“Enfoque de
Género en los Gobiernos Municipales. Una visión de Futuro”
FACTORES PARA
ALCANZAR LA VIABILIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE
GÉNERO A NIVEL MUNCIPAL.
Dr. Martín Vera
M.
Ponencia presentada ante la Comisión de Género de la
Cámara de Diputados
LA IDEA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO.
El tratamiento del federalismo y
del municipio ha sido tradicionalmente centralista, pero la descentralización,
finalmente, como lo expresa Susana Peñalva (1989), no se entiende sino referida
a ensanchar la autonomía municipal, con tres contenidos fundamentales:
autonomía de gobierno, autonomía económico-financiera y autonomía en la
organización y gestión de los servicios y sus políticas públicas. Como es claro,
ello rebasa la concepción del municipio tradicional y ese, y solo en ese,
contexto es posible avanzar en una agenda contemporánea, con temas
esencialmente humanos, como el que nos ocupa.
La evolución a nuevas formas de
gestión, impulsadas por la convergencia de las políticas de descentralización,
tienen como ejemplo la creación de condiciones para el cambio en la gestión
federal y, sobre todo, local.
Considerando la naturaleza pública de la organización municipal, se
asumen técnicas de gestión, que permitan servicios oportunos, de mayor calidad
y adecuados a la complejidad urbana e industrial que se está enfrentando
(Osborne, 1994).
Los estudios de eficacia y del
procesamiento democrático de las políticas de gobierno llevan a pronunciar la
indispensabilidad del involucramiento municipal y de la comunidad asentada en
él de forma cada vez más determinante. Otra visión pone al gobierno local como
eje de una amplia gama de redes de colaboración y de toma de decisiones para la
provisión de bienes y servicios públicos con eficacia que, la mayoría de las
veces, avanza a ritmos más acelerados que los marcos legales (leyes,
estructuras), que las constriñen. Finalmente, otra propuesta analiza las
condiciones organizacionales para crear formas de dirección promotoras de
culturas y entornos estimuladores de la flexibilidad, la estrategia y la
adaptabilidad, en donde una responsabilidad redistribuida y la innovación
continua permitan eficiencia y eficacia en el trabajo de gobierno.
La mirada de estos enfoques
científicos abre, sin duda, una perspectiva creciente al ámbito de la
descentralización y del municipio, superando los enfoques previos de
administración formal, estudios centrados en las relaciones jurídicas o bien de
procesos puramente económicos y fiscales, lejanos a su complejidad humana y
social.
A la legitimidad legal
tradicionalmente exigida a las Administraciones Públicas se ha añadido no sólo
la exigencia de los valores de la equidad social y de la participación, sino
que, en los últimos años, la legitimidad de las administraciones públicas locales
exige, además, eficacia, eficiencia y
resultados en el uso de los recursos públicos, lo cual responde a una necesidad
y demanda social derivada, entre otras razones, del hecho de que:
1. Las Administraciones manejan ingentes
recursos públicos (entre el 35 y el 50%
del PIB en los países de la OCDE), que no son, al fin y al cabo, sino
sustracciones fiscales coactivas de los patrimonios o del potencial de renta
privada, de cuyo uso sensato hay un deber de dar cuenta cabal.
2. Del descubrimiento de que muchas políticas y
programas públicos no tienen los
impactos económicos y sociales que formalmente justificaron su adopción, sino
otros inesperados, muchas veces vinculados al fenómeno de los corporativismos
económicos, sindicales o sociales, que no justifican en términos de eficiencia
económica ni de equidad social la detracción de recursos y libertad privada que
tales políticas y programas impusieron.
3. De que la eficacia y la eficiencia de la gestión pública se
han convertido hoy, en una condición de supervivencia y en un factor o
directriz de reforma no sólo del propio Estado, sino para el logro de la
competitividad y, en consecuencia, del propio desarrollo económico y social de
cada país, sin el cual no cabe ninguna política social sostenible.
