Excelente Diplomado UNAM-Cámara de Diputados, en Derecho Electoral y Procesos Legislativos a partir del 1 de julio. Excelente!

Cruzada contra el hambre

El día lunes 21 de enero, el gobierno lanzó el programa llamado “Cruzada contra el hambre”, que pretende focalizar este desafortunado tema, como parte importante de las políticas públicas. La situación social del país es muy grave. Se estima que cerca de 16 millones de personas no sólo viven en la pobreza, sino prácticamente en la indigencia.

El tema del hambre nos remite necesariamente a la situación del campo mexicano. Durante los últimos años años el agro se ha estancado. El balance arroja que el PIB agropecuario solo creció poco más de 2% en promedio, durante los últimos seis años.

Haciendo un recuento de este sexenio y del sexto informe de gobierno, tenemos que el Banco Mundial declaró que entre el periodo comprendido a finales del año 2006 y principios del 2008, el precio de los alimentos en general se incrementó en casi 50%. ¡Que difícil condición viven ahora las familias mexicanas para alcanzar su alimentación!

No hemos olvidado que al iniciar enero del año 2007, a escasos 35 días del anterior gobierno, los precios de la tortilla se dispararon “sorpresivamente” de los seis pesos en que se vendía en noviembre del año 2006 a niveles de 9-10 pesos por kilogramo en el Distrito Federal.

Incluso se reportó que en algunas entidades de la República llegó a 15 pesos. Esto representó un desmedido incremento de 67% en un solo mes para el caso de la Ciudad de México y de 150% en el interior del país. Además, los precios del trigo y del arroz se duplicaron y triplicaron, respectivamente en el mismo periodo, lo que se tradujo en el incremento del 42% de la canasta básica alimentaria.

Por otra parte, el cambio climático, traducido en sequía ha golpeado duramente al campo mexicano. Nuestros agricultores y ganaderos de 19 estados del país, han sufrido inmisericordemente sus consecuencias. Las imágenes de animales muertos por falta de agua y de alimentos no son suficientes para ilustrar la desesperación de miles de familias rurales que ven desaparecer su único patrimonio y su manera de sobrevivir.

Nuestra nación se encuentra ubicada a nivel mundial, como el tercer país que más redujo su producción de alimentos por el fenómeno de la sequía. Lo cual es preocupante porque la cosecha se redujo en 30%, mientras las importaciones se elevaron a 35%.

En el caso del maíz, las pérdidas han alcanzado los 9,000 millones de pesos. En el caso del frijol, del cual se perdieron el 60% de las cosechas, fueron 6,000 millones de pesos, los que los agricultores mexicanos dejaron de percibir este año. Nuestro país consume 32 millones de toneladas métricas de maíz, de las cuales importa 6.9 millones, una quinta parte. Sin embargo, se tiene previsto que el maíz que importamos de Estados Unidos llegue más caro, por los problemas de sequía que también manifestó dicho país.

Con relación a los cítricos, se tiene pronosticado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que nuestro país producirá 294,000 toneladas de naranjas, limones y toronjas en la temporada 2011-2012, lo que representa una caída de 17.4% frente al ciclo inmediato anterior.

En cuanto al trigo, se tiene registrado un lastimoso record en importación, ya que suma 741 millones de dólares, un aumento interanual de 32.4%, de acuerdo a los datos establecidos por el Banco de México. El monto es superior al máximo histórico alcanzado en el 2008, cuando las compras externas llegaron a 637 millones de dólares.

Por lo tanto, el tema de la pobreza no sólo es un problema de distribución de alimentos, sino sobretodo de productividad, de rescate del campo mexicano. No nos podemos aventurar al futuro sin el soporte de un campo productivo y con mayor bienestar.

La calidad educativa. Martin Vera

El mayor logro de los sistemas educativos del siglo XX fue asegurar el acceso de prácticamente todos los niños y niñas en edad escolar a las aulas. Sin duda fue un éxito importante, en el contexto de las enormes desigualdades y exclusiones que nuestras sociedades tienen y aún mantienen.

Sin embargo, es una herencia insuficiente para asegurar la calidad educativa. El siglo XXI reclama el desarrollo de nuevas habilidades y competencias en sus miembros, que la escuela organizada industrialmente no es capaz de ofrecer. Los resultados educativos, en casi todas partes del mundo, muestran esta carencia y conseguir los resultados esperados, en el siglo XXI, requiere necesariamente un cambio de paradigmas.

Una verdadera transformación de los sistemas educativos requiere volver a poner el foco en el aprendizaje de cada niño y niña, y por lo tanto, la capacidad para desarrollar soluciones diferenciadas, que consideren las características, intereses, habilidades y progreso de cada estudiante.

