Por Martín Vera
¿Que podemos entender por oposición? Hay que tener en cuenta
que con este calificativo se designa frecuentemente a la persona, grupo o
partido que simplemente es contestatario, pero está visto que ahora que
transitamos en democracias de gobiernos divididos, la oposición tiene el deber
de irse construyendo como una alternativa al poder. El inicio del nuevo
gobierno, más específicamente el regreso del PRI, obliga a replantear el papel
de la oposición y, en el fondo, el valor del pluralismo.
Ya hemos aprendido varias lecciones. Una es que el conflicto
implica pérdidas para todos, sobre todo para la ciudadanía. Lo anterior
significa que, en un sistema donde es posible alternar entre diversas fuerzas
políticas la titularidad del poder, la oposición tiene que demostrar ante la
ciudadanía que está preparada para acceder al gobierno. Por ello, tiene que
asumir una actitud responsable y constructiva, para que la sociedad le pueda
dar su voto para arribar al gobierno, especialmente al control de la
administración pública.
En este sentido, la historia constitucional de la democracia
contemporánea da cuenta de cómo institucionalizar las posiciones encontradas,
es decir gobierno y oposición. Por principio, toda oposición no puede renunciar
a su propia naturaleza, ni a su objetivo, dejando, lisa y llanamente, gobernar
al gobierno. Por el contrario, deberá impedir que haya malgobierno, recurriendo
a la imaginación y a la gama de posibilidades para ejercerla, y
caracterizándose por ser siempre crítica, en momentos dura o flexible,
constructiva o intransigente, conciliadora y propositiva, sin esperar además,
del gobierno, directrices de cómo debe ser o actuar. Todo lo contrario, deberá
contender con el gobierno las reglas de su actividad y las políticas, siendo
crítica de sus contenidos pero postuladora de alternativas y conciliadora cuando
sea procedente.
La actuación de la oposición radica en tomarle la medida –el
pulso- al gobierno, para plantear acciones concretas, en medio de una
confrontación crítica, con miras a decantar propuestas posibles. Ha sido una
constante el proceso de reconocimiento que los sistemas políticos hacen de la
oposición, como un factor clave para su funcionamiento y legitimación. Aquellos
que lo hacen dejan de ser autoritarios y se convierten en verdaderas
democracias. Las cuales, para su desarrollo, requieren una sólida afirmación en
la concepción y procedimientos en torno a varios sentidos: el acceso al
gobierno, la garantía de la oposición y de los correspondientes espacios
extrainstitucionales para la libre expresión socio-cultural.
Es necesario establecer una nueva relación entre gobierno y
oposición. Sin embargo, es una necesidad que carece de nuevas reglas. Por es
viable retomar el proyecto de la reforma del Estado que permita modificar el
régimen político, el régimen electoral y las formas de participación ciudadana.
Ello permitiría operar la actual relación entre poderes, que es sumamente
conflictiva. No existen canales institucionales
para empatar la agenda de gobierno y la del Congreso. No hay requisitos
claros para facilitar el procesamiento de las iniciativas de reforma
constitucional y secundaria, que involucre de manera productiva a los
promoventes, los ejecutores y los destinatarios.
Decía Manuel Crescencio Rejón que es vital acotar el poder
presidencial y fortalecer el de la representación popular. Señalaba que, finalmente,
la institución presidencial es unipersonal, por disposición de la Carta Magna
y, tarde o temprano, los intereses y percepciones específicas del individuo que
lo detenta, tendera a alejarse de los intereses generales del Estado y a
representar una amenaza contra la semilla de la libertad.
Una institución parlamentaria y una sociedad que no dialogue,
que no reclame, que no evalúe, juzgue y califique, favorecería la arbitrariedad
en el ejercicio del poder público y del Ejecutivo en particular.
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