4. De que la construcción de
capital social y de valores cívicos, como lo han analizado Bernardo Kliksberg
(2000) y Robert Putnam (1993), exige el espacio comunitario, que es el más
propicio a nivel municipal.
La relación entre la
descentralización y la gestión municipal, no se detiene en sus aspectos
fiscales y económicos, sino que lleva a verificar la manera en que ello
contribuye a reformular las prácticas, estructuras y decisiones para cumplir
mejor y a menor costo, con legitimidad, los fines exigibles por la sociedad.
Hasta ahora, es cierto que las instituciones más próximas al ciudadano han
carecido, en la práctica, de atribuciones y competencias determinantes para el
desarrollo comunitario, situación que se recrudece en las administraciones
públicas de los países en vías de desarrollo. Han sido cascarones cuya savia ha
sido extraída por el centralismo y se han relacionado con la gente sin mayores
posibilidades de establecer niveles de interlocución sostenibles.
Ello significa que no se trata de
proponer una salida mágica a los problemas, sino la adopción de un curso que
reclama esfuerzo, dirección estratégica, responsabilidad, legalidad y claridad
de metas. Hay que entender que la descentralización despierta fuerzas muy
poderosas que, dejadas al libre juego de las fuerzas del "mercado",
pueden conducir a debilitar a la sociedad. La dirección, desde luego no
centralizada, es indispensable por parte de las instancias territoriales
pertinentes (Blanco, 1993). La
descentralización es un camino potencial, para contribuir eficazmente a darle
un rostro social al Estado Democrático y al espacio municipal.
Esta es la primera reflexión que
debe ofrecerse, la de considerar a las administraciones municipales no sólo como
un espacio de oportunidad política, ni como institución ofertadora de cierto
tipo de servicios, sino como ámbito que lleva en sí mismo responsabilidades de
dirección social y de logro de resultados para las cuales se les asignan
importantes recursos públicos. Un solo dato de importancia es que para el año
2012 los gobiernos locales habrán de consumir el 30% de los recursos nacionales
de manera directa y otra proporción similar de manera indirecta por el gasto
ejercido por las instituciones federales.
EL LIDERAZGO MUNICIPAL FEMENINO
El traspaso de decisiones con respecto a la administración
pública y a la distribución de recursos para que sean manejados a nivel local
ha incrementado la influencia de los gobiernos municipales sobre la
distribución de servicios, suministros para infraestructura, oportunidades de
empleo, y la calidad del ambiente social, cultural y físico. En este contexto,
los protagonistas del desarrollo y aquellas personas que determinan las
políticas tienen frente a sí el reto de que la igualdad de oportunidades y la
activa participación de las mujeres, junto con la de los hombres, para el desarrollo
social y económico sustenten la efectividad y continuidad de las iniciativas municipales
de desarrollo.
Las necesidades específicas de género y las
desigualdades a las que se enfrentan los hombres y los jóvenes también son
claves para los gobiernos locales, específicamente aquellas que afectan a los
habitantes de bajos ingresos. Estas pueden incluir a las brechas de género con
respecto a los logros escolares y las tasas de abandono de los estudios que no
favorecen a los jóvenes; la participación masculina en actividades criminales,
la violencia social y doméstica; el acceso limitado de los hombres a tener un
empleo estable y seguro, y su poca participación en el control de fertilidad y
la educación de sus hijos.
Para asegurar la implementación de políticas con una
perspectiva de género, en algunos países, los gobiernos municipales han creado
unidades de género, comisiones de las mujeres, u oficinas destinadas a los
asuntos de mujeres. Por ejemplo, en El Salvador, 12 de 262 gobiernos
municipales, incluyendo la capital del país, crearon tales entidades
institucionales.
