al poder Ejecutivo, como al poder Judicial, de mayores herramientas legales para combatir a la delincuencia organizada.

En ese sentido, el gobierno federal, especialmente el Ejecutivo , ha afirmado que con la reforma al poder judicial, se da un gran paso, para que el Estado en su conjunto, refuerce el esquema de procuración de justicia y rectifique en torno de aquellas deficiencias que por muchos años, se han presentado en torno al tema del combate a la delincuencia organizada.

El Ejecutivo ha mencionado que se da un gran avance, en temas como aquel que permitirá que las corporaciones policiales puedan ingresar a un domicilio (sin orden previa de un juez) en el que exista una amenaza actual o inminente a la vida de una persona.

Dicha modificación permitirá, según el Ejecutivo, que se pueda castigar el delito, de manera inmediata, ya que los delincuentes podrán ser detenidos en flagrancia.

De igual forma se pondera que los nuevos lineamientos en materia de arraigo, de reclusión y de prisión preventiva, permitirán, no solo que la acción penal sea más expedita, sino que la delincuencia organizada encuentre menos caminos para violar la ley.

Así mismo se aplaude, por parte del Ejecutivo, como una modificación relevante, el que el Ministerio Público este autorizado por el Procurador General de la República, a tener acceso a información financiera, de personas que estén vinculados con la delincuencia organizada.

Tras dichas afirmaciones, pronunciadas por el Ejecutivo, parecería que en todos sus rubros y en especial, el que se refiere al combate a la delincuencia organizada, la aprobada reforma al Poder Judicial, genera grandes beneficios, fortaleciendo la procuración de justicia, modernizando la acción de las instituciones de seguridad pública e inhibiendo el delito.

Sin embargo, sociedad y gobierno tendrán que esperar (cuestión que ante la violencia generada por la delincuencia, no resulta nada sano para la gobernabilidad democrática), a que la reforma comience a dar resultados.
Dicha situación preocupa, pero lo que inquieta aún más, es que ante el reforzamiento de medidas judiciales coercitivas, aprobadas con la reforma, poco o nada se haya modificado en materia de los derechos humanos.

Si bien, al aprobarse la reforma, elementos como el reconocimiento a nivel constitucional de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, el fortalecimiento de la autonomía de las comisiones estatales de derechos humanos y la aparición de la figura jurídica de los derechos de las víctimas, son ya una realidad, lo cierto es que al analizarse todos y cada uno de los puntos de la reforma, las modificaciones en materia de derechos humanos se quedaron, por decir menos, muy cortas.

Resulta lamentable que a la par de que se aprobaron medidas coercitivas en contra de la delincuencia organizada, no se hayan creado nuevas o al menos fortalecido, aquellas herramientas legales que realmente hagan respetar los derechos humanos, tanto de aquellos que infringen la ley, pero sobre todo, del resto de la ciudadanía.

Y es que tal y como lo ha mencionado el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , así como otras voces de expertos en la materia, algunas modificaciones aprobadas, contenidas en la reforma al Poder Judicial, son, en la práctica, una amenaza para la protección de los derechos humanos, entre ellas, solo por citar un ejemplo, aquella que se refiere a que los cuerpos policiales, podrán ingresar a cualquier domicilio, sin la orden previa de un juez.

Al respecto y antes de analizar a detalle, si las modificaciones de la reforma al Poder Judicial, ponen en riesgo o no, la protección de los derechos humanos, bien valdría la pena contextualizar, brevemente (tal y como se estipulo en los objetivos de este ensayo), tanto teórica, como históricamente, el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito internacional, así como en el nacional.

Para comprender la importancia de los derechos humanos, basta con citar la ponencia presentada en este diplomado, por la Dra. Mireille Roccatti, en donde se afirmó que: “… los derechos humanos… constituyen uno de los pocos signos positivos de nuestra época marcada por alarmantes problemas, como las guerras, la degradación del medio ambiente, el aumento de la población, el armamentismo, el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
La Dra. Mireille Roccatti mencionó que algunos historiadores, ubican el desarrollo (en términos jurídicos) de los derechos humanos, tras la promulgación en Inglaterra, de los siguientes documentos, “Carta Magna de 1215, la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689”.

En su ponencia, la Dra. Rocatti desatacó que si bien, dichos documentos generaron el reconocimiento de los derechos humanos como norma jurídica, no sería, sino hasta la promulgación de la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que el respeto a los derechos humanos comenzó a ponerse en práctica y sobre todo, a ser validados por los gobernantes.

Así mismo, la Dra. Rocatti detalló que, en lo correspondiente al desarrollo teórico de los derechos humanos, las obras de autores como “Hobbes, Locke y Rousseau” , resultaron fundamentales para que a lo largo del propio desarrollo histórico de las sociedades, el pueblo, a través de sus representantes, demandaran la aparición, en sus constituciones nacionales, con el nominativo de garantías individuales, de los derechos humanos.

En la misma ponencia se explico que en la actualidad, partiendo de su propio desarrollo histórico, a los derechos humanos se les suele clasificar de la siguiente manera:

 Derechos humanos de “primera generación”: el derecho a la vida, a la integridad física, derecho a la libertad, a un justo proceso, libertad de creencias, libertad de expresión, de decisión política y el respeto al domicilio.

 Derechos humanos de “segunda generación”: derecho al trabajo, a un salario justo, a la salud, de asociación sindical, a disfrutar de descanso y a la educación.

 Derechos humanos de “tercera generación”: derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la autodeterminación de los pueblos y derecho a disfrutar de un medio ambiente sano.

Por otra parte, analizando brevemente el desarrollo histórico de los derechos humanos en México, se puede señalar que desde que nuestra nación logra su independencia en 1821, las ideas liberales de que todos los ciudadanos fueran iguales en cuanto a sus derechos y garantías, se inspiraron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Al proclamarse la constitución de 1824, retomando dicha declaración y documentos tan valiosos como el Bando de Guadalajara (dictado en 6 de diciembre de 1810 por Miguel Hidalgo) y los Sentimientos de la Nación (proclamados por José María Morelos y Pavón en 1813), si instituyen, en los artículos 145 al 156 y en el 161, derechos como la libertad de prensa y expresión, así como la prohibición de la tortura y la esclavitud en todo el territorio nacional.

Más tarde, al nacer la Constitución de 1857, la cual se sustento en los ideales liberales de los hombres que triunfaron en la guerra de reforma, se instituyeron, en el primer titulo de dicha carta magna, todos los artículos relativos a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, destacándose el juicio de amparo y el derecho a la igualdad, libertad, seguridad y propiedad.

Por su parte, la Constitución de 1917, ubica también en su primer titulo, a las garantías individuales, a las que identifica, prácticamente en los mismos términos en que aparecieron en el constituyente del 57, modificando, tan solo el término de garantías individuales, por el de Derechos del Hombre.

En términos generales, puede señalarse que las tres constituciones citadas, mismas que han regido al país en diversas etapas, consolidaron en México, los derechos de primera generación, tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la libre expresión.

En igual sentido, hacia 1940, una vez que las instituciones del denominado Estado benefactor, comienzan a consolidarse, los derechos de segunda generación, también se instauran como una realidad en México, ya que al surgir instancias encargadas de otorgar servicios de salud y educativos a los ciudadanos, surgen derechos relativos al trabajo, a un salario justo, a la salud y a la educación.

Finalmente, no es sino hasta la década de los noventa, que teniendo como antecedente a los movimientos sociales de los sesentas y setentas, encabezados por trabajadores y estudiantes en todo el mundo, que el gobierno y la sociedad mexicana, comienzan a observar la necesidad de instaurar los denominados derechos de tercera generación, tales como el derecho a la paz, a disfrutar de un medio ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos.

Aunado a ello, surge la idea de confeccionar organismos autónomos del Estado, encargados de velar por los derechos fundamentales.

Es así que el 5 de junio de 1990, nace por decreto presidencial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con ella, dada la reforma al apartado B del Artículo 102 constitucional, organismos locales, en cada estado de la República, encargados de la protección de los derechos humanos.

Al publicarse el 29 de junio de 1992, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , se oficializan las funciones de la Comisión Nacional, entre las cuales se encuentran las siguientes.

Esta facultada a nivel federal, para vigilar la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico nacional, así mismo investiga quejas que se le presentan y, en su caso, expide una recomendación a la autoridad.

De acuerdo a su ley, la Comisión está organizada administrativamente por un presidente, hasta cinco visitadores generales, una secretaria ejecutiva y la secretaría técnica del consejo.

Ahora bien, el gran tema, la disyuntiva a debatir y que da origen a este ensayo, es determinar si las modificaciones de la reforma al Poder Judicial, pondrán en riesgo la protección de los derechos humanos.

Mencione que desde que los partidos políticos emitieron sus propuestas de reforma en materia de procuración de justicia y de combate a la delincuencia organizada, diversos analistas y defensores de los derechos humanos, habían manifestado su rechazo absoluto a la reforma, dado que en nombre de reducir o terminar con la plaga de la delincuencia organizada, los legisladores aprobarían leyes que claramente atentaban en contra de los derechos humanos.