Las tecnologías disponibles en el siglo XXI, nos permiten por fin mantener el logro de una educación masiva, democrática e inclusiva, pero diferenciando ahora la oferta educativa de manera de ofrecer a cada estudiante lo que requiere en su contexto específico. Hacia allá debe caminar la calidad educativa, acorde a una idea cierta del tipod e persona que deberá resultar para la mitad del siglo XXI.

En fechas recientes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, informó que nuestro país se ubica en el tercer lugar, entre los países con el mayor número de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que no están estudiando, que no están empleados, ni dentro de la fuerza laboral. Es decir, los jóvenes que están en tal situación abarcan un universo de 1 millón 931mil personas, que se encuentran en el rango de 15 a 19 años; 2 millones 673 mil tienen de 20 a 24 años; y 2 millones 622 mil restantes tienen de 25 a 29 años. Hablamos de cerca de 7 millones de jóvenes.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática mencionó que más de 5.3 millones de mexicanos mayores de 15 años permanecen sin saber leer ni escribir, lo cual es inaceptable y vergonzoso, a un siglo de la Revolución Mexicana. Es decir, en sentido opuesto a la elevación de la escolaridad, todavía tenemos un alto porcentaje de analfabetismo, del que se llama estructural, que condena a la miseria a quien lo padece.

En esas condiciones, la calidad educativa no solo debe incidir en los procesos de contratación, desarrollo y despido de maestros, sino también en cuestiones sustantivas como las condiciones que hacen posible la permanencia y aprovechamiento de los alumnos y la solución a los graves problemas estructurales de la enseñanza, que tienen que ver no sólo con controles sindicales y políticos, sino con salarios, colegiaturas, falta de investigadores, plazas no permanentes, pésimos salarios y pagos por hora, la mercantilización de las universidades y escuelas, la elusión de derechos laborales y otros, que hacen que muchas veces la actividad educativa se transforme en una actividad secundaria y complementaria, como ocurre en las universidades. Es, pues, un problema más integral de lo que se ha advertido hasta ahora.

CAMBIO DE PODERES

Por Martín Vera

Estamos a unas cuantas horas de que se efectuó eel cambio de poderes, en el poder ejecutivo de la unión. Afortunadamente, a diferencia de la toma de protesta de Felipe Calderón, en esta ocasión el presidente electo Enrique Peña Nieto, asumió el mando en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, frente a diputados y senadores. Con esto, se canceló totalmente cualquier riesgo de inestabilidad y ruptura constitucional, con lo que finalmente parecen aprenderse las lecciones de estos siete años de conflicto entre los órganos de gobierno.

Parece que al fin, la clase política están aprendiendo, con salvedades, las duras lecciones del pasado, en el sentido de que a nadie conviene el tono de rispidez y encono entre los partidos políticos, ya que termina por contaminar a las instituciones del Estado y, con ello, a generar inestabilidad en el conjunto de la sociedad.

Desde 1994 se vino consolidando en el país un contexto de pluralismo. En las elecciones de ese año el PRI vio casi igualar los municipios gobernados por otros partidos a los suyos. En la elección de 1997, de plano perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que había sido suya por casi todo el siglo XX. Desde 1997 hasta estos años, en un gobierno dividido, no de mayorías, sino de minorías, la convivencia fue muy difícil. El corolario del enfrentamiento se dió durante el sexto informe de gobierno de Vicente Fox, al que no dejaron entrar en la Cámara para presentarlo y tuvo que hacerlo fuera de ella, a pesar de lo que señala la Constitución Política. Calderón, de plano no pudo presentar ningún informe en el Congreso, ni siquiera tomar posesión en ella y la colocación de la banda presidencial fue casi un asalto al poder Legislativo.

El mensaje a la ciudadanía fue totalmente negativo y, coincidentemente, desde entonces hemos vivido un creciente conflicto entre instituciones, organismos civiles y, evidentemente, la clase política. Esta tensión se ha extendido a todos los espacios de la sociedad, en lo que se denomina efecto espejo, enturbiando todo tipo de relaciones. Frente a ello, la clase política se vio pequeña, miserable y oportunista, sin valorar la necesidad de dignificar a las instituciones y de mandar una señal de civilidad a la sociedad.

Para quien no lo sepa, estimado lector, por ejemplo, en el caso del congreso norteamericano, cuando se está en desacuerdo con un presidente, en particular con algún aspecto de su discurso frente al poder legislativo, la protesta se expresa dejando de aplaudir, por una sencilla razón: La clase política ha aprendido la necesidad de mantener la dignidad de la institución legislativa, porque no es de los partidos, sino que es la representación del pueblo, así, clara y llanamente.