En Chile, 129 de 345 municipalidades tienen oficinas
municipales de la mujer. La Política Nacional Hondureña de la Mujer autoriza la
creación de oficinas municipales de las mujeres y, hasta la fecha, 30 de 298
municipalidades lo han hecho. Generalmente estas comisiones u oficinas están
compuestas por los representantes de las mujeres electas y tienen el mandato de
consultar con grupos de mujeres de la sociedad civil y a hacerles
recomendaciones a los consejos municipales. Otros gobiernos municipales establecieron
grupos asesores de mujeres que están compuestos por delegadas de las
organizaciones de mujeres, empleadas públicas y ciudadanas (Federation of
Canadian Municipalities, 2004). La municipalidad de Montevideo en Uruguay creó
su Comisión de la Mujer en 1991. Estas entidades sirven para determinar las
prioridades de género locales y para defender los asuntos de las mujeres en el
gobierno local.
Para lograr que las políticas y los compromisos de
género sean más concretos, algunos gobiernos municipales integraron asuntos de
género a sus planes municipales de desarrollo, mientras otros desarrollaron
planes de acción específicos para la igualdad de género.
Estos planes incluyen las definiciones de igualdad de
género, objetivos y áreas estratégicas de acción (tales como la educación, la
capacitación, la salud, la prevención de la violencia, la participación
política y la participación en el mercado laboral) para generar igualdad de
oportunidades y capacidades en el municipio.
En el caso de México, la reducida participación de las
mujeres en los espacios de poder político implica que exista un déficit del
modelo de liderazgo femenino en la política, por ello los organismos
internacionales de desarrollo han enfatizado la necesidad de garantizar una
“masa crítica” de mujeres que ocupen puestos de responsabilidad política que
sirvan de modelo para otras mujeres así como para transformar las actitudes,
creencias y dinámica política (ONU, 1995, CEPAL, 2007).
En cuanto a la necesidad del liderazgo político, a la
fecha, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres para participar en los
espacios políticos municipales no se ha logrado traducir en una presencia
equilibrada que exprese la igualdad de condiciones legales.
Históricamente, del total de municipios en el país,
las mujeres nunca han logrado superar siquiera el 5% en el cargo de Presidentas
Municipales; para el año 2008 la situación se presentaba de la siguiente manera:
De los 2,455 municipios, 2,343, lo que equivale al 95.4%, eran presididos por
hombres, mientras que sólo 112, esto es 4.6%, eran gobernados por mujeres
(INAFED, 2008).
El déficit de la participación de las mujeres en los
órganos municipales se extiende a los puestos de mayor rango en los
ayuntamientos. La proporción en el cargo de síndicas, representa el 16%. Con
respecto a las regidurías, es de 29.5% (INAFED, Ibid).
La persistencia de múltiples expresiones de
discriminación y violencia contra las mujeres que deciden incursionar en el
ámbito de la política, dificultan su acceso al cargo de presidenta municipal,
así como a los distintos puestos de liderazgo en el ayuntamiento (Barrera,
2004).
Se habla de un “desinterés” por la situación en el
ámbito de lo local-municipal, mismo que se debió en gran medida a que las
investigaciones y análisis de los estudios de género, así como la generación de
las estadísticas y la implementación de las acciones afirmativas se han
concentrado hasta ahora, privilegiadamente en los ámbitos macro políticos de
las representaciones parlamentarias y de la administración pública nacional.
A pesar de la reforma al Código Federal de
Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe), de 2008, en la cual se
hicieron algunas modificaciones importantes respecto a las cuotas de género y
algunas acciones afirmativas en la búsqueda por acelerar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, la participación política directa de las mujeres es
aún no impactante en la estructura municipal, en lo general.
DE POLÍTICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
En lo particular, consideramos que es necesario vincular
el proceso propiamente político a las políticas públicas, estas últimas en su
parte orientada al logro del igualdad entre los géneros y a la construcción de
una sociedad más equilibrada e incluyente. Para ello, es pertinente abordar, de
manera integral, el papel que desempeña la conquista de la herramienta más
importante de gobierno, que es el presupuesto. La asignación de dinero supone
la existencia de una verdadera política, la ausencia del mismo equivale a la
prevalencia de un discurso político, pero carente de propuesta gubernamental
(Meny, 1999). Un ejemplo es el presupuesto para trata en 2012.