Juan Velásquez, Víctor Carranca y como ya se mencionó, el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señalaron que se trataba de un “reforma inquisitoria que podría llevar al país a un Estado policial y se aseguraba, por estas mismas voces, que la reforma al Poder Judicial, era un hecho grave e inadmisible, pues con ella se justificaban violaciones al estado de derecho”.

Entre los puntos de la reforma, que mayor controversia generó, era el ya citado, ingreso de las corporaciones policiales a domicilios particulares, sin una orden previa de un juez.

Al aprobarse la reforma, no solo ese punto ha sido criticado, sino que, en general, todas las modificaciones orientadas al combate a la delincuencia organizada, han sido catalogadas “como un duro golpe a la de por sí delicada situación que enfrenta la procuración de los derechos humanos en el país”.

Al respecto, sin ninguna tendencia partidista, cabe preguntarse si realmente las declaraciones citadas, tienen razón de ser o si la reforma es, como llegó a mencionar el diputado federal, Cesar Camacho, una reforma encaminada a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.

Para ello, utilizaré el apartado denominado Opinión del Autor, para determinar si los puntos de a reforma que cite en este ensayo, violentan o no el respeto a los derechos humanos.

“OPINIÓN DEL AUTOR”

Cabe mencionar que al aprobarse la reforma al Poder Judicial, diversos puntos, relativos al combate a la delincuencia organizada, fueron aprobados, sin embargo, por su importancia y por la limitante de cuartillas para este ensayo, solo me referiré a los que considero como lo más relevantes.

Así, en primer lugar, debo comentar que entorno a la modificación del Artículo 16 constitucional, en donde se define el concepto de delincuencia organizada, no se observa problema alguno, pues es claro que dicha acción es ilegal, que en ella participan más de tres personas y que se organizan para cometer delitos de forma permanente.

Sin embargo, es en ese mismo artículo, en donde se presenta uno de los puntos de mayor controversia, el cual se refiere a la posibilidad legal que hoy tienen los cuerpos policiales, de ingresar, sin una orden previa, a todo domicilio particular, en donde exista una amenaza inminente a la vida de una persona o cuando se esté persiguiendo a un inculpado.

Aquí cabe preguntarse, ¿Cómo reaccionará un individuo o una familia?, ¿A quien podrá recurrir para presentar una queja legal?, cuando la policía (federal, estatal o municipal, dado que en la reforma no se estipula cual cuerpo policiaco está facultado para dicha acción), ingrese a su domicilio, apoyándose legalmente en el hecho de que en ese lugar, presuntamente, la vida de una persona está en peligro o cuando (cuestión que seguramente se presentará de manera frecuente) se esté persiguiendo a un delincuente que presuntamente se encuentra oculto en esa casa habitación.

¿Qué significa el término de presuntamente?, ¿Con base a que elementos jurídicos, los cuerpos policiales determinarán y entenderán el concepto de presuntamente?, ¿Quién ordenará (dado que ya no será un juez) el ingreso de policías a cualquier domicilio particular?

Aunado a estos cuestionamientos, cabe añadir la pregunta relativa a que, ante la aprobación de la reforma, ¿Qué ocurre con los primeros párrafos de ese mismo artículo 16 constitucional?, en donde a la letra se lee “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento”.

Al tratarse está, de una garantía, de un derecho fundamental, podría afirmarse que la reforma al Poder Judicial, viola claramente la Constitución y con ello, los derechos humanos.

Sin embargo, también es factible argumentar que, de no haberse aprobado esta reforma, la policía estaría impedida, tal y como ocurría anteriormente, a ingresar a un domicilio, en donde se este cometiendo un delito, como por ejemplo, una casa en donde individuos estén privados de su libertad.

En ese mismo tono de debate se encuentra el punto relativo al arraigo, en donde ahora, al aprobarse la reforma al Poder Judicial, la autoridad podrá tener detenido a una persona, por más de 40 días, cuando presumiblemente, dicho individuo este vinculado con la delincuencia organizada.

Al respecto, una vez más, como puede observarse, se añade el término de “presumible” y la pregunta es, ¿Quién determina esa categoría?, ¿Es factible acaso pensar que dado que los trabajos de inteligencia de las instituciones de seguridad son tan precisos, la autoridad siempre acertará en determinar que persona es un presunto delincuente?.

También cabe preguntarse, ¿Qué ocurre con el Artículo 19 constitucional?, en donde se lee “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición…

Al llegar a este punto de análisis, cabe reflexionar sobre lo siguiente: estas nuevas disposiciones (la acción legal en donde los cuerpos policiales pueden ingresar a domicilios particulares sin orden previa de un juez y el arraigo prolongado) son una amenaza clara a los derechos humanos o por el contrario, son medidas que fortalecen al Estado y que le permiten cumplir con su misión de proveer seguridad a sus gobernados.

Con la reforma al Poder Judicial, tal y como se comentó anteriormente, se modifico también el Artículo 18 constitucional, autorizándose que los presuntos miembros de la delincuencia organizada, estarán privados del derecho de comunicarse, salvo el acceso de su defensor y además, serán vigilados de manera permanente.

Ante dicha modificación constitucional, no solo se elimina la idea, plasmada en el artículo 18, de que los sentenciados y reos, puedan purgar penas en centros penitenciarios cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su readaptación social, sino que además, se eliminan también fracciones del Artículo 20 constitucional, en donde se prohibían penas relativas a la incomunicación, intimidación o tortura.

Otra modificación que en verdad preocupa, es aquella en donde se reforma el Artículo 19 constitucional, autorizando que los jueces podrán ordenar prisión preventiva para todos aquellos presuntos inculpados, no solo de delincuencia organizada, sino también de homicidio dolosos, de violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Si se desglosa el párrafo anterior y se reflexiona en torno a el, resulta que un juez (como si la sociedad no estuviera enterada de los caso de corrupción e incompetencia de estos personajes), podrán ordenar prisión preventiva para todos aquellos individuos que presuntamente, han cometido un delito, no solo relacionado con la delincuencia organizada, sino también los comunes, los que se dan todos los días y peor aún, bajo la sospecha de que un individuo atenta o puede afectar la seguridad de la nación, podrá ser detenido.

Si no bastase con la reflexión que provocan los puntos anteriores, habrá que imaginar la controversia que generaran (cuando se den los casos), de la extensión del dominio, el acceso que el Ministerio Público tendrá a documentación privada de todo individuo (presuntamente delincuente), la grabación de conversaciones telefónicas y el que la Policía Preventiva pueda fungir como parte acusatoria en un proceso penal.

Con todos estos elementos, a simple vista y sin llevar a cabo un estudio jurídico a fondo, me parece, cuestión que seguramente comparte la ciudadanía, que muchos de los puntos aprobados en la reforma al Poder Judicial, son claramente un retroceso en materia de protección a los derechos humanos.

“CONCLUSIONES”
Diversas voces, provenientes de la académica, de analistas políticos, de periodistas y de la opinión pública informada, han criticado los escasos resultados de la reforma del Estado.

Dicha crítica, es a consecuencia de que reforma despertó, ante la diversidad de temas importantes que aglutinaba y dado que fue acordada por todas las fuerzas políticas, innumerables comentarios y pensamientos positivos, relativos a que ahora si, finalmente, el estado se reformaría y modernizaría, adecuándose a los tiempos políticos y respondiendo a las demandas de la sociedad.

Lamentablemente, al concluir el plazo fijado para que los diversos puntos de la reforma, fueran discutidos y en su caso aprobados, los resultados son a todas luces, muy limitados.

Ante el fracaso, algunos podrían pensar que, siendo justos, dado el poco espacio de tiempo que se dio para aprobar una verdadera y vital reforma del Estado, habría que estar, relativamente conforme con los puntos que si se lograron aprobar, tales como la nueva reforma electoral y la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, es muy claro que la ciudadanía no podrá corresponder a ese sentimiento conformista, manifestado por algunos legisladores y funcionarios de gobierno.

No podrá conformase dado que al analizar a detalles las modificaciones tanto en el aspecto electoral, como en el judicial, parecería que la reforma del Estado, no resolvió los problemas de fondo que enfrenta el país en su conjunto, si no que, por el contrario, todo a apunta a que la reforma los agravó.

Y es que tras el análisis presentado en este ensayo, no cabe duda que el Estado, en un intento por frenar el embate de la delincuencia organizada, dejo de lado el tema de los derechos humanos y de las garantías de todos los ciudadanos.

Tras la reforma al Poder Judicial, los ciudadanos ya no solo tendrán que temer a la delincuencia, sino que también a los abusos de la policía, la cual, amparada en las modificaciones a la procuración de justicia y bajo el pretexto del combate al crimen organizado, podrá, entre otras cosas, violentar la tranquilidad de cualquier hogar.

