La discusión de las elecciones de 2006 llamó la atención de los partidos y analistas en torno a la interferencia de las autoridades mediante los programas sociales. El histórico dictamen del tribunal electoral que, más allá de su tarea estrictamente jurisdiccional, señaló el papel de dichos programas y los denominados “poderes fácticos” como causales de la distorsión del voto mediante el clientelismo, es el más claro registro.
Dicho documento fue la madre de la reciente reforma electoral, indudablemente.
No obstante, es necesario reconocer que la reforma electoral planteó nuevas reglas y nuevos consejeros electorales, pero lo cierto es que no toca el asunto de fondo: la facilidad para que los funcionarios públicos condicionen u orienten los recursos sociales con fines electorales. Simplemente, esto no cabe en el COFIPE. Es materia de la ley general de desarrollo social, quizá incluso de reforma constitucional, sin descuidar los controles y la evaluación del gasto público.
En esta línea de análisis, encontramos varias iniciativas que se han presentado ante el Congreso para acotar el uso electoral de dichos programas. Sugieren varios aspectos, pero es menester recoger uno que nos parece imprescindible: en cualquier sociedad democrática, la atención a las necesidades sociales tiene que recaer en los gobiernos locales y mas específicamente, en los municipios.
La redistribución política que supondría la descentralización sería la mejor forma de control de dichos programas, toda vez que es más difícil la coalición de intereses entre 1500 lideres políticos que entre 3 o 4, como ocurre ahora. Claro que también se incentivarían otros valores como la eficiencia, la transparencia, la eficacia y la oportunidad que exige el tratamiento de la pobreza y el desarrollo.
Es innegable que para atender el mandato de la Constitución Política, el municipio, piedra angular y principio de la democracia mexicana, debe gozar del ejercicio real de derechos, recursos y capacidades que permitan fortalecer su papel de servicio al desarrollo de las personas, las familias y las comunidades, como el nivel de gobierno más cercano a la sociedad.
El artículo 115 de la Constitución define algunas características electivas y administrativas relacionadas con la autonomía de los ayuntamientos, pero siempre desde el principio de la articulación y el control central. Durante un largo trayecto, desde 1917 hasta 1999, se institucionalizó el control sobre el municipio, fundamentalmente por la determinación de mantenerlo como una simple estructura administrativa y no como un poder. Es hasta la reforma de hace 8 años, después de casi dos siglos, en que se deja sentado en la carta magna que el municipio es un orden de gobierno y no un mero auxiliar administrativo de la federación.
Coincidimos plenamente con el maestro Jorge Carpizo, cuando señala que la naturaleza del sistema federal mexicano lleva a afirmar el peso del centralismo económico y político en detrimento de la autonomía local. Por lo tanto, es difícil señalar que existe un sistema federal de acuerdo a la concepción teórica clásica, impregnada de la corriente del derecho constitucional y administrativo, ya que su materialización es concentrada en el orden superior de gobierno.
Sin embargo, el desarrollo económico y la extensa agenda de marginación, pobreza y conflicto social, están planteando la necesidad de su resurgimiento.
La secretaría de Desarrollo Social cataloga las condiciones innegables de desigualdad que viven más de la mitad de mexicanos con distintos denominadores para los pobres, desde la pobreza extrema, la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, hasta la pobreza ignorada.
La atención a la pobreza debe ser globalizada incorporando programas y subsidios de alimentos, servicios de salud, vivienda, educación, servicios públicos e integración social, entre otros. El marco jurídico que de sustento a tarea, desde la Constitución Federal hasta la Ley General de Desarrollo Social, debe tener como prioridad el desarrollo del municipio principalmente en dos vertientes: a) transfiriendo atribuciones a los municipios en programas que combatan la pobreza y, b) en programas municipales que contribuyan al desarrollo económico del municipio creando riqueza para el bienestar humano y material de sus pobladores.
Las últimas cifras oficiales precisan que de una población total de alrededor de 105 millones de habitantes, 50 por ciento vive en pobreza y 15 por ciento se ubica en el umbral de pobreza extrema, es decir, que viven con un dólar o menos al día.
Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo diagnosticó que en México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas, que exceden el ámbito laboral. Este fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural, cuya incidencia fue del 61.8 por ciento (pobreza por patrimonio), superior al 47 por ciento del promedio nacional.
