Excelente Diplomado UNAM-Cámara de Diputados, en Derecho Electoral y Procesos Legislativos a partir del 1 de julio. Excelente!

¿PARA QUE SIRVE LA OPOSICIÓN?

Por Martín Vera

¿Que podemos entender por oposición? Hay que tener en cuenta que con este calificativo se designa frecuentemente a la persona, grupo o partido que simplemente es contestatario, pero está visto que ahora que transitamos en democracias de gobiernos divididos, la oposición tiene el deber de irse construyendo como una alternativa al poder. El inicio del nuevo gobierno, más específicamente el regreso del PRI, obliga a replantear el papel de la oposición y, en el fondo, el valor del pluralismo.

Ya hemos aprendido varias lecciones. Una es que el conflicto implica pérdidas para todos, sobre todo para la ciudadanía. Lo anterior significa que, en un sistema donde es posible alternar entre diversas fuerzas políticas la titularidad del poder, la oposición tiene que demostrar ante la ciudadanía que está preparada para acceder al gobierno. Por ello, tiene que asumir una actitud responsable y constructiva, para que la sociedad le pueda dar su voto para arribar al gobierno, especialmente al control de la administración pública.

En este sentido, la historia constitucional de la democracia contemporánea da cuenta de cómo institucionalizar las posiciones encontradas, es decir gobierno y oposición. Por principio, toda oposición no puede renunciar a su propia naturaleza, ni a su objetivo, dejando, lisa y llanamente, gobernar al gobierno. Por el contrario, deberá impedir que haya malgobierno, recurriendo a la imaginación y a la gama de posibilidades para ejercerla, y caracterizándose por ser siempre crítica, en momentos dura o flexible, constructiva o intransigente, conciliadora y propositiva, sin esperar además, del gobierno, directrices de cómo debe ser o actuar. Todo lo contrario, deberá contender con el gobierno las reglas de su actividad y las políticas, siendo crítica de sus contenidos pero postuladora de alternativas y conciliadora cuando sea procedente.

La actuación de la oposición radica en tomarle la medida –el pulso- al gobierno, para plantear acciones concretas, en medio de una confrontación crítica, con miras a decantar propuestas posibles. Ha sido una constante el proceso de reconocimiento que los sistemas políticos hacen de la oposición, como un factor clave para su funcionamiento y legitimación. Aquellos que lo hacen dejan de ser autoritarios y se convierten en verdaderas democracias. Las cuales, para su desarrollo, requieren una sólida afirmación en la concepción y procedimientos en torno a varios sentidos: el acceso al gobierno, la garantía de la oposición y de los correspondientes espacios extrainstitucionales para la libre expresión socio-cultural.

Es necesario establecer una nueva relación entre gobierno y oposición. Sin embargo, es una necesidad que carece de nuevas reglas. Por es viable retomar el proyecto de la reforma del Estado que permita modificar el régimen político, el régimen electoral y las formas de participación ciudadana. Ello permitiría operar la actual relación entre poderes, que es sumamente conflictiva. No existen canales institucionales  para empatar la agenda de gobierno y la del Congreso. No hay requisitos claros para facilitar el procesamiento de las iniciativas de reforma constitucional y secundaria, que involucre de manera productiva a los promoventes, los ejecutores y los destinatarios.

Decía Manuel Crescencio Rejón que es vital acotar el poder presidencial y fortalecer el de la representación popular. Señalaba que, finalmente, la institución presidencial es unipersonal, por disposición de la Carta Magna y, tarde o temprano, los intereses y percepciones específicas del individuo que lo detenta, tendera a alejarse de los intereses generales del Estado y a representar una amenaza contra la semilla de la libertad.

Una institución parlamentaria y una sociedad que no dialogue, que no reclame, que no evalúe, juzgue y califique, favorecería la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y del Ejecutivo en particular.

Excelente Diplomado en puerta UNAM-Cámara de Diputados

MIneria y pueblos indigenas

PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN EL CONGRESO SOLICITANDO UN INFORME SOBRE LAS LICITACIONES OTORGADAS EN AREAS TERRITORIALES INDÍGENAS, EL IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y LAS RELACIONES LABORALES SUBSISTENTES, ESPECIALMENTE EN LAS MINAS DE ORO Y PLATA.

Diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector minero tiene una gran importancia en la historia, la economía, la organización social, el presente y el futuro de México. La diversidad y abundancia de minerales de nuestro territorio, siempre ha sido una de nuestras mayores riquezas. Ello queda claro con las motivaciones de las misiones españolas hacia nuestro país, el litigio juarista con las compañías mineras y el énfasis del Constituyente del 17 en la redacción de un amplio, detallado y pleno de soberanía artículo 27 constitucional, que es el fundamento más sólido del estado nacional.

Los recursos naturales son primordiales, esenciales para la subsistencia del país, incluso por su relación con la cultura, la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al reconocerse la configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que la minería debe ser una actividad adecuadamente regulada, que reconozca su estrecha relación con el régimen de la propiedad rural por tratarse del subsuelo, afectada por el régimen de concesión que establece el citado ordenamiento, pero que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.

No obstante, esa visión nacionalista y cultural de la minería, se ha distorsionado con el tiempo y ha vuelto la propiedad nacional usufructo extranjero y a los pueblos étnicos, de herederos del patrimonio nacional en siervos de las grandes empresas.

Al día de hoy existen 286 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 757 proyectos en total. En 25 estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 180, Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80, Zacatecas con 62, Jalisco 46, Oaxaca 32, Guerrero con 21, Baja California con 16, Nayarit con 16, Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 12, Chiapas y Coahuila con 9, Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el Estado de México, Puebla y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y finalmente con 2 proyectos para cada uno de los estados de Hidalgo, Morelos, Tamaulipas.

Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 73% (210) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 en Estados Unidos (15%), 8 empresas de Australia (3%), el Reino Unido 6 (Inglaterra) representando el 2%, Japón con el 2% que corresponde a 4 empresas, la República Popular China con 3 empresas, Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que Perú; con poco más del 1% y Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen una empresa cada uno. sumando menos del 1% del total.

Hay casos relevantes que ilustran el grave desequilibrio y afectación de los bienes nacionales que estamos señalando, como característica de la política minera de este y del anterior sexenio gubernamental. En el año 2009, en el Estado de San Luis Potosi, la empresa First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas a la canadiense Normabec, quien ha realizado sus trabajos de exploración principalmente en la mina Santa Ana. Dicha explotación se ha efectuado en 6 mil 326 hectáreas otorgadas a la minera por el gobierno federal a cambio de tres millones de dólares.

De esta extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra en Wirikuta, declarada área natural protegida en enero de 2000. Asimismo, datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la empresa canadiense explora en busca de plata y oro.

Dicho proyecto establece que se construirá un túnel de 2 mil 300 metros que atravesará la veta madre, donde se presume que aún hay una gran cantidad de plata. Incluso los trabajos se desarrollarán a 300 metros de profundidad y en otras a 700, según el relieve. También se destaca que no hay un plan claro de explotación subterránea para desviar los flujos hidrológicos, ya que se tienen indicios que el agua ya no sale a los manantiales, sino se queda en las minas.

Este es un claro ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las concesiones mineras, otorgadas en medio de una doble política o una doble moral gubernamental, que por una parte dice proteger las áreas naturales, como lo demandan los pueblos indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los mismos territorios. Y la historia se repite en todos los rincones mineros del país. Ello sin contar las dudas sobre la vigilancia de las autoridades ecológicas, que deberían prever el impacto ambiental, pero que son objetadas por las asociaciones rurales e indígenas.

La minería mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento de las concesiones, rapacidad en el acceso ilimitado a las reservas naturales; desplazamiento de las comunidades originarias, terribles condiciones laborales, impregnadas con frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de conchos.

La minería también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre los bienes nacionales, del suelo y del subsuelo. Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese sentido, de reforma constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su análisis y dictamen.

¿Qué ha cambiado para los indígenas del país de la colonia hasta ahora? La respuesta es que han pasado de una condición de servidumbre a otra de explotación y marginación industrial. Ello afecta sus intereses y presumiblemente los intereses de la nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta situación y exigir las políticas y programas que afronten y transformen de una vez por todas, el atraso, el rezago y el abuso que se da en medio de esta actividad.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio Ambiente y de Trabajo y Previsión Social para que proporcionen de manera urgente un informe integral sobre las licitaciones otorgadas en áreas territoriales indígenas, su impacto económico en los últimos diez años, la informacion sobre la existencia de dictamenes de impacto ambiental y las características salariales y de relaciones laborales subsistentes, espacialmente en las minas de oro y plata. Se plantea que dicho informe contenga un apartado específico de compromisos para enfrentar su problemática con políticas y programas públicos concretos y en el corto y mediano plazos.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, agosto de 2011

Reforma política: bono institucional

Martín Vera M.