REFERENCIAS

Ley para la Reforma del Estado, propuestas de los partidos políticos nacionales en materia de Reforma del Estado. Trabajos del palacio de minería para la Reforma del Estado. Tomo I, archivo gráfico del Senado de la República, junio del 2007. p.11.

Ibídem., p.p. 31 - 35.

Ibídem., p. 45.

Ibídem., p. 33.

Ibídem., p. 175.

Ibídem., p. 176.

Dicho concepto se refiere a la facultad que tendrán las autoridades judiciales para mantener asegurados los bienes de grupos y organizaciones de la delincuencia organizada, en casos en que aun cuando no se haya dictado sentencia, se determine la responsabilidad penal de estos.

Ibídem., p. 34.

Ibídem., p.p. 31 - 35.

Periódico El Universal, miércoles 12 de diciembre de 2007. “Aprueban diputados reforma judicial” Andrea Merlos y Ricardo Gómez.

Del 24 de junio al 4 de julio de 2007, se llevaron a cabo los foros temáticos en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Acapulco y Veracruz, en los que ciudadanos y legisladores, debatieron y compartieron ideas, relativas a los cinco ejes temáticos de la Reforma del Estado.

Periódico La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007. “PRI y PAN imponen su fuerza para aprobar la reforma en materia judicial” Roberto Garduño y Enrique Méndez.

Periódico El Universal, miércoles 12 de diciembre de 2007. “Aprueban diputados reforma judicial” Andrea Merlos y Ricardo Gómez.

Idem.

Periódico La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007. “PRI y PAN imponen su fuerza para aprobar la reforma en materia judicial” Roberto Garduño y Enrique Méndez.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Agencia de noticias Notimex, 7 de octubre de 2008. “Descartan diputados beneficios de Reforma Judicial”.

Periódico La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007. “PRI y PAN imponen su fuerza para aprobar la reforma en materia judicial” Roberto Garduño y Enrique Méndez.

Idem.

Segundo Informe de Gobierno, Presidencia de la República. septiembre de 2008. p.13

“el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luís Soberanes, manifestó su preocupación por la enmienda constitucional, e indicó que lo que hay que hacer es ampliar los derechos humanos, no reducirlos”. Fuente: Periódico La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007. Sección Opinión. “Regresión Autoritaria”.

Derechos Humanos, Dra. Mireille Roccatti. Ponencia presentada en el Diplomado “Gestión, Evaluación y Liderazgo para la Reforma del Estado”. Auditorio Sur del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

De la Torre Torres, Rosa María. “Los mecanismos de protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos en México. p.2.

Ibídem., p. 19.

Ibídem., p. 20.

Idem.

Periódico La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007. Sección Opinión. “Regresión Autoritaria”.

Idem.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 16, edición electrónica. Cámara de Diputados. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación, Información y Análisis. p. 8.

Ibídem., p. 10

Ibídem., pp. 10 - 11.

DEMOCRACIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

2009-04-30T10:47:00.000-07:00

CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN UN SISTEMA DEMOCRATICO, CARENTE DE LEGITIMIDAD Y DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

LUIS FIGUEROA SOLANO

P R E S E N T A C I O N

Desde la aparición de la agricultura de riego (1000 años A.C.), en el Valle de Tehuacán se produjo un cambio en la vida del hombre, al establecerse como sedentario y comenzar a convivir con otros grupos sociales . Podríamos decir que allí surge en México, la primera sociedad civil.

Desde entonces ha estado presente la sociedad, aunque no el término con su adjetivo “civil”. La sociedad es cierto que se ha tenido que organizar para lograr diversos objetivos, casi siempre conducidos por “lideres iluminados” que han prohijado las grandes causas de la Nación.

Es así que se ha proclamado nuestra Independencia, se ha cruzado la etapa de la Reforma y se gestó nuestra Guerra revolucionaria que nos da sustento hoy en día de los principales postulados consagrados en nuestra Constitución Política. La educación laica y gratuita, la propiedad originaria de la Nación, el reparto agrario y la tenencia de la tierra; los derechos laborales que hoy causan polémica, la tradición en la política exterior; en fin un gran bagaje de conceptos que nos han constituido un perfil nacional y que ha llamado la atención de estudiosos de otros países al contenerlos en lo que fue la primer Constitución social del siglo XX.

En este trabajo, el autor pretende demostrar fehacientemente la relación que existe entre democracia y la responsabilidad social, tal y como nos quedo claro con los diferentes ponentes que cubrieron este modulo. La evolución de la Administración Pública y su relación con la sociedad y la necesaria construcción de espacios de participación ciudadana a fin de amortiguar la presión social por un lado y por otro, la necesidad de canalizar toda esa energía que se ha venido acumulando a lo largo de lustros y décadas, originada por una opinión que si bien se encuentra cimentada en un fundamento de las aulas universitarias, también es cierto que en muchas ocasiones va cubierto de un gran desconocimiento de la praxis política, cuando menos o por un gran dejo de amargura de individuos que desatan su resentimiento social a través de la cátedra preparatoriana y universitaria.

D I A G N Ó S T I C O

La sociedad en México se ha organizado en torno a diferentes causas sociales: ambientalistas, laborales, pro-derechos humanos, de los discapacitados, de los niños, de las mujeres, por la seguridad pública, etc. ;dando cabida así a todas las expresiones sociales y sus motivaciones.

Evidentemente este espacio resultaría insuficiente para tratar los orígenes europeos del concepto “sociedad civil” así como para hablar de su relación con los partidos políticos. Sólo anotaré que aunque es cierto que esa proliferación de los grupos sociales organizados disminuye de alguna manera la fortaleza de los partidos; es contundente también, la aseveración de que son los Partidos los que deben ajustarse a esta realidad y ser ellos los que encuentren los caminos del acercamiento a esta sociedad civil que de manera clara está ávida de gestión favorable a sus causas justas.

En México es claro que los partidos lo intentan con resultados diferenciados: algunos les imponen primeramente un costo político-clientelar, al obligar a los grupos a afiliarse, acudir a sus marchas, mítines y plantones; otros los emplean en sus políticas meramente asistencialistas como escenografía de relumbrón para la foto y la nota de prensa.

“Raro” por decir lo menos, parecería la opción política que no busque “clientela” a través de “programas de transferencias condicionadas”
La crisis de representación política que enfrentan las instituciones democráticas, aunque distinta en su énfasis, responde por lo general a la dificultad que tienen para adaptarse a las nuevas realidades que emergen en la política, la economía y la cultura; en esencia, es un problema de desajuste entre la política y la sociedad.

Un análisis actual de la democracia muestra una marcada distancia entre los representantes y los representados. Amparados en la idea de que la transición requería en primera instancia de elecciones libres y transparentes, los países se han concentrado en esa tarea, en detrimento del desarrollo de otros mecanismo de profundización de la democracia.
América Latina ha vivido, más que un modelo de democracia representativa, un sistema de democracia delegativa. Los ciudadanos han visto reducidos sus márgenes de participación a las elecciones. No obstante, esa entrega de la capacidad de representación se ha convertido en una auténtica delegación de poder, en donde el representante, una vez elegido, se vuelve marcadamente autónomo en relación a la comunidad que representa.
La crisis de legitimidad en los gobiernos, conllevan necesariamente a una crisis de gobernabilidad
El maestro Ulises Corona , señala:
 La gobernabilidad en su definición más simple es el “buen gobierno”. El sentido de la gobernabilidad toma forma cuando encuentra sus bases en normas, reglas, valores, que determinan su calidad por medio de las características que un gobierno adopta para el ejercicio de sus acciones permitiendo la interacción y haciendo posible la participación de la sociedad civil y el sector privado como ente económico.
 La gobernabilidad “No sólo se refiere al gobierno, sino a todas las condiciones necesarias para que esta función, pueda desempeñarse con eficiencia, legitimidad y respaldo social”
 La actividad gubernamental debe encaminarse entre otras, a la gobernabilidad entendiéndola como el vinculo entre gobierno y gobernados con la finalidad de la sana convivencia y desarrollo de ambos en un Estado de Derecho, en el que el cumplimiento de derechos y obligaciones es un fundamento básico para lograr la anhelada gobernabilidad.

