LEGAL O LEGÍTIMA LA ELECCIÓN

Por Martín Vera

Doctor en Gobierno y Administración Pública

Universidad Complutense de Madrid

¿La victoria de Enrique Peña Nieto fue legal o legítima? Esa es la disyuntiva que se ha planteado los últimos días en los medios de comunicación, como parte de la estrategia del candidato Andrés Manuel López Obrador y su equipo jurídico. Esta es una posición muy curiosa, sobre todo porque en dicho equipo se encuentran prominentes estudiosos del derecho. En efecto, la dicotomía que sostienen es insostenible por muchos motivos, incluso políticos, pero primeramente legales.

Es difícil sostener que una situación surgida del derecho pueda ser opuesta a la naturaleza jurídica que le da origen. Es decir, proponer una hipótesis en el sentido de que lo legal puede ser ilegítimo, admite otro terrible supuesto, en el sentido de que lo legítimo puede ser ilegal. Piénsese bien en esta gravísima diferenciación, que es inadmisible para los estudiosos del derecho y para quienes deseamos un Estado de Derecho fundado en la honestidad intelectual.

No se puede borrar de un plumazo, que el proceso electoral tiene como antecedentes importantes actos jurídicos previos, que datan desde la reforma electoral de 1976, la reforma de 1996 y la de 2007, que modificaron completamente el rostro del sistema jurídico electoral de nuestro país. Precisamente a través de ellas es como se positivizaron sustancialmente los principios del artículo 41 de la constitución, que recoge que las aspiraciones del pueblo mexicano en materia electoral son proveerles certeza, legitimidad, transparencia, imparcialidad y equidad.  es decir, la sujeción a la ley implica per se legitimidad procesal y de origen, que no se puede cuestionar por un prurito de tipo político.

Lo contrario equivaldría a admitir que entonces serían legítimos, aunque no jurídicos, y por lo tanto aceptables, actos como la violencia en las calles, las acciones de la delincuencia organizada, la toma violenta de instalaciones públicas, el robo, entre otros. Ello desconocería las fuentes históricas del derecho, que permiten su enriquecimiento evolutivo para crear nuevas variantes que abran espacios a la representación de las diversas expresiones sociales y momentos sucesivos del país.

Como Max Weber lo señaló, para centrar el debate, hay diferentes tipos de legitimidad, Pero la idea central es que lo regulado por la ley, por sí mismo, por definición, es plenamente legítimo. Weber añade a ello otros tipos de legitimidad, como la procesal o la carismática, que se adquieren en el ejercicio del poder; un líder puede acrecentar su presencia por la forma de conducirse y por su perfil personal. Pero para ejercer ese poder, lo primero es que esté debidamente constituido conforme a la ley vigente.

Por lo tanto, a Enrique Peña Nieto lo sustenta una legitimidad jurídica que se demuestra con el escrutinio y con las actas de las casillas, que están disponibles por diferentes medios para todo el público interesado. El IFE sancionó conforme a la ley todas las etapas del proceso electoral y el tribunal electoral también lo hará en tiempo y forma. Los críticos del proceso y los abogados que están interponiendo el recurso ante el Tribunal tendrán que admitir que finalmente lo jurídico es legítimo y lo legítimo, para serlo, tiene que ser jurídico forzosamente. Asumirse en la posición de ilegitimidad sería abrir la posibilidad de que las controversias, la ingobernabilidad, o los intereses particulares o de grupo simplemente hagan uso de una supuesta legitimidad política para echar abajo la estructura jurídica del Estado. Nada más opuesto a lo que precisamente varios de ellos enseñan en las aulas universitarias, ni a la consolidación del Estado de Derecho.