Entre los temas del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Senado envió a última hora a la Cámara de Diputados un dictamen de reforma política que podría ser considerado, todo o parcialmente, en un periodo extraordinario de sesiones. El procedimiento legislativo tiene que correr de esta manera, toda vez que, en términos del COFIPE, el año electoral correspondiente al 2012 inicia en el mes de octubre, a efecto de que cualquier reforma autorizada pueda ser vigente en los mismos tiempos.

En torno a la reforma política, que promueve cambios en los artículos 35, 36, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 115 y 116 Constitucionales, han discurrido un gran número de análisis y vale la pena extraer algunas formulaciones generales en torno a su alcance y naturaleza. En primer término, es necesario tener en consideración que nuestro país dispone de lo que podemos llamar “bono institucional”, que permite instrumentalizar importantes reformas sin que supongan rupturas significativas del orden constitucional o del régimen político, en sentido contrario a lo ocurrido en otros países, cuya apertura política se ha dado en medio de convulsiones sociales e incluso de fragmentaciones territoriales.

La reforma política se presenta como una alternativa a la imposibilidad de procesar un modelo más amplio, como es el de la reforma del Estado. En un plano menos ambicioso, pero no por ello menos importante, los actores políticos han logrado un nivel de consenso relevante, que se detiene por las diferencias en algunos puntos, pero no en la generalidad. Es importante reconocer que el origen de este proceso se encuentra dentro del sistema de partidos, a diferencia de la lógica de cambio político, que supondría una oposición generalizada de la sociedad frente al establishment, que forzaría al régimen a adoptar cambios estructurales.

El de México es un caso que rebasa las propuestas metodológicas de Linz, en la teoría de la transición democrática, a partir del quiebre institucional. En nuestro caso, un tejido débil de la sociedad, calculado por Freedom House en un 4% de sociedad organizada, frente a un pluralismo creciente y una competitividad importante para acceder al poder, favorecen las iniciativas desde dentro del sistema, como han sido las reformas electorales de 1976, 1994, 1996 y de 2007, que enmarcan el escenario del próximo año.

No obstante, esta diferenciación también determina el alcance de las reformas, ya que resultan de la negociación entre los propios actores y le imponen a la sociedad sus propuestas y los argumentos de legitimación. Por ello, en el terreno de la operacionalización de la reforma política, en el caso de aprobarse, es de advertirse que la apertura política y ciudadana está acotada al control y dirección de los propios partidos, por sí mismos o por medio de las instituciones en que tienen mayor capacidad de operación.

Citando algunos casos, entre el conjunto de reformas que promueven las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores, los mecanismos de consulta popular, la reconducción presupuestal, la ratificación de nombramientos políticos, la sustitución del Presidente o la iniciativa popular, se pueden citar factores específicos que demuestran la anterior afirmación.

Las candidaturas ciudadanas difícilmente podrán escapar del costo de los procesos electorales y del sistema de mecenazgo social que han impuesto los partidos, que previamente promueven asociaciones y fundaciones de todo tipo, ocupando el espacio que teóricamente le corresponde a la sociedad y que serán, de manera natural, el origen de los candidatos ciudadanos. Inclusive, es posible que militantes no favorecidos con las condiciones para ser candidatos de partido tengan dispuesta la puerta de las candidaturas ciudadanas.

Las consultas populares también reservan el control partidista y del poder. Su convocatoria será facultad del Presidente, de un número mínimo de miembros de las Cámaras (33%) y de un 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pero que equivale a más de 700 mil personas. Los requisitos del poder serán fáciles de cubrir, pero los de la ciudadanía solo se posibilitarán con la estructura de los partidos, sin descontar las debilidades que frecuentemente tienen los referéndums y plebiscitos, lejanos del ejercicio de la razón colectiva y fácilmente inducibles en función de las preguntas que se planteen.

Extrañamente, en lugar de atribuirse al Congreso o a otra institución el proceso de consulta ciudadana, el IFE engrosa su larga lista de atribuciones electorales, jurisdiccionales, registrales y políticas, con la responsabilidad de organizarlas, sin antes deliberar la fragilidad de dicha institución frente al juego político de los partidos como ocurre ahora.

En torno a la reelección, a pesar de los argumentos jurídicos y técnicos “puros”, la configuración del sistema y del mercado político, caracterizado por un bajo nivel de responsabilidad política cualitativa y el condicionamiento corporativo por medio de las dádivas y la compra del voto, pueden propiciar cacicazgos locales duros, las exclusión de grupos adversarios y el fin de la permeabilidad política que se considera clave para la estabilidad social.

Asimismo, se aprovecha la reforma política para incorporar nuevas reglas presupuestales, que serían materia de una reforma económica y se incorporan temas de la disputa política en la sustitución de Presidente y en la ratificación de funcionarios, dejando fuera ostensiblemente temas que obliguen a un mayor rendimiento de las instituciones, reglas más claras y contundentes para la transparencia y contra la corrupción y a favor de la organización ciudadana.

El abstencionismo

Isidoro Geronimo Castellanos

El abstencionismo electoral constituye un problema tanto político como social, y es por esta razón que afecta y permea todas las esferas sociales, políticas y económicas del país. Existen distintas razones que pueden justificar en alguna medida el abstencionismo electoral desde un punto de vista político, algunas de ellas son las malas campañas políticas, los malos representantes, los escándalos que involucran a los dirigentes del país con grupos guerrilleros o narcotraficantes, entre muchas otras. Todas las anteriores razones pueden constituir una importante base para defender la posición de abstencionista desde el ámbito político, sin embargo, muchos otros problemas surgen desde el seno del pueblo, quien por distintas razones se muestra apático y a su vez poco compenetrado con la práctica política. Los dos fenómenos, o mejor, las dos causas (tanto la política como la social), suman un sin número de adeptos que en nuestra sociedad, alcanzan a coaptar una alta proporción del censo electoral.


El desarrollo del presente trabajo, pretende, dar a conocer los puntos por el cual se da el abstencionismo en el proceso electoral y la importancia de la participación ciudadana dentro del mismo.


El principal objetivo que se persigue al desarrollar este trabajo, es el de acreditar la materia de Derecho Político Estadual y Municipal, y por otra parte conocer las causas por las que se da el abstencionismo en el proceso electoral y la participación ciudadana en la misma. Ojalá, que los objetivos aquí expuestos, se cumplan, ya que he puesto mi mayor esfuerzo, en este trabajo para que así sea.

PROPUESTAS


• Desarrollar una Campaña de Educación Cívica encaminada a fomentar la participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso electoral.


• Prevenir irregularidades de compra y coacción y, de manipulación de políticas, programas y acciones de gobierno hacia los votantes.




• Promover la participación de delegaciones de visitantes internacionales en el desarrollo de las diferentes fases del proceso electoral

JUSTIFICACION

Tradicionalmente, el abstencionismo se ha considerado una disfunción del sistema democrático. Se considera como un indicador de despolitización, de integración política insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción social débil, dado que entre los abstencionistas se encuentran los muy jóvenes y los ya viejos, las mujeres y en general, los grupos más débiles de la sociedad. Sin embargo, esta explicación no permite comprender ni diferenciar en su complejidad el abstencionismo que se presenta en los diferentes comicios. Además, el abstencionismo puede manifestarse también, como un comportamiento electoral autónomo, como una decisión del ciudadano frente a la oferta electoral.

El estudio del abstencionismo presenta problemas de medición, contenido, observación e interpretación. La acepción más generalizada del abstencionismo es la que se refiere a los procesos electorales y se mide por la diferencia entre el número de ciudadanos empadronados y el total de votos efectivos; en ocasiones también se le suma a esta diferencia, el total de personas en edad de votar que no se registraron, ya que ésta, también es una modalidad del abstencionismo. La cantidad resultante se expresa en porcentajes.

En las pasadas elecciones realizadas el cuatro de julio de 2010 surgieron a nivel
nacional diversos acontecimientos, que invitaron a los electores a no acudir a las urnas, teniendo como ejemplo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, 5 de julio (Notimex) El principal ganador de las elecciones en esta frontera, fue el abstencionismo al no acudir a votar el 62 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, según autoridades electorales municipales.
El presidente de este organismo, Bernardino Aguilar Cerda, comentó que además los resultados preliminares arrojaron una participación ciudadana de aproximadamente 37 por ciento, en tanto que el restante no salió a votar este 2010.
“Teníamos en el padrón una lista nominal de 295 mil 158 electores, de los cuales votaron 110 mil 270, de esa cantidad hasta el momento tenemos como válidos 108 mil 129 votos, ya que obtuvimos dos mil 141 votos nulos”, manifestó.
Por todo lo anterior, se decidió trabajar acerca de este interesante tema, y de este modo poder resaltar las causas que originan el abstencionismo en el proceso electoral, para lo cual existen distintas razones que pueden justificar en alguna medida el abstencionismo electoral desde un punto de vista político, algunas de ellas son las malas campañas políticas, los malos representantes, los escándalos que involucran a los dirigentes del país con grupos guerrilleros o narcotraficantes, entre muchas otras.

DESARROLLO

Antes de continuar indagando al respecto se debe definir que es abstencionismo, para de esta forma darle una factible solución a tan agobiante problema. El Abstencionismo Electoral, “hace referencia a la no participación de los ciudadanos en los procesos electorales en los que tiene derecho a votar”, y por tanto hace de los abstencionistas “persona(s) que estando en capacidad de votar, de manera voluntaria decide(n) no hacerlo. Esta decisión puede responder tanto a la apatía o desinterés del ciudadano frente a la política, como a una protesta contra las opciones electorales en disputa.”
Teniendo ya definidos los temas, y viendo como una organización especializada describe este flagelo electoral, surge una importante incógnita: ¿no será acaso que la misma apatía y falta de participación política es lo que ha permitido que malos dirigente políticos sean elegidos en los distintos comicios electorales? Muy seguramente esta es una pregunta cuya respuesta es dialéctica, mejor dicho, “no votamos por que siempre son elegidos malos representantes; son elegidos malos representantes porque la gente no vota”; esto constituiría un circulo vicioso, donde la única perjudicada es la sociedad, pues se ven deslegitimadas instituciones donde los miembros son escogidos por elección popular y donde la corrupción, el clientelismo, y la politiquería están a la orden del día.

Soy de los que piensa que si existe un sistema democrático, donde se le garantiza el derecho al voto y una parte importante de los cargos públicos son de elección popular, pero también donde una gran mayoría las personas que hacen parte de dicho sistema no hace uso constante y responsable de sus derechos políticos, contribuye indirectamente para que este sistema pueda ser visto como poco legitimo, pues la verdad, la voluntad y la opinión de todos los votantes en potencia, no es expresada, y en muchos casos, ni siquiera la de la mayoría; es por esto que no se podría hablar de una verdadera elección mayoritaria de representantes y mucho menos de la deferencia del poder constituyente emanado del pueblo.

Continuando con el análisis de las raíces del abstencionismo, valdría la pena indagar acerca de los posibles orígenes sociológicos. Entre las muchas causas están: la falta de idealización política, es decir la falta de interés o apatía por los movimientos políticos y la esfera política en general; distintos aspectos psicológicos y relativos a la idiosincrasia, como lo es la percepción equivocada de la maquinaria política como un instrumento para “enriquecer a las elites” o la apreciación del político como un ser doble, sagaz, mentiroso y sin compromiso con la sociedad; rebeldía o desprecio por el sistema político, los candidatos, y las propuestas poco interesantes o que poco se acomodan a las necesidades de la gente.
Quizás las personas desconozcan su importancia al votar, o pensaran que cuando una persona deposita su opinión favorable frente a un candidato que no gana en las urnas su voto se ve perdido, pero no es así. Esta haciendo una importante labor, pues está participando en la toma de decisiones. Obviamente, no podemos pretender que la gente se acerque a las urnas con un “velo de la ignorancia” y de esta forma no vote por el candidato que más le convenga, pero tampoco se puede pretender ver los comicios electorales como la lucha de dos caudillos o líderes políticos, o la lucha de dos o más movimientos o colores que buscan la cima, pues no todo puede ser visto sin matices, y mucho menos se puede dejar a un lado lo sublime que puede llegar a ser votar en blanco.

ASPECTOS PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS

a) Por medio de difusión, de medios de comunicación, partidos políticos y foros públicos.
b) Implementar cultura de democracia para la participación pública.
c) Organizar programas de apoyo a la democracia.
d) Sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la participación.
e) Realizar visitas domiciliarias por parte del IFE.
f) Que los partidos políticos e instituciones soliciten a las organizaciones (ONU, OEA) para que estén presentes con una delegación de observadores en las elecciones para emitir juicios sobre la limpieza de las mismas.
g) Que la Organización de las Naciones Unidas envíe una misión de expertos en asuntos electorales para conocer el sistema electoral mexicano y pueda emitir un informe técnico sobre el mismo;
h) Que la ONU coadyuve proporcionando asistencia técnica a los grupos de observación nacional que la soliciten y que estarán presentes durante la jornada electoral, para asegurar la profesionalidad, independencia e imparcialidad.

CONCLUSIONES

Haciendo un acercamiento hacia las posibles soluciones, quizás la más notoria es la del Voto Obligatorio. Muchas personas piensan que permitiéndole al ejecutivo establecer dicha práctica y concediéndole poderes para coaccionar o sancionar en caso tal de que una persona incumpla con lo dicho en la norma, se presta una solución esta problemática. Pero la verdad, esto solo haría de nuestra sociedad una opresora, sería un total agravio frente a los ideales democráticos, pues no sería un voto verdaderamente libre. La única solución que efectivamente podría solventar esta nebulosa es la educación civica, y este servicio solo puede ser por el Estado.

No es raro saber sobre esta problemática, es más, casi todo el mundo conoce sobre este flagelo. Lastimosamente la gente no toma conciencia al respecto, y prefiere entregar su destino y las riendas del país a una mínima parte de la población. De nada sirve hablar sobre este tema si las entidades gubernamentales no se empeñan en concientizar a las mayorías sobre la importancia de su participación en los comicios electorales. ¿Será entonces que algún día lograremos ser lo suficientemente cívicos como para entender que la toma de decisiones políticas debe ser una responsabilidad de todos, y no una tarea aislada? ¿Y será que alguna vez nos daremos cuenta que criticar a un gobierno es muy fácil, pero que uno solo debe criticar si verdaderamente ha hecho parte del proceso democrático?

Por medio de un proceso de formación y de capacitación permanente dirigido a todos los sectores de la nación con el objeto de fortalecer la identidad, el orgullo nacional, el patriotismo, las raíces y las perspectivas, facilitando el ejercicio responsable de los deberes, y los derechos ciudadanos que coadyuvan a la elección de gobiernos más representativos, logrando de esta manera mejorar las condiciones de vida y un desarrollo sostenido del país.

Diplomado sobre Reforma Politica en México

Una atenta invitación a un Diplomado sobfre Reforma Política que se efectuará proximamente en la Cámara de Diputados:



Comisión de Puntos Constitucionales

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
División de Educación Continua y Vinculación

DIPLOMADO
“ELEMENTOS Y ESTRATEGIAS DE REFORMA POLÍTICA EN MÉXICO”

Dirigido a Legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Antropología), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso a las pautas para la transformación del Estado Mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la gestión del cambio político.

Sede: Aula 4 del Palacio Legislativo de San Lázaro, edificio “I”, PB

Fechas: del 10 de mayo al 24 de septiembre de 2010.

Informes e inscripciones del 5 AL 30 DE ABRIL DE 2010, de 9 a 15:00 hrs., en los teléfonos 5628 13 00 y 5420 1760 exts. , 04455 3666 51 85, 044 55 29212480, en el e-m@il: conocimiento_global@yahoo.com.mx, así como en la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio “D”, del Palacio legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado.

Se otorgará constancia con valor curricular.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar los conceptos fundamentales del régimen político, sistemas electorales, redistribución del poder público, participación ciudadana, entre otros temas, y proponer alternativas para dar viabilidad a la Reforma Política y de Gobierno en todos sus aspectos y etapas.

METODOLOGÍA

Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar la Reforma del Régimen Político y de Gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.

EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulo I. El Régimen Político
Fechas: 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 de mayo
Ejes Temáticos:
La relación entre poderes.
El Poder Ejecutivo.
El Poder Legislativo.
Presidencialismo, Parlamentarismo y semipresidencialismo.
La Jefatura de Gabinete
La reelección en cargos de elección popular
Elementos que configuran una crisis política.
Escenarios de reforma política en el mundo


Módulo II. El Régimen de Gobierno
Fechas: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 de junio
Ejes Temáticos:
El régimen de la Administración Pública Federal
El control presidencial sobre la administración pública, alcance y profundidad de los tramos de control
Responsabilidad política y eficacia en Secretarías de Estado y en ministerios de Estado
Los órganos constitucionales autónomos
La profesionalización de la administración pública
La evaluación del desempeño en la gestión pública
Juicio político y régimen de responsabilidades
Limitaciones institucionales y gobernabilidad.