Un elemento esencial para mantener la gobernabilidad en condiciones de tránsito, es la gestión social que realizan las organizaciones de la sociedad civil, sean éstas, asociaciones civiles, comités vecinales, o alguna otra forma de organización ciudadana.
Es preciso puntualizar las funciones que incluye la gestión social a partir de las organizaciones para su funcionamiento:
 Organización. Es la especificación funcional del modelo organizativo. Se ocupa de estructurar e integrar a los recursos y órganos responsables de la gestión, definiendo sus relaciones y atribuciones
 Dirección. Trata de orientar el comportamiento de los operadores para la consecución de los objetivos del programa. Comprende la conducción, supervisión, sincronización de acciones y coordinación de las actividades desarrolladas por las distintas unidades de estructura
 Programación. Se encarga de establecer la secuencia cronológica de las actividades por realizar para optimizar los recursos asignados, identificando a sus responsables y las interacciones requeridas para su ejecución
 Ejecución. Corresponde a la puesta en marcha de las actividades enmarcadas en los procesos para alcanzar los objetivos de producto e impacto de los programas
 Monitoreo. Es la observación concomitante de la ejecución. Compara lo realizado con lo programado, sobre la base de estándares y el rendimiento de otros programas
 Evaluación de impacto. Tiene como finalidad determinar la magnitud cuantitativa de los cambios producidos por los programas

P R O P U E S T A S:

I.- Se puede pensar que la solución a los déficits de la democracia está dentro de la representación política, pero la solución a la crisis parece estar en la adecuada complementación entre la institucionalidad de la representación política y las prácticas de la democracia participativa.

Instaurar figuras de acceso a la incidencia –por lo menos- en la toma de decisiones, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y hasta la revocación de mandato –que al autor no convence aún, debido a la precaria cultura política que implicaría utilizarla como instrumento de venganzas y chantajes políticos- parecieran ser un imperativo de una ciudadanía cada vez más receptiva, pero más contestataria y cuestionante.
II.- La democracia no es un proceso irreversible y requiere de avances continuos. Ello implica por lo menos tres cosas: acercar el representante al representado, en términos de que los ciudadanos tengan capacidad de influencia; hacer transparente la gestión del representante, pasando por la creación de mecanismos de rendición de cuentas; y acercar los niveles de toma de decisiones al ciudadano, de manera que el gobierno sea un actor más cercano al ciudadano.
III.- La democracia representativa es una condición importante para la gobernabilidad, pero no la resuelve ni la agota. Se requiere de mayores dosis de integración de los ciudadanos en su construcción y desarrollo permanente, lo que se ha llamado “construir ciudadanía”
IV.- Para los efectos de una “reforma política integral”; es necesario pasar por una “reforma a la administración pública” que logre consolidarse, con base en lo que se expone más adelante.

JUSTIFICACION Y EFECTOS DE LA PROPUESTA
La democracia está conformada por valores, prácticas e instituciones. Es por tanto un sistema político que plantea una lógica de acción para canalizar la dinámica social dentro de una pauta de respeto y convivencia, mediante la idea de que las sociedades le otorguen poder a algunos de sus propios ciudadanos para dirigirla.
Ello significa que para que la democracia representativa exista se requiere tanto de representantes como de entidades sociales a las cuales representar, más aún, que deseen ser representadas. Esa relación adquiere legitimidad siempre y cuando los primeros expresen la voluntad de los segundos y promuevan respuestas institucionales a sus necesidades y expectativas.

Respecto a que la democracia es conquista que se debe cuidar, por cuanto no está descartado un retorno al autoritarismo, hay un amplio consenso hoy en día. No obstante, ese consenso está más claro en el nivel de análisis político y académico, que en el de acciones efectivas de profundización de la democracia.
No se puede hablar de reforma política sin concebir transformación en los partidos políticos y en el Congreso. Se plantea, por tanto, una crítica a los enfoques dominantes en reforma del Estado que se han concentrado en la reducción de los aparatos gubernamentales sobre la base de criterios financieros y fiscalistas, en detrimento de una auténtica visión de sus funciones políticas.
De esta manera, la participación política es aquél conjunto de actos y actitudes dirigidos a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante
En cuanto a la “Reforma a la Administración Pública, el Dr. Gómez Rivas, nos ilustra cuando se refiere a la administración pública y señala que:

- Son agentes fundamentales para el desarrollo de los países.
-Se requieren organizaciones administrativas potentes y altamente capaces.
-Dinamizadores de la vida social y económica del país.
-Se configuran como el elemento estable del sistema político.
-Dotarlas de reglas y normas claras y transparentes que permitan el control democrático
-Dándoles continuidad en su gestión.
-Cambio en la Legitimidad. Incremento de las demandas de los ciudadanos
Asimismo, en razón a la necesaria consolidación y profesionalización de la Administración Pública, el autor referido señala que se requiere:
- Bajar el nivel de politización de las Administraciones públicas.
- Diferenciar claramente los niveles de los puestos políticos de los puestos técnicos.
- Programación política y ejecución gerencial (gobierno inspirado en objetivos).
- El político marca las estrategias y los objetivos que se deben conseguir.
- El gestor público profesional tiene que desarrollar la táctica y conseguir materialmente los objetivos marcados (eficacia).
- Los límites entre ambos campos no deben traspasarse.

En conclusión, las causas de la crisis de representación e intermediación política obedecen tanto a los límites propios del modelo como a los desajustes que se dan entre la política y las nuevas realidades sociales.

Asimismo, la solución a ésta crisis no se encuentra únicamente en el mejoramiento del sistema político representativo, sino en la adecuada interrelación entre la representación política y nuevos mecanismos de participación de los ciudadanos.

Existe una falsa contradicción entre representación y participación y esa falacia se extiende a aquellas tesis que aseguran que mayores niveles de participación son el germen de la ingobernabilidad. Es evidente que si bien vuelve más complejo el proceso de obtener acuerdos para la gobernabilidad del sistema político, los esquemas alcanzados se vuelvan más sustentables y fortalecen la calidad de la democracia. Eso es incuestionable, ojalá y nuestros ojos lo alcancen a ver.

REFERENCIAS:

Mtro.Francisco Moyado Estrada.- La desigualdad social y las políticas del Estado.- conferencia dictada en el Diplomado “Análisis y Diseño de la Reforma del Estado” UNAM-H.CAM. DIPUTADOS 7-nov.2007.

Dip. Eduardo De la Torre Jaramillo.- conferencia

Pasquino, G. “Participación política, grupos y movimientos”, en Pasquino, G. Et. Al. Manual de Ciencia Política. España, Alianza editorial, 1996

Dr. José Vicente Gómez Rivas.- conferencia “La Reforma del Estado y la Modernización de las Administraciones Publicas” .- conferencia dictada en el Diplomado “Análisis y Diseño de la Reforma del Estado” UNAM-H.CAM. DIPUTADOS.- 3-Oct-.2007.

El Desarrollo Local

2009-03-11T09:40:00.000-07:00

EL DESARROLLO LOCAL

ALBERTO GONZÁLEZ HARARI
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO

El presente trabajo tiene por objeto definir al desarrollo local, precisar su objetivo desde distintas vertientes, describiendo brevemente los factores que inciden en el tema del presente ensayo como son: el crecimiento económico local y el empleo, el capital social y su construcción, los agentes del desarrollo, la globalización y el propio desarrollo local.

Mi inclinación por el tema del Desarrollo Local para la realización de este ensayo, es debido a que considero que es un tema añejo, pero siempre actual y que desafortunadamente ha sido olvidado por diversas administraciones, o tal vez, considero a título personal, no se le ha dado la debida y suficiente importancia en nuestro país, pese a ser un punto toral en el quehacer político de México.

El Desarrollo Local es un tema por demás esgrimido en los discursos políticos, pero que dista de la realidad que viven, lamentablemente distintas regiones de nuestra patria. En la mayoría de las ocasiones se utiliza como bandera electoral, pero al pasar la euforia se concibe como un lastre para intereses particulares y de grupos.

Es por ello, que insisto en su importancia, tema siempre presente y pocas veces atendido.

(ENSAYO)

En primer término es necesario definir los términos “Desarrollo” y “Local”, para con posterioridad manejar y entender el concepto de “Desarrollo Local”.

Al respecto, la lengua castellana refiere al “Desarrollo” como la acción y efecto de desarrollar, entendido como “Aumentar, acrecentar, perfeccionar y mejorar”[1]; no obstante lo anterior, considero que debemos ir más allá en el concepto, y según el Mtro. Luis Pineda, Coordinador del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local de DECA, Equipo Pueblo, A.C, es “Una condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos”[2].

En tanto que el concepto de “Local” se concibe como “Perteneciente o relativo a una región, es decir, a una porción de territorio determinada por caracteres geográficos, étnicos, lingüísticos y administrativos”[3].

Una vez acotados los dos conceptos anteriores, podemos decir que el “Desarrollo Local” es una estrategia de desarrollo que surge y tiene sus cimientos a partir de una serie de características y particularidades relativas a cada territorio y colectividad.

Y precisamente es en las comunidades de nuestro país y con los agentes de desarrollo (Ciudadanos, Comerciantes, Industriales, Instituciones financieras nacionales e internacionales, Fundaciones, Agencias de cooperación nacional e internacional, Empresas sociales, Gobiernos nacionales y extranjeros), los que deben definir y determinar las metodologías de actuación, la pertinencia de políticas, programas y acciones a ejecutar. Es por ello que cada modelo de desarrollo local tiene un sello particular.
Ahora bien, y continuando con el orden de ideas, considero por demás importante dejar claro el objetivo que persigue el Desarrollo Local, siendo éste el de impulsar el logro de una mayor calidad de vida de la población en su conjunto, a partir de una perspectiva de Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, basado estrictamente en tres ejes importantes como son la gobernanza, el desarrollo del capital social y el desarrollo económico.