En un marco de política pública, es necesario asegurar
la viabilidad de los objetivos que pasan por las instituciones municipales,
mediante el diseño de medios adecuados de asignación y aplicación de los
recursos públicos. Son muy importantes los modelos del ejercicio presupuestal.
En este caso, conviene recordar que nuestro país se está dando un proceso de
modificación de la manera en que se elabora y ejerce el presupuesto público,
para sustituir el actual sistema que es obsoleto, aunque en el momento de su
implementación, la década de los años 80, ofreció el primer ejercicio de
racionalidad para la anarquía y discrecionalidad que era administrar el dinero
público; estamos hablando de la sustitución del llamado presupuesto por
programas.
Entre las opciones para ocupar su lugar, existen
diferentes alternativas como son los presupuestos de base cero, los de
eficiencia, los de resultados y los de género, entre otros. Nos interesan
especialmente los de resultados y los de género porque se conjugan en dos aspectos
que son determinantes para trasformar la estructura social. El primero, por su
capacidad para medir cuantitativamente las políticas gubernamentales en su
impacto en la modificación de las condiciones sociales, en su ámbito económico,
político, cultural o social. El segundo, por su utilidad específica para
articular la política, monitorearla y medirla en función de su efecto en la
transformación de las condiciones desequilibradas entre los géneros.
Esto es muy importante tomarlo en consideración,
porque es virtualmente imposible definir políticas de género y medir su impacto
en la realidad, con el marco limitado que ofrece el presupuesto por programas,
que es el que actualmente se utiliza en los tres ámbitos de gobierno. El
presupuesto por programas abona muy poco en favor de la medición del impacto y
en bien de la transparencia, por dos razones fundamentales. La primera, es que
es un presupuesto que se incrementa en función del índice inflacionario y de la
demanda agregada anual.
Su aprobación, especialmente a nivel federal, se
centra en la valoración del promedio ponderado de la inflación en el año en
curso, proyectando un incremento ligeramente superior para el siguiente, a
efecto de no perder su poder adquisitivo. De igual manera, se acumulan las
nuevas necesidades a las incorporadas en el año fiscal anterior y de esta
manera siempre tiende a su crecimiento. No se explica de otra manera el que el
gasto público haya pasado en los últimos diez años de un billón a 3.7 billones
de pesos (PEF, 2012).
Asimismo, la información para evaluar el gasto público
lo ofrece la cuenta pública, pero esta se rige por dos principios, que es el de
anualidad y el de posterioridad. De tal manera que el rezago de la información
de cómo se ejercen los recursos públicos con relación a la etapa de aprobación
del gasto es de dos años, con lo que la información obtenida no es útil para
propiciar incentivos o sanciones para
las instituciones administrativas o para los funcionarios que han hecho bien o
mal su trabajo en cualquier política, incluidas las de equidad de género.
Podemos agregar a lo anterior, que, hasta ahora, los
criterios aplicados para las auditorias al gasto público que nutren la cuenta
pública se fundamentan en los principios de legalidad y de suficiencia
presupuestal, no así en los de resultados del gasto, calidad de las políticas o
de cumplimiento.
Esto impacta la vida municipal, toda vez que la
relación financiera con el nivel central de gobierno se da en los parámetros de
80-15-5, resultando que el 90% o más de los ingresos municipales es de
naturaleza federal, vía las llamadas aportaciones o participaciones federales,
lo que los sujeta a la evaluación de resultados que implemente el gobierno
federal (Vera, 2010)
Por ello, es muy importante avanzar en la llamada
evaluación del desempeño, ya que representa un sistema muy trascendente para
contrastar los programas presupuestarios con los resultados realmente
alcanzados y ello permite medir el logro de políticas tan atingentes, como la
de equidad de género. De otra manera, es imposible pasar de los buenos propósitos
a las acciones con resultados en materia pública.