Módulo III. El Régimen Electoral
Fechas: 25, 28, 30 de junio, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 de julio
Ejes Temáticos:
La implementación de las reformas electorales de 1994, 1996 y 2007.
El nuevo contexto electoral y la necesidad de reformas.
Factores para perfeccionar el modelo electoral.
El IFE en la democracia mexicana
El Registro nacional Ciudadano y la Cédula de Identidad Ciudadana
El Tribunal Electoral
Partidos, coaliciones y alianzas
Alcances de una Ley General de Partidos


Módulo IV. El Sistema Federal
Fechas: 19, 21, 23, 26, 28, 30 de julio, 2, 4, 6, 9 de agosto
Ejes Temáticos:
El sistema federal dual y central mexicano
Competencias federales y locales.
El fortalecimiento regional y metropolitano.
Hacia un sistema de ciudades
El federalismo fiscal
El gasto federal descentralizado
El sistema de representación federal en las entidades federativas
La reforma municipal


Módulo V. Democracia y Participación Ciudadana
Fechas: 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 de agosto y 1 de septiembre
Ejes Temáticos:
Nuevos movimientos ciudadanos.
Ciudadanía y gobernabilidad.
Modelos de participación ciudadana.
Las candidaturas ciudadanas
Referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular
La terciarización económica y social en el mundo
Organización social y empresas sociales
El desarrollo de los organismos no gubernamentales
Mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas


Módulo VI. Reforma del Congreso
Fechas: 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de septiembre
Ejes Temáticos:
Marco constitucional
Viabilidad de Ley Orgánica y Reglamento compartidos
Integración de las cámaras
El proceso legislativo: plazos, métodos, iniciativa preferente, negativa ficta
Atribuciones y desempeño del Pleno
Las comisiones
El cabildeo y la gestión de causas
El sistema de información legislativa
La profesionalización técnica
La rendición de cuentas
Eficacia en las funciones de control y fiscalización del poder público

PRD: esperanza perdida

La izquierda nunca pierde la esperanza, que seguirá pujante desde diferentes trincheras políticas, ávida de que un partido en México la represente, pero no será el Partido de la Revolución Democrática.

A sus 20 años de existencia, el PRD pasa por la peor crisis de su historia, y posiblemente se encamina hacia su caída sin regreso.

Las crisis son generalmente percibidas con espíritu de catástrofe. Sin embargo, las crisis son siempre esa línea delgada entre el progreso o el retroceso. Entre la transformación o la pasividad. Son el momento perfecto para progresar y crecer. Son la oportunidad de transitar, cambiar, reformar y revolucionar.

Al tomar protesta como nuevo Presidente del PRD, Jesús Ortega expresó: “Reformar es volver a creer”. Era la oportunidad del Partido de reconocer sus errores y abrirse a la crítica. De dejar atrás su movimiento condicionado por facciones o personajes. De entregarle su movilidad a la organización, acompañada de certidumbre en sus instituciones partidarias y sus militantes. De construir el Partido desde abajo. Era el momento de dar el salto hacia la institucionalidad del Partido.

Pero el miedo electoral de perder escaños en el Congreso, que de todos modos, se perdieron, así como importantes municipios en el país, inmovilizó al PRD dejándolo en absoluta pasividad al capricho de las corrientes y a expensas de las decisiones de López Obrador, que impactaron en el resultado negativo del PRD.

La falta de decisiones contundentes y valientes ha dejado al PRD sin esperanza. No se logró el fortalecimiento de su caudillo, aunque fuera a costa de la institucionalidad del partido. Ni tampoco se logró el fortalecimiento del partido, a costa de la aplicación del estatuto , y resultados electorales negativos.

REFLEXIÓN A 20 AÑOS DE HISTORIA.

El Partido de la Revolución Democrática se constituyó formalmente el día 5 de mayo de 1989. De acuerdo con Schumpeter , un partido es un grupo cuyos miembros se proponen actuar concertadamente en la lucha competitiva por el poder político. El PRD nace con la firme convicción de sacar al PRI del gobierno y redefinir las reglas electorales. Es por ello que sus expectativas parecieron haberse cumplido el día 2 de julio de 2000 con la salida del PRI del gobierno federal. Pero en realidad sus convicciones y principios se fueron construyendo a lo largo del tiempo, conforme se recuperaban las convicciones históricas de los ciudadanos y militantes que le dieron origen. Sus líderes más influyentes con el poder en la mano lo fueron deformando por un sentido natural de supervivencia y conservación de lo obtenido, sin mirar más hacia el futuro.

Después de 20 años esta organización política se encamina aceleradamente a perder su identidad clara de lucha, de ideología, de organización territorial e, inclusive, de fuerza electoral en el país, para convertirse en un partido de minoría legislativa.

Su credibilidad ha dependido en todo momento de las dos figuras presidenciales que ha tenido el partido: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Sus decisiones y opiniones han impactado sobremanera el accionar del Partido. Este es el caso de la crisis generada por López Obrador en las elecciones del 5 de julio, quien decidió apoyar a los candidatos del Partido del Trabajo y de Convergencia, en donde los candidatos del PRD no le eran afines. Este hecho, por supuesto, tuvo impactos negativos en los resultados obtenidos por el PRD, que disminuyeron en 8 millones de votos, pasando del 29 al 12 por ciento de la votación emitida.

El PRD ha sido conocido y reconocido por la Internacional Socialista como la representación de la izquierda en México . El PRD no representa sólo un esfuerzo político más en el sistema de partidos en México sino que es hasta el momento la representación en el presente de la historia de los movimientos sociales y de la lucha de las minorías por sus derechos y garantías individuales aunque las ambiciones y caprichos personales de quienes ostentan el poder en el interior del Partido hayan poco a poco tergiversado estos hechos.

En un país presidencialista, el PRD no debería conformarse con espacios en la Cámara de Diputados, o con algunos municipios y diputados locales. Debería ser una premisa la búsqueda del poder político desde la Presidencia de la República. No basta con haber contribuido a la derrota del PRI si al final el gobierno federal se queda en manos de otro partido político (PAN). Participar en las reformas electorales o convertirse en la segunda fuerza política del país no es suficiente. Sin embargo, desafortunadamente, la tendencia de sus caciques locales de preferir no perder sus pequeños feudos imposibilita la lucha en conjunto articulada por un objetivo de mayor envergadura. De hecho, el PRD se ha estancado en una lucha interna que no le permite redefinir sus convicciones y principios.

Entre la élite del partido existen grandes diferencias en las posiciones políticas que tienen que ver principalmente con la relación con el Gobierno Federal. Y, entre la base, el desencanto y la confusión: ¿Es o no es el Gobierno Federal de Felipe Calderón un gobierno usurpador? ¿Se debe hablar, reconocer o negociar con él, como Presidente de la República? ¿Existe un Gobierno Legítimo o es un gobierno de sombra?

La confusión deriva de las posiciones que toma la burocracia partidaria por un lado, y, por el otro, Andrés Manuel López Obrador.
Es importante destacar que no pretendo opinar y analizar el movimiento de izquierda amplio y difuso, que incluso ha perdido las fronteras de los partidos políticos, y donde todos los actores del PRD se encuentran inmersos. Solamente pretendo limitarme a las fronteras que representa el Partido de la Revolución Democrática.

Según Burke, un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. Cuando no hay unidad para promover un principio particular, cuando los intereses personales están por encima del interés nacional y cuando no todos están de acuerdo en los principios de acción, podemos asegurar que no estamos hablando de un partido político. El PRD no ha logrado su maduración como partido político y sigue siendo un movimiento de facciones o dependiente de sus protagonistas y antagonistas. Un movimiento que, al no lograr su institucionalización, tiende a la desaparición.

CONCLUSIONES

Las fases de desarrollo como partido político del PRD que están claramente identificadas son: faccionalismo y polarización. Comenzó la expansión en medio de la crisis. Pero en ningún momento hubo señales para comenzar con la institucionalización. El costo electoral y la pérdida de los pequeños feudos de algunos dirigentes fueron razones suficientes para no iniciar este camino. El PRD no será un partido político consolidado, ni mucho menos institucionalizado. La esperanza se ha perdido.

Al echar una mirada al pasado inmediato es inevitable considerar que el PRD ha traicionado su historia, su congruencia, sus valores, y que se ubica en el mundo global de los partidos de izquierda como un partido tercermundista en su espectro internacional.