Ahora bien, es menester, antes de continuar con el ensayo de mérito hacer algunas anotaciones de carácter histórico respecto del Desarrollo Local, y para ello vuelvo a citar al Mtro. Luis Pineda, siendo éstas las siguientes:

• “La Posguerra se vislumbra con una idea de crecimiento y de apoyo a los países afectados directamente por la guerra y a los que estuvieron cooperando con ella.

• En los 50’s y 60’s se advierte un espíritu de impulso a la modernidad basada en la industrialización.

• En los 70’s se ubicó como un elemento catalizador que procuraba cerrar la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

• En los 80’s se advierte el deterioro medioambiental y se coloca como un punto importante en la agenda la propuesta de medidas disciplinarias en lo fiscal, político y económico pero también en la preservación del ambiente para las futuras generaciones.

• En los 90’s se basa en el Consenso de Washington y las políticas de ajuste estructural y a finales de esos años aparece el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad”[4].

Un vez expresado lo anterior, veo importante hacer alusión al Desarrollo Económico Local, y al respecto hay que decir que los principales programas de Desarrollo Económico Local son los que se refieren a la dinamización empresarial (fortalecer y atraer empresas), el fomento del empleo (políticas activas de generación de empleo) y el asociativismo local (búsqueda de escalas productivas desde el territorio).

Se trata de apostar a la construcción de un nuevo tipo de competitividad de corte territorial, donde las empresas y los gobiernos locales tienen un nuevo rol, ahora sí central, a cumplir.

Para un efectivo Desarrollo Económico Local existen 11 instrumentos que lo promueven, siendo éstos:

1. Planes estratégicos de desarrollo económico, ambiental y social;
2. Asociativismo local, para potenciar la capacidad de varias localidades y alianzas con otros niveles del Estado local y central;
3. Alianzas público-privadas, para asociar a los agentes públicos con los agentes privados y no gubernamentales;
4. Parques industriales de diverso concepto y generación;
5. Incubadoras para apoyar a pequeñas empresas tradicionales e incubadoras innovadoras, para estimular a empresas con tecnologías de punta;
6. Programas de extensión y apoyo técnico a las empresas medianas y pequeñas en asociación, a menudo, con las instituciones académicas;
7. Investigación para la innovación productiva, en alianza con las instituciones académicas o, incluso, con empresas internacionales;
8. Servicios e instrumentos de financiamiento, de modalidad y costos razonables adaptados a cada tamaño y tipo de empresa;
9. Servicios de apoyo para la comercialización y el mercadeo de los productos;
10. Formación diferenciada de recursos humanos técnicos y gerenciales; y
11. Instrumentos de promoción del territorio y de los productos allí generados reales por medios reales y virtuales.

Según Borja y Castells “El desarrollo de las localidades entendido como la mejora en el nivel de vida de la población local, debe considerar tres dimensiones:

Económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados;

Sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo;

Político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local.

• Lo global y lo local son complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y económica.

• La conducción estratégica de este proceso debe estar en lo local global en el nuevo sistema tecno-económico, cuestión como centro de gestión de lo que puede apreciarse en tres ámbitos principales:

– El de la productividad y competitividad económicas,

– El de la integración socio-cultural y

– El de la representación y gestión políticas”.

Pero al hablar de Desarrollo Local no podemos soslayar a nuestro país del contexto internacional, y es por ello que estimo importante hacer una breve alusión a las siguientes ideas:

• El modelo de acumulación de capital plantea problemas de regulación como la gestión del mercado de trabajo o la adaptación y difusión de la tecnología moderna que las instituciones que fueron eficaces durante la última fase expansiva del ciclo, no son capaces de afrontar, existiendo altas tasas de desempleo y uso de tecnologías inadecuadas.

• Los instrumentos de intervención del Estado han perdido eficacia en la regulación de la economía, lo que produce un desajuste entre las demandas de regulación y el marco socio institucional.

• La reestructuración del Estado está impulsando formas nuevas en la gestión pública como es la política de desarrollo local.

• Hoy las comunidades locales buscan respuesta a sus problemas intentando dinamizar el ajuste de los sistemas productivos locales.

• Algunos gobiernos locales han intervenido en el proceso, impulsando políticas encaminadas a solucionar los problemas que presenta la reestructuración productiva.

Lo anterior, nos lleva inevitablemente a hablar de algunas de las causas generadoras de la pobreza, siendo éstas:

• Economía tradicional, de lento crecimiento, junto a un fuerte incremento demográfico. Al aumentar la población más rápido que la producción y la riqueza, el resultado es un empobrecimiento progresivo de conjunto.

• Mala distribución de la riqueza y el ingreso. La desigual distribución del capital genera mala distribución del ingreso y esto tiende a perpetuar las desigualdades sociales. Los pobres no llegan siquiera a poseer un capital mínimo para trabajar como productores individuales autosuficientes.

• Insuficiente poder político y organizacional. Los pobres están mal representados en la estructura institucional y política. No tienen organizaciones que los representen genuinamente y sus organizaciones sociales son débiles.

Continuando con el ámbito internacional, considero de vital importancia referirme al concepto de Desarrollo Humano según las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo éste: “El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano... A todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades altamente valoradas por muchas personas, van desde libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos”[5].

Por lo que hemos ido analizando a lo largo del presente ensayo, considero que la medición del Desarrollo Local es algo vital para cualquier país y de manera particular para México, es por ello que doy paso a hablar de los los “Indicadores de Desarrollo como instrumentos de seguimiento y evaluación”, y al respecto habrá que decir que como tipos de evaluación existen dos principales: “la evaluación ex-ante” y “la evaluación concomitante (monitoreo)”; la primera evalúa el contexto socioeconómico e institucional, los problemas sociales relevantes, las necesidades detectadas, la población objetivo, las estrategias de acción etc.; mientras que la segunda evaluación se desarrolla durante la ejecución del plan proyecto o política pública. Se evalúan las actividades del proceso mientras éstas se están desarrollando, identificando los aciertos, los errores, las dificultades.
Ahora bien, como parte de la exposición deseo compartir con el lector diversos aspectos que derivan, pero a la vez inciden en el Desarrollo Local, señalando de manera comparativa en cada uno de estos aspectos, tanto el enfoque tradicional como las nuevas tendencias, cabe dar crédito a que tal material lo cito como parte del Diplomado en Desarrollo Local y Planeación Municipal Participativa, que me encuentro cursando a la fecha de elaboración del presente trabajo, y que es impartido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimilco; siendo lo siguiente:
1. Recursos físicos y su gestión:
Enfoque tradicional
Ø Patrimonio poco valorado
Ø Explotación de los recursos sin tener en cuenta su renovación
Ø Contaminación
Nuevas tendencias
Ø Revaloración del patrimonio
Ø Integración del desarrollo económico
Ø Aumentar el interés sobre espacios y recursos
Ø Racionalización de agua y energía

2. Cultura e identidad:
Enfoque tradicional
Ø La “salvación y los saberes solo pueden venir de fuera”
Ø Homogeneidad
Ø Baja autoestima
Ø Pérdida de valores
Nuevas tendencias
Ø Valoración de las culturas locales
Ø Implicación de la población en las estrategias locales
Ø Aumentar la confianza de la población en sí y en sus capacidades

3. Recursos humanos:
Enfoque tradicional
Ø Ciudades "dormitorio"
Ø Creación de servicios ajenos a las comunidades
Ø Formación de jóvenes para realizar empleos fuera del territorio
Nuevas tendencias
Ø Generación de empresas locales
Ø Implicación de la población en servicios colectivos
Ø Creación de condiciones locales para el empleo de jóvenes

4. Recursos financieros y gobernación:
Enfoque tradicional
Ø Función administrativa
Ø Centrado en obra pública
Ø Dependiente de fondos federales y estatales
Ø Desvinculado de la vida económica
Nuevas tendencias
Ø Organizar la cooperación local
Ø Fomento del desarrollo económico local
Ø Generación financiera con grupos e instancias diversas
Ø Comprometido con la población en el Desarrollo Local

5. Conocimientos técnicos y competencias:
Enfoque tradicional
Ø Desvalorización del conocimiento técnico local
Ø Inclusión de personal externo
Ø Desinformación
Nuevas tendencias
Ø Revaloración de la experiencia técnica local
Ø Capacitación y promoción del personal local
Ø Acceso a mayor información

6. Actividades y empresas:
Enfoque tradicional
Ø Empleo de mano de obra barata
Ø No se forma a la población
Ø Se saca el valor añadido del lugar
Ø No hay retención del ahorro
Ø Separación entre formación y la actividad
Nuevas tendencias
Ø Nuevas formas de empleo
Ø Valoración de saberes tradicionales
Ø Movilización del ahorro local
Ø Revaloración y modernización de los oficios tradicionales
Ø Aprender haciendo

7. Mercados, relaciones externas:
Enfoque tradicional
Ø Acaparamiento
Ø Intermediarismo
Ø Relaciones limitadas
Nuevas tendencias
Ø Ubicación de nichos
Ø Vinculación con los mercados urbanos (bienes y servicios)
Ø Establecimiento de circuitos cortos y largos de comercialización
Ø Exportación a mercado justo

8. Imagen y percepción:
Enfoque tradicional
Ø Imagen arcaica
Ø Atraso
Ø Atención insuficiente a la estética
Nuevas tendencias
Ø Afirmación de una modernidad apropiada
Ø Renovación de pueblos y patrimonio
Ø Reutilización de símbolos de identidad local[6]

Estimo por demás conveniente realizar un análisis del contexto del Desarrollo, lo cual permite identificar las oportunidades y limitaciones de la comunidad. Se consideran seis factores del contexto de desarrollo:

ð Económico (empleo, ingresos, tecnología, otros)
ð Social (educación, salud, vivienda, saneamiento básico)
ð Cultural (valores, normas, creencias, tradiciones, diversidad étnica, otros)
ð Demográfico (población: densidad, tasas de crecimiento, fecundidad, mortalidad)
ð Ambiental (suelos, recursos forestales, recursos hídricos, biodiversidad, otros)
ð Político/institucional (organizaciones y asociaciones locales, grupos de mujeres, liderazgo, participación, otros)

Continuando con el orden de ideas, al hablar de Desarrollo Local es inevitable aludir al tema de los egresos, y para ello es menester decir que éstos son contrarios a los ingresos, es decir los gastos que se efectúan a partir de los ingresos obtenidos como resultado de la facultad recaudatoria que realiza el propio Estado.

Para hacer mención de los egresos es necesario hacer referencia al Presupuesto de Egresos de la Federación, y de manera particular al correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2008[7]. Asimismo, el control y la evaluación del gasto público federal se debe realizar de manera ordenada y responsable, teniendo como límites los previstos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la disposiciones jurídicas a las que remita dicha Ley, así como en el citado Presupuesto de Egresos de la Federación; y corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ser la instancia encargada de la interpretación de tal normatividad.

En este mismo orden de ideas, es menester indicar que el gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de $2,569,450,200,000.00, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008[8].

Tal cantidad es distribuida conforme a los Anexos del mismo Presupuesto de Egresos, y para efectos se divide cada uno de ellos en Ramos, Conceptos y Montos Aprobados. Todos estos rubros en conjunto atienden al Desarrollo Regional, pero desde un punto de vista particular considero que hay dos Ramos que son por demás representativos para el presente ensayo, y ellos son el Ramo 20 relativo al Desarrollo Social, y el Ramo 33 inherente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; en el caso del Ramo 20 atiende a los Programas Sociales como los son el Programa de Coinversión Social (suma de esfuerzos del gobierno y la sociedad civil organizada a favor de los grupos sociales menos favorecidos en todas sus vertientes); el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; Programas Alimentarios, de Vivienda, de Espacios Públicos, entre otros.

A su vez, el invocado Ramo 33 atiende a fondos de aportación referentes a la educación básica y normal; servicios de salud; infraestructura social, tanto estatal como municipal; fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; asistencia social e infraestructura educativa; educación tecnológica y de adultos; seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal; así como el fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Por otra parte hay que señalar la existencia de dos premisas básicas en torno al tema que nos ocupa, a saber:

1. El bienestar comunitario es directamente proporcional a la solidez y al desarrollo administrativo e institucional de los gobiernos locales.

2. El gobierno local como actor económico tiene capacidad de promover la transformación de su entorno si tiene proyecto, alianzas y gestión idóneas.

En complemento a las ideas antes expuestas es necesario hablar de un tema de suma importancia, y es el relativo al “Motor para el Desarrollo Local”, entendido como la capacidad de un espacio para generar una visión y proyecto propio de desarrollo junto con una dinámica interna de producción y distribución de bienes y servicios. Todo indica que se necesita un motor endógeno para que el desarrollo sea sostenible: Inversión externa necesaria pero no suficiente para un desarrollo sostenido.

Para construirlo se requiere establecer acuerdos estratégicos entre gobierno, empresarios y grupos de la sociedad. Es importante una acción pública efectiva que genere redes de política pública para el desarrollo.

Para ello son considerados factores clave: continuidad de la gestión pública, coordinación intergubernamental, profesionalización y participación comunitaria. Dirigir los esfuerzos públicos y privados a proteger la cohesión social es crucial para todas las partes. A su vez, una política local de empleo busca creación de empresas, creación de puestos de trabajo y fortalecimiento de puestos de trabajo.

Además considero la conveniencia de hablar acerca de las ideas para llevar a cabo un Plan Estratégico en cuanto a la Mejora del Gasto, y para ello habrá que referirse a las ideas siguientes[9]: Asociacionismo estatal e intermunicipalidad; Colaboración con otros municipios para solucionar problemas comunes y negociar en mejores condiciones; Incrementar la eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos (vehículos, energía eléctrica, telefonía y celulares, etcétera); Relación de exigencia profesional a proveedores, priorizar locales y regionales; Prioridad en la prestación de servicios; Modernizar los sistemas de control interno; Políticas de austeridad, ahorro, reuso y reciclaje; Presupuesto bien elaborado y utilizado; Implantar Tecnologías de la Información y de la Comunicación de mínimo costo; Capacitación y profesionalización del personal; Asegurar adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura y del equipo; Transparencia y rendición de cuentas generan confianza en los contribuyentes; y Revisar cobertura y calidad de servicios públicos.

(CONCLUSIONES)

A manera de conclusiones, considero importante señalar a algunos retos que enfrenta el Desarrollo Local, los cuales se refieren a:

• Trabajar para generar cultura de pago, pero también, cultura de cobro. México requiere una fuerte presencia fiscal, siempre de forma proporcional y equitativa. Factor redistributivo.

• Calificar y auditar son prácticas necesarias y crecientes.

• El uso intensivo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) permite acelerar procesos, mejorar control, optimizar la administración hacendaria y, sobre todo, tener una visión integral de la dinámica de gobierno y de su territorio.

• Ahora existen nuevas formas de financiamiento y operación de servicios públicos que involucran al sector privado: Evaluar opciones integralmente con perspectiva ganar – ganar y visión de mediano plazo.

• Considerar la opción de financiamiento sólo para proyectos viables, factibles y de alto impacto social.

• El desarrollo sustentable tiene que ver con nuestra calidad de vida y puede ser rentable.

A partir del presente año 2008, Los recursos federales ejercidos por las entidades federativas, los municipios o cualquier ente público de carácter local, se evaluarán con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejercen los recursos. La evaluación de los recursos federales ejercidos por entidades federativas y municipios se llevará a cabo conforme las mismas bases sobre las que se evalúan los recursos de la federación.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

1. Pequeño Larousse Ilustrado, Primera edición, Ed. Larousse-Bordas, México, 1996.

LEGISLACIÓN

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Promulgada el 05 de febrero de 1917.

2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

OTROS

1. Ponencia titulada “Articulación entre gobierno y sociedad para impulsar el desarrollo local”, llevada a cabo en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el 30 de mayo de 2008.

2. Videoconferencia impartida en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el día 21 de agosto de 2008, con motivo del Diplomado en Desarrollo Local y Planeación Municipal Participativa

3. Videoconferencia impartida en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el día 03 de octubre de 2008, con motivo del Diplomado en Desarrollo Local y Planeación Municipal Participativa

4. Documento de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2007.
[1] Pequeño Larousse Ilustrado, pág. 331
[2] Ponencia titulada “Articulación entre gobierno y sociedad para impulsar el desarrollo local”, llevada a cabo en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el 30 de mayo de 2008.
[3] Pequeño Larousse Ilustrado, pág. 883
[4] Ponencia titulada “Articulación entre gobierno y sociedad para impulsar el desarrollo local”, llevada a cabo en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el 30 de mayo de 2008.
[5] Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2007.
[6] Videoconferencia impartida en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el día 21 de agosto de 2008, con motivo del Diplomado en Desarrollo Local y Planeación Municipal Participativa.
[7] Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.
[8] Artículo 3del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
[9] Videoconferencia impartida en el Instituto Nacional de Desarrollo Social el día 03 de octubre de 2008, con motivo del Diplomado en Desarrollo Local y Planeación Municipal Participativa.

Los registros públicos de la popiedad en perspectiva federalista

2009-01-28T06:29:00.001-08:00

EL FEDERALISMO EN MATERIA
DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD
DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL

Por Alfonso Arredondo Huerta
Maestría en Administración Pública
Instituto Internacional del Derecho y del Estado

I.- Presentación.

Durante los últimos años los Registros Públicos de la Propiedad del país en general se han convertido en instituciones burocráticas, poco confiables y con una alto grado de corrupción entre su personal, lo que ha venido en detrimento de su verdadera vocación que es velar por la legalidad, la certidumbre y la certeza jurídica que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos.

La certidumbre que deben otorgar los Registros Públicos, no sólo a la propiedad raíz, sino en general a los derechos de los ciudadanos, es esencial para el desarrollo y la competitividad de una economía en desarrollo como la nuestra.

Una función registral moderna puede transformar a los Registros Públicos de la Propiedad del país en organizaciones eficientes y eficaces que son indispensables para evitar fraudes, despojos y en general todo tipo de conflictos sobre los bienes inmuebles de los ciudadanos.

La certeza legal que tengan las familias sobre sus bienes debe ser punto de partida para el acceso al crédito o al financiamiento y en general para mejores oportunidades de desarrollo.

El Presidente de la República Felipe Calderón señaló en este tema: “Creo firmemente que el desarrollo depende en gran medida de la legalidad, de la certidumbre y de la certeza jurídica que el Estado pueda garantizar a los ciudadanos”[1].

Por ello, la actual administración federal estableció como una de sus cien primeras acciones de gobierno, trabajar conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas, a fin de realizar las adecuaciones jurídicas y desarrollar la plataforma tecnológica que permitiera transitar a un Registro Público de la Propiedad estandarizado y homologado a nivel nacional.

En efecto, una de las 100 acciones para los primeros 100 días de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, contenida con el número 74 señala que “Se comenzará a trabajar conjuntamente con los gobiernos municipales a fin de realizar las adecuaciones jurídicas y desarrollar la plataforma tecnológica que permita transitar a un Registro Público de la Propiedad Único”[2].

Es así que surge a nivel federal el denominado Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, que tiene como objetivos promover que las instituciones registrales de la propiedad en las entidades federativas sean organismos eficientes y eficaces, mediante la aportación de recursos presupuestarios por parte de la federación, que habrán de destinarse en forma paritaria a la generación de una plataforma jurídica, operativa y tecnológica moderna, estandarizada y homologada, mediante el impulso de las reformas constitucionales y legislativas en materia registral en el ámbito federal y local que resulten procedentes.

Sin embargo, consideramos que el esfuerzo del Gobierno Federal de avanzar hacia una mejor regulación, que coadyuve y otorgue certeza jurídica a la protección de los derechos de propiedad no puede llevarse a cabo a través de acciones desarticuladas y sin contar con la anuencia absoluta de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, por los principios del federalismo establecidos en nuestra Constitución Política, ya que como veremos más adelante, de acuerdo al marco jurídico actual, la administración de los Registro Público de la Propiedad y su normatividad, es una atribución que corresponde precisamente a los gobiernos locales, por lo que los criterios, pagos, procedimientos, tiempos de respuesta, eficiencia y confiabilidad y agilidad varían de una legislación a otra.

Por lo anterior, a lo largo del presente trabajo analizaremos si el mencionado Programa para la Modernización de los Registros Públicos de los Estados, actualmente a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal, dependencias y entidades todas ellas de la Administración Pública Federal, cumple con los principios del federalismo establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, trataremos de determinar si su aplicación práctica puede obligar o no a las entidades federativas a sumarse a los esfuerzos federales en la materia sin comprometer su soberanía.

II. Antecedentes.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007[3], se estableció como uno de los Principales Programas “Modernizar los registros públicos de la propiedad de los Estados”[4].

Por tal razón se asignaron a la Secretaría de Gobernación bajo el rubro de la actividad prioritaria R018 “Programa para el Registro Público de Propiedad Único”, recursos por un monto de 416.7 millones de pesos.

En base a lo anterior, el Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, se puso en marcha de manera formal el 6 de marzo de 2007, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Programa para el ejercicio fiscal 2007[5].

Para el ejercicio fiscal 2008, atendiendo a la naturaleza y fines del mencionado Programa Especial, se consideró oportuno transferir la responsabilidad de la administración y control de los recursos establecidos a este, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por lo que se traspasaron por parte de la Secretaría de Gobernación recursos por la cantidad de 416.7 millones de pesos, asignados al mencionado Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, correspondientes a “Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios”.

Para la ejecución del mencionado Programa de Modernización, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal Miguel Alessio Robles emitió los Lineamientos para la aplicación de recursos del Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, para el Ejercicio Fiscal de 2008[6].

Con la publicación de los mencionados Lineamientos, se continuó por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con el avance en el Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados.

De acuerdo a lo consignado en los citados Lineamientos, se creó un órgano colegiado denominado Comité de Evaluación, cuyas principales obligaciones consisten en aprobar los Proyectos Estatales de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad que son presentados de manera voluntaria por las entidades federativas, así como aprobar recursos federales para la modernización de las mismas y que se encuentra conformado por funcionarios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal funge como la coordinadora del mencionado Programa de Modernización y es la dependencia del Ejecutivo Federal que conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1, fracción IV de los Lineamientos señalados, en forma previa a la entrega de los recursos suscribe con los gobiernos de las entidades federativas un Convenio de Coordinación, con fundamente en el marco jurídico que se mencionará a continuación.
.
III. Plan Nacional de Desarrollo.

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, que se encuentra reglamentado en la Ley de Planeación[7], ordenamiento que en su artículo 28 establece que las acciones contendidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Programas que de él emanen deberán especificar las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

Por su parte, de acuerdo a lo señalado por el artículo 21 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse por el Ejecutivo Federal dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda. Por otra parte, el mencionado ordenamiento legal determina que el Plan Nacional de Desarrollo deberá indicar los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme al mismo.

Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012[8], dentro del primer eje de política pública denominada “Estado de derecho y seguridad”, Apartado 1.1, Certeza Jurídica, Objetivo 3, “Garantizar la protección a los derechos de propiedad”, Estrategia 3.1 “Mejorar la regulación que protege los derechos de propiedad”, se establece expresamente que “La modernización y homologación de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales y rurales, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades inmuebles, son fundamentales para ofrecer la certidumbre jurídica que necesitan las familias en aspectos relevantes como potenciar el valor de su patrimonio, garantizar que pueda ser heredado o se pueda transmitir su dominio sin conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que pueda apoyar su mejor calidad de vida”.

Por otra parte, el Objetivo 17 del mencionado Plan Nacional de Desarrollo, establece como prioridad nacional ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos, estableciendo expresamente que durante la presente administración se deberá “Brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la homologación de registros públicos de la propiedad, catastros municipales y rurales, y de la obligatoriedad del registro público de inmueble”.

En este sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de Ley de Planeación[9], ubicamos al Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, como un Programa Especial, toda vez que el mismo se refiere a prioridades del desarrollo integral del país.

La modernización y homologación de los Registros Públicos de la Propiedad, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades inmuebles, son los instrumentos fundamentales para ofrecer la certidumbre jurídica para las familias y para los proyectos de construcción, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En este sentido, el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que “El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta…”.

De la lectura del texto anterior, se desprende que las acciones que en conjunto establecen la federación y los gobiernos de las entidades federativas, obedece a la facultad que tiene el primero de convenir con los segundos acciones relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que la ejecución de las acciones del Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estado, mediante el establecimiento del Modelo Integral de Operación aprobado a nivel federal[10] y con recursos de ese mismo carácter, al tratarse de la materia de Convenios de Coordinación, mismo que, conforme a lo ordenado por el artículo 36 de la Ley de Planeación deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, se considera oportuno analizar si como lo ordena la fracción V, del artículo 34 de la mencionada Ley de Planeación[11], los Registros Públicos de la Propiedad, siendo en principio materia competencia de las entidades federativas, existen facultades concurrentes con la federación, por lo que en el marco jurídico actual deba ser materia de modificación reforma.

IV. Atribuciones en la materia.

“El Registro Público de la Propiedad es la Institución mediante la cual la Administración Pública Estatal (gobierno estatal) publicita los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan de éste requisito para surtir efectos frente a terceros”[12].

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece expresamente que “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación”.

De la lectura del texto anterior, se desprende que los bienes inmuebles, incluido sus Registros Públicos de la Propiedad son materia competencia exclusiva de las entidades federativas.

Lo anterior, considerando el mandato contemplado en el artículo 124 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.

A mayor abundamiento es de señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso h), el que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal “Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio”.

Además es de afirmar que se trata de atribuciones locales en virtud de que en términos generales, los actos jurídicos sujetos a inscripción en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas son aquellos relativos a la propiedad y posesión de bienes inmuebles, así como a las limitaciones y gravámenes sobre dichos bienes.

Estos actos jurídicos deben quedar materializados en documentos o títulos en los términos señalados en las legislaciones locales que por lo general son testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos; resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica y documentos privados que fueren válidos con arreglo a la ley.

“La figura del Registro de la Propiedad es nodal para la definición y eficiente asignación de los derechos de propiedad”[13].