México ocupa el décimo primer lugar entre los países con la peor distribución del ingreso entre las naciones del orbe. Un 10 por ciento de las familias que habitan en territorio nacional reciben el 36 por ciento de la riqueza del país, mientras que más de la mitad de la población viven en la pobreza. Por ello es de los países que tienen uno de los mayores niveles de desigualdad, así como una desproporción entre los niveles de vida de la población entre si y entre las regiones. De acuerdo con la evaluación de las Metas del Milenio, la ONU señala la gravedad de que un municipio como San Pedro Garza García tenga niveles similares a los de Europa, conviva con municipios en Chiapas ó Oaxaca semejantes en condiciones a las del sur de África.
La experiencia de nuestro país en los últimos veinte años en materia de programas sociales es muy amplia. Se cuenta con la experiencia de diversos programas que de haberse contabilizado su inversión en promocionarlos, con toda seguridad que esos recursos habrían aportado significativamente más a la lucha contra la pobreza en México.
El PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad), en su momento marcó una nueva política gubernamental e invirtió una gran derrama de recursos a demandas sociales. La finalidad consistía en que el Estado atendiera el desarrollo social invitando a los grupos sociales a organizarse para definir metas, contenidos y recursos a ejercerse.
El PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación), fue calificado como un modelo ejemplar en el combate a la pobreza extrema, incluso que podría ser utilizado como modelo por las instituciones financieras internacionales para sus diversos programas en las regiones pobres del mundo.
El actual programa que el Gobierno Federal utiliza para vincularse con los sectores pobres del país es OPORTUNIDADES, que consiste como lo ha definido la Secretaría de Desarrollo Social, en un programa que coordina incentivos para la educación, la salud y la nutrición. Promueve el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza, a través de una Coordinación Nacional del Programa, como órgano desconcentrado de la mencionada Secretaría y su presupuesto está asignado a tres Secretarías: SEDESOL, SEP y SA, con la operatividad participativa de la SHCP y del IMSS.
A pesar de ello, hoy en día más de la mitad de la población continua viviendo en una pobreza cruel, inhumana e injusta, y se puede observar que el programa del actual gobierno federal será un completo fracaso si se continúa aplicando con intereses político-electorales, y principalmente si no se complementa con otras medidas que tienen que ver con la forma de organización administrativa básica de la nación y que es el municipio.
Los programas sociales se encuentran frecuentemente cuestionados en su transparencia, profesionalismo e imparcialidad, por la evidencia de su utilización para inducir el voto de la ciudadanía a favor de los candidatos del partido en el Gobierno, a cambio de recibir beneficios y derechos que la Constitución reconoce sin distingos ni intermediaciones políticas.
Es necesario que las políticas que nutren OPORTUNIDADES se transformen en un verdadero instrumento descentralizado totalmente, de combate a la pobreza y que los actuales programas como: Oportunidades Energético; Programas de Empleo Temporal FONART; Programa 3 por 1 Para Migrantes; Programa de Estancias Infantiles; Programa Abasto Social de Leche LICONSA; Programa de Abasto Rural de DICONSA; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa de Coinversión Social; Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres; Programa Hábitat; Programa de Rescate de Espacios Públicos; Programas Tu Casa y Vivienda Rural, no se constituyan en dadivas e instrumentos electorales que sólo prolongan la pobreza en nuestro país, a partir del centralismo.
No basta con entregar apoyos asistenciales. Es el tiempo adecuado para transferir atribuciones a los municipios, que les de la oportunidad de plantear su problemática, las formas de solución y que con toda claridad propongan presupuestos, no solo para gasto corriente, sino para atender programas concretos que atiendan la pobreza que se vive en casi la totalidad de ellos y sobre todo que se constituyan en localidades de desarrollo; objetivo que puede lograrse, tanto con la voluntad política de todos, como con la asistencia técnica, económica y fiscal para que el nuevo orden municipal provenga de abajo hacia arriba. Es decir, desde la sociedad hacia las instituciones, como ordena la verdadera democracia.
De otra suerte, el conflicto de 2006 será repetido en el 2009 y en el 2012, incrustando a México en el círculo perverso de la marginalidad y el corporativismo que anclan el desarrollo a la incapacidad política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario