Martín Vera M.
Entre los temas del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado envió a última hora a la Cámara de Diputados un dictamen de reforma política que podría ser considerado, todo o parcialmente, en un periodo extraordinario de sesiones. El procedimiento legislativo tiene que correr de esta manera, toda vez que, en términos del COFIPE, el año electoral correspondiente al 2012 inicia en el mes de octubre, a efecto de que cualquier reforma autorizada pueda ser vigente en los mismos tiempos.
En torno a la reforma política, que promueve cambios en los artículos 35, 36, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 115 y 116 Constitucionales, han discurrido un gran número de análisis y vale la pena extraer algunas formulaciones generales en torno a su alcance y naturaleza. En primer término, es necesario tener en consideración que nuestro país dispone de lo que podemos llamar “bono institucional”, que permite instrumentalizar importantes reformas sin que supongan rupturas significativas del orden constitucional o del régimen político, en sentido contrario a lo ocurrido en otros países, cuya apertura política se ha dado en medio de convulsiones sociales e incluso de fragmentaciones territoriales.
La reforma política se presenta como una alternativa a la imposibilidad de procesar un modelo más amplio, como es el de la reforma del Estado. En un plano menos ambicioso, pero no por ello menos importante, los actores políticos han logrado un nivel de consenso relevante, que se detiene por las diferencias en algunos puntos, pero no en la generalidad. Es importante reconocer que el origen de este proceso se encuentra dentro del sistema de partidos, a diferencia de la lógica de cambio político, que supondría una oposición generalizada de la sociedad frente al establishment, que forzaría al régimen a adoptar cambios estructurales.
El de México es un caso que rebasa las propuestas metodológicas de Linz, en la teoría de la transición democrática, a partir del quiebre institucional. En nuestro caso, un tejido débil de la sociedad, calculado por Freedom House en un 4% de sociedad organizada, frente a un pluralismo creciente y una competitividad importante para acceder al poder, favorecen las iniciativas desde dentro del sistema, como han sido las reformas electorales de 1976, 1994, 1996 y de 2007, que enmarcan el escenario del próximo año.
No obstante, esta diferenciación también determina el alcance de las reformas, ya que resultan de la negociación entre los propios actores y le imponen a la sociedad sus propuestas y los argumentos de legitimación. Por ello, en el terreno de la operacionalización de la reforma política, en el caso de aprobarse, es de advertirse que la apertura política y ciudadana está acotada al control y dirección de los propios partidos, por sí mismos o por medio de las instituciones en que tienen mayor capacidad de operación.
Citando algunos casos, entre el conjunto de reformas que promueven las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores, los mecanismos de consulta popular, la reconducción presupuestal, la ratificación de nombramientos políticos, la sustitución del Presidente o la iniciativa popular, se pueden citar factores específicos que demuestran la anterior afirmación.
Las candidaturas ciudadanas difícilmente podrán escapar del costo de los procesos electorales y del sistema de mecenazgo social que han impuesto los partidos, que previamente promueven asociaciones y fundaciones de todo tipo, ocupando el espacio que teóricamente le corresponde a la sociedad y que serán, de manera natural, el origen de los candidatos ciudadanos. Inclusive, es posible que militantes no favorecidos con las condiciones para ser candidatos de partido tengan dispuesta la puerta de las candidaturas ciudadanas.
Las consultas populares también reservan el control partidista y del poder. Su convocatoria será facultad del Presidente, de un número mínimo de miembros de las Cámaras (33%) y de un 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pero que equivale a más de 700 mil personas. Los requisitos del poder serán fáciles de cubrir, pero los de la ciudadanía solo se posibilitarán con la estructura de los partidos, sin descontar las debilidades que frecuentemente tienen los referéndums y plebiscitos, lejanos del ejercicio de la razón colectiva y fácilmente inducibles en función de las preguntas que se planteen.
Extrañamente, en lugar de atribuirse al Congreso o a otra institución el proceso de consulta ciudadana, el IFE engrosa su larga lista de atribuciones electorales, jurisdiccionales, registrales y políticas, con la responsabilidad de organizarlas, sin antes deliberar la fragilidad de dicha institución frente al juego político de los partidos como ocurre ahora.
En torno a la reelección, a pesar de los argumentos jurídicos y técnicos “puros”, la configuración del sistema y del mercado político, caracterizado por un bajo nivel de responsabilidad política cualitativa y el condicionamiento corporativo por medio de las dádivas y la compra del voto, pueden propiciar cacicazgos locales duros, las exclusión de grupos adversarios y el fin de la permeabilidad política que se considera clave para la estabilidad social.
Asimismo, se aprovecha la reforma política para incorporar nuevas reglas presupuestales, que serían materia de una reforma económica y se incorporan temas de la disputa política en la sustitución de Presidente y en la ratificación de funcionarios, dejando fuera ostensiblemente temas que obliguen a un mayor rendimiento de las instituciones, reglas más claras y contundentes para la transparencia y contra la corrupción y a favor de la organización ciudadana.
1 comentario:
Considero que debemos ser optimistas y confiar en que aunque sea una carrera contra el tiempo la iniciativa de reforma política, será aprobada y estará lista, para ser utilizada en los comicios de 2012.
Existe la necesidad de reforma el federalismo en México. Muchos son los políticos y académicos mexicanos que han propuesto la necesidad de modificar las bases de ejercicio de la vigente distribución del poder territorial en el país. El actual modelo federal fue funcional en el pasado. Ahora el escenario es otro muy distinto y, pese a ello, las bases del federalismo no ha experimentado ningún cambio significativo. Esto provoca disfunciones políticas pero, quizá más importantes, genera también inoperancias en la prestación de servicios, duplicidades e ineficacias mientras sigue operando el mecanismo básico del control de los poderes federados por parte del centro. Es posible y necesario, plantear una reforma del federalismo en México sin que ello signifique la balcanización del país.
La de la reciente iniciativa de reforma política de 2011, que indudablemente romperá con el paradigma del Federalismo centralizado, porque su mayor contribución y polémica radica en abrir nuevos caminos hacia el acceso al poder y la forma de ejercerlo.
Las candidaturas independientes permitirán abrir el camino a un equilibrio de poderes y acceso al poder sin ser candidato de un partido político.
La iniciativa ciudadana de ley permitirá establecer como derecho de los ciudadanos presentar iniciativas de leyes. Ahora sí, de todo nos quejábamos, el reto actual es ¿cómo voy a contribuir para acabar con X o Y problemática que aqueja al país?
De ahora en adelante, no habrá ciudadano que se excuse de no participar e interactuar política y socialmente, pues con las consultas populares se está implementando el mecanismo de participación ciudadana en los procesos de decisión política.
Con la reelección de alcaldes las Constituciones de los Estados definirán las bases para la elección de los ayuntamientos, lo que indudablemente aspira a la autonomía.
Ahora, podrán ser reelectos en forma inmediata; los senadores por un periodo adicional y los diputados hasta por dos periodos adicionales. Cumplido lo anterior los diputados o senadores propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
El quehacer legislativo deberá ser más dinámico, por tanto, se crea la figura del “proceso legislativo preferente” con el cual se pretende prever la atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que la ameriten.
En cuanto a la reducción presupuestal consiste en crear el mecanismo adecuado para que el legislador ordinario esté en aptitud y posibilidad de dictar las normas legales que permitan sortear, con seguridad jurídica y económica, una situación de emergencia.
La reforma propuesta para la ratificación del gabinete, consiste propiamente dicho en un cambio de redacción del artículo 76 constitucional, en donde se propone la cancelación de las palabras agentes diplomáticos y la inclusión del término embajadores. De igual forma, la eliminación de la palabra ministro.
La sustitución presidencial en caso de falta absoluta, supone que desaparecerá la figura de presidente provisional.
En tanto que en la Cláusula de gobernabilidad en la asamblea legislativa, propone una reforma para disponer que el requisito será obtener el mayor número de constancias de mayoría y al menos el 40 por ciento de los votos.
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