V. Reforma Constitucional.

Con fecha 9 de mayo de 2007, el Diputado Federal Cruz Pérez Cuellar, a nombre de diversos legisladores entre los que destacan los Coordinadores Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual, se pretende otorgar al propio Congreso de la Unión facultades “Para expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados y el Distrito Federal para la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales”[14].

De acuerdo a lo establecido en la iniciativa de mérito, la propuesta de reforma constitucional se encuentra íntimamente relacionada con el Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, que como se señaló promueve a nivel nacional la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la propio documento legislativo “Resolver los problemas en materia de registro inmobiliario es causa impulsiva principal de esta iniciativa”.

Del mismo modo, los legisladores federales establecen en su propuesta que “Existe la necesidad de crear políticas de desarrollo en materia registral, tanto en el ámbito local como federal, con el propósito de lograr una mayor seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad y en las operaciones inmobiliarias a fin de impulsar la economía, en los diversos sectores”.

Sin embargo, nosotros, en principio consideramos que en virtud de encontrarnos frente a una atribución directa y exclusiva de las entidades federativas y del Distrito Federal, no resultaría pertinente otorgar facultades concurrentes en la materia que deban ejercer la federación y los gobiernos estatales y del Distrito Federal.

Lo anterior, ya que como sabemos de acuerdo con el sistema federal que fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, se crearon a las entidades federativas como unidades descentralizadas dentro de un país con tradiciones fuertemente centralistas heredadas del periodo colonial.

“El federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central, que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-político, traducido -entre otras cosas- en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas”[15].

Respecto al federalismo, el principio de competencia normativa es el que sirve para ordenar las relaciones entre cuando menos dos centros de producción normativa dentro del Estado Federal (el Congreso de la Unión y las legislaturas locales).

Como recordaremos, el principio lo encontramos en el artículo 124 de la Constitución Federal establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, por lo que queda debidamente acotado el ámbito material de la legislación, al encomendar su regulación a un determinado tipo de norma, de manera que los demás tipos de norma no pueden, en principio, incidir sobre dicha materia.

Así pues, “La competencia normativa crea una división en dos órdenes materiales de la capacidad de normación, uno federal y otro local en el tema que ahora se trata, es decir, establece una distribución de poder sobre una superficie horizontal”[16].

La iniciativa tal y como se encuentra propuesta resultaría respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los Estados, siempre y cuando conserve a favor de las entidades federativas y del Distrito Federal, diversas facultades en materia de Registros Públicos de la Propiedad tales como:

· El aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciben estos.
· La designación de los funcionarios de dichos Registros.
· La administración de las instalaciones.

Por lo anterior, solo es posible permitir al Congreso de la Unión legislar los aspectos relativos a la forma y términos del procedimiento de registro, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los mismos, y otras bases generales más, entre ellas la adopción del Modelo Integral de Operación de los Registros Públicos de la Propiedad propuesto a nivel federal por la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal y que es aquel que como recordaremos es utilizado para el desarrollo del Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, que como señaló el Presidente Calderón “México requiere de un sistema registral moderno y eficiente que garantice seguridad a los ciudadanos y brinde certeza a la inversión”[17].

Además de no afectar la soberanía y autonomía de las entidades federativas, de aprobarse la iniciativa se estaría atacando la falta de programas de modernización; la falta de infraestructura, lo que propicia procesos registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales, presupuestos reducidos, falta de programas constantes de profesionalización para registradores; legislación inoperativa para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea y desvinculación de otros registros; presencia de una evolución desigual de la actividad registral, tanto humana como tecnológica; y partir de una simple concepción de las oficinas registrales, como simples archivos, y meros datos, mermando el fin para el que fueron creados.

Además, con la emisión de una ley federal de coordinación en materia de instituciones registrales en el país, traería como consecuencia:

· Una base jurídica que establecería las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los diversos órdenes de gobierno, a fin de obtener mejores resultados, mediante la potencialización de esfuerzos en materia registral inmobiliaria.
· Un desarrollo conjunto de las conductas y de las actividades de los gobiernos, en el ámbito federal y local.
· El reconocimiento de la concurrencia impone la distribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectuaría el constituyente a favor de los distintos órdenes de gobierno federal y local, en relación con la materia.

Para los efectos del presente análisis, es de señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge la cláusula federal en sus artículos 73 y 124, aunque el concepto de federación lo establece el artículo 40.

El artículo 73 establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar, es decir, delimita las materias que son competencia de las autoridades federales.

Por su parte, el artículo 124 constitucional dispone que todas las facultades que no están expresamente concedidas a los poderes federales, se encuentran "reservadas" a los Estados. Se establece entonces a favor de las entidades federativas una competencia residual, teóricamente muy amplia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictado jurisprudencia considerando algunos aspectos como los señalados. Tal es el caso de la siguiente tesis:

“LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS, NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución, el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional”[18].
VI. Conclusiones

Primera.- El Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ha sido un motor para la promoción hacia la modernidad de las instituciones registrales de la propiedad en las entidades federativas.

Segundo.- La implementación del Programa de Modernización por las instituciones registrales del país, es de carácter voluntario, en virtud de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a las entidades federativas legislar en materia de bienes inmuebles.

Tercera.- Al tratase de una materia contenida en la Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, existe fundamente suficiente para que la federación suscriba Convenios de Coordinación con las entidades federativas que se pretendan adherir al Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados.

Cuarta.- La redacción sugerida a la reforma constitucional a la fracción XXIX-N del artículo 73, de ninguna manera significa federalizar los Registros Públicos de la Propiedad, ya que de lo que se trata es la expedición de una base jurídica que establezca las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los órdenes de gobierno federal y local.

Quinta.- De aprobarse la iniciativa, la legislación secundaria tendría por objetivo la expedición de un marco jurídico por parte del Congreso, por el que se unifiquen u homologuen los sistemas registrales en todo el país, utilizando para el efecto, el Modelo Integral de Operación de los Registros Públicos de la Propiedad propuesto a nivel federal por la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal.

Sexta.- La unificación registral mediante la legislación secundaria, aunada al Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, permitirá reunir en un solo registro todos aquellos referidos a una misma propiedad, independientemente de la operación unificada del Registro Público de Comercio, que ya se realiza en esas oficinas registrales.

Séptima.- Consideramos que la coordinación es el único medio para garantizar que Federación y gobiernos locales puedan asumir responsabilidades respecto de una misma institución fedataria que es el Registro Público de la Propiedad.

Octava.- La reforma propuesta debe ser respetuosa de la autonomía estatal y debe mantener un adecuado equilibrio en la intervención de la Federación y los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, ello a fin de evitar el centralismo que tanta animadversión genera.

VI.- Bibliografía.

1.- Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

2.- Ley de Planeación.

3.- Página Electrónica de la Presidencia de la República. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/

4.- Página Electrónica del Partido Acción Nacional en Yucatán. http://panyucatan.org.mx/noticias/verarticulo.php?IdArticulo=331&Categoria=Boletines

5.- Lineamientos para la Aplicación de Recursos Federales Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, para el ejercicio fiscal de 2007, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 2007.

6.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2006.

7.- Lineamientos para la Aplicación de Recursos Federales Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, para el ejercicio fiscal de 2008, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007.

8.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2007.

9.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007.

10.- Página Electrónica de la Comisión Nacional de Vivienda.- http://www.conavi.gob.mx/suelo/Modelo_RPP.pdf

11.- Página de Electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/

[1] Palabras del C. Presidente de la República en el evento de presentación del Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, el Martes, 6 de marzo de 2007, en la Residencia Oficial de los Pinos.
[2] Mensaje de Felipe Calderón el 20 de junio de 2006.
[3] Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2006.
[4] Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.
[5] Publicados en el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 2007.
[6] Publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2008.
[7] Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1983.
[8] Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007.
[9] Artículo 26.- Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijado en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.
[10] La CONAVI y la SHF, con la participación de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y el Instituto Mexicano de Derecho Registral, tomando en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional y recogiendo las lecciones aprendidas de un plan piloto en el ámbito local, desarrollaron en consenso a través de mesas de trabajo nacionales un Modelo Integral Operación para Registros Públicos de la Propiedad del país.
[11] “Art. 34.- Frac. V.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad”.
[12] Gaceta del Senado. Número 3, año 2007, miércoles 9 de mayo de 2007.- Comisión Permanente.
[13] Gaceta del Senado. Número 3, año 2007, miércoles 9 de mayo de 2007.- Comisión Permanente.
[14] Ídem anterior.
[15] Carbonell Sánchez Miguel.- El Estado Federal en la Constitución Mexicana: Una introducción a su problemática.- Boletín Mexicano de Derecho Comparado.- Biblioteca Jurídica Virtual.- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.- http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/noredi/.
[16] Carbonell Sánchez Miguel…. Op. Citada.

[17] Palabras del C. Presidente de la República en el evento de presentación del Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados, el Martes, 6 de marzo de 2007, en la Residencia Oficial de los Pinos.

[18] Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, México, t. I, 1995, p. 185.