De conformidad con los principios de la Internacional Socialista, el concepto de democracia se basa en los principios de libertad e igualdad. Pero ni igualdad en la competencia, ni libertad de los votantes, han sido características de las elecciones internas del PRD. La elección del Presidente Jesús Ortega se rodeó del escándalo, pero en la elección de candidatos realizada el 15 de marzo del 2009 se silenciaron los fraudes, la inequidad en la competencia, la discrecionalidad en las resoluciones, la intervención de gobernantes a favor de algún pre-candidato. Sin embargo, la falta de escándalo no es un indicador de elecciones democráticas. Porque la verdad se corrompe con la mentira, pero más aún con el silencio.

El PRD se concibió en su creación como el partido de la democracia, de la constitucionalidad, de la dignidad del pueblo y del progreso.

Pero es un partido de la democracia que no escucha la voz del pueblo porque impone sus decisiones oligárquicas. Un partido de la constitucionalidad que no respeta el Estado de Derecho electoral porque su órgano jurisdiccional sólo responde a los intereses de corriente. Un partido de la dignidad del pueblo que se lucra con la pobreza de la gente para ganar las elecciones internas. Un partido del progreso que no crece en su militancia libre y consciente, sino sólo en su corporativismo. Un partido que sólo es el reflejo de la penumbra, en la que sus dirigentes no están dispuestos a perder un solo espacio de sus pequeños feudos. Es un partido que traiciona su origen.

Los documentos básicos del Partido establecen que el PRD no busca el poder por el poder mismo. Sin embargo, el reparto por cuotas de todas las candidaturas, sin importar las capacidades legislativas o gubernamentales, no enaltece dicho principio. La ciudadanía exige representantes populares preparados para gobernar. La improvisación y la ocurrencia no son una buena carta de presentación.

La política que postula el PRD se basa en la ética, los principios democráticos, la crítica y la autocrítica constructiva.

Sin embargo, la ética se pierde con la mentira y el amago, los principios democráticos sólo se exigen hacia el exterior, incluso es razón de su nacimiento como Partido, pero hacia el interior los principios democráticos se olvidan, se archivan bajo el argumento “acuerdo mata estatuto”.

La crítica y autocrítica constructiva se percibe como una intención de amago o de ataques personales. La inmadurez institucional no escucha el grito de la congruencia y la libertad, por el contrario, sólo percibe la acidez de los argumentos, y reacciona con la discriminación, la sanción, la exclusión y el veto.

La política que postula el PRD en sus documentos básicos es de acción honesta y responsable. Por el contrario, la realidad del PRD, ha permitido y ha sido complaciente con la actuación corrupta e irresponsable de algunos de sus gobiernos donde se enaltece la máxima de “el respeto a la corrupción ajena es la paz”.

La política que no demuestra preocupación por el futuro de la humanidad es inmoral y no merece respeto. Y las corrientes en el PRD actúan por lo inmediato, pero ello se pierde en lo inmediato, y dejan de lado la discusión y el debate sobre los temas importantes del País.

En el 2002 concluía que si el Ing. Cárdenas no daba paso a otro candidato a la presidencia, podríamos enfrentarnos a un nuevo ciclo de desarrollo de un nuevo nombre para el movimiento de izquierda, incluso, un nuevo Frente Democrático Nacional en torno a una figura reconocida, que ya no sería Cárdenas. Y la desaparición irremediable de lo que actualmente conocemos como PRD.

Sin embargo, sí dio paso al Lic. Andrés Manuel López Obrador, pero la posibilidad de que la historia lo recuerde como el que fortalece y destruye al PRD es cada vez más inminente . Incluso podríamos enfrentarnos a un nuevo ciclo de desarrollo para el movimiento de izquierda, un movimiento con origen en el Frente Amplio Progresista (FAP) que sea encabezado por López Obrador. Y, por tanto, a la desaparición electoral de lo que actualmente conocemos como PRD.

El ascenso del Frente Amplio Progresista (FAP) como brazo destructor del PRD no es catastrofista. Pero la falta de conciliación entre la burocracia partidaria representada por el presidente electo Jesús Ortega y el liderazgo social del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, puede llevar a la debacle del PRD.

La otra posibilidad cada vez más lejana es que las instituciones internas del PRD actúen con absoluto apego a la legalidad sin consideraciones facciosas. El costo electoral será muy alto, pero sólo así se lograría romper con la potencia imperialista, llámese como se llame.

Ningún candidato, por más arrastre de masas que tenga, es dueño absoluto del partido, no puede estar por encima del Partido, sino dentro del Partido, con todo lo que ello implica en derechos y obligaciones.

Se reconoce tanto a Cuauhtémoc Cárdenas como a López Obrador su gran liderazgo y aportación para el fortalecimiento del PRD. Sin embargo, ningún partido en su proceso de institucionalización puede permitir el absolutismo de un líder.




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El Régimen Político

Guadalupe Morales Núñez

Con motivo de la tarea plural de revisar el marco legal y constitucional de los diferentes componentes de nuestro sistema político se legitima la Ley para la Reforma del Estado.

Es indudable que representa para muchos, un gran logro que las principales fuerzas políticas del país puedan coincidir en privilegiar dos cosas: el consenso y la participación o concurso de la sociedad en su conjunto, a través de amplios esquemas de participación ciudadana.

Respecto al consenso entre las fuerzas políticas ya comenté en mi ensayo anterior, que se rigen bajo las reglas de la “negociación”.

Respecto a la segunda parte, que es la participación o concurso de la sociedad, debo decir que no es un concepto nuevo y a mi parecer no requería un desgaste legislativo e inclusive presupuestal para ponerlo en marcha través de una ley que en esencia es un acuerdo parlamentario sin embargo ha demostrado y ha legitimado la necesidad de perfeccionar, fortalecer y respetar la participación ciudadana.

Diagnóstico

La democracia, significa el gobierno del pueblo, y es considerado por el artículo 3° de la constitución, no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En sentido estricto la democracia permite el funcionamiento del estado, cuyas decisiones colectivas son adoptadas gracias a la participación directa o indirecta; la democracia directa refiere a la decisión adoptada directamente por los miembros del pueblo, la democracia representativa es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes, y la democracia participativa a través de los mecanismos de participación ciudadana, tema en el que centraré el análisis en relación con el articulo 26 constitucional cuyos antecedentes legislativos describo a continuación.
A partir de la promulgación de la Constitución el artículo 26 constitucional ha sido objeto de varias reformas que se han aprobado por la cámara de Diputados.

La 1ª Reforma publicada DOF 03-02-1983 segunda 2ª Reforma DOF 07-04-2006.la tercera publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 2 de agosto de 2004. la cuarta publicada el 07 de abril del 2006

La primera publica el Decreto que reforma y adiciona los artículos: …26,…de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 26 A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

La segunda reforma bajo la presidencia “meta constitucional” del PAN se publica el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 27 fracción XXIX D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se incluye el inciso B que la la letra dice:

En la LVII legislatura se presentaron iniciativas de reformas constitucionales que hicieron importantes aportaciones que merecían ser revisadas.
La iniciativa presentada por PRI en la que hacia grandes aportaciones para la Reforma del estado y por su importancia transcribo a continuación:
“…Todos sabemos que una de las condiciones esenciales para realizar una Reforma del Estado mexicano, efectiva y con repercusiones reales en la práctica política, es conformar un adecuado equilibrio en la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo federales…”
Los temas que proponía la iniciativa eran los siguientes:
1. Mejorar el funcionamiento del Congreso de la Unión
2. Establecimiento de un régimen de cortesía y disciplina parlamentaria
3. Asesoría y recursos a legisladores para realizar sus tareas.
4. Facultad de las Comisiones de aprobar algunos proyectos de Decreto
5. Juicio político, incumplimiento reiterado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6. Juicio político, incumplimiento reiterado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7. Fortalecer la vinculación de los legisladores con sus representados
8. Introducción de la Iniciativa Popular y el Referéndum.
9. Reelección inmediata de diputados y senadores.
10. Formato del informe presidencial.
11. Vigorizar el papel del Congreso de la Unión
Fortalecer al Senado de la República
12. Nuevas reglas sobre aprobación de la Ley de Ingreso e intervención del Senado en la aprobación del Presupuesto de Egresos
13. Regulación constitucional de los Grupos Parlamentarios.
14. Fortalecer la vinculación de los legisladores con sus representados Introducción de la Iniciativa Popular y el Referéndum.
En la reforma publicada el 2 de agosto de 2004, se fortalece al Congreso de la Unión frente al Poder Ejecutivo con la reforma al artículo 26 constitucional que en su tercer párrafo le otorga al Congreso de la Unión…”la facultad de analizar, discutir, modificar y en su caso aprobar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que le envíe el titular del Poder Ejecutivo antes de que se cumplan los primeros seis meses de su gestión…”
En la LVIII Legislatura se presenta la iniciativa del PRI que propone reformas a los artículos 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer los procedimientos de participación y consulta popular en la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 990-I, martes 30 de abril de 2002. (615) no fue dictaminada. No hubo consenso, si lo hubo para conferirle autonomía al INEGI .
En la LIX Legislatura por ejemplo el Partido Convergencia presenta una iniciativa de reforma al artículo 26 constitucional en materia de planeación y presupuesto en la que propone que: “… La planeación será democrática y comprenderá el conjunto de acciones necesarias para precisar el diagnóstico de los problemas nacionales, los objetivos por alcanzar y los programas que propicien el logro de los mismos en los términos que determine la ley.
Comprende también la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución de los programas, así como el debido control del gasto público y la evaluación de su desempeño incluyendo el de los servidores públicos….”
El grupo parlamentario del PRD presenta una iniciativa en la que propone reformar el artículo 26 constitucional en materia metropolitana en los siguientes términos: “…El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, atendiendo el ámbito rural, regional y metropolitano; que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad... “
La incitaba del PRI por el que se reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. propone: “…El Poder Legislativo dictaminará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tendrá carácter obligatorio para la Administración Pública Federal…”
La iniciativa del PRD por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 2, 26, 53, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en la que se propuso que: “…La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional…”
En la actual legislatura el grupo Convergencia nuevamente insiste en modificar el artículo 26 constitucional a fin de que el Congreso de la Unión tenga la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.
EL PRI presenta una iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que el Plan Nacional de Desarrollo, seá propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la Unión, mediante la aprobación de dos terceras partes. A este Plan Nacional de desarrollo se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
Artículo 73: El Congreso tiene facultad:
XXIX-N. Para ratificar o en su caso modificar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el titular del Poder Ejecutivo federal
Puedo concluir que las propuestas en estas iniciativas han coincidido en fortalecer un sistema de gobierno que si bien no resuelve el todo, si aporta un gran avance dado que su contenido y alcance permanece vigente.
Distingo dos temas fundamentales en estas iniciativas; el primero ha sido la participación de la sociedad en el desarrollo del país y el segundo la participación del Congreso de la Unión en el Plan Nacional de Desarrollo.
Más como un contrapeso del Poder Ejecutivo o el debilitamiento del Poder Ejecutivo frente al Congreso de la Unión, como la oportunidad para hacer aportaciones importantes en materia de representación política.
No obstante con el impacto presupuestal y la inmediata descalificación en el desempeño legislativo de todos conocidos a lo largo de varias legislaturas no fue posible al menos, entrar al estudio de estos temas.
No ha sido sino hasta la negociación, aprobación, publicación y ejecución de la Ley para la Reforma del Estado que las distintas fuerzas políticas reconocen que la sociedad le interesa participar en la vida democrática y financiera del país, sin descartar el costo presupuestal que esto ha implicado.
Así lo demuestran los resultados de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión:
FEDERALISMO 140 ponencias
REGIMEN DE ESTADO Y GOBIERNO 184 ponencias
REFORMA DEL PODER JUDICIAL 249 ponencias
GARANTIAS SOCIALES 294 ponencias
DEMOCRACIA Y SISTEMA ELECTORAL 290 ponencias
La representación política de los legisladores que han ejercido durante varias legislaturas con importantes aportaciones a través de sus iniciativas de reforma constitucional no ha sido suficiente para reconocer que podemos al menos, revisar un tema.
Es bien cierto que los mecanismos de la democracia representativa tienen sus límites en las sociedades complejas del mundo moderno.
Es evidente que el logro del principio democrático requiere de instituciones de democracia directa, que permiten la participación de la ciudadanía en la toma de ciertas decisiones que afectan a la colectividad, al lado de los partidos políticos y de los poderes públicos tradicionales.
Tal es el caso de la iniciativa popular y del referéndum. A través de estas dos instituciones, la ciudadanía puede intervenir en el proceso de formación de las leyes, ya sea en el momento de la presentación de la iniciativa respectiva, o en un momento posterior a la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Unión, a manera de aval popular de la misma.
No se trata, en ninguno de los dos casos, de sustituir los mecanismos de la democracia representativa por los de la democracia directa. Se trata, de complementar unos con otros, para el efecto de abrir en lo posible el abanico de posibilidades de participación democrática dentro del nuevo régimen político que la mayoría de los mexicanos aspiramos a crear en nuestro país.
Esta claro que la excesiva concentración de la riqueza, y del poder no serán resueltos a través de la vía legislativa. Se requiere una revisión de lo que funciona lo cual ha la historia ha demostrado para implementar cambios en paralelo, integrales.
La pregunta es si podemos reconocer que nuestra democracia aun puede perfeccionarse, o implementar una verdadera democracia, haciendo a un lado la cultura autoritaria, y con ello fortalecer nuestras instituciones, profundizando en las diferentes alternativas de solución a los problemas de desigualdad, crecimiento de la delincuencia y estancamiento del progreso económico, y excesiva concentración del poder.
Le corresponde a los tres poderes coordinarse en un verdadero Supremo Poder de la Federación, para lograr un cambio institucional, sin duda debe ser el Congreso de la Unión el espacio por excelencia para adecuar nuestro sistema constitucional y legal a la realidad, sumando en este objetivo a diversas instancias plurales que logren la generación de acuerdos.

Justificación y efectos de la propuesta.

Se han enumerado temas que deben plantearse para lograr la Reforma del Estado, lo cual no es nuevo, sin embargo el gran logro ha sido la instrumentación y ejecución de un sistema de consulta pública, que si bien ha representado un costo innecesario, ha dado inicio a concretar una reforma integral, o al menos es la expectativa bajo la indefinición de Reforma del Estado.

En el diagnóstico de este trabajo presenté un resumen muy breve de las iniciativas que se han presentado desde la LVII Legislatura que demuestran un problema y proponen la solución por la vía legislativa en un momento de transición hoy en un terreno donde el eje de toda reforma constitucional es la exitosa práctica de negociaciones entre quienes ejercen el poder.

Saber si el fin es la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para justificar al medio que son las negociaciones o consensos entre quienes ejercen el poder, fortalecerá más al sistema político o a la distribución del poder entre los poderes de la unión o las principales fuerzas políticas del país.

Referencias documentales y bibliográficas.

Gaceta Parlamentaria, número 2214-III, jueves 15 de marzo de 2007. Dictamen de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con proyecto de Ley para la Reforma del Estado.
Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, con relación al poder legislativo, presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001
Gaceta Parlamentaria, número 717, miércoles 28 de marzo de 2001.IDEM
Fecha: 2002-04-04 Iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo. Presentada por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, PRD. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 339 votos en pro, 75 en contra y 22 abstenciones, el sábado 14 de diciembre de 2002. Votación. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 95 votos en pro, el lunes 15 de diciembre de 2003. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 2 de agosto de 2004. Gaceta Parlamentaria, número 973-I, viernes 5 de abril de 2002
Iniciativa por la que se reforma el artículo 73 y se adicionan dos párrafos al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conferirle autonomía al INEGI. Presentada por el diputado Manuel Espino Barrientos, PAN. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 389 votos en pro, el martes 4 de octubre de 2005. Votación. Devuelta a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 77 votos en pro, el jueves 24 de noviembre de 2005. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de abril de 2006. Gaceta Parlamentaria, número 1115, miércoles 23 de octubre de 2002. (772)

Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, Convergencia. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 1762, viernes 27 de mayo de 2005.
Que reforma los artículos 26, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Horacio Martínez Meza, PRD.
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 1895-I, jueves 1 de diciembre de 2005.
Iniciativa presentada por la diputada Martha Laguette Lardizábal, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 1893-I, martes 29 de noviembre de 2005.
Presentada por el diputado Abdallán Guzmán Cruz, PRD. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2056, lunes 24 de julio de 2006.
Que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Alejandro Chanona Burguete, Convergencia. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2111, jueves 12 de octubre de 2006.
Presentada por el diputado Edmundo Ramírez Martínez, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2234-IV, martes 17 de abril de 2007
http://www.leyparalareformadelestado.gob.mx

Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al Poder Legislativo. Presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 391 votos en pro y 5 abstenciones, el jueves 15 de abril de 2004. Votación. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 70 votos en pro, el miércoles 28 de abril de 2004. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 30 de julio de 2004.
Gaceta Parlamentaria, número 717, miércoles 28 de marzo de 2001.
De la transición al desencanto de la democracia en América Latina (PDF)Córdova Vianello, Lorenzo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Versión electrónica.

Erisipela mexicana

Julieta Camacho Granados

El momento más peligroso para un mal gobierno
es cuando empieza a reformar.
Alexis de Tocqueville

México en este momento se encuentra enfermo de erisipela: inflamado, enrojecido y con fiebre. A ciento noventa y siete años de la Independencia de este territorio con relación a España, y a noventa y siete años de la Revolución, este país atraviesa por un importante proceso de curación que nos marcará definitivamente: la Reforma del Estado.

Actualmente vivimos un suceso sin precedentes: el gobierno ha entrado en crisis, necesita rescatar la gobernabilidad y legitimidad perdidas, por ello la manera de reparar el daño y refrendar su poder es a través de la Reforma del Estado, que constituye un mecanismo de transformación constitucional que, de alinearse a la realidad y a las necesidades de este país, puede desembocar en modificaciones fructíferas, útiles y sobre todo benéficas para la sociedad mexicana en su conjunto.
Es importante destacar que tanto la Independencia, como la Revolución fueron hitos en la historia de México que incidieron sobre el aparato gubernamental, pues ambas, en su propio contexto, dieron paso a regímenes de gobierno diferentes a los que tenían y a movimientos sociales sin precedentes. Sin embargo, estas transformaciones gubernamentales sólo pudieron ser posibles a base de cruentas luchas, que se desarrollaron en medio de sufrimiento generalizado, inestabilidad social, hambre, traiciones y toda una serie de factores nada gratos. México siempre ha estado acompañado de sangre y dolor en los cambios sociales, por ello es importante destacar que la Reforma del Estado constituye el primer intento de cambio que se lleva a cabo de manera pacífica, institucionalizada y legal.

Para hablar de Reforma del Estado, debemos entender que el Estado, en su concepción más laxa, se compone por una sociedad situada en un territorio regido por una autoridad. Siguiendo a André Noel Roth “el Estado es una institución que formaliza unas reglas de juego en ámbitos que pretende regular” (2006:19), por ello es de vital importancia saber que se creó, a iniciativa del poder Legislativo, la Ley para la Reforma del Estado encargada de establecer mecanismos para coordinar este proceso transformador. Parte fundamental de estos trabajos la constituyen las propuestas sobre los temas que giran en torno a la Reforma del Estado presentadas por algunos ciudadanos y los partidos políticos. Muy importante es conocer dichas proposiciones, pues en base a ellas podemos identificar los aspectos en los que existe desacuerdo social y ánimo de cambio, así como las soluciones que se ofrecen y la viabilidad de las mismas; debo mencionar que un asunto que ha provocado debate es la adopción de un régimen semipresidencial para dejar de lado el presidencialismo empedernido que tenemos y dar paso a una nueva forma de organización política, ¿es posible?, ¿resultaría conveniente?.

Por su trascendencia, la Reforma del Estado debe ser planeada y tener vistas hacía la construcción de un futuro más promisorio, por ello, es imprescindible que los actores políticos se olviden del profundo protagonismo que ha imperado desde muchos siglos antes, y es necesario que sus propuestas sean objetivas y se ajusten a la realidad.
México ya no soporta más incongruencias, ni engaños, mucho menos espejismos; se requieren soluciones democráticas que contribuyan al desarrollo social del país. Mi objetivo es proporcionar fundamentos basados en el devenir histórico de nuestro país respecto a la forma de organización gubernamental, pues bien sabido es que el pasado de una Nación invariablemente forma el presente que después establecerá el futuro. No podemos plantear propuestas sin antes observar el proceso histórico que nos ha creado, mucho menos si no hemos analizado el pasado y desconocemos la realidad imperante en nuestra sociedad.

Un vistazo
La sociedad tendrá que vivir para el Estado;
el hombre, para la máquina de gobierno.
José Ortega y Gasset

México es un país híbrido producto del mestizaje impuesto, obviamente tenemos un serio raigambre cultural establecido que ha definido el rumbo del país. Resulta necesario recurrir a la historia para comprender a fondo el comportamiento de los regímenes gubernamentales y su legado hasta nuestros días.
No pretendo ser exhaustiva en este sentido, mi objetivo consiste en revisar someramente la conformación de la actualidad a través de nuestro pasado e identificar las principales características que hemos tenido en la construcción de las formas de Gobierno por las que ha transitado México.
Es menester recordar que en las culturas de la época prehispánica, la más alta autoridad era representada por el huey tlatoani, quien era el soberano, dueño de vastos poderes de toda índole y estaba al mando de la administración y organización de su respectivo grupo social. A raíz de la conquista realizada por los españoles en el siglo XVI, se modificaron notoriamente las formas de organización social existentes hasta entonces, dando origen a la Nueva España, sitio donde acontecían lamentables situaciones para los habitantes nacidos en este continente, quienes deseaban tener acceso a mejores condiciones de vida. Surge así el movimiento de Independencia que rompía los vínculos con España y devino en la reestructuración de este territorio y sus formas de organización social; esta lucha dio origen a una serie de ordenamientos que han marcado la delimitación de los poderes en México .
Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas” con la Independencia, pues Lázaro Gutiérrez de Lara señala al respecto que “era tan claro que tal Independencia era el único medio para conservar los intereses de la clase privilegiada en México, que sin vacilación los grandes designatarios del clero, del ejército y del gobierno, echaron todo el peso de su influencia para llevarla a cabo pues era el único camino que los podía librar del dominio del gobierno liberal de España.” (2003: 53)

Por otro lado, por la influencia proveniente del pensamiento europeo predominante, los ordenamientos surgidos a partir de 1810 establecen la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, a excepción de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 que instaura un Supremo Poder Conservador.
Un siglo después, se originó la Revolución Mexicana, que a su vez, también ayudo a conformar un régimen diferente, ello derivo en la consolidación de la Constitución de 1917, que reforma la de 1857, lo que represento, en parte, un salto sobre el eje ya conocido. Este hecho se considera un parteaguas en la historia de México, puesto que las condiciones requerían de un caudillo que recuperara la estabilidad social, cuya legalidad quedo señalada en la Constitución.

Cabe señalar que toda transformación social ha surgido por iniciativa de sectores determinados los cuales buscan prosperar sus intereses, pues como atinadamente señaló Lázaro Gutiérrez de Lara “jamás se ha llevado a cabo una verdadera revolución social por aquella clase de la sociedad cuyos intereses no sean favorecidos directamente” (2003: 28). Es triste pero los cambios en el sistema se inician por los posibles beneficiados, no por el interés concreto de una realidad más prospera; hoy día la Reforma del Estado no es excepción, pues en este momento la autoridad pública resiente la enfermedad de México y debe hacer lo posible por conservar su poder. Yves Meny y Jean Claude Thoening resultan vigentes al señalar que “la autoridad querrá reforzar los valores sociopolíticos que legitiman su acción ante el pueblo, pero evitará traer todo problemas que no contribuya al mantenimiento de su poder”.

Presidencialismo
Actualmente el grueso de la población identifica al Presidente de la República como el poder supremo, pues se tiene la idea de que es un ser omnipotente que todo lo puede con tan sólo desearlo. Tal idea se consolidó a partir de la hegemonía en el poder del partido dominante que demostró la superioridad del Presidente en todos los ámbitos, pues “el Presidente es la pieza clave del sistema político y tiene un enorme predominio sobre los otros elementos políticos que configuran al propio sistema” (Carpizo, 1987:24).
“El amplísimo poder del presidente proviene no solo de las facultades que acertada o desacertadamente le dan las leyes, sino de otras facultades” (Cosío Villegas,1981:24), pues la Constitución no define cabalmente sus atribuciones actuales, y se ha exagerado en el principio de que “lo que no esta prohibido, esta permitido”. Daniel Cosío Villegas indica que el sistema presidencial se basa en una división estricta de los poderes (1981:27), pues si no existieran otros o si todos se concentraran en uno, sería todo menos presidencialismo. De acuerdo con Jesús Silva Herzog Márquez, las características básicas del sistema presidencial son: a)los poderes son recíprocamente independientes, b)el Presidente es al mismo tiempo Jefe de Gobierno y Jefe del Estado, c)el Presidente es electo por el pueblo, el Congreso no interviene en la elección presidencial; por ello, el Ejecutivo no depende del apoyo de la mayoría del Congreso, d) el Presidente no puede disolver constitucionalmente el Congreso ni el Congreso puede pedir la renuncia del Presidente y cada uno de los poderes tiene un mandato por tiempo determinado, e) los miembros del Gabinete Presidencial no pueden formar parte del Poder Legislativo, (1996:28).