La evaluación del desempeño de los servidores públicos
es un asunto abstruso y de difícil solución; conlleva el síndrome de la
madrastra de Blancanieves: la evaluación es correcta y objetiva y no hay
objeciones mientras el espejo mágico diga que uno es la encarnación de la
belleza; pero cuando el espejo es objetivo y nos dice que no somos ni los
mejores ni los más bellos, ni los más eficaces, entonces confrontamos lo dicho
por el espejo y emprendemos una campaña de desprestigio contra los sistemas de
evaluación.
Se debe partir del principio de que “lo que no se
puede medir no se puede mejorar”. Puesto que no se evalúan los resultados, los
gobiernos tradicionales –dice Osborne, (1997)- rara vez alcanzan sus metas.
Desde hace más de 20 años, la evaluación del desempeño
se realiza en diferentes países, lo que ha requerido implementar reformas
presupuestarias enfocadas a la mejora de la eficiencia y efectividad del gasto
público. Nuestro país también se ha incorporado al movimiento hacia la
evaluación del desempeño para mejorar fundamentalmente la gestión pública.
No obstante la reciente incorporación de los sistemas
de evaluación para el mejoramiento de la administración pública, en México se
han desarrollado esfuerzos desde principios del siglo XX, para asociar el gasto
público con los resultados; así lo revela la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos
de la Federación de 1935, en donde se establecía que los recursos fueran
asignados de acuerdo al objeto específico del gasto.
Cuarenta años más tarde, en 1976 se emprende una
reforma administrativa para reorganizar la Administración Pública Federal
(APF), se promulga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF),
de donde se deriva la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto
(SPP); días después, se decretó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal (LPCGPF), que impuso como técnica presupuestal el Presupuesto
por Programas; sin embargo no es hasta 1983 cuando se establece la Ley de
Planeación, que vincula de manera más amplia la presupuestación con los grandes
objetivos nacionales, al mismo tiempo que se reforma la Constitución Política
con la finalidad de articular el Sistema de Planeación Democrática del
Desarrollo Nacional (Vera; Martínez, 2011).
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad hacendaria actual (LFPRH), el sistema de Evaluación del
Desempeño es un conjunto de elementos metodológicos que permiten:
a) Valorar objetivamente el desempeño de los
programas.
b) Verificar el cumplimiento de metas y objetivos.
c) Conocer el impacto social de los programas con base
en indicadores estratégicos y de gestión.
Lo anterior permite establecer los dos grandes componentes
del Sistema de Evaluación del Desempeño:
a) Evaluación de las políticas públicas y programas
presupuestarios, para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
b) Gestión para la calidad del gasto, enfocado en la
mejora del funcionamiento de las instituciones y en sus resultados; promover la
eficiencia, eficacia, modernización en la prestación de servicios, la
productividad en el desempeño de sus funciones y la reducción de los gastos de
operación.
En este contexto, se inserta el presupuesto de género, que, bajo esta perspectiva sí debe
permitir orientar el esfuerzo del personal público y el conjunto de recursos
financieros, jurídicos, materiales y culturales hacía la verdadera
transformación de las condiciones de carencia, desequilibrio o injusticia
social.
La persistente situación de desigualdad entre mujeres
y hombres lleva a contemplar con mirada crítica las estructuras económicas, la
distribución del gasto público, los sistemas de recaudación o las alegaciones
de neutralidad de las políticas presupuestarias.
Esta inquietud viene siendo manifestada desde
distintos foros internacionales como los de Naciones Unidas en su Informe sobre
los Derechos de la Mujer (1985), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social
de Copenhague (1995) o la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
la Mujer en Beijing (1995).