Por ello, el hecho de que termine Enrique Peña tome protesta en el poder legislativo, en el seno de la Cámara de Diputados, abre esperanzas de que se inicie una nueva época de respeto a las instituciones y a la voluntad popular, que es la fuente del poder que la clase política, le guste o no, ejerce en sus curules, en sus escaños y en los propios Pinos. 

¿PARA QUE SIRVE LA OPOSICIÓN?

Por Martín Vera

¿Que podemos entender por oposición? Hay que tener en cuenta que con este calificativo se designa frecuentemente a la persona, grupo o partido que simplemente es contestatario, pero está visto que ahora que transitamos en democracias de gobiernos divididos, la oposición tiene el deber de irse construyendo como una alternativa al poder. El inicio del nuevo gobierno, más específicamente el regreso del PRI, obliga a replantear el papel de la oposición y, en el fondo, el valor del pluralismo.

Ya hemos aprendido varias lecciones. Una es que el conflicto implica pérdidas para todos, sobre todo para la ciudadanía. Lo anterior significa que, en un sistema donde es posible alternar entre diversas fuerzas políticas la titularidad del poder, la oposición tiene que demostrar ante la ciudadanía que está preparada para acceder al gobierno. Por ello, tiene que asumir una actitud responsable y constructiva, para que la sociedad le pueda dar su voto para arribar al gobierno, especialmente al control de la administración pública.

En este sentido, la historia constitucional de la democracia contemporánea da cuenta de cómo institucionalizar las posiciones encontradas, es decir gobierno y oposición. Por principio, toda oposición no puede renunciar a su propia naturaleza, ni a su objetivo, dejando, lisa y llanamente, gobernar al gobierno. Por el contrario, deberá impedir que haya malgobierno, recurriendo a la imaginación y a la gama de posibilidades para ejercerla, y caracterizándose por ser siempre crítica, en momentos dura o flexible, constructiva o intransigente, conciliadora y propositiva, sin esperar además, del gobierno, directrices de cómo debe ser o actuar. Todo lo contrario, deberá contender con el gobierno las reglas de su actividad y las políticas, siendo crítica de sus contenidos pero postuladora de alternativas y conciliadora cuando sea procedente.

La actuación de la oposición radica en tomarle la medida –el pulso- al gobierno, para plantear acciones concretas, en medio de una confrontación crítica, con miras a decantar propuestas posibles. Ha sido una constante el proceso de reconocimiento que los sistemas políticos hacen de la oposición, como un factor clave para su funcionamiento y legitimación. Aquellos que lo hacen dejan de ser autoritarios y se convierten en verdaderas democracias. Las cuales, para su desarrollo, requieren una sólida afirmación en la concepción y procedimientos en torno a varios sentidos: el acceso al gobierno, la garantía de la oposición y de los correspondientes espacios extrainstitucionales para la libre expresión socio-cultural.

Es necesario establecer una nueva relación entre gobierno y oposición. Sin embargo, es una necesidad que carece de nuevas reglas. Por es viable retomar el proyecto de la reforma del Estado que permita modificar el régimen político, el régimen electoral y las formas de participación ciudadana. Ello permitiría operar la actual relación entre poderes, que es sumamente conflictiva. No existen canales institucionales  para empatar la agenda de gobierno y la del Congreso. No hay requisitos claros para facilitar el procesamiento de las iniciativas de reforma constitucional y secundaria, que involucre de manera productiva a los promoventes, los ejecutores y los destinatarios.

Decía Manuel Crescencio Rejón que es vital acotar el poder presidencial y fortalecer el de la representación popular. Señalaba que, finalmente, la institución presidencial es unipersonal, por disposición de la Carta Magna y, tarde o temprano, los intereses y percepciones específicas del individuo que lo detenta, tendera a alejarse de los intereses generales del Estado y a representar una amenaza contra la semilla de la libertad.

Una institución parlamentaria y una sociedad que no dialogue, que no reclame, que no evalúe, juzgue y califique, favorecería la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y del Ejecutivo en particular.

Reforma política: bono institucional

Martín Vera M.

Entre los temas del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado envió a última hora a la Cámara de Diputados un dictamen de reforma política que podría ser considerado, todo o parcialmente, en un periodo extraordinario de sesiones. El procedimiento legislativo tiene que correr de esta manera, toda vez que, en términos del COFIPE, el año electoral correspondiente al 2012 inicia en el mes de octubre, a efecto de que cualquier reforma autorizada pueda ser vigente en los mismos tiempos.