A lo largo de la historia, se ha tendido a establecer la figura de una persona todopoderosa que determine y conduzca la vida de la sociedad; no se ha cuidado el equilibrio de poderes, sino que se ha puesto atención solamente en la división. Se enraizó la idea de que la mejor manera de organizar al Gobierno en este país es el presidencialismo, y claro, en gran medida es cierto; sin embargo, la realidad es que hoy estamos ante condiciones diferentes que reclaman un verdadero equilibrio y cooperación entre los Poderes de la Unión, por ello no es viable el fortalecimiento del Poder Ejecutivo tal como lo propone el Partido Acción Nacional en el marco de propuestas para la Reforma del Estado, pues debemos avanzar sobre un línea democrática -que ellos tanto dicen defender- y alejarnos de los intereses de unos cuantos; pues una vez más se comprueba que el partido tiene esa intención debido a que hacer más fuerte al Ejecutivo le representa beneficios inmediatos puesto que el actual Presidente pertenece a ese partido.


Semipresidencialismo
El sistema semipresidencial ha resultado conveniente para algunos países, v.g. Francia y Alemania. Dentro de las características más representativas de este modelo gubernamental, están las figuras del Presidente y del Primer Ministro, quienes comparten una esfera de responsabilidad y poder público. Siguiendo a Giovanni Sartori podemos referirnos al régimen semipresidencial sólo si existen: un Jefe de Estado representado por el Presidente, el cual es elegido por voto popular, y si tenemos la presencia de un Primer Ministro, con quien el Jefe de Estado comparte el poder. Dicha estructura define tres características: a) el Presidente es independiente del Parlamento, no se le permite gobernar solo o directamente, b) el Primer Ministro y su Gabinete son independientes del Presidente, toda vez que dependen del Parlamento; y c) permite balances de poder.
Como vemos, el poder en el sistema semipresidencial recae en dos personas, aspecto que en México no es viable, puesto que se ha acostumbrado a la figura omnipotente del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las experiencias anteriores -vicepresidentes- no han sido nada gratas, resultando en ambiciones y traiciones. Sin embargo, para dar cabida a este sistema, algunos partidos políticos dentro de sus propuestas para la Reforma del Estado, presentaron la posibilidad de implementar la figura de Jefe de Gabinete.

El Partido Revolucionario Institucional propone que el nombramiento y remoción del Jefe de Gabinete sea hecha por el Ejecutivo Federal y ratificado por la Cámara de Senadores; quien asumirá, con derecho a voz, la representación del Gobierno Federal ante el Congreso.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática propone expresamente la creación de un régimen semipresidencial, donde el Poder Ejecutivo este integrado por el Presidente y el Jefe de Gobierno, quien sería ratificado por el Congreso y nombrado por el Presidente. Los partidos políticos más pequeños plantean lo siguiente: a) Partido Convergencia: analizar cuidadosamente la conveniencia de incorporar la institución de gobierno de gabinete; b) Partido del Trabajo: propone transitar a un régimen semipresidencialista, donde las funciones de nombramiento que corresponden al Presidente, sean ratificadas por el Congreso de la Unión; c) Partido Nueva Alianza: creación de la figura de Jefe de Gabinete de Ejecutivo Federal ratificado por el Congreso; d) Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina: incorporación de la figura de Jefe de Gabinete, como responsable de la coordinación entre la Administración Pública Federal y el Congreso, designado por la mayoría del Poder Legislativo a propuesta del Presidente .

¿Se podrá?
Definitivamente, la solución a los problemas nacionales no es el cambio de régimen, eso me remonta a la frase coloquial de que es más fácil “aventar la toalla”; considero que los partidos políticos están llegando a extremos: por un lado, el que desea empedernir aún más el sistema presidencial panista a la mexicana, (que, por cierto, ya no resiste las tensiones sociales por las que atraviesa); y por otro lado, los otros partidos que confían en la creación de la figura de Jefe de Gabinete y apuestan por la instauración de un régimen semipresidencial. Ambas propuestas están fuera de la realidad y del contexto social, pues no pueden implementarse ya que a través de los años este país se ha regido bajo la división de poderes que supone un ámbito específico de acción para cada uno, pero, también, una cooperación y equilibrio entre ellos.
La propuesta no es funcional, ni mucho menos conveniente, puesto que los partidos señalan que el Jefe de Gobierno será propuesto por el Presidente, eso da paso a que ambos pertenezcan al mismo partido político o tengan coincidencias políticas plenas, lo cual no representa ningún esquema de contrapeso o de balance en el actuar del Ejecutivo, mucho menos una opción de vinculación entre ambos poderes; por el contrario, es probable que el Ejecutivo se fortalezca todavía aún más con el apoyo del Jefe de Gobierno. Asimismo, ni la ratificación del Jefe de Gobierno por parte del Congreso puede salvar al país de una mancuerna bien elaborada, puesto que si la mayoría esta representada por el partido al que pertenece el Presidente, es más probable que se admita sin chistar y en consecuencia tendremos más personas dentro del Gobierno de un mismo partido cerrando todavía más la posibilidad de participación de otros actores. En otra visión todavía más meticulosa de la situación: representa un gasto innecesario más para los mexicanos y un aumento de burocracia y protagonismo que seguirá indicaciones del Presidente en turno y de su partido. De implementarse, seguramente ya conoceríamos al nuevo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, es necesario que los integrantes de los Poderes de la Unión cambien su cultura política, pues agrediendo y peleando no se resuelven los conflictos, al contrario: se hacen más. Un sistema semipresidencial sí puede instaurarse, pero no es conveniente, sólo será favorable en la medida en que los legisladores aprendan a tratarse con respecto y a trabajar en equipo. Debe quedar claro que la opción no es fortalecer al Ejecutivo, ni mucho menos cambiar de régimen; la alternativa más prospera que en este momento se tiene, consiste en mejorar el desempeño de los Poderes de la Unión para lograr una verdadera convivencia y alcanzar consensos; se deben hacer reformas para equilibrar realmente los poderes y hacerlos más eficientes en sus respectivas tareas.
Quienes proponen y creen que México puede convertirse al régimen parlamentario les digo que busquen otras soluciones que sean realmente acordes con la situación actual del país y coherentes con la formación política de los ciudadanos y sus legisladores. La proposición de instaurar un sistema semipresidencial a través de la creación de un Jefe de Gabinete, no resulta práctico, ni representa una opción de avance real para el país y la democracia.


Conclusiones
El sistema presidencial es un sistema acabado, que ya no puede estirarse, no da para más, reconozco que fue útil hace tiempo, pero hoy el discurso político gira al rededor de la democracia, la pluralidad y la equidad, por ello no es coherente que todo el poder público cínicamente recaiga sobre una sola persona, es necesario establecer los mecanismos que ayuden al verdadero equilibrio de poderes de la Unión.
La erisipela por la cual atraviesa México, sólo podrá sanar si esta Reforma del Estado se concreta en modificaciones apegadas a la realidad que puedan ser traducidas en la resolución de los problemas más sensibles y de urgente resolución para el país. Destaco la intención y celebro este primer paso, que añoro pueda ser el inicio de una verdadera reforma para el desarrollo de México.


Referencias
• Arnaiz Amigo, Aurora, (1979), Estructura del Estado, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México.
• Arnaiz Amigo, Aurora, Historia Constitucional de México, Editorial Trillas.
• Carpizo, Jorge, (1987), El Presidencialismo Mexicano, Siglo Veintiuno Editores, Séptima Edición, México.
• Corona, Ulises, Ponencia “Semipresidencialismo” del 8 de agosto de 2007, presentada en el Auditorio Norte de la Cámara de Diputados.
• Gutiérrez de Lara, Lázaro, (2003), El Pueblo Mexicano y sus Luchas por la Libertad, Textos clandestinos, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Primera Edición Facsimilar, México.
• Ley para la Reforma del Estado, (2007), Propuestas de los Partidos Políticos Nacionales en materia de Reforma del Estado, Tomo 1 y 2, Senado de la República, Primera Edición, México.
• Meny, Ives y Jean Claude Thoening, Las Políticas Públicas, Editorial Ariel, Barcelona, página 111.
• Ortega y Gasset, José, (1989), La Rebelión de las Masas, Colección Austral, Espasa Calpe Mexicana, México.
• Roth Deubei, André Noel, (2006), Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación, ediciones Aurora, Quinta edición, Colombia.
• Sayeg Helú, Jorge, (2005), Introducción a la Historia Constitucional de México, Editorial Pac, México.
• Silva Herzog Márquez, Jesús, (1996), Esferas de la Democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México.
• http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?pais=Mexico&indice=constituciones