Diversas iniciativas a lo largo del mundo secundan
esta preocupación por el sesgo de género de las políticas económicas y,
principalmente, la ignorancia y falta de conciencia sobre su existencia y sobre
cómo éste afecta al impacto en las mujeres de gran parte de las medidas,
incluso de las más bienintencionadas. Muchas mujeres, y hombres, se preguntan
por qué los avances no son mayores y más rápidos, por qué se producen fenómenos
recientes como la feminización de la pobreza, qué se está haciendo y qué se
puede hacer desde los poderes públicos.
Los presupuestos con enfoque de género constituyen una
de las maneras por las que los gobiernos pueden cumplir sus compromisos
relacionados con el género de una forma efectiva. Tal enfoque a menudo pone de
manifiesto el sesgo de género de la mayor parte de las políticas (Emakunde,
2006).
Este sesgo implica un costo social que se produce en
forma de:
Desigualdad entre hombres y mujeres;
Resultados deficientes de las políticas;
Menor desarrollo de las capacidades de las personas;
Menor tiempo libre;
Menor bienestar tanto para hombres como para mujeres.
La diferencia de posición social y económica entre
mujeres y hombres implica que muchas políticas y presupuestos considerados
neutrales al género afectan de forma diferente a unos y a otros. Por esta
razón, es importante dotar a los presupuestos de un enfoque que tenga en cuenta
a las mujeres, que no sea “indiferente al género”.
Dicho enfoque no consiste en la asignación de recursos
a programas específicamente dirigidos a las mujeres, que frecuentemente suponen
no más de una mínima fracción en los presupuestos públicos. Lo que es más, la
mayor parte del gasto público no está orientado de forma específica a hombres o
a mujeres. Sin embargo, esto no significa que el impacto de género en el gasto
sea neutral, ni tampoco que lo sean los métodos de recaudación.
Asimismo, una razón que avala la conveniencia de tal
análisis sensible al género de los presupuestos públicos radica en la necesidad
de evitar las pérdidas que una nación puede sufrir como consecuencia de no
tener en cuenta las implicaciones de género del gasto y del ingreso público.
Algunos ejemplos de ello son:
Falsas Economías. Los recortes en el gasto público a
menudo se basan en falsos razonamientos económicos, ya que finalmente revierten
en un incremento del trabajo no pagado de las mujeres. Ej.: los recortes en los
gastos de salud a menudo suponen para las mujeres:
Disminución del tiempo que pueden dedicar al trabajo
remunerado, y por tanto de ingresos públicos por los impuestos
correspondientes,
Disminución del tiempo dedicado a actividades
comunitarias, y por tanto aumento de la necesidad de gasto público en trabajadores
sociales, etc.
Deficiencia de Objetivos. La ayuda a las familias sin
recursos para facilitar el bienestar de la infancia a menudo se canaliza a
través del cabeza de familia, en detrimento de la persona que efectivamente se
encarga de su cuidado. Existen diversos estudios que demuestran que los
ingresos por tal concepto distribuidos a las madres tienen un mayor impacto
positivo en el bienestar de los niños y niñas; sin embargo, muchas políticas
ignoran este hecho.
Pérdida de Resultados. La ausencia de la consideración
de género en la planificación del gasto público, por ejemplo en educación,
provoca situaciones de desventaja en cuanto a la educación de las niñas.
Numerosos estudios demuestran que los países con una tasa comparativa de
educación primaria o secundaria de niñas respecto a niños menor del 0,75 pueden
esperar niveles de PIB inferiores hasta en un 25% respecto a aquéllos con menor
disparidad de género en los gastos de educación.
A la hora de analizar un presupuesto con enfoque de
género es importante tener en cuenta que:
ü No son presupuestos separados para las mujeres ni para
los hombres.
ü Se concentran en una conciencia de género y en su
incorporación transversal en todos los aspectos de la elaboración de
presupuestos a nivel nacional y local.
ü Promueven el uso más efectivo de los recursos para
lograr tanto la igualdad de género como el desarrollo humano.
ü Hacen seguimiento y evalúan el gasto y el ingreso
público desde un enfoque de género.
ü Promueven la participación de los grupos de mujeres.
ü Enfatizan la re-elaboración de prioridades en lugar
del incremento del gasto público en general.
ü Destacan la re-orientación de los programas dentro de
sectores, en lugar de cambios de las cantidades asignadas a sectores
específicos.
Hay experiencias provechosas y dignas de análisis,
como las que publica el programa hábitat de la ONU, que se aplican en países
como la India con triple condición de marginalidad femenina, al igual que se
hace en naciones como Sri Lanka, Barbados, St. Kitts and Nevis, Sudáfrica, Fiji,
Namibia, Suiza, Filipinas, Mozambique, Australia, Reino Unido o Canadá, con
importantes resultados.
EJES PARA LA ACCIÓN:
Finalmente, se comentan algunas estrategias clave para
actuar con una perspectiva integral en materia de transformación social para la
equidad de género a nivel local.
1. Es imprescindible una verdadera descentralización de
la vida nacional. Sin recursos y sin capacidad de decisión a nivel municipal,
difícilmente podrá repercutirse la política pública municipal para la equidad
de género.
2. La reforma municipal pendiente debe favorecer
instrumentos clave como es la capacidad de planeación económica y social, de la
que hoy carece al ser visto el municipio, desde su diseño constitucional, como
un sistema de producción de bienes y servicios esencialmente urbanos, tal como
se le consideró en la reforma municipal de 1982 que le incorporó el catálogo de
servicios que ahora le conocemos, mismos que contrastan con las necesidades
humanas y sociales de las ciudades actuales.
3. Es necesario avanzar en materia de
institucionalización de las políticas públicas de género, mediante la creación
de institutos o mecanismos específicos en todos los municipios, la
incorporación de la perspectiva en los planes de desarrollo municipal y en los
programas operativos anuales.
4. La instancia del comité para la planeación del
desarrollo municipal, que debe existir por ley en todos los municipios del
país, concebida de manera participativa y representativa, debería tener una
vertiente o comisión de género para impulsar las políticas municipales y medir
sus objetivos
5. Está en curso el proceso de homologación de sistemas
de registro contable en todos los municipios del país, a partir de la nueva ley
de contabilidad gubernamental de 1999. Es necesario culminarla e incorporar en
el sistema de registro del gasto la función de equidad de género como mecanismo
transversal del gasto público municipal.
6. Contando con la base administrativa mínima, se hace
preciso extender la práctica de estructurar presupuestos basados en resultados
y presupuestos de género, consiguiendo círculos virtuosos de política pública
que alivien los planes, los programas, los presupuestos e indicadores
específicos para monitorear permanentemente el logro de objetivos de equidad de
género. Los indicadores de resultados deben valorar dos planos: el nacional y
el específico a nivel local.
Estas reflexiones, se subraya, tienen el propósito de
reconocer que para lograr las reformas políticas vinculadas a la equidad de
género es necesario incorporar la reforma administrativa en el ámbito local,
que permita darle viabilidad o materializar logros concretos en materia de
igualación de las relaciones entre hombres y mujeres en todos los campos de la
actividad económica, política y social. Las reformas parciales son posibles,
pero tienen el costo de alargar los procesos y de propiciar resultados no
deseados.
Hasta hace unos años, al concepto de globalización se opuso el de glocalización, sintetizado por la
idea de actuar localmente y pensar globalmente. Hoy día, en un mundo
caracterizado por el renacimiento de la vida local, esto es más cierto que
nunca y probablemente sea la ruta más certera para el éxito, mediante el
emprendimiento de la reforma local, que es al mismo tiempo la reforma de la
comunidad, la reforma de la ciudad y la reforma de la base fundamental del
tejido y la organización social y política de todo el estado nacional.
REFERENCIAS:
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Municipal (2008). Agenda desde lo local, en:
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