En torno a la reforma política, que promueve cambios en los artículos 35, 36, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 115 y 116 Constitucionales, han discurrido un gran número de análisis y vale la pena extraer algunas formulaciones generales en torno a su alcance y naturaleza. En primer término, es necesario tener en consideración que nuestro país dispone de lo que podemos llamar “bono institucional”, que permite instrumentalizar importantes reformas sin que supongan rupturas significativas del orden constitucional o del régimen político, en sentido contrario a lo ocurrido en otros países, cuya apertura política se ha dado en medio de convulsiones sociales e incluso de fragmentaciones territoriales.

La reforma política se presenta como una alternativa a la imposibilidad de procesar un modelo más amplio, como es el de la reforma del Estado. En un plano menos ambicioso, pero no por ello menos importante, los actores políticos han logrado un nivel de consenso relevante, que se detiene por las diferencias en algunos puntos, pero no en la generalidad. Es importante reconocer que el origen de este proceso se encuentra dentro del sistema de partidos, a diferencia de la lógica de cambio político, que supondría una oposición generalizada de la sociedad frente al establishment, que forzaría al régimen a adoptar cambios estructurales.

El de México es un caso que rebasa las propuestas metodológicas de Linz, en la teoría de la transición democrática, a partir del quiebre institucional. En nuestro caso, un tejido débil de la sociedad, calculado por Freedom House en un 4% de sociedad organizada, frente a un pluralismo creciente y una competitividad importante para acceder al poder, favorecen las iniciativas desde dentro del sistema, como han sido las reformas electorales de 1976, 1994, 1996 y de 2007, que enmarcan el escenario del próximo año.

No obstante, esta diferenciación también determina el alcance de las reformas, ya que resultan de la negociación entre los propios actores y le imponen a la sociedad sus propuestas y los argumentos de legitimación. Por ello, en el terreno de la operacionalización de la reforma política, en el caso de aprobarse, es de advertirse que la apertura política y ciudadana está acotada al control y dirección de los propios partidos, por sí mismos o por medio de las instituciones en que tienen mayor capacidad de operación.

Citando algunos casos, entre el conjunto de reformas que promueven las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores, los mecanismos de consulta popular, la reconducción presupuestal, la ratificación de nombramientos políticos, la sustitución del Presidente o la iniciativa popular, se pueden citar factores específicos que demuestran la anterior afirmación.

Las candidaturas ciudadanas difícilmente podrán escapar del costo de los procesos electorales y del sistema de mecenazgo social que han impuesto los partidos, que previamente promueven asociaciones y fundaciones de todo tipo, ocupando el espacio que teóricamente le corresponde a la sociedad y que serán, de manera natural, el origen de los candidatos ciudadanos. Inclusive, es posible que militantes no favorecidos con las condiciones para ser candidatos de partido tengan dispuesta la puerta de las candidaturas ciudadanas.

Las consultas populares también reservan el control partidista y del poder. Su convocatoria será facultad del Presidente, de un número mínimo de miembros de las Cámaras (33%) y de un 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pero que equivale a más de 700 mil personas. Los requisitos del poder serán fáciles de cubrir, pero los de la ciudadanía solo se posibilitarán con la estructura de los partidos, sin descontar las debilidades que frecuentemente tienen los referéndums y plebiscitos, lejanos del ejercicio de la razón colectiva y fácilmente inducibles en función de las preguntas que se planteen.

Extrañamente, en lugar de atribuirse al Congreso o a otra institución el proceso de consulta ciudadana, el IFE engrosa su larga lista de atribuciones electorales, jurisdiccionales, registrales y políticas, con la responsabilidad de organizarlas, sin antes deliberar la fragilidad de dicha institución frente al juego político de los partidos como ocurre ahora.

En torno a la reelección, a pesar de los argumentos jurídicos y técnicos “puros”, la configuración del sistema y del mercado político, caracterizado por un bajo nivel de responsabilidad política cualitativa y el condicionamiento corporativo por medio de las dádivas y la compra del voto, pueden propiciar cacicazgos locales duros, las exclusión de grupos adversarios y el fin de la permeabilidad política que se considera clave para la estabilidad social.

Asimismo, se aprovecha la reforma política para incorporar nuevas reglas presupuestales, que serían materia de una reforma económica y se incorporan temas de la disputa política en la sustitución de Presidente y en la ratificación de funcionarios, dejando fuera ostensiblemente temas que obliguen a un mayor rendimiento de las instituciones, reglas más claras y contundentes para la transparencia y contra la corrupción y a favor de la organización ciudadana.